Ley de Remuneraciones; partamos de cero y hagámoslo bien

Ley de Remuneraciones

López Obrador es un hombre de impulsos no de razones, de ideas sencillas no de planteamientos complejos, de lo inmediato no de lo planeado, de prejuicios no de apertura, de nostalgia no de futuro, de mirar el árbol sin comprender el bosque.

Como opositor de distintos gobiernos y candidato presidencial, esto le valió para crear una sólida base de partidarios a los que sabe dirigirse con planteamientos sencillos, que además de sintetizar simplistamente el diagnóstico y la solución de los problemas nacionales, suelen señalar, para la algarabía de sus seguidores, a los presuntos responsables, lo que incluye la cancelación de iniciativas y proyectos que estos pudieron emprender. Acrisola en el entusiasmo de la masa, el desquite social con la revancha personal.

Pero gobernar es una tarea mucho más compleja que la búsqueda de votos, por la sencilla razón de que lo primero tiene consecuencias en la vida de millones de personas, en el patrimonio público, en la tranquilidad social y en la confianza —interna y externa— que se requiere para conducir al País.

López Obrador ha tomado decisiones graves sin haberse dado el tiempo para entender la complejidad de cada situación, para informarse de los esfuerzos previos, del dinero público ya gastado o invertido en ellos, de las lecciones aprendidas y, para anticipar las previsibles consecuencias de sus actos. Se comporta como si tuviera dominio pleno de todos los asuntos públicos y que basta su voluntad para remover cualquier obstáculo. Presume de humildad, pero no le alcanza para decir, no sé.

En aras de reducir a la brevedad las remuneraciones en el servicio público, en especial las del Poder Judicial y órganos autónomos con quienes López tiene una rivalidad añeja, se desempolvó un viejo proyecto de Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos que reglamentaría el Artículo 127 Constitucional y que llevaba más de siete años archivado en el Senado. Con las prisas para disparar un cañonazo legislativo, MORENA optó por no revisarla con cuidado y menos aún actualizarla en cuestiones de forma tan nimias como cambiar Distrito Federal por Ciudad de México, porque eso hubiera dilatado la aprobación y el cumplimiento de una promesa de campaña; López Obrador ganaría la mitad del sueldo de Peña Nieto. Aunque, curiosamente, se dobló el ingreso que percibía en MORENA, también financiado con recursos del erario.

El aparato del Estado mexicano está tripulado por un heterogéneo universo de servidores públicos

El tema de las remuneraciones de los servidores públicos es una cuestión mucho más compleja y amplia que un tabulador o que el sueldo del presidente. Se trata del funcionamiento del aparato del Estado a través del cual los planes de gobierno se diseñan y se hacen realidad, se atienden los riesgos más importantes que corre la población, se gobierna, se procura e imparte justicia, se legisla, se educa, se regulan y registran buena parte de las actividades que realizan personas físicas y morales, se cobran y gastan los recursos de los contribuyentes y, como Nación soberana, nos relacionamos con el exterior.

El universo de servidores públicos que trabaja en ese enorme y diverso aparato está integrado por grupos de naturaleza muy distinta que, en cada caso, debería considerarse al momento de establecer una política de remuneración.

Por ejemplo, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en los órganos autónomos, hay un número pequeño de puestos a los que se accede solo por la vía electoral, por el nombramiento de alguien elegido en las urnas o, por la designación del Senado. Por tanto, la gestión de los ocupantes de esos cargos está acotada a un lapso especifico. Contrario a lo que sucede con el resto de los puestos que representan la enorme mayoría y que son desempeñados por personas cuyo nombramiento es por tiempo indefinido, que pasaron por distintos procesos de reclutamiento y selección, y que tienen, además, la opción de ascender a posiciones de mayor responsabilidad.

Si ya la variedad de puestos que integran este universo y las sendas funciones que desempeñan da lugar a un catálogo amplísimo, agreguemos, para complicar aún más las cosas, a las fuerzas armadas y a los cuerpos de inteligencia y seguridad, cuyos miembros ponen en riesgo sus vidas e integridad física, tanto en el desempeño de sus funciones como en su ámbito privado.

