Los costosos prejuicios de AMLO

Comparativo de remuneraciones sector privado APF 1

Mal empieza un general la batalla cuando antes de iniciarla anuncia a sus tropas, sin siquiera dirigirse a ellas de frente, que les reducirá su sueldo y prestaciones de manera sensible, que despedirá a un número importante de oficiales, que la mayoría deberá mudar a sus familias a otra ciudad y que su jornada semanal se alargará de 40 a 48 horas. Así, López Obrador, con más de cinco meses de antelación, se los ha hecho saber a quienes estarán bajo su mando a partir del 1º de diciembre.

Su decálogo de austeridad refleja en muchos de sus apartados, que su visión de la Administración Pública Federal es una mezcla de prejuicios e ignorancia respecto a cuestiones básicas de su operación, de la forma como ha evolucionado su estructura, de su marco jurídico y laboral y, sobre todo, de la gestión del capital humano. Pieza vital para el buen desempeño de una organización que provee servicios públicos, como es un gobierno.

El estereotipo de servidor público que se desprende de sus planteamientos y que ha servido para el escarnio popular en los medios y en las redes sociales, es que están sobrepagados, tienen demasiadas prestaciones, disfrutan de prebendas abusivas, trabajan poco, la mayoría de ellos ocupa puestos redundantes cuya eliminación es inocua. Además, son corruptos, llegan ebrios a sus oficinas o, de plano, se alcoholizan en ellas o en pachangas y convites con contratistas y proveedores.

Para quienes hemos trabajado en el servicio público, desde dentro y desde fuera, no dudamos, porque los hemos visto y en no pocas veces sufrido su prepotencia, que existan ese tipo de funcionarios. Pero con la misma claridad, podemos afirmar que no representan de ninguna manera, a la enorme mayoría de servidores públicos que integran y hacen funcionar con su experiencia, conocimientos y esfuerzo a la Administración Pública Federal (APF).

Con el propósito de diseñar una política de remuneración sobre bases técnicas, a partir de 1997 se empezó a utilizar en la APF un sistema de valuación de puestos acorde con su naturaleza, que permitiera: a) alinear los puestos de los sectores central y paraestatal con base en su grado de responsabilidad para retribuirlos de manera equitativa y, b) facilitar la comparación con el mercado nacional para conocer el grado de competitividad del paquete de remuneraciones del sector público.

Como se aprecia en la siguiente gráfica, el tabulador de la APF está por debajo de las remuneraciones que ofrece el sector privado para puestos con una dimensión equivalente. De hecho, esta distancia se ha acrecentado en los últimos años, siendo más marcada en los puestos de mayor jerarquía como son los secretarios de Estado. Esto último también se presenta en otras naciones, donde presidentes y primeros ministros tienen salarios que son fracciones de lo perciben puestos equivalentes en el ámbito empresarial.

Remuneraciones mensuales del sector privado versus Administración Pública Federal 2018*

Grafica Comparativo de remuneraciones sector privado APF

Sin embargo, lo distintivo del caso mexicano es que la presión política que por varios sexenios se ha dado para no incrementar la remuneración de los cargos más altos, sobre todo la del presidente, ha compactado la estructura salarial provocando que la diferencia en ingresos de los primeros seis niveles sea mínima pese a la notable diferencia en su valor tabular, es decir, en su responsabilidad.

Cierto, que existe una notable distancia entre el tabulador de la APF con el salario mínimo o con las remuneraciones que en promedio perciben los trabajadores y mucha gente del campo. Pero, las referencias deben ser distintas cuando, en una economía de mercado, se trata de atraer y retener el talento que se requiere para el desempeño de las tareas del Poder Ejecutivo, cuya complejidad va en aumento en todos los frentes donde está presente: tecnología, seguridad pública, salud, medio ambiente, alimentación, relaciones internacionales, desarrollo urbano, etc.

