La mitomanía no es un estilo de gobierno; es una enfermedad

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Después de que López Obrador no aceptara su derrota en la elección de 2006, decidió investirse y actuar como presidente “legítimo”. Montó una escenografía para su toma de posesión, se cruzó el pecho con una banda presidencial adornada con el escudo nacional del período juarista y rindió protesta arropado por sus seguidores.

La bufonada no pasó de un acto político que se desvaneció como fuego artificial. Sin embargo, la audacia para llevarla a cabo evidenció con claridad meridiana un rasgo relevante y repetitivo de la personalidad de López Obrador, que consiste en crear una realidad paralela, actuar como si esta existiera y asumir que los demás también creen en ella.

Agreguemos ejemplos ilustrativos:

Primero. López Obrador simplifica la historia del México independiente en tres transformaciones para entonces proponer una cuarta que él lidera. Así, escala hasta la cúspide de su imaginario Monte Olimpo para unirse a Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y Zapata. Sin embargo, a diferencia de estos que tenían clara su meta, López Obrador no ha podido explicar con suficiente detalle en qué consiste la cuarta transformación y, sobre todo, cómo se verá una vez terminada. Tuvo la oportunidad de hacerlo cuando presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pero todo quedó en un manifiesto político y en un documento de escasa calidad. Pero, aún así, el término “cuarta transformación” se ha convertido en una suerte de jaculatoria del actual gobierno con la que se bendice cualquier cosa; desde una iniciativa presidencial hasta la respuesta a un periodista por criticar a un funcionario.

Segundo. Cuando en julio de 2018 se anunciaron los resultados de la última elección presidencial ocurrió un hecho inédito en la historia moderna del País: el candidato ganador se asumió, de facto, como jefe del Poder Ejecutivo sin siquiera esperar a ser declarado presidente electo, mientras que Peña Nieto, el presidente en funciones, se hizo de lado de manera vergonzante en espera de que su servilismo se tradujera en clemencia y olvido, en tanto nuestra endémica debilidad institucional no logró calmar las calenturas del ganador, que llegó al extremo de ordenar una consulta espuria para cancelar la principal obra de infraestructura del gobierno anterior, mientras que envalentonados por el arrojo de su jefe, varios de los miembros de su gabinete se comportaban como sí ya estuvieran en funciones, dando órdenes, invadiendo propiedad privada y apersonándose con ínfulas frente a terceros para exigirles documentos.

Por último, el hecho más reciente que confirma el mismo patrón de comportamiento ocurrió cuando López Obrador leyó en Palacio Nacional su primer Informe de Gobierno enfrente de una mampara donde se nombraba el acto como “Tercer informe de Gobierno al pueblo de México”. Esto hizo pensar a muchos que se trataba de un error, pero más tarde se aclaró que, en la realidad paralela del presidente, este considera también como informes, los sendos discursos que pronunció a los cien días de su mandato y al año de su elección. Así, el ingenio popular acuñó el disonante término de primer-tercer informe.

Sumemos a los ejemplos mencionados las muchas veces que López Obrador ha negado la evidencia empírica aduciendo que él tiene otros datos que nunca presenta, sus proyectos planteados sin ningún sustento, su intransigencia cerril para aceptar opiniones de expertos cuando estas difieren de las suyas y su desprecio por la memoria colectiva al ensalzar como ciudadanos ejemplares, incluso granjearles negocios, a los mismos que antes catalogaba como rapaces miembros de la mafia del poder y cuya fortuna se debe a la privatización que llevó a cabo su acérrimo enemigo, Carlos Salinas, durante la “larga noche de neoliberalismo” como él la definió.

De lo anterior, podemos deducir que este comportamiento reiterado no es un estilo de gobierno, ni obedece a argucias políticas para zafarse de un problema y salirse con la suya, sino que parece un caso de mitomanía, dicho esto no con el ánimo de ofender, sino preocupado por las implicaciones que para la marcha del País tiene la tendencia del presidente a explicar hechos y situaciones a partir de argumentos que no se ajustan a la verdad, que no existen o que simplemente resultan risibles, como cuando pide a los delincuentes que dejen de serlo para no preocupar a sus madres.

Como pasajeros que somos del avión que él pilota, nos sentimos intranquilos por sus virajes temerarios, porque en el radar meteorológico aparecen manchones rojos que indican tormentas y presencia de hielo en nuestra ruta y porque oímos zumbidos de las alarmas prendidas en el tablero de control. Sin embargo, López Obrador, como si fuera sordo y daltónico, no oye ni distingue el color de las manchas hacia donde nos dirigimos y mantiene el rumbo. Nos describe otra realidad. La tripulación calla y menos aún entiende. Fueron deliberadamente escogidos para obedecer, para decirle a todo que sí. Apenas dos osaron advertirle de los riesgos inminentes. Asumirse como mensajeros de las malas nuevas les costó su renuncia y la denostación de quien antes los alababa.

En una democracia madura los contrapesos institucionales sirven para acotar a quienes tienen a su cargo el gobierno. Pero, no es nuestro caso. Menos ahora cuando el mismo partido controla los poderes Ejecutivo y Legislativo, mientras que en este último el nivel profesional de sus miembros ha descendido por debajo de cotas que ya se consideraban mínimas.

La realidad lo irá poniendo en su lugar, dicen algunos, ya se vio con las constructoras de los gasoductos donde tuvo que recular. Pero, no hay ninguna garantía de que siempre sucederá así y, menos aún, de que ocurra antes de que haya daños irreparables o se llegue a situaciones irreversibles. Sobre todo, porque el círculo cercano de López Obrador actúa como un filtro que solo le hace llegar lo que él quiere oír y ver porque esto les garantiza su propia supervivencia. Por otro lado, aun frente a resultados negativos, el mitómano puede echar mano de mil pretextos para justificar su suerte, culpar a otros y seguir terco en el rumbo que se ha marcado.

Uno quisiera ser optimista y pensar que López Obrador tarde o temprano reconocerá la realidad y que además madurará como jefe de Estado. Pero, su carácter e inteligencia no permiten albergar muchas esperanzas.

La posibilidad más cercana para al menos contener los daños está en que en las próximas elecciones la oposición logre ser mayoría en la Cámara de Diputados para servir de contrapeso. Pero, el panorama tampoco es halagador. López Obrador trabaja con vehemencia regalando dinero para comprar millones de voluntades, mientras la oposición luce fragmentada, sin ideas que atraigan y sirvan de refresco, y sin líderes que se puedan considerar como una opción creíble y seria.

La alta popularidad de López Obrador y el bien ganado descrédito de su predecesor favorece que amplios sectores de la población sean tolerantes, incluso lleguen al extremo de la negación, cuando él falta a la verdad o plantea absurdos. Las mentiras serán verdades mientras alguien las crea.