Intereses traslapados: la sociedad, el aparato Estatal y los servidores públicos

Cuando se analiza desde distintas perspectivas el tema de remuneraciones de los servidores públicos, es fácil observar que en él se traslapan los intereses de tres entes: la sociedad, el aparato Estatal y los servidores públicos. Por ende, al momento de diseñar una política de remuneración, esos intereses concurrentes deben considerarse de manera simultánea con la finalidad de alinearlos en un justo balance.

Para la sociedad, las remuneraciones de los servidores públicos tienen relevancia porque se pagan con los recursos que ella aporta en forma de impuestos. Por ende, tiene pleno derecho a conocerlas con precisión, a exigir que su monto se ajuste a un principio de austeridad, a que existan contrapesos para evitar abusos y a que su cuantía sea acorde con las condicionantes presupuestales.

Por su parte, para un funcionamiento eficaz del aparato Estatal es imprescindible atraer y retener talento. Más aún, si se considera la complejidad de todas las trincheras donde el Estado está presente, a través de entidades, dependencias y órganos autónomos, que tienen distintos tipos de organización y funcionamiento según las características de las actividades que realizan, lo que eventualmente debe considerarse al momento de diseñar una política de remuneraciones, que además no podrá pasar por alto la existencia de un mercado laboral donde inevitablemente se compite por reclutar a los mejores elementos.

Por lo que respecta a los servidores públicos, estos tienen la justa y legítima aspiración de desarrollarse profesional y económicamente en el servicio público, al que muchos se suman por una vocación de servicio que no debe confundirse con un voto de caridad. Ciertamente, quien ingresa al ámbito público, sabe que sus remuneraciones serán más bajas que las del sector privado. Pero, esto no significa que no se le puedan proporcionar los medios para que su desarrollo y desempeño profesional le den la oportunidad de disfrutar de mejores ingresos y acumular de manera honesta un patrimonio familiar.

Para colgar un cuadro es preciso poner antes el clavo

Sin una política salarial, la elaboración de una Ley de Remuneraciones y, más aún, el diseño de un tabulador es como querer colgar un cuadro sin antes haber puesto el clavo que lo sujete.

Esto es justo lo que está haciendo López Obrador cuando tomó la decisión unipersonal, sin que estuviera apegada a ningún criterio técnico, de que la mitad del ingreso que percibía Peña Nieto fuera el tope máximo de todos los tabuladores existentes en el aparato Estatal.

Esto además de ignorar cómo está estructurado, tripulado y remunerado el aparato Estatal, tira por la borda los esfuerzos que a lo largo de los últimos dieciocho años se han hecho para contar con una estructura salarial bien elaborada, se deja sin atender lo que todavía se tenía que corregir y realizar y, además, se incurre en un acto ilegal al momento de que el patrón, en este caso una dependencia, entidad u órgano autónomo, reduce unilateralmente el paquete de remuneración de sus empleados.

Cierto que hay sueldos y prestaciones insultantes. Pero, conozco que son una minoría de casos que en buena parte se deben a que, respecto a los puestos de mayor jerarquía, no se han establecido mecanismos para que los propios interesados no sean los mismos que definan sus ingresos. Más aún, tan inconveniente es que los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de algún tribunal, y los legisladores se fijen unilateralmente sus paquetes de remuneración, como que el nivel máximo de los tabuladores de todo el aparato Estatal dependa, como lo quiere hacer López Obrador, del capricho del presidente en turno.

Si pensamos en un ánimo constructivo, esta coyuntura política y la tensión que ha provocado debería dar lugar a una elaboración prolija y bien pensada de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que considere que su aplicación afectará al recurso más valioso con el que cuenta el Estado; su capital humano. De su talento, profesionalismo,  compromiso y del ambiente laboral en el que se desenvuelva, depende en gran parte que se satisfagan las expectativas que la sociedad tiene de una estructura burocrática que está para servirla y que ella mantiene. Por ende, es imprescindible que dicha ley logre poner en justa sintonía los intereses de la sociedad, del aparato Estatal y de los servidores públicos.

Claro que eso significaría posponer una promesa de campaña, pero en lugar de mirar atrás y condenarnos a soluciones cojas que no resuelven el problema y, en cambio, sí crean otros nuevos, empecemos a construir para un porvenir que está más allá de este sexenio.

Bien vale la pena partir de cero y empezar de nuevo.

