¿Quién para al aprendiz de brujo?; el turno de la sociedad civil

 

Human hand showing "stop sign"

Pasmados por lo inédito del episodio político que estamos viviendo, no hemos tenido siquiera tiempo para el asombro y para advertir que nos encontramos en medio de un territorio inexplorado. Ahí, abruptamente, nos colocó el resultado de las últimas elecciones federales.

Como una tromba, sin siquiera esperarse a ser declarado oficialmente presidente electo, López Obrador se apropió, virtualmente, del despacho presidencial, mientras que Peña Nieto, todavía en funciones como jefe del Poder Ejecutivo, se empequeñeció de manera humillante hasta la irrelevancia, quizá como un gesto en espera de ser recompensado con benevolencia y la complicidad del omiso.

Las formalidades republicanas que hasta ahora habían marcado el tiempo y forma de los relevos presidenciales quedaron de lado. No se diga, el período de vigilia que se daba entre la elección y la toma de protesta, mismo que los presidentes electos utilizaban con discreción y sin entrometerse en la gestión de su predecesor, para planear los primeros pasos, integrar a su equipo y amarrar los cabos que pudieran estar sueltos con grupos políticos, sindicales, empresariales, religiosos, sociales, etc.

Cómo si para él un sexenio fuera no solo un suspiro, sino el último de su vida, López Obrador, en su oficiosa calidad de cuasipresidente constitucional, ha anunciado a lo largo de los últimos meses, una serie de acciones y decisiones que tomará una vez que asuma el cargo. Aunque algunas ya han sido concretadas por su partido en el Congreso.

Las palabras pesan distinto en la boca de un candidato, que en la de un presidente electo. El primero, en ánimo de ganar adeptos, puede darse el lujo de plantear cualquier cantidad de ocurrencias deshilvanadas, sin ningún soporte técnico que las avale y sin formar parte de algún programa que permita contextualizarlas. Pero, si es el segundo quien hace todo esto, provocará en la sociedad preocupación y desasosiego, porque ésta ya no lo verá como el aspirante parlanchín que, pese a sus estridencias, era inocuo dada su lejanía del timón del País, sino como aquel que en breve lo tendrá en sus manos y así, definirá también buena parte del rumbo de la Nación.

Por ello, los anuncios y decisiones de López Obrador como presidente electo, incluso sus vueltas a ciento ochenta grados, han calado en muchos sectores de la sociedad, provocando efectos negativos en la economía, en el sistema financiero, en el erario federal, en la administración pública y en el bienestar de miles de personas cuyos empleos han sido condenados a desaparecer, sin mayor argumento que un capricho. Las ocurrencias de antaño van poco a poco convirtiéndose en decisiones de gobierno y con ellas se hace más nítido el perfil y los previsibles comportamientos de quien lo encabezará.

La obra teatral que, en varios actos, escenificó López Obrador durante meses para cancelar el NAICM, lo proyecta como un individuo que actúa con base en ideas preconcebidas, que es incapaz de modificar pese a la evidencia en contra. Por ello, está abierto a sumar opiniones que apoyan su punto de vista y, en cambio, desecha, aun habiéndolas solicitado, aquellas que lo contradigan. Su decisión, tomada meses atrás, la quiso legitimar escudado en su bono de popularidad, al grado de ignorar la Ley de Consulta Popular, y organizar una consulta espuria para oír la voz del pueblo de la cual él se considera fiel intérprete. Quizá, por eso mismo, no tuvo el menor recato para hacerse acompañar y darle un papel protagónico a su amigo Rioboo, personaje opaco vinculado a la industria de la construcción. Tampoco, le importó engañar a los empresarios dándoles a entender o enviándoles mensajes con Alfonso Romo de que continuaría el proyecto de Texcoco.

La marrullería denota astucia, pero no inteligencia. En este capítulo, su comportamiento y el atrevimiento de cancelar un proyecto en marcha de gran envergadura y complejidad, a cambio de apoyar algo que no pasa de un concepto, revelan medianía, ignorancia de cuestiones básicas en temas financieros, administrativos y de gestión pública y, la dificultad que tiene para visualizar escenarios complejos, así como para entender las aristas, la profundidad y las dificultades que implican llevar a la práctica sus decisiones y, menos aún, para prever sus consecuencias y valorar cómo reaccionarán aquellos que las juzguen o se vean afectados, sin importarle que entre estos se encuentren muchos que votaron por él. En el absurdo, si en un momento dijo que sus convicciones lo llevaban a luchar contra la corrupción, en otro, argumenta que sus convicciones lo obligan a no actuar contra los corruptos. Asume, que su base de simpatizantes tiene una resiliencia infinita y una brevísima memoria.