¿Qué nos queda? Esperar a que la realidad que no cimbra al presidente, sí lo haga con la ciudadanía para que nuestra democracia madure y la sociedad asuma su responsabilidad y juegue un rol más activo. Más vale hacerse oír para obligar a quienes gobiernan y legislan a modificar el rumbo, que lamentar a posteriori las consecuencias de lo que callamos o no supimos atajar a tiempo.

 

Romero y Lozoya: ¿leales a quién?

López, Lozoya, Romero y Peña2

Hace un año, Octavio Romero Oropeza fue nombrado, extraoficialmente, director general de PEMEX. Otra vez se integraría al gabinete de su amigo, como ocurrió en 2000 cuando este ganó la Jefatura de Gobierno del otrora Distrito Federal y lo designó oficial mayor. Hasta ese momento su única experiencia en la Administración Pública. Quizá al saber de su nombramiento debió pensar en quién gestionaría sus propiedades y cuidaría a sus animales.  Eso, además de la política tabasqueña, era lo suyo; el campo, la ganadería. Por ello estudió agronomía, aunque no se tituló. En cambio, de petróleo y de administrar empresas no conocía nada. Qué iba a saber él de cuestiones técnicas, financieras, actuariales, jurídicas, contractuales y laborales, de ingeniería de procesos, del mercado de capitales, de las calificadoras, de cómo gestionar una empresa gigante y, menos aún, de reservas, campos y pozos petroleros.

Hoy, pese a que Romero no cumple ni de lejos con los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley de Petróleos Mexicanos para ser su director general, está al frente de la empresa más grande de México cuyo peso específico hace que su compleja problemática operativa y financiera gravite en la economía del País y, sobre todo, en el erario federal. Sin embargo, él ocupa este cargo porque en nuestra cultura política es normal que la amistad y lealtad suplan a la Ley y, lo que es peor, al sentido común. Este, al menos, cribaría los granos más gruesos de ignorancia e ineptitud.

Pero, López Obrador no es original. Varios de sus predecesores hicieron lo mismo. Peña Nieto nombró a Emilio Lozoya, director general de Pemex sin que este hubiera antes dirigido ninguna empresa, salvo las que él mismo creó, y con una exigua experiencia en el sector público que se limitaba a haber sido analista en el Banco de México. Nunca había trabajado de manera directa en el sector petrolero y hasta ese entonces su carrera profesional la había desarrollado en el ámbito de la consultoría e ingeniería financiera. De hecho, esta fue la vía que le permitió relacionarse con Peña Nieto cuando este era gobernador del Estado de México. Hoy, en su escondite, quizá maldiga el día que lo conoció.

En teoría y si las cosas se tomaran con la seriedad que ameritan, la complejidad y relevancia nacional de PEMEX deberían ser motivo para que los presidentes en turno ordenaran que se realizara un proceso serio de selección para buscar, entre los mejores, a su director general. De haberse dado este mecanismo, Lozoya y Romero difícilmente hubieran llegado a las fases intermedias y, con seguridad, ninguno habría figurado entre los finalistas.

Sin embargo, los presidentes de la República no se asumen como gestores temporales de un patrimonio público sino como sus dueños. Por ello, no tienen ningún pudor en designar para ocupar cargos públicos a individuos sin las mínimas calificaciones para ejercerlos, como también en despedir a funcionarios sin importarles su desempeño, ni las muestras tangibles de su talento, profesionalismo, honestidad y convicción de servidores públicos.

Sin embargo, esa visión patrimonialista no se limita a la dependencia, a la entidad, a los recursos presupuestales, o a los cargos bajo su responsabilidad, sino que muchas veces abarca la voluntad del individuo que se designa para ocuparlo. Más si su perfil está lejos del ideal para desempeñarlo. Se le coloca en un puesto específico para que, sin chistar, haga lo que se le ordene. Lealtad y servilismo terminan confundiéndose.

Por ello, resulta inverosímil que, sin haber contado con la anuencia de Peña Nieto y la opinión favorable de Videgaray respecto al procedimiento planteado para llevar a cabo las operaciones, Lozoya haya recomprado a precios inflados y en condiciones ventajosas para Ancira y Covarrubias, las mismas plantas de urea y fertilizantes fosfatados que años atrás Salinas privatizó a favor de estos a precio de cacahuates.

El abogado Coello ha solicitado, sin éxito, la comparecencia de Videgaray y Peña Nieto para demostrar lo anterior. Incluso, ha ofrecido como prueba el listado de un acuerdo que tuvo su cliente con el segundo donde, en apariencia, está incluido como un asunto a tratar la compra de una de las plantas. Aun así, dudo que alguna vez se encuentre un documento donde explícitamente Peña Nieto instruyera a Lozoya para celebrar las operaciones. Es común que muchas de las instrucciones y vistos buenos que dan los presidentes se hagan verbalmente, dejando en manos de secretarios y directivos de las entidades paraestatales la manera de formalizarlas. Esta es una de las fórmulas mediante la cual ellos mismos se cuidan las espaldas y dejan el peso de la responsabilidad en sus subordinados que, ingenuamente, asumen que la figura presidencial los cobijará para siempre.

Lozoya fue leal a quien lo nombró para ocupar un puesto para el que no tenía la experiencia, ni las calificaciones necesarias para desempeñarlo, pese a su pedigrí académico y conocimientos financieros. Peor aún, cuando dejó estos de lado para aceptar un proceso de compra tan notoriamente desventajoso y lesivo para Pemex que solo puede explicarse por dos razones: ineptitud o corrupción. Al parecer, las muestras visibles de su patrimonio personal y la maquinación para moverlo alrededor del mundo a través de cuentas y fondos hacen pensar en lo segundo. Tarea que, dado el volumen de recursos involucrados y los vistos buenos que hubo que recabar a lo largo del camino, hacen suponer que no la realizó en solitario, ni por su sola iniciativa y menos aún para su solo beneficio.

Lozoya y su familia viven una tragedia personal que hace seis años, en la cima de su éxito, no imaginaron padecer. Mientras que sus acciones como director de Pemex han dejado una secuela de quebrantos financieros e inversiones sin sentido, que repercuten negativamente en el patrimonio nacional.

Romero sabe que no está al frente de PEMEX por su perfil profesional, sino para hacer lo que puntualmente le ordene su jefe y amigo. Esto es modificar en los hechos la Reforma Energética del sexenio pasado y construir la refinería de Dos Bocas, pese a que en ambos casos no existan argumentos técnicos que lo justifiquen y a las implicaciones que esto tendrá en el erario federal y, sobre todo, en la calificación de la deuda soberana de México y en la estabilidad cambiaria. Ya tuvimos una probada de su impericia a principios del año, cuando la suspensión temporal de las importaciones de gasolina provocó un crisis de abasto que duró varias semanas y costo miles de millones de pesos.