Reducir a la mitad los ingresos de aquellos puestos que superan el millón de pesos anual y eliminar buena parte del paquete de prestaciones de los servidores públicos, destruye una de las columnas del servicio profesional de carrera y acentúa la falta de competitividad del tabulador de la APF. Pero, lo más grave es que envenena el clima laboral, porque estos anuncios han calado hondo en la moral de los servidores públicos, dando píe a legítimas preocupaciones de orden personal y familiar, que están paralizando a una administración que aún no concluye su período, o bien alentando la deserción de recursos valiosos.

La grada aplaude entusiasta y rabiosa cuando ve cómo cae la guillotina. Llegó el tiempo de la revancha que alimentaron excesos que nunca debieron darse. Pero, quienes desde lejos vemos el espectáculo nos queda claro que la acción conjunta de las medidas anunciadas por López Obrador, precarizarán a un segmento importante de la clase media, cuyo trabajo suma al producto interno bruto y a la recaudación fiscal, so pretexto de redistribuir lo que fueron sus ingresos en programas asistenciales comprometidos en la campaña.

López Obrador, como la gran mayoría de su gabinete, nunca han trabajado en la APF, y cuentan con una mínima o ninguna experiencia como administradores públicos. Desde un punto de vista de gestión de talento puede afirmarse que, para muchos de ellos, transitar de las posiciones que ocupan actualmente a ser titulares de alguna secretaría o subsecretaría de Estado o entidad paraestatal significa un salto abismal, lo que incrementa los riesgos que se corren con su designación y anuncian largas, costosas e inevitables curvas de aprendizaje. Más aún, cuando en el ejercicio de sus anteriores ocupaciones, no requirieron desarrollar las competencias conductuales, las habilidades gerenciales, los conocimientos y la experiencia que demanda el desempeño de un cargo de primer nivel en la administración pública. Buenos investigadores, jueces, legisladores, incluso directores de empresas privadas no necesariamente hacen buenos funcionarios públicos.

Por ello, resulta suicida que, ante esta realidad, se lastime justamente a los niveles que, como una red protectora, interactuarán con personas que son noveles en su papel de funcionarios públicos. Así, da la impresión de que López Obrador y su equipo están actuando con la temeridad de aquel que decide emprender una jornada peligrosa, sin entender los riesgos que está asumiendo y las posibles consecuencias de sus actos, tanto en él como en otros.

La estructura de la Administración Pública mexicana se desdobla a partir del principio de delegación. En la Constitución, el pueblo soberano delega en el presidente de la República el Poder Ejecutivo. A su vez, este lo delega en secretarios y, más adelante, como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los sendos reglamentos internos de cada de dependencia, estos lo delegan de manera fragmentada en subsecretarios, jefes de unidad, directores generales, etc.

A través de estos entramados organizacionales se aplica un vastísimo marco normativo; leyes, reglamentos y normas en infinidad de materias, lo que, a su vez, da origen a cantidad de procesos administrativos que sirven para planear, supervisar, aprobar, promover, vigilar, sancionar, regular, concesionar, etc. que cruzan a lo largo y ancho el Gobierno Federal conectándolo con: el sector paraestatal, los órganos autónomos, los gobiernos estatales, los poderes legislativo y judicial, el sector privado, con gobiernos extranjeros y, desde luego, con el ciudadano nacional y extranjero.

Esto significa que la dimensión y estructura de la Administración Pública se deriva, en buena parte de la obligación de ejecutar un marco jurídico, que en muchas ocasiones se ha elaborado y aprobado por el Poder Legislativo sin tener claro su pertinencia, eficacia y las implicaciones presupuestales para aplicarlo. De hecho, en muchos casos, leyes y reglamentos se aplican a medias porque no hay recursos para hacerlo de manera contundente. O bien, como sucede con las normas de control, estas, lejos de lograr el fin para el que fueron diseñadas, se convierten en taras que ralentizan a procesos sustantivos o dan píe a simulaciones que a la larga provocan otros problemas.

Eliminar el Estado Mayor Presidencial y varias subsecretarías, mudar, sin ningún estudio previo, a muchas secretarías y entidades de la Capital a otras ciudades, eliminar al 70% del personal de confianza, desaparecer las oficialías mayores, concentrar todas las compras  en un solo ente y hacer depender a todas las delegaciones federales de un superdelegado estatal, es equivalente a iniciar la remodelación drástica de un edificio sin antes darse el tiempo para saber cuál es su uso y entender que función tienen los muros y las columnas, y por donde corren las tuberías de agua, drenaje y electricidad.