Este mismo patrón de comportamiento se observa con claridad en otras de sus decisiones como: la modificación de la estructura, funcionamiento y política de remuneraciones en la Administración Pública Federal, su estrategia de seguridad pública, el desmantelamiento del Estado Mayor Presidencial, el proyecto del Tren Maya, la construcción de la refinería en el Puerto de Dos Bocas y la modificación de la Ley del SAT, para rebajar los requisitos profesionales necesarios para ocupar el cargo de titular y así poder designar a la hija de un amigo suyo.

Hay ocasiones cuando la temeridad se inspira en la valentía para asumir riesgos, pero en otras, es solo resultado de la ignorancia y la soberbia. A partir de su autoasumida infalibilidad, López Obrador considera que todo lo que se opone a sus ideas es producto de confabulaciones, triquiñuelas, intereses perversos, complots, dogmas reaccionarios, etc. Parecería que su vida es una lucha constante entre el bien, que él representa, y el mal donde están todos aquellos que no comparten su manera de pensar y cuyas acciones no tienen más propósito que cerrarle el paso y hacerlo fracasar en su misión histórica de realizar una gesta que lo equipare con los héroes patrios. Desde esta perspectiva maniquea e inflado narcisismo, no cabe la posibilidad de que quienes piensen distinto a él, lo hagan de buena fe, con base en su experiencia y conocimientos técnicos de los que él carece y, además, tengan la razón.

Desde su arrogancia, López Obrador ignora que, aun habiendo logrado un triunfo contundente en las elecciones presidenciales, esto no lo hace, en automático, un jefe del Ejecutivo confiable. Los votos, por muchos que hayan sido, están en el pasado como un mero registro, en cambio, la confianza en un presidente de la República está sujeta a un cotidiano refrendo por parte de la ciudadanía, expresándolo de múltiples maneras y no solo mediante encuestas de popularidad.

Cierto que López Obrador aún no ha empezado su mandato. Pero, la forma atrabancada como ha irrumpido en la conducción del Gobierno, plantándose en medio del escenario como un aprendiz de brujo que recién empieza disfrutar de sus poderes, dando manotazos sobre el tablero de mando y anunciando decisiones controversiales, mal fundamentadas, improvisadas o que francamente ofenden la inteligencia, como su virtual pacto de impunidad, ha calado de manera negativa en la confianza de la ciudadanía que, a diferencia de él, sí escucha y considera con interés la voz de los expertos que en distintos campos le han señalado errores y riesgos, advirtiendo que a lo largo de una ruta vagamente señalada y, todavía, con incierto destino, habrá turbulencias severas y obstáculos importantes que sortear.

López Obrador no debe ignorar que en el otro extremo del tablero de ajedrez están sentados muchos jugadores que reaccionan a lo que él haga o a lo que sus decisiones puedan provocar. Esto explica, en alguna medida, lo que ha sucedido con el tipo cambiario, los flujos de capitales y la tasa de interés, lo que sumado afecta de manera negativa a las finanzas públicas.

El ánimo es de reserva. No mover ficha y tener a la mano un plan B si las cosas van a peor. Prudencia respecto a emprender inversiones o contratar créditos. Esto es lo que se respira en muchas empresas y, de hecho, en muchos hogares. Más los que ven cercana la posibilidad del desempleo, la disminución de los ingresos y el acrecentamiento del peso de sus deudas.

Pero en este territorio inexplorado y de la mano de un aprendiz de brujo, la incertidumbre se dispara y la planeación de escenarios se complica, porque no se ve claro quién será su contrapeso para evitar el desbarranco. A primera vista, la baja talla del gabinete no permite identificar en él a alguien que pudiera, eventualmente, plantarle cara a López Obrador. Menos aún, es dable pensar que el Congreso servirá de dique, lo previsible es que sea una servil caja de resonancia, cuyos dislates esperamos que, en su momento, corrija el Poder Judicial.