Cuando un servidor público entiende que su única lealtad es con quien lo designó, la Administración Pública se convierte en el medio para instrumentar, a costa del erario, caprichos, sueños de opio o transferir a manos privadas lo que es de todos.

La única lealtad de un servidor público es con la nación y las leyes que juró respetar. Estas no distinguen jerarquías. A todos obligan por igual. Negarse a obedecer al jefe, cuando sus decisiones o acciones no se ajustan a la legalidad y a los intereses del País es poner a la Patria primero y dar una muestra de integridad personal. Pero, de estos hay pocos y más cuando deliberadamente se buscan subordinados que a todo digan que sí.

López Obrador solo sabe jugar de local

 

Sad young baseball player sitting on a bench

Durante los primeros seis meses de su mandato, López Obrador se ha movido como pez en el agua en el plano interno, sin ningún contrapeso real que tamice sus decisiones. El control de MORENA en ambas cámaras convierte al Congreso en su caja de resonancia. Institucionalmente no hay nada que le impida tomar decisiones que comprometen miles de millones de dólares de recursos públicos. A capricho, canceló el proyecto de infraestructura más grande del País que se encontraba ya en una fase avanzada e inició otros, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, sin acreditar siquiera su viabilidad. Redistribuye el gasto público cancelando súbitamente partidas, programas sociales y abriendo otros (clientelares) sin mínimas reglas de operación. Desquicia el funcionamiento de entidades y dependencias en aras de una dudosa austeridad, llevándose de por medio al sistema de salud y a los centros públicos de investigación. Despide a más de diez mil servidores públicos que costó esfuerzo y recursos formar sin importarle no solo el aprendizaje y la experiencia que se pierde, sino que esto le hace más difícil el camino al recurrir a funcionarios improvisados, que más temprano que tarde han hecho obvia su incompetencia. Aun así, son inamovibles. Amistad y lealtad priman sobre ineptitud.

Los más directamente afectados han alzado la voz para protestar. Algunos sorprendidos porque contribuyeron con su voto para que se convirtiera en presidente, quien ahora ha tomado decisiones que afectan el bienestar y el futuro de sus familias. Grupos de la sociedad civil hacen eco y suman sus voces a un coro fragmentado y, hasta ahora, descoordinado. Al que se unen las reflexiones de algunos analistas y comentaristas, que reverberan en diferentes círculos empresariales y sociales igualmente preocupados por lo errático que parece el rumbo del País. La oposición, apretujada y reducida a minoría, apenas logra hacerse sentir.

Cuando las críticas y cuestionamientos a sus decisiones se verbalizan o se manifiestan en artículos y editoriales, entonces se acallan con epítetos, no con razones. La estrategia es descalificar a quien piensa distinto, no combatir con inteligencia sus argumentos. A quienes lo critican los etiqueta como mafiosos y corruptos que extrañan sus ilegales prebendas o de abusadores que reclaman sus privilegios perdidos. Términos como conservador y neoliberal se usan como sinónimos de expresiones peyorativas como cretinos y fifís.

Él asume que sus aún altas cifras de popularidad bastan para acallar el griterío. Sin embargo, ante la incertidumbre, inversionistas y consumidores de cualquier calibre han asumido una posición conservadora que ha ralentizado la actividad económica. Ante la evidencia estadística de este hecho, su actitud es de negación —“tiene otros datos”— y de reiterar su voluntarismo mágico como la fórmula para lograr objetivos que cada vez se antojan más distantes.

Pero, en el plano externo, las cosas han sido totalmente opuestas. Aquí, la reacción en contra de sus decisiones no se ha limitado a críticas, protestas o comentarios por parte de quienes se consideran afectados o en desacuerdo sino que estos, atendiendo a sus intereses y a sus funciones, le han respondido con acciones contundentes que lo han hecho recular y, además, aceptar condiciones que limitan su libertad para actuar, como sucedió con Trump y, como muy posiblemente le ocurrirá con las calificadoras, cuando le expliquen con calma el costo que tiene para las finanzas públicas la degradación de la calidad crediticia de Pemex y el Gobierno.

Desde el inicio de su mandato, López Obrador flexibilizó en sus afanes populistas los controles de la frontera sur favoreciendo el ingreso masivo de migrantes centroamericanos, a quienes incluso prometió apoyo y trabajo. De hecho, en el PND se menciona que el Tren Maya y el Corredor Transístmico servirán como las “cortinas” que capten el flujo migratorio hacia el norte. Ignoró que, ante la precaria situación de los cafeticultores guatemaltecos presionados por la baja del precio, estos aprovecharían la mínima oportunidad para emigrar, no a México sino a los Estados Unidos. Así, se hicieron visibles caravanas de miles de guatemaltecos con destino a la frontera con ese País, lo que provocó que, en los primeros cinco meses del año, el número de aprehensiones hechas por la Patrulla Fronteriza estadounidense se incrementara en 118% con respecto al año anterior.

Por absurdo que parezca, como si se tratara de un error de párvulos en política exterior, López Obrador pasó por alto que, desde el arranque de su campaña presidencial, la inmigración ilegal a los Estados Unidos ha sido una de las principales banderas de Trump, desde la cual ha lanzado contra los mexicanos todos tipo de acusaciones e insultos y le ha hecho mantener desde el principio de su mandato un tenso pulso con los demócratas, quienes en forma reiterada le han negado fondos para la construcción del muro, diferendo que hace unos meses llegó al extremo de dejar al Gobierno estadounidense sin recursos para operar.

Con base en estos antecedentes, era ingenuo suponer que Trump toleraría de manera pasiva un aumento tan espectacular en la inmigración ilegal y que no aprovecharía la oportunidad para lucrar políticamente e imponerle a México sus condiciones, aunque sean tan absurdas como mezclar cuestiones migratorias con comerciales, que además violan el TLC que norma la relación comercial entre ambos países.

Pero, a diferencia de las descalificaciones y desdén que Lopez Obrador muestra frente a las críticas internas, un tweet amenazante de Trump bastó para que empezara a bailar al ritmo, en la pista y en los términos que este escogió. De inmediato envió una misión a Washington que negoció a contra reloj. A partir de lo acordado ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, redistribuyó funciones entre Gobernación y Relaciones Exteriores, creó comisiones y grupos de trabajo, ordenó contactar con los países centroamericanos y reasignó recursos fiscales. Además, aceptó que todo lo que se haga estará sujeto a verificación en un plazo de cuarenta y cinco días, y de cuyo resultado dependerá que Estados Unidos no le imponga al País condiciones más pesadas.

Para colmo, durante la misma semana que Trump lanzó su ultimátum, Moody’s y Fitch redujeron la calificación de la deuda soberana de México y la de Pemex. Esto significa que habrá que pagar en contante y sonante tasas de interés más altas, lo que presionará los presupuestos del Gobierno y de la paraestatal.