 

Los costosos prejuicios de AMLO

Comparativo de remuneraciones sector privado APF 1

Mal empieza un general la batalla cuando antes de iniciarla anuncia a sus tropas, sin siquiera dirigirse a ellas de frente, que les reducirá su sueldo y prestaciones de manera sensible, que despedirá a un número importante de oficiales, que la mayoría deberá mudar a sus familias a otra ciudad y que su jornada semanal se alargará de 40 a 48 horas. Así, López Obrador, con más de cinco meses de antelación, se los ha hecho saber a quienes estarán bajo su mando a partir del 1º de diciembre.

Su decálogo de austeridad refleja en muchos de sus apartados, que su visión de la Administración Pública Federal es una mezcla de prejuicios e ignorancia respecto a cuestiones básicas de su operación, de la forma como ha evolucionado su estructura, de su marco jurídico y laboral y, sobre todo, de la gestión del capital humano. Pieza vital para el buen desempeño de una organización que provee servicios públicos, como es un gobierno.

El estereotipo de servidor público que se desprende de sus planteamientos y que ha servido para el escarnio popular en los medios y en las redes sociales, es que están sobrepagados, tienen demasiadas prestaciones, disfrutan de prebendas abusivas, trabajan poco, la mayoría de ellos ocupa puestos redundantes cuya eliminación es inocua. Además, son corruptos, llegan ebrios a sus oficinas o, de plano, se alcoholizan en ellas o en pachangas y convites con contratistas y proveedores.

Para quienes hemos trabajado en el servicio público, desde dentro y desde fuera, no dudamos, porque los hemos visto y en no pocas veces sufrido su prepotencia, que existan ese tipo de funcionarios. Pero con la misma claridad, podemos afirmar que no representan de ninguna manera, a la enorme mayoría de servidores públicos que integran y hacen funcionar con su experiencia, conocimientos y esfuerzo a la Administración Pública Federal (APF).

Con el propósito de diseñar una política de remuneración sobre bases técnicas, a partir de 1997 se empezó a utilizar en la APF un sistema de valuación de puestos acorde con su naturaleza, que permitiera: a) alinear los puestos de los sectores central y paraestatal con base en su grado de responsabilidad para retribuirlos de manera equitativa y, b) facilitar la comparación con el mercado nacional para conocer el grado de competitividad del paquete de remuneraciones del sector público.

Como se aprecia en la siguiente gráfica, el tabulador de la APF está por debajo de las remuneraciones que ofrece el sector privado para puestos con una dimensión equivalente. De hecho, esta distancia se ha acrecentado en los últimos años, siendo más marcada en los puestos de mayor jerarquía como son los secretarios de Estado. Esto último también se presenta en otras naciones, donde presidentes y primeros ministros tienen salarios que son fracciones de lo perciben puestos equivalentes en el ámbito empresarial.

Remuneraciones mensuales del sector privado versus Administración Pública Federal 2018*

Grafica Comparativo de remuneraciones sector privado APF

Sin embargo, lo distintivo del caso mexicano es que la presión política que por varios sexenios se ha dado para no incrementar la remuneración de los cargos más altos, sobre todo la del presidente, ha compactado la estructura salarial provocando que la diferencia en ingresos de los primeros seis niveles sea mínima pese a la notable diferencia en su valor tabular, es decir, en su responsabilidad.

Cierto, que existe una notable distancia entre el tabulador de la APF con el salario mínimo o con las remuneraciones que en promedio perciben los trabajadores y mucha gente del campo. Pero, las referencias deben ser distintas cuando, en una economía de mercado, se trata de atraer y retener el talento que se requiere para el desempeño de las tareas del Poder Ejecutivo, cuya complejidad va en aumento en todos los frentes donde está presente: tecnología, seguridad pública, salud, medio ambiente, alimentación, relaciones internacionales, desarrollo urbano, etc.

Reducir a la mitad los ingresos de aquellos puestos que superan el millón de pesos anual y eliminar buena parte del paquete de prestaciones de los servidores públicos, destruye una de las columnas del servicio profesional de carrera y acentúa la falta de competitividad del tabulador de la APF. Pero, lo más grave es que envenena el clima laboral, porque estos anuncios han calado hondo en la moral de los servidores públicos, dando píe a legítimas preocupaciones de orden personal y familiar, que están paralizando a una administración que aún no concluye su período, o bien alentando la deserción de recursos valiosos.