¿Madurará López Obrador como jefe de Estado, a lo largo del período presidencial, como ocurrió con Zedillo? No soy optimista por su edad, inteligencia, formación y carácter. Me preocupa la forma cómo, a lo largo de su jornada sexenal, procesará los fracasos, las críticas, las frustraciones, el desgaste, la sensación de que cada día es uno menos y, cómo ejercerá de árbitro entre distintos grupos de interés y fuerzas políticas, incluso las suyas, rol que inevitablemente los presidentes deben asumir.

En este momento histórico en medio de un territorio inexplorado, la sociedad civil debe, como nunca, asumir un rol protagónico en todos los frentes. No solo la que está estructurada en organizaciones y asociaciones, sino también la que representan los millones de ciudadanos que se expresan en múltiples foros. No se trata de combatir a López Obrador sino de actuar, con argumentos, como un contrapeso para que no pierda el equilibrio, para que no fracase, porque en su caída nos arrastrará a todos. Nadie quiere que se cumplan las advertencias que se le hacen al momento de tomar decisiones equivocadas. Por ello, no hay que dejar de señalarle sus errores, la necesidad de que rectifique antes de que tropecemos y, sobre todo, de recordarle que la construcción de México es y ha sido resultado de una tarea colectiva, en especial durante los hitos de su historia, y no consecuencia de la sola voluntad de algún iluminado.

La corrupción mata, pero no muere

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El carácter endémico que tiene la corrupción en la vida del País nos ha hecho cínicos. La vemos a diario en muchas facetas y ámbitos de la vida nacional; se practica al mayoreo y al menudeo. “Qué quieres, estamos en México”, nos decimos entre resignados o quizá esperanzados de que algún día también nos beneficie; “ya ves, todos lo hacen”, “es lo que lubrica el sistema”, “de que te lo lleves tú, a que se lo lleve otro”, “no pagues impuestos; pa’ que se los roben”.

Racionalizar lo indebido es actividad prolífera en justificaciones que nos atascan en el pantano. Así, los objetivos de muchas leyes redactadas para hacernos avanzar se cumplen a medias debido a la corrupción; tan pronto damos un paso para adelante, retrocedemos medio para atrás, en la medida que sus flamantes artículos representan más opciones para pedir u ofrecer dinero a cambio de violarlos o evadirlos.

Como sociedad asumimos que la corrupción es inocua, gratuita y que, como si fuera un catarro, podemos en nuestra vida diaria sobrellevar sus molestias o beneficiarnos de ella, hasta que de manera inesperada y trágica se nos revelan sus consecuencias más extremas: muerte y destrucción. No existe el autoengaño sin fecha de caducidad.

Con seguridad, las razones que determinaron la muerte y lesiones de muchas personas, los derrumbes de inmuebles y las pérdidas patrimoniales que han llevado a la quiebra a cientos de familias, fueron la mercancía que se negoció en actos de corrupción; pisos de más, varillas de menos, materiales de menor calidad, cálculos estructurales ficticios, arreglos cosméticos para disfrazar los daños de edificios dañados en 1985, cambios tramposos e ilegales en el uso del suelo, inmuebles sobrecargados con antenas, espectaculares, fábricas clandestinas y hasta con un helipuerto. Todo esto, para que no sucediera, está previsto en leyes, reglamentos y normas. Pero, cuando la corrupción prevalece, todo queda sujeto al pago de un precio, lo que vaporiza la certeza jurídica y lleva a muchos ciudadanos a invertir tiempo, dinero y esfuerzos para defenderse de los actos de quien debería protegerlos: el Gobierno.

¿Cuánto se habrá pagado para ignorar o aprobar lo que segó la vida de los niños que aguardaban a sus padres para salir de la escuela, o la de aquellas obreras que ganaban un sueldo miserable en una fábrica que operaba en un edificio hecho para oficinas?, ¿cuánto se repartió entre inspectores que no veían y burócratas que firmaban a gusto de quienes les untaban la mano? Insisto, el verdadero costo de la corrupción no es la mordida sino lo que esta deja torcido.

Quienes en los ámbitos público y privado lucraron con las razones que provocaron la muerte y las lesiones de cientos de personas y la quiebra de miles de familias, tienen en su bolsillo dinero ensangrentado que no obtuvieron por su talento y esfuerzo, sino por la carencia más absoluta de principios éticos y responsabilidad con sus semejantes. No deben sentirse orgullosos del techo donde viven con su familia, ni de lo que a diario ponen sobre la mesa, ni de la vida que llevan y menos de un supuesto éxito profesional. Ganar dinero a costa de la sangre, el dolor y la miseria de otros es una infamia que no puede quedar impune.