La razón es que ambas calificadoras consideraron la desaceleración de la economía, la falta de claridad respecto a la estrategia económica del País y la posibilidad de que las políticas en materia energética y presupuestal no resuelvan la problemática de Pemex y sí tengan en cambio un efecto negativo en las finanzas públicas.

En esencia, como ocurrió con el tema migratorio, López Obrador subestimó la reacción de terceros interesados que no solo están radicados en otros países, sino que tienen presencia global. El tweet de Trump no surgió de la nada. Antes hubo contactos y advertencias que no entendió. Después de la visita de Kushner en marzo en la que aparentemente informó sobre la preocupación de la Casa Blanca respecto al crecimiento de las entradas ilegales a su territorio, en mayo envió a Ebrad a Washington para que presentara el Plan Centroamérica. Pompeo no lo recibió. El mensaje fue claro. No tiene sentido hablar de estrategia a mediano plazo cuando el flujo migratorio creció más de 100% . ¿Qué va a hacer México hoy para controlarlo?, imagino que, por los compromisos que aceptamos, esta debió ser la pregunta.

Un jefe del Ejecutivo que no viaja, ni siquiera para visitar a sus vecinos con el fin de conocerlos personalmente, pese a la relevancia que uno de ellos tiene para la vida económica del País, es un presidente que cumple a medias con su mandato constitucional de representar internacionalmente al Estado mexicano. Esta función no tiene un mero carácter protocolario, sino que se trata de apoyar, defender y engrandecer los intereses de México en todos los ámbitos: político, comercial, cultural, ambiental, etc.  Y eso no se puede hacer sin que, con cierta frecuencia, el presidente viaje al extranjero. Más aún, porque buena parte de la relaciones diplomáticas fluyen a partir del conocimiento personal de los jefes de Estado. Ciertamente, el contacto cara a cara no asegura la empatía entre ellos, pero sí es un paso importante para ganarse el respeto y hacerse escuchar.

Desconozco si existe una razón médica para que López Obrador no viaje al extranjero. O, si él prefiere la comodidad de la localía y el calor de la tribuna llena de sus partidarios. Pero, en la medida que no aprenda a jugar de visitante, participando en foros internacionales y visitando otras naciones para conversar con sus sendos mandatarios, legisladores, empresarios y miembros de su sociedad civil, deja un hueco que no llena nadie y que en nada contribuye al progreso nacional, sobre todo porque es imposible ignorar que la globalización ha hecho a todas las naciones más interdependientes para resolver su problemática y no se diga la que afecta a toda la humanidad.

Qué irónico que López Obrador pretenda vender el avión presidencial para resolver un problema que pudo con anticipación entender mejor si hubiera viajado para al menos saludar, a quien ahora le pone condiciones y lo presiona contra reloj para que las cumpla. Encerrarse en casa, no resuelve lo que pasa en el vecindario. Menos cuando se trata de una inundación.

La improvisación; tan cara como la corrupción

 

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Antes de que asumieran sus actuales cargos, López Obrador y Carlos Urzúa nunca habían trabajado en el Gobierno Federal. Su experiencia en la Administración Pública se limitaba, respectivamente, a cinco años como jefe del Gobierno del Distrito Federal y a poco menos de tres años como secretario de Finanzas de esta entidad federativa.

Pese a su corta experiencia en el servicio público y escaso conocimiento respecto a la magnitud y complejidad de la Administración Pública Federal cuyo presupuesto supera en veinticinco veces al de la Ciudad de México, decidieron impulsar desde antes de entrar a sus sendos despachos, cambios relevantes en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal e implementarlos de inmediato sin mayor análisis, lo que ha repercutido de manera importante en la operación de dependencias y entidades y, sobre todo, en los servicios que estas prestan a la población.

En particular, me refiero a darle a la Secretaría de Hacienda la función de consolidar las compras de bienes y contratación de servicios que ella determine.

Este cambio modificó el rol macroeconómico, podría decirse global, que había tenido Hacienda en la gestión del Gobierno federal al encargarse de: diseñar e implantar la política hacendaria, la gestión de la deuda pública, la elaboración, control y seguimiento del presupuesto del Gobierno Federal, la estrategia y la regulación del sistema financiero y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Mientras que las tareas operativas de su ramo, como el cobro de impuestos, la gestión aduanal y el control y supervisión de las instituciones financieras se realizan a través de los órganos desconcentrados y comisiones a su cargo.

Sin embargo, al consolidar las compras de bienes y contratación de servicios, Hacienda asume ahora un rol operativo que la mete de lleno en las entrañas de la gestión de todas la dependencias y entidades del Gobierno Federal, lo cual realiza por partida doble; además de hacerse cargo de buena parte de sus compras y contrataciones, ella asigna los recursos para este fin al momento de aprobarles su presupuesto. Amén de que también decide cuándo depositárselos en sus tesorerías.

A esto hay que sumarle que el intervencionismo de Hacienda en la elaboración del presupuesto se ha intensificado en esta administración, decidiendo de facto sobre la cancelación o reducción de programas específicos sin la opinión de la dependencia del ramo y sin entender el contexto de cada uno.

Si imagináramos a los titulares de las dependencias y entidades como si fueran directores de orquesta, la intervención de Hacienda equivale a que ellos no tuvieran el control de una sección de instrumentos, —las cuerdas, por ejemplo— que bien puede estar tocando a otro ritmo o, de plano, una obra distinta. Pero, con la salvedad, de que el último responsable de la calidad del resultado final seguirá siendo el conductor. Hacienda podrá entrometerse hasta en los detalles más nimios y sus decisiones afectar el desempeño cada entidad o dependencia, pero ninguno de sus funcionarios dará la cara y se responsabilizará de esto.

La carta del exdirector del IMSS refleja con claridad su frustración al observar que determinadas decisiones que, en teoría, eran de su competencia y que además estaban directamente vinculadas a la calidad del servicio del Instituto, se están tomando por una instancia lejana y por funcionarios ajenos a la realidad cotidiana de la institución; “injerencia perniciosa”, le llamó.

Si consideramos que los bienes y servicios que adquiere el Gobierno Federal equivalen a un billón de pesos que sirven para comprar miles de productos y servicios que, además de tener características físicas y técnicas muy diversas, sus condiciones de compra, fabricación, traslado y entrega también son muy amplias, la idea de consolidar esta función en la Secretaría de Hacienda debió ser analizada con detenimiento antes de implantarla, para valorar sus costos y beneficios y, sobre todo, si efectivamente habría un ahorro y se eliminaría la corrupción.

Lo recomendable habría sido, en caso de que los resultados de este análisis hubieran apuntado a favor de centralizar las compras y contrataciones, que se realizaran pruebas pilotos para contar con experiencias a partir de las cuales, ya se podría pasar a la ingeniería de procesos, al diseño de la estructura que los operaría y al reclutamiento del personal que la tripularía. Esto, podría haberse materializado en la creación de la Proveeduría del Gobierno Federal cuya puesta en marcha requeriría también un proceso gradual de arranque. ¡Claro, hacer las cosas bien podría haber tomado un año!

