Retiros que llegan, pensiones que no alcanzan

Pensiones que no alcanzanLos viernes de cada semana cuatro hombres jubilados solían encontrarse en un pequeño restaurante de un barrio clasemediero. Sin embargo, sólo uno de ellos lo hacía en calidad de cliente. Los otros eran el dueño del lugar, el mesero y el garrotero, quién además hacia funciones de lavaplatos, pinche y ayudaba con la limpieza el fin de semana lo cual le permitía incrementar la paga, a la vez que le daba el derecho a comer y cenar gratis.

A fuerza de verse con regularidad, se fue desarrollando entre ellos cierta camaradería, aunque ésta se limitaba al intercambio de opiniones generales y, ocasionalmente, de alguna broma. Rara vez, hablaban de sus vidas, aunque por chismes de aquí y de allá, cada uno conocía o suponía conocer la de los demás.

Ese viernes el señor ministro, como respetuosamente le llamaban, arribó como siempre en punto de las dos de la tarde. Su chofer lo dejó justo en la puerta del restaurant entró parsimoniosamente y se dirigió a la mesa que siempre tenía reservada; su favorita como la solía llamar. Su talante era tranquilo y sus preocupaciones se limitaban a cuestiones domésticas o a decidir adónde iría de paseo. Sus quince años como ministro de la Suprema Corte de Justicia le habían bastado para obtener una pensión vitalicia equivalente al 100% de su sueldo durante los primeros dos años y al 80% de ahí hasta que muriera.  Después, su viuda, si la hubiera, tendría derecho a disfrutar de la mitad.

Señor ministro, usted sí que es afortunado ─ le decía bromeando el dueño del lugar ─ ya quisiera haber trabajado quince años para que me jubilaran con un sueldo superior al que percibe el Presidente de la República y que además se ajusta cada vez que se revisa el tabulador de la Corte.

Yo no decidí esto, así está en la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ─ le respondía su cliente habitual ─ además que no se haga usted el olvidadizo, porque como empleado del IMSS, usted se jubiló con más del cien por ciento de sueldo y con solo treinta de servicio sin ningún límite de edad. ¿Qué no me dijo que ni siquiera había cumplido los cincuenta cuando se retiró? Así, que no importa cómo le vaya en el negocio, usted siempre tendrá un colchón más atención médica gratis hasta que muera.

El garrotero los observaba sin decir nada mientras acomodaba los platos y cubiertos sobre la mesa, aunque la expresión en su cara evidenciaba que además de estar escuchando con atención, estaba sorprendido por lo que ahí se comentaba. Pero, en cambio el mesero que se había acercado para entregar el menú, no se aguantó las ganas de intervenir.

¿Qué daría yo por tener como jubilado la mitad de lo que ustedes disfrutan? ─ les dijo en un tono tan burlón que ambos quedaron sorprendidos. Pero más el señor ministro, cuando remató su comentario con una clara alusión a él ─  aunque gracias a Dios el IMSS no aceptó el criterio que usted y sus colegas acordaron para limitar nuestras pensiones a sólo diez salarios mínimos, así que al menos tenemos veinticinco, aunque para ello tuve que esperar a cumplir sesenta y cinco años, lo que considerando que inicié mi vida laboral a los veinte, implica que tuve que trabajar 45, si señor ministro tres veces el tiempo que usted estuvo en la Corte, para recibir menos del 25% de lo que erario Federal le da cada mes.

El ministro miraba sorprendido al mesero. Yo actué con base en la autoridad legal que tenía en ese momento ─ respondió en tono de disculpa. Pero de poco le sirvió porque la respuesta del mesero no se hizo esperar ─. No lo dudo señor ministro pero la autoridad legal no implica en automático la moral.

El ministro visiblemente molesto quiso responderle, pero justo cuando lo iba a hacer intervino el garrotero.

Date por bien servido ─ le dijo al mesero para apaciguarlo ─ los de la generación del SAR estamos peor que tú y por eso tengo que estar mendigando trabajos, porque cuando cumplí los sesenta y cinco, y pese a trabajar más de treinta años, me di cuenta que el saldo de mi AFORE no me produce ni cuatro salarios mínimos. Allá en 92, la tecnocracia dijo que las pensiones – salvo claro las del IMSS y algunas paraestatales – ya no serían un problema para las finanzas públicas, pero no nos advirtió que México se convertiría en una fábrica de viejos miserables sin cobertura médica.

¿Qué le hacemos son las leyes? Nosotros sólo las aplicamos─ dijo el señor ministro.

Así es – respondió el garrotero ─ frente a la ley todos los mexicanos somos iguales, pero sí de pensiones hablamos las leyes no son iguales para todos. O ¿me equivoco?