Ciertamente en la Administración Pública Federal hay muchas áreas de oportunidad para abatir su dimensión, el costo y mejorar su eficiencia. Pero hay que actuar con la finura del cirujano, no con la tosquedad del leñador. Más aún, porque reformarla y reestructurarla no es una tarea para principiantes, dado que es un largo tren en marcha imposible de parar.

Lo primero, como sucedió con la reforma administrativa de 1976 que fue de gran envergadura, sería alinear la estructura de la Administración Pública Federal con los objetivos del plan de gobierno. No se puede desplegar un ejército cuando se desconoce el tipo de batalla que se va a pelear. Planteado lo estratégico habrá un marco para establecer lo táctico y, posteriormente, definir las cuestiones operativas. Hoy parece que hemos iniciado al revés. Más aún, en términos organizacionales donde, como sucede con el techo de una casa, los cuadritos de la estructura son lo último, y no lo primero que se pone.

El primer paso para no errar es tener la humildad para admitir que no se sabe. Y esto, para quien tomará las riendas de una Administración Pública tan grande y compleja como la Federal, debe ser una actitud indispensable. López Obrador debería aprovechar los meses que tiene por delante, que son muchos, para informarse, reflexionar y plantear las cuestiones estratégicas que normarán su plan de gobierno. Ya terminó la contienda electoral y con ella la necesidad de estar haciendo anuncios a diario para ganar votos. El recurso de lanzar petardos mediáticos para colocarse como el orquestador de la polémica pública es una útil estrategia de campaña, pero cuando se deja de ser candidato y casi se es presidente electo, seguirlo haciendo puede significar la rápida pérdida de capital político, porque quien ahora habla tiene virtualmente el poder público y eso les da otro peso y sentido a sus palabras. Lo que en voz de un candidato son ocurrencias intrascendentes, en la de un presidente se convierten en errores garrafales.

 

*Esta gráfica se tomó del documento de trabajo “La Remuneración de los Servidores Públicos del Gobierno Federal y Entidades Paraestatales”, elaborado y publicado por Hay Group S.A. de C.V. en 2003 y se actualizó con datos del mercado de 2018 y del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2018

Todos somos Ayotzinapa pero no somos un solo México

Pocos esperaban que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueran encontrados con vida. Pero nadie imaginaba las circunstancias de su muerte y, menos aún, que nos enteraríamos de ellas por las narraciones de muchachos, quizá de la misma edad que sus víctimas, quienes con una frialdad inaudita describieron como murieron los normalistas y la manera, nada improvisada y con seguridad practicada varias veces en el pasado, como cremaron los cadáveres y se deshicieron de las cenizas.

Lo grave es que no nos estamos enterando de un hecho aislado, sino que se trata de actos repetitivos que en varias partes del territorio nacional son realizados de manera organizada y sistémica, por mafias que agrupan tanto a delincuentes como a individuos investidos con poderes públicos, lo que incluye la capacidad de comandar a la fuerza pública para conseguir sus propósitos delincuenciales.

Ciertamente México no es un estado fallido, pero sí uno muy poroso, porque su estructura y las instituciones que lo integran están siendo carcomidas por la delincuencia —la organizada y la que opera al menudeo— al grado de que en muchas regiones del país, sus líderes han subordinado a los poderes públicos, lo que pervierte los principios fundamentales de la democracia, porque la soberanía que el pueblo delega en quienes elige para encabezar gobiernos y legislaturas, termina, por la vía de la corrupción, siendo transferida a grupos minoritarios cuyas actividades atentan contra la paz y seguridad del propio pueblo.

¿Qué ha favorecido la porosidad del Estado mexicano?

Desde mi perspectiva han concurrido dos fenómenos; uno de carácter político y otro de carácter económico, cuyas implicaciones no hemos logrado entender para paliar sus efectos.