Pero en un alarde de improvisación, se le asignó esta función a la Oficialía Mayor de Hacienda. Esta, que antes estaba solo dedicada a la gestión administrativa y presupuestal de la dependencia, se convirtió de repente y de manera oficiosa en esa proveeduría, que puede llegar a gestionar recursos equivalentes a cuarenta y cuatro veces su propio presupuesto, para adquirir bienes y servicios sin contar con ninguna experiencia y conocimiento de sus sendos mercados, sus características específicas y de sus condiciones particulares de fabricación, compra, traslado y entrega en los centros de consumo.

Cuando se intenta pasar del escalón cero al diez sin antes construir los intermedios, hay una alta probabilidad de que el remedio resulte más oneroso que la enfermedad.  La compra tardía de libros de texto gratuito y las implicaciones que ha tenido el retraso en las adquisiciones de medicinas en los hospitales y, sobre todo, en los pacientes es un claro ejemplo del costo que acarrea una acción precipitada.

Puede ser válida la intención de concentrar las compras y contrataciones asumiendo que así se puede ahorrar. Pero, lo que es inadmisible, es que se haya procedido a hacerlo de manera improvisada. ¿Qué magnitud de ahorro compensa el sufrimiento de pacientes que esperan sus medicamentos, los tratamientos que les alivien el dolor o, más grave aún, que los salve de la muerte?, ¿qué pasará con los millones de niños que al inicio del siguiente curso escolar no tendrán libros?, ¿se les responderá de nuevo diciéndoles burlonamente: “disculpen las molestias”?

La improvisación, así sea hecha por seres inmaculados, puede resultar tan cara o más que la corrupción.

 

El plan no tiene quien lo escriba

El plan no tiene

Todos ganaríamos y sería una muestra de madurez institucional, si cada Plan Nacional de Desarrollo empezara con una sección donde se hiciera un balance serio del anterior.  Aprenderíamos de los fracasos y capitalizaríamos los éxitos. Sin embargo, la dinámica política hace del País un ave fénix que renace cada seis años de la mano de su temporal salvador. Esa lógica de resurrección, aunque exacerbada, es la que inspira al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Como muchos analistas lo han hecho notar, hay marcadas diferencias en cuanto a enfoque, metodología, estilo, incluso formato, entre el primer tomo del PND de sesenta y cuatro páginas, que al parecer fue elaborado en la Oficina del presidente, y el segundo tomo, que aun cuando en la Gaceta Parlamentaria se enuncia como anexos del primero, parece otro documento distinto, más apegado a los cánones de un proceso de planeación y que según se ha difundido fue redactado en la Secretaría de Hacienda.

Es claro que el documento presentado por López Obrador no se ajusta a los mínimos estándares para considerarlo como un plan nacional. Se trata en esencia de un manifiesto político que repite buena parte de los argumentos retóricos que utilizó a lo largo de su campaña e integra programas y proyectos que ya ha puesto en marcha.

Pese a esto, vale la pena examinar el documento para entender, a través de su lectura, la forma cómo López Obrador comprende la génesis de la problemática nacional y cómo pretende modificarla hasta lograr al término de su mandato lo que, según él, será la cuarta transformación del País. De esta manera, podemos deducir cómo, en su carácter de jefe del Poder Ejecutivo, concibe el escenario donde se desenvuelve, cómo es y en qué basa su proceso de toma de decisiones y, sobre todo, cómo este determinará el rumbo de su gobierno y afectará la marcha de la Nación.

López Obrador concibe su mandato como un amanecer después de “la larga y oscura noche del neoliberalismo” que se extendió de 1982 a 2018. Antes de ella el desarrollo estabilizador había permitido alcanzar tasas de crecimiento arriba del 6%, pero las crisis financieras de 1976 y 1982 hicieron colapsar este modelo económico que se basaba en una activa participación del gobierno en la economía, el control estatal de sectores denominados estratégicos, la sustitución de importaciones, los precios de garantía, subsidios generales(¿) y la construcción de infraestructura con recursos públicos.

Sin embargo, López Obrador nunca se pregunta si la crisis de 1976 fue, en gran medida, la consecuencia de haber alargado la estrategia del desarrollo estabilizador, pese a que desde principios de los setenta ya mostraba claros signos de agotamiento, como fue la deuda adicional que anualmente se contrataba con el Banco Mundial para mantener sin cambio los precios de los hidrocarburos, la electricidad y el azúcar. Mientras que el esfuerzo hecho para industrializar al País no logró traducirse en una fuente de generación de divisas dada la falta de competitividad de la industria nacional cuya rentabilidad dependía, en buena parte, de la protección arancelaria.

Para él, durante ese lapso de treinta y seis años no ocurrió nada positivo. El Estado se replegó, se redujo el sector social, se abrió la economía, se mermaron o eliminaron derechos laborales, se cancelaron los subsidios generales a cambio de ayudas clientelares, se parcelaron las facultades del gobierno en órganos autónomos y comisiones, y este abdicó sus potestades transfiriéndolas a instancias internacionales. Todo esto produjo un crecimiento magro, surgió una oligarquía político empresarial que maquinó sucesivos fraudes electorales, se agudizó la mala distribución del ingreso en términos individuales y regionales, aumentó la pobreza, se rompió el pacto social posrevolucionario y se generó una mayor corrupción. Hasta que, el primero de julio de 2018, ocurrió “una sublevación legal, pacífica y democrática fruto de una paulatina toma de conciencia; el pueblo se unió y se organizó para enterrar el neoliberalismo”.

López Obrador atina al señalar algunas de las asignaturas pendientes del neoliberalismo, que desde hace años han sido objetos de crítica en ámbitos académicos y políticos. Pero, a diferencia de lo que ocurre en Europa y Estados Unidos, donde a partir de entender el escenario actual y de cara al futuro, se plantean estrategias para atender y revertir los efectos que han tenido las políticas neoliberales, él prefiere mirar hacia atrás. Su obsesión por señalar a los culpables del desbarajuste, como él define la situación actual del País, y su nostalgia por un pasado idealizado, le impiden darse cuenta de que este es irrepetible y de que durante esos treinta y seis años el esfuerzo de millones de ciudadanos permitió que el País avanzara en muchos frentes, además de que este evolucionó de manera notable, en términos económicos, demográficos, sociales, políticos y en su relación con el exterior, porque fue inevitable que México se incorporara al proceso de globalización.

Incluso, durante ese lapso, la estructura institucional del Estado mexicano se modificó con la creación de órganos autónomos y comisiones, que son depositarios de funciones estatales, no para debilitar la acción del Poder Ejecutivo, como lo juzga López Obrador, sino para que dichas funciones se lleven a cabo de manera eficaz, imparcialmente y con transparencia, lo que en suma constituye un valioso avance democrático que no podemos darnos el lujo de tirar a la basura.