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*El cálculo de la pensión bruta anual de la exministra Sánchez Cordero equivale al 80% de lo que actualmente recibe un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por concepto sueldo, aguinaldo y prima vacacional según el Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2018. No incluye, la monetización de las prestaciones que no son pagadas en efectivo como seguro de vida y gastos médicos. También se desconoce si los ministros en retiro tienen derecho a la prima de riesgo anual que equivalen a $554,595 anuales.

El cálculo de las pensiones que posiblemente reciban quienes empezaron a cotizar después de 1993 se basa en lo que estiman actuarios dedicados a este tema.

El texto de este artículo se publicó en El Financiero el 21 de octubre de 2010. En esta reproducción se conservaron las reglas de acentuación vigentes en ese momento.

El inexorable alargamiento de la adultez

 

Generaciones

El notable incremento que ha experimentado la esperanza de vida está dando lugar a la eclosión de una nueva fase de la edad adulta, que no hemos logrado caracterizar, ni entender a cabalidad sus implicaciones en la sociedad, pero que cada día se hace más evidente en la medida que el grupo poblacional que más rápido está creciendo, es el que supera los sesenta y cinco años de edad.

Un niño nacido en 1950 tenía una esperanza de vida de 49 años. Hoy, si el niño de aquel entonces se convirtiera en abuelo a la edad de 65 años, sus nietos tendrían una esperanza de vida de 76 años. ¡No está mal!, es un aumento de 50%, lo cual ha sido gracias a los avances de la medicina y a que, pese a todos los tropiezos que ha tenido la economía del País, la calidad de vida ha mejorado, aunque no de igual manera para todos los mexicanos, ni al nivel que hubiéramos deseado.

¿Quiere decir lo anterior que quienes nacieron en 1950, como ese abuelo hipotético, llevan rato viviendo años extras?

No, lo que ocurre es que el cálculo de la esperanza de vida se hace de acuerdo a la edad de cada grupo poblacional, como lo puedes apreciar en la siguiente gráfica:

Esperanza de vida 2

Si te fijas con detalle en las dos primeras barras notarás que son iguales. Es decir, la esperanza de vida y los años probables por vivir de un recién nacido (0 años de edad) son números idénticos: 76 años. En cambio, para una persona de 50 años su esperanza de vida es de 79, lo que significa que presumiblemente tiene 29 años más por vivir.

La esperanza de vida se calcula con base en la pirámide de edades que exista en un momento específico. Por tanto, si través del tiempo ésta se alarga hacia edades mayores, como ha ocurrido, los nuevos cálculos apuntarán a más longevidad. Es decir, en la medida que quienes nos preceden vivan un mayor número de años, hace muy probable que nosotros viviremos aún más que ellos. Por eso, cuando ese nieto recién nacido alcance los 79 años es factible que la esperanza de vida al nacer ronde en ese entonces los 100 años.

Ahora te pido que observes las siguientes gráficas donde se comparan las pirámides de edades de 1950 y la que probablemente exista en 2030. Fecha que no nos debe parecer muy lejana, pues casi equivale al tiempo que ha transcurrido desde el año 2000, cuando nos preocupábamos de todos los posibles efectos cibernéticos que traería la llegada del nuevo milenio. ¡Parece que fue ayer!, ¿no es así?

Pirámide de edades

La primera diferencia entre ambas gráficas es que mientras la primera luce como una pirámide, la segunda parece la silueta de un edificio moderno, lo que refleja el efecto acumulado de la reducción constante que ha tenido la tasa de natalidad. Por ejemplo, en 1950 la población comprendida entre 0 y 4 años representaba alrededor del 15% del total, mientras que en 2030 apenas rebasará el 5%

La segunda diferencia es el área de los triángulos que están por encima de los 65 años, donde la que corresponde al año 2030 es claramente más grande, lo que significa que este segmento de la población será proporcionalmente mayor y mucho más numeroso, porque el número de habitantes alcanzará los 126 millones contra los 27 que había en 1950.

La evidencia estadística claramente señala que nuestra vida como adultos se ha alargado y que continuará haciéndolo. Hoy, en una familia pueden convivir fácilmente tres generaciones de adultos, antes sólo lo hacían dos. Por ende, las preguntas que nos hacemos son: ¿en dónde, dentro de esta adultez más longeva, pondríamos la frontera con la ancianidad?, ¿es válido seguir metiendo en el costal de los adultos mayores (¿cuáles serán los menores?) a todos los que rebasan los 65 años? ¿A qué edad una persona deja de ser productivo? ¿Adulto mayor y anciano son términos equivalentes?