La grada aplaude entusiasta y rabiosa cuando ve cómo cae la guillotina. Llegó el tiempo de la revancha que alimentaron excesos que nunca debieron darse. Pero, quienes desde lejos vemos el espectáculo nos queda claro que la acción conjunta de las medidas anunciadas por López Obrador, precarizarán a un segmento importante de la clase media, cuyo trabajo suma al producto interno bruto y a la recaudación fiscal, so pretexto de redistribuir lo que fueron sus ingresos en programas asistenciales comprometidos en la campaña.

López Obrador, como la gran mayoría de su gabinete, nunca han trabajado en la APF, y cuentan con una mínima o ninguna experiencia como administradores públicos. Desde un punto de vista de gestión de talento puede afirmarse que, para muchos de ellos, transitar de las posiciones que ocupan actualmente a ser titulares de alguna secretaría o subsecretaría de Estado o entidad paraestatal significa un salto abismal, lo que incrementa los riesgos que se corren con su designación y anuncian largas, costosas e inevitables curvas de aprendizaje. Más aún, cuando en el ejercicio de sus anteriores ocupaciones, no requirieron desarrollar las competencias conductuales, las habilidades gerenciales, los conocimientos y la experiencia que demanda el desempeño de un cargo de primer nivel en la administración pública. Buenos investigadores, jueces, legisladores, incluso directores de empresas privadas no necesariamente hacen buenos funcionarios públicos.

Por ello, resulta suicida que, ante esta realidad, se lastime justamente a los niveles que, como una red protectora, interactuarán con personas que son noveles en su papel de funcionarios públicos. Así, da la impresión de que López Obrador y su equipo están actuando con la temeridad de aquel que decide emprender una jornada peligrosa, sin entender los riesgos que está asumiendo y las posibles consecuencias de sus actos, tanto en él como en otros.

La estructura de la Administración Pública mexicana se desdobla a partir del principio de delegación. En la Constitución, el pueblo soberano delega en el presidente de la República el Poder Ejecutivo. A su vez, este lo delega en secretarios y, más adelante, como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los sendos reglamentos internos de cada de dependencia, estos lo delegan de manera fragmentada en subsecretarios, jefes de unidad, directores generales, etc.

A través de estos entramados organizacionales se aplica un vastísimo marco normativo; leyes, reglamentos y normas en infinidad de materias, lo que, a su vez, da origen a cantidad de procesos administrativos que sirven para planear, supervisar, aprobar, promover, vigilar, sancionar, regular, concesionar, etc. que cruzan a lo largo y ancho el Gobierno Federal conectándolo con: el sector paraestatal, los órganos autónomos, los gobiernos estatales, los poderes legislativo y judicial, el sector privado, con gobiernos extranjeros y, desde luego, con el ciudadano nacional y extranjero.

Esto significa que la dimensión y estructura de la Administración Pública se deriva, en buena parte de la obligación de ejecutar un marco jurídico, que en muchas ocasiones se ha elaborado y aprobado por el Poder Legislativo sin tener claro su pertinencia, eficacia y las implicaciones presupuestales para aplicarlo. De hecho, en muchos casos, leyes y reglamentos se aplican a medias porque no hay recursos para hacerlo de manera contundente. O bien, como sucede con las normas de control, estas, lejos de lograr el fin para el que fueron diseñadas, se convierten en taras que ralentizan a procesos sustantivos o dan píe a simulaciones que a la larga provocan otros problemas.

Eliminar el Estado Mayor Presidencial y varias subsecretarías, mudar, sin ningún estudio previo, a muchas secretarías y entidades de la Capital a otras ciudades, eliminar al 70% del personal de confianza, desaparecer las oficialías mayores, concentrar todas las compras  en un solo ente y hacer depender a todas las delegaciones federales de un superdelegado estatal, es equivalente a iniciar la remodelación drástica de un edificio sin antes darse el tiempo para saber cuál es su uso y entender que función tienen los muros y las columnas, y por donde corren las tuberías de agua, drenaje y electricidad.

Ciertamente en la Administración Pública Federal hay muchas áreas de oportunidad para abatir su dimensión, el costo y mejorar su eficiencia. Pero hay que actuar con la finura del cirujano, no con la tosquedad del leñador. Más aún, porque reformarla y reestructurarla no es una tarea para principiantes, dado que es un largo tren en marcha imposible de parar.