Este conjunto de elementos le darían a un jefe de Estado del segundo decenio del Siglo XXI, los antecedentes y las coordenadas para plantear su plan de gobierno en el que, sin perder de vista su temporal rol de estafeta, que no dueño, del Poder Ejecutivo,  imprimiera su visión del desarrollo del País y planteara los grandes objetivos nacionales y las estrategias para alcanzarlos.

Desafortunadamente, el proceso de toma de decisiones de López Obrador no parece partir de un análisis concienzudo de la información disponible, de los antecedentes y menos aún de sus costos y posibles implicaciones en la economía y la sociedad. Da la impresión, de que él racionaliza a posteriori decisiones que tiempo atrás ya había tomado de manera intuitiva. Para ello, crea una narrativa seleccionando hechos aislados como base para elaborar los argumentos que le sirvan para justificarlas y venderlas políticamente, sin importarle que estos sean infundados, parciales o estén equivocados.

El proceso de planeación es un continuo que va de lo general a lo particular. Parte de un plano estratégico, pasa por uno táctico y termina en un nivel operativo. Corresponde a los puestos de mayor jerarquía de cualquier organización, en este caso la jefatura del Poder Ejecutivo y el gabinete, la responsabilidad de definir el rumbo, los objetivos y las estrategias para lograrlos. Más adelante, los secretarios traducirán estas en acciones tácticas al elaborar sus sendos programas sectoriales y en acciones operativas al momento de plantear los presupuestos anuales de sus dependencias.

Pero, por lo que a diario se informa en las mañaneras y se lee en el Plan Nacional de Desarrollo,  se observa que al tomar decisiones López Obrador se desenfada por completo de ese método deductivo. Así, él pasa de una idea vaga que conceptualiza de manera intuitiva a una decisión operativa, que bien puede calificarse como ocurrencia. Por ejemplo, el supuesto de que la entrega de dinero a los estudiantes de las secundarias públicas hará que se alejen de las redes de narcotraficantes, fue suficiente para iniciar un programa social que cuesta miles de millones de pesos, sin que mediara ningún análisis previo y menos aún se realizara un ensayo que sirviera para probar la tesis sobre la que descansa dicho programa y, sobre todo, para valorar sus implicaciones en el desarrollo y conductas de los alumnos beneficiados.

Es claro que López Obrador actúa fundamentalmente en un plano operativo. Muchas de sus decisiones atienden el corto plazo y están basadas en información escasa o carecen de un marco de referencia que las sustente y ponga en contexto. Por ejemplo: decide edificar una refinería sin antes elaborar el programa energético, ordena construir un tren, un nuevo aeropuerto y cancelar la construcción de la principal terminal aérea del País, sin contar con los programas de transporte, turismo, ambiental y de desarrollo urbano, y sin tener un estudio serio que justifique dichos proyectos. Cancela el Programa de Estancias Infantiles sin antes evaluar sus consecuencias en los padres de familia, en especial las madres solteras. Ofrece su voluntarismo mágico como la garantía que eliminará cualquier obstáculo y asegurará que todo se cumpla en el plazo por él fijado. Desoye las voces de los expertos que piensen en contrario, aun si él mismo les solicitó su opinión.

Justin Kruger y David Dunning, de la Universidad de Cornell, observaron que los individuos que carecían de habilidades y conocimientos tendían a sobrevalorar sus aptitudes y capacidades, al grado de considerarse más aptos e inteligentes respecto a quienes sí eran competentes. Por el contrario, las autovaloraciones de estos fueron más certeras.

En la práctica, este sesgo cognitivo, que se bautizó como efecto Kruger-Dunning, conduce al individuo a interpretaciones ilógicas e imprecisas de la realidad, que pueden hacerlo incurrir en juicios y acciones equivocadas.

En el caso de un jefe de Estado, esto podría derivar en decisiones que no tengan racionalidad y que, por ende, pueden implicar riesgos financieros para las finanzas públicas, afectar el funcionamiento del aparato estatal y la economía o, de plano, no resolver, y quizá empeorar, los problemas que en principio se buscaban solucionar.

El salvaguardas para la sociedad frente a esta posibilidad es su madurez democrática y fortaleza institucional. El gabinete, el Congreso, los medios y la fuerza de la opinión pública actuarían como filtros y contrapesos para evitar perder el rumbo o, al menos, aminorar los daños, como medianamente ha sucedido con Trump. Pero, en nuestro caso, un gabinete de bajo perfil deliberadamente escogido para servir de comparsa y un Congreso al servicio del presidente, crean en la sociedad una sensación de incertidumbre y desconfianza porque se advierte la falta de sustento de muchas decisiones que comprometen montos importantes de recursos públicos, porque se conoce la gravedad de nuestros problemas, y porque se sabe de los riesgos que nos esperan en el camino. Ante las señales de alerta no extraña que en muchos ámbitos —dentro y fuera de País— la recomendación sea actuar con prudencia.

Nadie quiere que el presidente fracase, pero para que le vaya bien debe hacer las cosas bien. Decirle que está equivocado, no se inspira en una crítica sin sustento, sino en el conocimiento y en la convicción de que los errores de un presidente no los paga él sino el pueblo. Ya lo vivimos varias veces. Incluso, seguimos pagando equivocaciones que pudieron evitarse.

Pero López Obrador está más cerca de emular a aquellos que critica, que a los personajes históricos que tanto admira. Si él busca algún denominador común de las crisis que padeció el País en los últimos veinticinco años del siglo pasado, encontrará que quienes eran presidentes se encerraron en un círculo muy pequeño, incluso su oído se hizo tan selectivo que se deshicieron de aquellos colaboradores que los incomodaban. Insultar, poniéndoles calificativos a quienes lo critican, sin tomarse la molestia de comprender sus argumentos, es equivalente al “ni los veo, ni los oigo” de Salinas. Este, empeñado en un rumbo, desoyó y asedió a las voces que le advertían que la nave hacía agua, como ocurrió con El Financiero de aquel entonces, o con Excelsior y Echeverría, o con Proceso y López Portillo y, ahora, al parecer, con el Reforma. El síndrome de estos casos es el mismo: arrogancia y una falsa sensación de superioridad moral e intelectual respecto a los demás.

Algunos analistas insisten que será la realidad quien espabile a López Obrador de su autocomplacencia y lo haga modificar su manera de gobernar. Pero, preocupa que esto suceda después de que el autobús se haya estrellado contra la pared. Como inevitables pasajeros de nuestra realidad nacional y después de observar que el conductor ha hecho varios giros temerarios que nos han erizado la piel, no podemos ignorar los peligros que nos depara la travesía y esperar a que el recuento de daños nos dé la razón.

