Cuando la corrupción se legaliza se convierte en metástasis

Como si estuviéramos viendo una película de guerra realizada por los vencedores, a nadie sorprendieron los resultados del informe que presentó Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, sobre los bienes inmuebles que adquirieron el presidente de la República y el secretario de Hacienda, de uno de los principales contratistas del Estado de México y Gobierno Federal.

Pero anticipar el desenlace de una película, más aún si estamos del lado de los vencidos, no evita que al presenciarlo dejemos de sentir frustración por no poder cambiar la historia y, sobretodo, como ocurrió en este caso, una profunda irritación porque se nos plantean las conclusiones como si fuéramos idiotas. Y eso añade sal a la herida.

Este proceso de investigación nació viciado, porque el primer conflicto de intereses que se dio fue dejar en manos de un subordinado valorar la situación legal de su jefe, entre cuyas atribuciones está precisamente la de nombrarlo; designar a los secretarios de Estado sólo compete al presidente de la República.

Lo procedente hubiera sido que una comisión ad-hoc nombrada por el Congreso fuera la responsable de la investigación. Sin embargo, salvo declaraciones de banqueta, ningún grupo parlamentario alzó la mano con seriedad cuando ésta se inició. Inhibición que hace recordar aquello de que lance la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Sospechoso silencio, cuando en otras latitudes investigar este tipo de asunto hubiera sido encomienda irrenunciable del Poder, al que por ley y de cara al ciudadano, le toca servir de contrapeso del Poder Ejecutivo.

La realidad fáctica es que las operaciones inmobiliarias entre el presidente de la República, el secretario de Hacienda, la esposa del primero y el Grupo Higa, se dieron, no porque los caprichos del destino los hubiera puesto sobre el mismo camino, sino porque entre ellos existía una relación previa, que por lo menos databa de la época cuando dicha empresa fue contratista del Gobierno del Estado de México que presidía Peña Nieto y cuyo secretario de Finanzas era Videgaray.

Este antecedente implica que, aun sin que Peña Nieto y Videgaray estuvieran ocupando un cargo público en esos momentos, la adquisición de inmuebles propiedad de Grupo Higa, y además hecha en condiciones ventajosas, representa, en el menor de los casos, un inobjetable conflicto de interés.

Peor aún, si consideramos que durante el lapso que se dieron las operaciones de compraventa, Peña Nieto no era un simple exburócrata en busca de empleo, sino que con el apoyo de Videgaray fue, en primer término, candidato a la presidencia de la República y, después, presidente electo.

Más grave aún que, una vez investido Peña Nieto como jefe del Ejecutivo Federal y Videgaray nombrado secretario de Hacienda, Grupo Higa se integrara de manera muy activa y en proyectos de gran magnitud, como contratista del nuevo gobierno.

Sólo un necio o alguien que asume a la idiotez como condición inherente a la de ciudadano, puede negar que el conflicto de intereses se dio por todo lo que involucró a los actores antes de las operaciones de compraventa, como por lo que sucedió después de que éstas se realizaran.

La ley se pervierte cuando se usa para negar su espíritu, para justificar que se le transgreda y para posibilitar lo que prohíbe. Esta degradación borra el Estado de Derecho y da lugar a la incertidumbre jurídica, donde lo único seguro es que la ley siempre se incline del lado del poder y del dinero.

¡Cuánto lodo se ha legalizado! Ventas de bancos y empresas públicas, concursos, permisos, licencias, concesiones, sentencias judiciales, adjudicaciones directas, e invitaciones a tres donde en realidad se trata de uno solo acompañado de dos comparsas seleccionadas a modo. ¿Cuánto de esto ha tenido como corolario la frase ”y se actuó conforme a derecho”?

Cuando la corrupción se legaliza deja de ser una enfermedad crónica y se convierte en metástasis.

Y esta frase no es una metáfora sino una realidad descriptible y palpable, porque se observa en la tergiversación de nuestros valores al momento de aplaudir y reconocer al pillo por astuto, mientras al honesto se le tilda de necio o pusilánime.

Es metástasis porque está presente en las estructuras del Estado y en la iniciativa privada donde su reproducción imparable y nutrida de sí misma, nos carcome restándonos energía, ya que ésta debemos utilizarla, no para crecer y prosperar, sino para paliar lo que la corrupción deja torcido y para defendernos de quienes saben usarla para tomar atajos. Basta ver a los ciudadanos del Distrito Federal defendiendo su hábitat de los depredadores urbanos, que tan hábiles son para alcanzar alturas que dan vértigo como para reptar y sacar provecho del lodo.

Nada, salvo un agravio más, ganó la sociedad con el informe del secretario de la Función Pública. Pero en cambio para nuestra mala fortuna, ésta sí resentirá que con este episodio la autoridad moral del presidente de la República se haya evaporado por completo, porque los escenarios que confronta el País en los ámbitos externo e interno nos someterán a duras pruebas, lo que haría imperativo un liderazgo —hoy imposible— que ayudara a definir el rumbo, sirviera de avanzada y resultara convincente para animar, sumar y pedir sacrificios en tiempos difíciles.

La autoridad jerárquica concede a cualquiera la calidad de jefe. Pero, el liderazgo hace indispensable combinar jerarquía con autoridad moral. Los jefes sólo sirven para mandar, en cambio los líderes, son los que proveen una visión, cohesionan y hacen a una nación avanzar.