Lo primero, como sucedió con la reforma administrativa de 1976 que fue de gran envergadura, sería alinear la estructura de la Administración Pública Federal con los objetivos del plan de gobierno. No se puede desplegar un ejército cuando se desconoce el tipo de batalla que se va a pelear. Planteado lo estratégico habrá un marco para establecer lo táctico y, posteriormente, definir las cuestiones operativas. Hoy parece que hemos iniciado al revés. Más aún, en términos organizacionales donde, como sucede con el techo de una casa, los cuadritos de la estructura son lo último, y no lo primero que se pone.

El primer paso para no errar es tener la humildad para admitir que no se sabe. Y esto, para quien tomará las riendas de una Administración Pública tan grande y compleja como la Federal, debe ser una actitud indispensable. López Obrador debería aprovechar los meses que tiene por delante, que son muchos, para informarse, reflexionar y plantear las cuestiones estratégicas que normarán su plan de gobierno. Ya terminó la contienda electoral y con ella la necesidad de estar haciendo anuncios a diario para ganar votos. El recurso de lanzar petardos mediáticos para colocarse como el orquestador de la polémica pública es una útil estrategia de campaña, pero cuando se deja de ser candidato y casi se es presidente electo, seguirlo haciendo puede significar la rápida pérdida de capital político, porque quien ahora habla tiene virtualmente el poder público y eso les da otro peso y sentido a sus palabras. Lo que en voz de un candidato son ocurrencias intrascendentes, en la de un presidente se convierten en errores garrafales.

 

*Esta gráfica se tomó del documento de trabajo “La Remuneración de los Servidores Públicos del Gobierno Federal y Entidades Paraestatales”, elaborado y publicado por Hay Group S.A. de C.V. en 2003 y se actualizó con datos del mercado de 2018 y del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2018

Los 80,000 dólares de Calderón y las “pensiones expresidenciales”

Pensiones expresidenciales

Calderón cotizó en el ISSSTE poco más de quince años. Aun así, y pese a contar con sólo 50 años de edad cuando terminó su sexenio, cada mes recibe del erario –y así lo hará de manera vitalicia– un pago de $205,000 que corresponde al sueldo de un secretario de Estado. A este beneficio, se añaden los seguros de vida, gastos médicos y atención gratuita en los hospitales militares para él y su familia, pago de predial, luz, agua, teléfonos, oficinas, viajes, más un séquito de empleados administrativos y militares que puede llegar a 427*.

La comparación de este privilegio cuasimonárquico del que disfrutan los expresidentes mexicanos, con las pensiones a las que pueden acceder los miles de servidores públicos y los millones de trabajadores afiliados al IMSS, resulta ofensiva.

A diferencia de Calderón, quienes cotizan en el IMSS o en el ISSSTE necesitan, para lograr la pensión máxima posible, haber trabajado 30 años, es decir el doble de años de los que necesitó el expresidente y tener 65 años. Pero, en contraste con los expresidentes, esto apenas les da derecho a recibir una pequeña fracción de su último sueldo, por lo que, en muchos casos, aun cumpliendo con todos los requisitos, se debe posponer la fecha de retiro, porque haría imposible mantener un nivel de vida digno.

Los pagos mensuales que reciben los expresidentes no están condicionados a la posibilidad de que obtengan otros ingresos por actividades como: participaciones en consejos de administración, conferencias, consultoría, etc. y, tampoco al monto que alcance su patrimonio y el de su cónyuge al momento de dejar la presidencia de la República.

Por tanto, un expresidente puede estar apto para ganarse la vida o gozar de una cuantiosa fortuna, aun así, los contribuyentes deberán mantenerlo a él, a su familia y arroparlo con decenas de empleados, como, de no cambiar las cosas, ocurrirá con Peña Nieto y su mujer, a quienes, pese a sus bienes personales y haber cotizado sólo seis años en el ISSSTE, deberemos mantener hasta el final de sus días. Además de erigirle con recursos públicos, una estatua para que adorne la Calzada de los Expresidentes en Los Pinos, que mandó construir López Portillo so pretexto de homenajear a sus antecesores, cuando en esencia, por anticipado, ordenó el suyo.

Peor aún; si los ciudadanos resienten como consecuencia de los avatares de la economía nacional: recortes presupuestales, mayores impuestos, menos deducciones fiscales y oportunidades de empleo más escasas, los expresidentes pueden estar tranquilos, porque la partida destinada a transferir recursos públicos a su bolsillo está exenta de reducciones.