Muchos países europeos cuyos planes de pensiones establecen un beneficio definido momento de la jubilación —un porcentaje del promedio de los últimos salarios—, han tenido que alargar la edad de retiro a 67 años, lo que con toda seguridad seguirán haciendo en un futuro cercano.

En México, el sistema de cuentas individuales establecido en 1996 a partir de la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) resolvió en parte el problema del financiamiento de pensiones, porque éste se basa en un esquema de alcancías donde a lo largo de su vida laboral el trabajador acumulará sus aportaciones y las de su empresa hasta cumplir los sesenta y cinco años. A partir de ahí, con lo que haya juntado disfrutará de una pensión escuálida —dos o tres salarios mínimos a lo más calculan los actuarios— que, desde luego, no será suficiente para sobrevivir. El SAR le permitió al Estado reducir las aportaciones que hubiera tenido que hacer de continuar con el antiguo sistema, pero a cambio trasladó el problema a los trabajadores porque pensionarse significará hundirse en la miseria. Ésta es una de tantas bombas de tiempo, donde el gobierno en turno prefiere mirar hacia otra parte; al fin que cuando eso pase, ellos ya nos estarán.

Sin embargo, el Gobierno aún tiene el problema de los trabajadores que empezaron cotizar en el IMSS antes de 1997 y que se jubilarán con la ley anterior, así como los casos, quizá más gravosos, referentes a los sindicatos del IMSS, CFE y PEMEX cuyas edades de jubilación y montos de retiro son en extremo generosos.

Pero cambiar la edad de jubilación es relativamente fácil, en comparación con las dificultades que existen para remover paradigmas y prejuicios que se crearon cuando era otra la estructura de edades del País, pero que permanecen en el imaginario colectivo, impidiéndonos afrontar las consecuencias de una realidad tan distinta como evidente.

Por ejemplo, hoy la edad promedio en México es de 27 años y, aun así, muchas empresas no reclutan a mayores de 40 años. ¿Quiere decir esto que las personas que tienen el edad promedio les quedan escasos 13 años para que se les considere “empleables”? ¡estúpido, verdad! En reiteradas ocasiones les he preguntado a los responsables de Recursos Humanos la razón de este tipo de límites, incluso menores, pero nunca he obtenido una respuesta inteligente. El prejuicio es antídoto de la razón.

La realidad es que existe un número creciente de mexicanos en edad adulta y cuya frontera se está extendiendo cada vez más. Millones alcanzan los 65 años en pleno uso de sus facultades y con la capacidad y experiencia para seguir agregando valor. Mal hacemos si vemos a ese grupo como material de desecho, porque de esa forma tiramos a la basura un capital humano invaluable cuya formación requirió tiempo, esfuerzo y muchos recursos. Veamos el caso de los Estados Unidos donde varios de los candidatos a la presidencia rebasan esa edad y ello no es un obstáculo para que compitan, por uno de los puestos más complejos que existen en la administración pública a nivel mundial. En política, como en otros ámbitos profesionales, las canas cuentan, y mucho.

Al ser la adultez la fase que más se está alargando en la vida del ser humano, deberíamos para aclarar las cosas, subdividirla en: adulto temprano, adulto medio y adulto mayor, para después seguir con el de anciano. Término este último que se ha desechado de nuestro vocabulario, no porque su significado no fuera congruente con la realidad, sino por haberle dado, como ha ocurrido con otras palabras, una connotación negativa.

De esta manera, podríamos revalorar la concepción y el alcance del denominado adulto mayor, cuya contribución a la economía se sigue necesitando, sobre todo porque ahora vivimos más años y se requiere que más sean lo que sumen y menos los que resten. Por otra parte, a nivel individual la salud mental requiere tener un sentido de realización, lo que a su vez previene enfermedades físicas que favorece la depresión que causa el no sentirse útil.

La edad es sólo registro de un tiempo pasado. Qué somos y de qué nos sentimos capaces depende de cada quien. He conocido viejos, algunos muy viejos que, pese a que acumulaban en la espalda pocos años de vida, se veían en este mundo, sentados, pasivos, a la espera de que el tiempo pasara y los demás hicieran algo. En cambio, he disfrutado a jóvenes que, aun llevando muchos años a cuestas, me han compartido su mirada fresca, su curiosidad intelectual que no toma por dado nada y su incansable espíritu renovador. De ellos aprendí que, en la vida, jóvenes son aquellos que abren la estela y viejos quienes se dejan arrastrar.