Por ello, la reconstrucción de edificios derrumbados o dañados debe empezar por elaborar y divulgar peritajes forenses que señalen las razones que explican los siniestros. Esto, como sucedió en temblores pasados, permitirá aprender y prevenir las consecuencias de fenómenos naturales, que, aun siendo impredecibles, sí pueden imaginarse y simularse mediante modelos matemáticos.

Pero estos dictámenes, también deben servir para deslindar responsabilidades y, en su caso, presentar a los presuntos responsables ante la justicia para que paguen por sus acciones u omisiones. De lo contrario, en el implacable discurso de los hechos, seguiremos reiterando que violar la ley no tiene ninguna consecuencia, en beneficio de un círculo perverso donde la impunidad del presente sirve de abono a la corrupción del mañana.

Sospechoso que el gobierno de la Ciudad haya impedido, al cerrar parcialmente la página de SEDUVI, acceder a elementos vitales para indagar sobre los inmuebles derrumbados y dañados, y sus sendos directores responsables de obra. Quien impide esclarecer un crimen es tan culpable como aquel que lo comete y, más aún, hace pensar que la evidencia que esconde delataría su complicidad desde el principio

El sismo con su cauda de muerte y destrucción irrumpió en el festín inmobiliario que el gobierno de Mancera ha prohijado y consentido sin ningún disimulo desde el día uno de su mandato, cuando, en un claro conflicto de interés, nombró a su amigo y desarrollador, Simón Neumman, como el primer titular de la SEDUVI, lo que equivalió a una declaración de intenciones que en sus cinco años de gobierno se ha ido materializando en hechos que han beneficiado el negocio inmobiliario. Por ejemplo: en burbujas especulativas en zonas seleccionadas por su valor comercial, en la creación de Sistemas de Actuación por Cooperación, que suman más 1,500 hectáreas, incluyendo el Bosque de Tarango, para darle la vuelta a los programas delegacionales y empaquetar una serie de beneficios a favor de la rentabilidad inmobiliaria, en la suspensión de varios artículos del Reglamento de Construcciones apenas cinco meses después de publicado, en la incorporación de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios a las tareas de reconstrucción y, como la cereza del pastel, en una iniciativa de Ley de Reconstrucción donde, entre otras cosas, se autoriza a priori el incremento de alturas, una mayor densidad y, sin importar su legalidad antes del sismo, define como derecho adquirido el número de pisos que tenían los inmuebles derrumbados y dañados.

La reconstrucción de la Ciudad debe pasar, en primer término, por la elaboración de un Programa de Desarrollo Urbano hecho a partir de un análisis profundo de las proyecciones de la dinámica demográfica y económica de la Capital, incorporando en él, las lecciones del último sismo, las voces de expertos independientes y de la ciudadanía, y sobre todo, con base en un verdadero atlas de riesgos elaborado por expertos y conocido por todos. En este sentido, el mayor favor que puede brindarle Mancera a los capitalinos es hacerse a un lado. Nos merecemos ver al futuro desde otras perspectivas que no sean el interés a ultranza por la rentabilidad inmobiliaria. Nos merecemos imaginar el porvenir sin más atadura y compromisos que el bien común de las generaciones presente y futuras.

Tener claro hacia dónde debemos dirigirnos debe ser la base para revisar el mazacote jurídico que norma el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México. Leyes y normas en materia urbana deben ser un instrumento del Programa de Desarrollo Urbano, y no, como ocurre ahora, un entramado que facilita los negocios inmobiliarios a costa del interés común y bendice como legal aquello que claramente no lo es.

Reconstruir exige que esa solidaridad social que desinteresada y con energía aflora ante los siniestros, no mengüe y que asuma un carácter proactivo y constante para evitarlos y minimizar sus daños. Si la sociedad civil fue capaz de encabezar los esfuerzos de salvamento, debe hacer lo mismo para evitar que la corrupción, la impunidad y la opacidad vuelvan a segar vidas y destruir patrimonios. Siempre será mejor que muros y techos no se caigan, que realizar esfuerzos sobre humanos para salvar a los sobrevivientes. Siempre será mejor levantar la voz y actuar cuando se advierte un acto de corrupción, que bajar la cabeza y callar. La corrupción ha matado y seguirá haciéndolo, porque la hemos dejado vivir. Entendamos, es ella o nosotros.