Recientemente, la empresa Iberdrola designó a Calderón como consejero de su filial Avangrid, por lo que recibirá anualmente la cantidad de $80,000 dólares, que es lo que paga a los miembros de su consejo. Es claro, que este nombramiento no se da por el know how que el expresidente pueda aportar a Avangrid, sino por su know who. Es decir, los españoles no buscan abrevar de sus conocimientos de la industria energética, que no deben ser muchos porque su gestión al frente de la Secretaría de Energía duró menos de un año, sino beneficiarse de sus relaciones y contactos en el medio político y en las administraciones federal, estatales y municipales, para abrir puertas y obtener información veraz de primera mano.

Todo lo anterior debe hacer cuestionarnos, y más porque los contribuyentes pagan la factura: el monto, la pertinencia, la legalidad y, sobre todo, la proporcionalidad de esos ingresos y privilegios garantizados de por vida que se les dan a los expresidentes, considerando las condiciones que aplican al resto de los mexicanos que, por cierto, una buena parte ellos no tiene ninguna posibilidad de pensión, mientras que aquellos que empezaron a cotizar a partir de la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro, sólo podrán aspirar a pensiones que apenas pasarán de tres salarios mínimos. ¡Claro, después de haber pagado onerosas comisiones a sus sendas AFORES por dejarlas lucrar con sus mínimos ahorros!

¿No es una injusticia que se le otorgue un pago vitalicio de casi el 100% de su último ingreso a los expresidentes, cuando los servidores públicos y afiliados al IMSS deben trabajar 30 años y alcanzar los 65 para apenas obtener una fracción mínima de su último ingreso?

¿Por qué, como sí se hace con los derechohabientes del ISSSTE, la pensión de los expresidentes no se calcula sólo sobre su sueldo base ($40,766) y no con base en la compensación total que recibe un secretario ($205,000)?

¿Al recibir del erario Federal un pago mensual que no está formalizado como una pensión, se debe considerar a los expresidentes como servidores públicos, por lo que como tales deberían presentar sus declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses?

¿Acumulan como ingresos para fines fiscales, el pago de predial, luz, agua, teléfono, oficinas, etc. que cubren con recursos del erario?

¿Es un conflicto de intereses que un expresidente reciba recursos de erario y trabaje para empresas privadas?

Si bien hay razones de seguridad para asignarles personal militar, ¿cuál es la justificación para pagar con recursos públicos una abultada nómina de empleados administrativos, que muy probablemente atienden cuestiones personales y domésticas? Por ejemplo, los que tiene Calderón, ¿trabajan para él o para su esposa?, ¿sería legal que ésta los utilizara para su precampaña?

¿No es un conflicto de intereses que los pagos a los expresidentes se hayan establecido través de acuerdos no publicados en el Diario Oficial y de dudosa legalidad que, en esencia, significan que ellos mismos, sin ningún contrapeso, se fijaron su propia retribución y una larga lista de prebendas injustificables?

¿Deberían los presidentes de la República pagar una cuota mensual por los alimentos y servicios personales que en Los Pinos reciben él, su familia y sus invitados personales?, ¿deben estos gastos, que no están vinculados al ejercicio de su cargo, recaer en el contribuyente?

¿Han evitado la corrupción, las pensiones  y privilegios paradisiacos de los que disfrutan los exmandatarios?

El avance democrático del País obliga a legislar sobre las pensiones a los expresidentes, los apoyos que reciben y su manutención mientras habitan en Los Pinos. Los beneficios de los que disponen actualmente son un oneroso resabio de una presidencia imperial, abusiva y tramposa. Ya se logró acabar con la partida secreta que era la caja chica del mandatario en turno, toca ahora modificar los pagos y las prebendas que se han asignado en demasía, los mismos que las disfrutan.

*Villanueva Villanueva Ernesto, Nucci Gonzáles Hilda. Las pensiones expresidenciales, Rc et Ratio, Año 6, Vol. VI, Enero – junio 2013. México

 

Sueldos legales, pero inmorales

Las remuneraciones de los servidores públicos tienen relevancia política porque se pagan con el dinero del pueblo; es decir, el erario actúa como un mecanismo de transferencia mediante el cual los recursos públicos terminan en bolsillos privados. Esto le otorga a la sociedad el derecho a conocerlas con precisión y a exigir que su monto se ajuste a un principio de austeridad, amén de que sean acordes con las condicionantes presupuestales y con la realidad del país.