Desde ahora debemos levantar la voz, argumentar con razones en donde podamos, sumar esfuerzos para hacernos escuchar. Hoy como nunca, le toca a la sociedad civil mexicana servir de dique para conducir a los poderes públicos, para evitar que desandemos el camino, para capitalizar las lecciones que hemos aprendido, para demostrar que la fuerza de cambio de un país no radica en su gobierno sino en su sociedad y que mientras esta sí trasciende y evoluciona en el tiempo, los presidentes se suceden perdiéndose en la memoria. Estos podrán redactar planes, pero no escribir la historia y menos aún, anticipándose a ella.

Ley de Remuneraciones; partamos de cero y hagámoslo bien

Ley de Remuneraciones

López Obrador es un hombre de impulsos no de razones, de ideas sencillas no de planteamientos complejos, de lo inmediato no de lo planeado, de prejuicios no de apertura, de nostalgia no de futuro, de mirar el árbol sin comprender el bosque.

Como opositor de distintos gobiernos y candidato presidencial, esto le valió para crear una sólida base de partidarios a los que sabe dirigirse con planteamientos sencillos, que además de sintetizar simplistamente el diagnóstico y la solución de los problemas nacionales, suelen señalar, para la algarabía de sus seguidores, a los presuntos responsables, lo que incluye la cancelación de iniciativas y proyectos que estos pudieron emprender. Acrisola en el entusiasmo de la masa, el desquite social con la revancha personal.

Pero gobernar es una tarea mucho más compleja que la búsqueda de votos, por la sencilla razón de que lo primero tiene consecuencias en la vida de millones de personas, en el patrimonio público, en la tranquilidad social y en la confianza —interna y externa— que se requiere para conducir al País.

López Obrador ha tomado decisiones graves sin haberse dado el tiempo para entender la complejidad de cada situación, para informarse de los esfuerzos previos, del dinero público ya gastado o invertido en ellos, de las lecciones aprendidas y, para anticipar las previsibles consecuencias de sus actos. Se comporta como si tuviera dominio pleno de todos los asuntos públicos y que basta su voluntad para remover cualquier obstáculo. Presume de humildad, pero no le alcanza para decir, no sé.

En aras de reducir a la brevedad las remuneraciones en el servicio público, en especial las del Poder Judicial y órganos autónomos con quienes López tiene una rivalidad añeja, se desempolvó un viejo proyecto de Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos que reglamentaría el Artículo 127 Constitucional y que llevaba más de siete años archivado en el Senado. Con las prisas para disparar un cañonazo legislativo, MORENA optó por no revisarla con cuidado y menos aún actualizarla en cuestiones de forma tan nimias como cambiar Distrito Federal por Ciudad de México, porque eso hubiera dilatado la aprobación y el cumplimiento de una promesa de campaña; López Obrador ganaría la mitad del sueldo de Peña Nieto. Aunque, curiosamente, se dobló el ingreso que percibía en MORENA, también financiado con recursos del erario.

El aparato del Estado mexicano está tripulado por un heterogéneo universo de servidores públicos

El tema de las remuneraciones de los servidores públicos es una cuestión mucho más compleja y amplia que un tabulador o que el sueldo del presidente. Se trata del funcionamiento del aparato del Estado a través del cual los planes de gobierno se diseñan y se hacen realidad, se atienden los riesgos más importantes que corre la población, se gobierna, se procura e imparte justicia, se legisla, se educa, se regulan y registran buena parte de las actividades que realizan personas físicas y morales, se cobran y gastan los recursos de los contribuyentes y, como Nación soberana, nos relacionamos con el exterior.

El universo de servidores públicos que trabaja en ese enorme y diverso aparato está integrado por grupos de naturaleza muy distinta que, en cada caso, debería considerarse al momento de establecer una política de remuneración.

Por ejemplo, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en los órganos autónomos, hay un número pequeño de puestos a los que se accede solo por la vía electoral, por el nombramiento de alguien elegido en las urnas o, por la designación del Senado. Por tanto, la gestión de los ocupantes de esos cargos está acotada a un lapso especifico. Contrario a lo que sucede con el resto de los puestos que representan la enorme mayoría y que son desempeñados por personas cuyo nombramiento es por tiempo indefinido, que pasaron por distintos procesos de reclutamiento y selección, y que tienen, además, la opción de ascender a posiciones de mayor responsabilidad.

Si ya la variedad de puestos que integran este universo y las sendas funciones que desempeñan da lugar a un catálogo amplísimo, agreguemos, para complicar aún más las cosas, a las fuerzas armadas y a los cuerpos de inteligencia y seguridad, cuyos miembros ponen en riesgo sus vidas e integridad física, tanto en el desempeño de sus funciones como en su ámbito privado.

Intereses traslapados: la sociedad, el aparato Estatal y los servidores públicos

Cuando se analiza desde distintas perspectivas el tema de remuneraciones de los servidores públicos, es fácil observar que en él se traslapan los intereses de tres entes: la sociedad, el aparato Estatal y los servidores públicos. Por ende, al momento de diseñar una política de remuneración, esos intereses concurrentes deben considerarse de manera simultánea con la finalidad de alinearlos en un justo balance.

Para la sociedad, las remuneraciones de los servidores públicos tienen relevancia porque se pagan con los recursos que ella aporta en forma de impuestos. Por ende, tiene pleno derecho a conocerlas con precisión, a exigir que su monto se ajuste a un principio de austeridad, a que existan contrapesos para evitar abusos y a que su cuantía sea acorde con las condicionantes presupuestales.

Por su parte, para un funcionamiento eficaz del aparato Estatal es imprescindible atraer y retener talento. Más aún, si se considera la complejidad de todas las trincheras donde el Estado está presente, a través de entidades, dependencias y órganos autónomos, que tienen distintos tipos de organización y funcionamiento según las características de las actividades que realizan, lo que eventualmente debe considerarse al momento de diseñar una política de remuneraciones, que además no podrá pasar por alto la existencia de un mercado laboral donde inevitablemente se compite por reclutar a los mejores elementos.

Por lo que respecta a los servidores públicos, estos tienen la justa y legítima aspiración de desarrollarse profesional y económicamente en el servicio público, al que muchos se suman por una vocación de servicio que no debe confundirse con un voto de caridad. Ciertamente, quien ingresa al ámbito público, sabe que sus remuneraciones serán más bajas que las del sector privado. Pero, esto no significa que no se le puedan proporcionar los medios para que su desarrollo y desempeño profesional le den la oportunidad de disfrutar de mejores ingresos y acumular de manera honesta un patrimonio familiar.

Para colgar un cuadro es preciso poner antes el clavo

Sin una política salarial, la elaboración de una Ley de Remuneraciones y, más aún, el diseño de un tabulador es como querer colgar un cuadro sin antes haber puesto el clavo que lo sujete.