El poder vertical del viejo régimen presidencialista hacía prevalecer al Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial y, a su vez, mantenía alineados y en control a los tres órdenes de gobierno; los gobernadores se subordinaban al presidente, y los presidentes municipales a los gobernadores.

El avance democrático del país que inició mucho antes del 2000, cuando el PRI perdió la presidencia de la República, fue poco a poco desmantelando el monopolio que sobre los tres poderes del Estado tuvo un solo partido que era, como el país, encabezado por el presidente en turno. Hoy en cambio, tenemos la certeza de que la voz de la sociedad expresada en votos es respetada, cuando se trata de escoger a quienes gobiernan y legislan.

Pero para que la democracia sea efectiva, es decir para que el ejercicio de los poderes públicos se traduzca en un bienestar creciente para la sociedad, no basta que los votos se cuenten con pulcritud. En cambio se requiere que a los puestos públicos accedan individuos con la experiencia, las capacidades, los valores y la convicción de que su encomienda es un mandato temporal, sujeto a la ley y del cual deben rendir cuentas.

Y es en este punto donde todavía estamos en pañales, porque parecería que en el imaginario de la nueva clase política está el arquetipo del viejo presidencialismo como una referencia a imitar, con la agravante de que ahora se sienten legitimados por el voto popular. Así, muchos políticos asumen que esto, en lugar de representar la obligación de rendir cuentas, les otorga el privilegio de considerar su cargo como un patrimonio personal, lo que ha convertido la estructura del estado mexicano en un cúmulo de feudos, cuyo funcionamiento depende más de las relaciones personales de los efímeros señores feudales, que de la operación institucional del Estado.

Sin embargo, la democracia, como el matrimonio, implica a dos partes; aquellos que son votados y quienes los votan, y por ende, a éstos también corresponde una parte de la responsabilidad al momento de valorar la gestión de los servidores públicos que ellos eligieron.

Abarca no llegó a la presidencia municipal por una imposición sino a través del voto popular. Cuatro de cada diez igualtecos votaron por la coalición “Guerrero nos une” que lo tenía a él como candidato. Por ende, el pueblo de Iguala, en un afán autocrítico, deberá examinar cómo fue posible que un personaje que estaba lejos de tener un pasado de trabajo y honestidad, pudiera encabezar al municipio. Más aún, cuando su esposa era la hermana de conocidos narcotraficantes.

A la insularidad política, el arribo del neoliberalismo añadió la insularidad económica. Al grito de que el mercado lo resuelve todo y de que el Estado se debe limitar a actuar en la economía como mero árbitro y como un ente asistencialista para remediar la situación de los más rezagados, desapareció de la tareas del gobierno la planeación, y en especial la del desarrollo regional, como un instrumento que desde una visión integral se encargara de que el avance del país se distribuyera de la forma más homogénea posible a lo largo del territorio nacional.

La falta de una planeación y ejecución de una estrategia de desarrollo regional, que sobretodo atienda a las zonas del país más vulnerables, ha dejado a los habitantes de éstas con mínimas opciones para su progreso humano y material, y a la vez ha creado enclaves donde con extrema facilidad los recursos que gestiona la delincuencia le permiten a ésta en los hechos, sustituir al Estado si no es que gobernarlo.

La conmoción que provocó la tragedia de Ayotzinapa nos ha unido en el repudio y la indignación. Pero que eso que hoy nos une, debe servirnos para entender que nos hemos convertido en un cúmulo de ínsulas políticas y económicas inconexas, donde cada una persigue sus propios objetivos y cuya suma no nos hace una nación. No tenemos muros como el de Berlín hechos de concreto, pero tenemos otros peores cimentados en la indiferencia y la mezquindad.

No sólo los igualtecos sino todos los mexicanos deberíamos preguntarnos ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La misma severidad que pedimos para que se juzgue y castigue a los culpables directos, la debemos aplicar cuando juzguemos nuestra responsabilidad colectiva, porque sólo así podremos profundizar en la causas de los horrores que hoy nos indignan y poder entonces actuar para revertir la espiral de violencia y crimen donde estamos atrapados.

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