 

Durante el sexenio pasado, como un primer paso para que la Federación y los Estados expidieran sus sendas leyes de remuneraciones de sus servidores públicos, se reformaron varios artículos constitucionales, entre los que destacó el 127 donde se establece que todo empleado público recibirá una retribución por sus servicios.

 

En el orden federal, la redacción de dicha ley deberá ser una oportunidad para abordar temas que han quedado sueltos como: las pensiones y apoyos que reciben los expresidentes, las reglas para el uso de Los Pinos por parte del presidente en turno, y los mecanismos para la fijación de las remuneraciones de los poderes Judicial y Legislativo y de los órganos autónomos. Sobre todo si dicha ley establece el principio de que ningún servidor público pueda fijarse ni individual ni colegiadamente el monto de su remuneración, lo que evitaría casos que llaman la atención por su cuantía.

 

En efecto, de acuerdo con el Presupuesto de egresos de 2013, el ingreso anual de un ministro de la Suprema Corte de Justicia será de 6.1 millones de pesos. Cifra que en el mercado privado corresponde a un puñado de directores generales sobre los cuales recae unipersonalmente, que no colegiadamente como sucede en la Corte, la responsabilidad de conducir organizaciones de gran envergadura y complejidad administrativa.

 

Con base en esa cifra puede afirmarse que un nombramiento de 15 años como ministro de la Suprema Corte de Justicia equivale a tener un contrato de trabajo por 90 millones de pesos. A lo que debe añadirse que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, un ministro al retirarse con 15 años de servicio recibirá una pensión vitalicia que durante los dos primeros años será equivalente al 100 por ciento del ingreso de un ministro en funciones y después se reducirá al 80 por ciento. Incluso puede retirarse antes de ese lapso y recibir la parte proporcional.

 

¿Cuántos mexicanos cuyos impuestos sirven para pagar estas retribuciones pueden disfrutar de un retiro similar? La respuesta es simple: ninguno. Muchos ni siquiera cuentan con algún tipo de pensión, otros reciben apenas una fracción de lo que fueron sus ingresos y para lo cual debieron trabajar más de 30 años, mientras que a los jóvenes sólo les queda esperar que cuando cumplan 65 años el saldo de su Afore les permita contar con no más de tres salarios mínimos.

 

Reconozco y respeto la capacidad profesional de algunos ministros de la Corte, y de igual manera sé de la importancia de sus funciones, pero aun así no encuentro argumentos técnicos que justifiquen el monto de sus ingresos y pensiones.

 

En el mismo sentido, podríamos preguntarnos por qué se les debe conceder sin condicionantes una pensión vitalicia a los expresidentes.

 

En principio, concederles una garantía económica aseguraría que, al no tener que preocuparse por su futuro, acometieran su gestión atendiendo sólo al interés nacional. Pero esta idea romántica no se ajusta a los tiempos actuales, donde es factible lucrar con las relaciones hechas al amparo de puestos públicos y obtener de éstos una renta participando en consejos y conferencias.

 

Por ejemplo, en 2011, de acuerdo a Forbes, Ernesto Zedillo, quien en apariencia renunció a su pensión, obtuvo 11 millones de pesos como consejero de Alcoa, P & G y Citigroup, mientras que las acciones que ha recibido de estas dos últimas tienen un valor de mercado que supera los 30 millones de pesos.

 

¿Cuántos mexicanos pueden tener una pensión vitalicia por haber ocupado un cargo público durante sólo seis años? Salvo los expresidentes, ninguno. Y esto lo pueden hacer sin que importe su edad y pese a que puedan hacer ostentación de un nivel de vida que evidencie que en sus haberes hay algo más que su pensión. Cabría exigir que si reciben recursos del erario, debieran declarar su situación patrimonial, o ¿por qué no darles un plazo máximo para disfrutar de esa canonjía?

 

Lo curioso es que en todo esto no existe nada ilegal. Hay acuerdos firmados, presupuestos aprobados e incluso leyes federales que respaldan esos salarios y pensiones. Pero dada la lejanía que guardan con la austeridad republicana y el contraste brutal respecto a la situación de quienes los sufragan, bien puede afirmarse que aun siendo legales, esos ingresos son también inmorales.

Publicado en El Financiero 10 de enero 2013