 

Sueldos legales, pero inmorales

Las remuneraciones de los servidores públicos tienen relevancia política porque se pagan con el dinero del pueblo; es decir, el erario actúa como un mecanismo de transferencia mediante el cual los recursos públicos terminan en bolsillos privados. Esto le otorga a la sociedad el derecho a conocerlas con precisión y a exigir que su monto se ajuste a un principio de austeridad, amén de que sean acordes con las condicionantes presupuestales y con la realidad del país.

 

Durante el sexenio pasado, como un primer paso para que la Federación y los Estados expidieran sus sendas leyes de remuneraciones de sus servidores públicos, se reformaron varios artículos constitucionales, entre los que destacó el 127 donde se establece que todo empleado público recibirá una retribución por sus servicios.

 

En el orden federal, la redacción de dicha ley deberá ser una oportunidad para abordar temas que han quedado sueltos como: las pensiones y apoyos que reciben los expresidentes, las reglas para el uso de Los Pinos por parte del presidente en turno, y los mecanismos para la fijación de las remuneraciones de los poderes Judicial y Legislativo y de los órganos autónomos. Sobre todo si dicha ley establece el principio de que ningún servidor público pueda fijarse ni individual ni colegiadamente el monto de su remuneración, lo que evitaría casos que llaman la atención por su cuantía.

 

En efecto, de acuerdo con el Presupuesto de egresos de 2013, el ingreso anual de un ministro de la Suprema Corte de Justicia será de 6.1 millones de pesos. Cifra que en el mercado privado corresponde a un puñado de directores generales sobre los cuales recae unipersonalmente, que no colegiadamente como sucede en la Corte, la responsabilidad de conducir organizaciones de gran envergadura y complejidad administrativa.

 

Con base en esa cifra puede afirmarse que un nombramiento de 15 años como ministro de la Suprema Corte de Justicia equivale a tener un contrato de trabajo por 90 millones de pesos. A lo que debe añadirse que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, un ministro al retirarse con 15 años de servicio recibirá una pensión vitalicia que durante los dos primeros años será equivalente al 100 por ciento del ingreso de un ministro en funciones y después se reducirá al 80 por ciento. Incluso puede retirarse antes de ese lapso y recibir la parte proporcional.

 

¿Cuántos mexicanos cuyos impuestos sirven para pagar estas retribuciones pueden disfrutar de un retiro similar? La respuesta es simple: ninguno. Muchos ni siquiera cuentan con algún tipo de pensión, otros reciben apenas una fracción de lo que fueron sus ingresos y para lo cual debieron trabajar más de 30 años, mientras que a los jóvenes sólo les queda esperar que cuando cumplan 65 años el saldo de su Afore les permita contar con no más de tres salarios mínimos.

 

Reconozco y respeto la capacidad profesional de algunos ministros de la Corte, y de igual manera sé de la importancia de sus funciones, pero aun así no encuentro argumentos técnicos que justifiquen el monto de sus ingresos y pensiones.

 

En el mismo sentido, podríamos preguntarnos por qué se les debe conceder sin condicionantes una pensión vitalicia a los expresidentes.

 

En principio, concederles una garantía económica aseguraría que, al no tener que preocuparse por su futuro, acometieran su gestión atendiendo sólo al interés nacional. Pero esta idea romántica no se ajusta a los tiempos actuales, donde es factible lucrar con las relaciones hechas al amparo de puestos públicos y obtener de éstos una renta participando en consejos y conferencias.

 

Por ejemplo, en 2011, de acuerdo a Forbes, Ernesto Zedillo, quien en apariencia renunció a su pensión, obtuvo 11 millones de pesos como consejero de Alcoa, P & G y Citigroup, mientras que las acciones que ha recibido de estas dos últimas tienen un valor de mercado que supera los 30 millones de pesos.

 

¿Cuántos mexicanos pueden tener una pensión vitalicia por haber ocupado un cargo público durante sólo seis años? Salvo los expresidentes, ninguno. Y esto lo pueden hacer sin que importe su edad y pese a que puedan hacer ostentación de un nivel de vida que evidencie que en sus haberes hay algo más que su pensión. Cabría exigir que si reciben recursos del erario, debieran declarar su situación patrimonial, o ¿por qué no darles un plazo máximo para disfrutar de esa canonjía?

 

Lo curioso es que en todo esto no existe nada ilegal. Hay acuerdos firmados, presupuestos aprobados e incluso leyes federales que respaldan esos salarios y pensiones. Pero dada la lejanía que guardan con la austeridad republicana y el contraste brutal respecto a la situación de quienes los sufragan, bien puede afirmarse que aun siendo legales, esos ingresos son también inmorales.

Publicado en El Financiero 10 de enero 2013