Esto es justo lo que está haciendo López Obrador cuando tomó la decisión unipersonal, sin que estuviera apegada a ningún criterio técnico, de que la mitad del ingreso que percibía Peña Nieto fuera el tope máximo de todos los tabuladores existentes en el aparato Estatal.

Esto además de ignorar cómo está estructurado, tripulado y remunerado el aparato Estatal, tira por la borda los esfuerzos que a lo largo de los últimos dieciocho años se han hecho para contar con una estructura salarial bien elaborada, se deja sin atender lo que todavía se tenía que corregir y realizar y, además, se incurre en un acto ilegal al momento de que el patrón, en este caso una dependencia, entidad u órgano autónomo, reduce unilateralmente el paquete de remuneración de sus empleados.

Cierto que hay sueldos y prestaciones insultantes. Pero, conozco que son una minoría de casos que en buena parte se deben a que, respecto a los puestos de mayor jerarquía, no se han establecido mecanismos para que los propios interesados no sean los mismos que definan sus ingresos. Más aún, tan inconveniente es que los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de algún tribunal, y los legisladores se fijen unilateralmente sus paquetes de remuneración, como que el nivel máximo de los tabuladores de todo el aparato Estatal dependa, como lo quiere hacer López Obrador, del capricho del presidente en turno.

Si pensamos en un ánimo constructivo, esta coyuntura política y la tensión que ha provocado debería dar lugar a una elaboración prolija y bien pensada de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que considere que su aplicación afectará al recurso más valioso con el que cuenta el Estado; su capital humano. De su talento, profesionalismo,  compromiso y del ambiente laboral en el que se desenvuelva, depende en gran parte que se satisfagan las expectativas que la sociedad tiene de una estructura burocrática que está para servirla y que ella mantiene. Por ende, es imprescindible que dicha ley logre poner en justa sintonía los intereses de la sociedad, del aparato Estatal y de los servidores públicos.

Claro que eso significaría posponer una promesa de campaña, pero en lugar de mirar atrás y condenarnos a soluciones cojas que no resuelven el problema y, en cambio, sí crean otros nuevos, empecemos a construir para un porvenir que está más allá de este sexenio.

Bien vale la pena partir de cero y empezar de nuevo.

 

¿Quién para al aprendiz de brujo?; el turno de la sociedad civil

 

Human hand showing "stop sign"

Pasmados por lo inédito del episodio político que estamos viviendo, no hemos tenido siquiera tiempo para el asombro y para advertir que nos encontramos en medio de un territorio inexplorado. Ahí, abruptamente, nos colocó el resultado de las últimas elecciones federales.

Como una tromba, sin siquiera esperarse a ser declarado oficialmente presidente electo, López Obrador se apropió, virtualmente, del despacho presidencial, mientras que Peña Nieto, todavía en funciones como jefe del Poder Ejecutivo, se empequeñeció de manera humillante hasta la irrelevancia, quizá como un gesto en espera de ser recompensado con benevolencia y la complicidad del omiso.

Las formalidades republicanas que hasta ahora habían marcado el tiempo y forma de los relevos presidenciales quedaron de lado. No se diga, el período de vigilia que se daba entre la elección y la toma de protesta, mismo que los presidentes electos utilizaban con discreción y sin entrometerse en la gestión de su predecesor, para planear los primeros pasos, integrar a su equipo y amarrar los cabos que pudieran estar sueltos con grupos políticos, sindicales, empresariales, religiosos, sociales, etc.

Cómo si para él un sexenio fuera no solo un suspiro, sino el último de su vida, López Obrador, en su oficiosa calidad de cuasipresidente constitucional, ha anunciado a lo largo de los últimos meses, una serie de acciones y decisiones que tomará una vez que asuma el cargo. Aunque algunas ya han sido concretadas por su partido en el Congreso.

Las palabras pesan distinto en la boca de un candidato, que en la de un presidente electo. El primero, en ánimo de ganar adeptos, puede darse el lujo de plantear cualquier cantidad de ocurrencias deshilvanadas, sin ningún soporte técnico que las avale y sin formar parte de algún programa que permita contextualizarlas. Pero, si es el segundo quien hace todo esto, provocará en la sociedad preocupación y desasosiego, porque ésta ya no lo verá como el aspirante parlanchín que, pese a sus estridencias, era inocuo dada su lejanía del timón del País, sino como aquel que en breve lo tendrá en sus manos y así, definirá también buena parte del rumbo de la Nación.

Por ello, los anuncios y decisiones de López Obrador como presidente electo, incluso sus vueltas a ciento ochenta grados, han calado en muchos sectores de la sociedad, provocando efectos negativos en la economía, en el sistema financiero, en el erario federal, en la administración pública y en el bienestar de miles de personas cuyos empleos han sido condenados a desaparecer, sin mayor argumento que un capricho. Las ocurrencias de antaño van poco a poco convirtiéndose en decisiones de gobierno y con ellas se hace más nítido el perfil y los previsibles comportamientos de quien lo encabezará.

La obra teatral que, en varios actos, escenificó López Obrador durante meses para cancelar el NAICM, lo proyecta como un individuo que actúa con base en ideas preconcebidas, que es incapaz de modificar pese a la evidencia en contra. Por ello, está abierto a sumar opiniones que apoyan su punto de vista y, en cambio, desecha, aun habiéndolas solicitado, aquellas que lo contradigan. Su decisión, tomada meses atrás, la quiso legitimar escudado en su bono de popularidad, al grado de ignorar la Ley de Consulta Popular, y organizar una consulta espuria para oír la voz del pueblo de la cual él se considera fiel intérprete. Quizá, por eso mismo, no tuvo el menor recato para hacerse acompañar y darle un papel protagónico a su amigo Rioboo, personaje opaco vinculado a la industria de la construcción. Tampoco, le importó engañar a los empresarios dándoles a entender o enviándoles mensajes con Alfonso Romo de que continuaría el proyecto de Texcoco.

La marrullería denota astucia, pero no inteligencia. En este capítulo, su comportamiento y el atrevimiento de cancelar un proyecto en marcha de gran envergadura y complejidad, a cambio de apoyar algo que no pasa de un concepto, revelan medianía, ignorancia de cuestiones básicas en temas financieros, administrativos y de gestión pública y, la dificultad que tiene para visualizar escenarios complejos, así como para entender las aristas, la profundidad y las dificultades que implican llevar a la práctica sus decisiones y, menos aún, para prever sus consecuencias y valorar cómo reaccionarán aquellos que las juzguen o se vean afectados, sin importarle que entre estos se encuentren muchos que votaron por él. En el absurdo, si en un momento dijo que sus convicciones lo llevaban a luchar contra la corrupción, en otro, argumenta que sus convicciones lo obligan a no actuar contra los corruptos. Asume, que su base de simpatizantes tiene una resiliencia infinita y una brevísima memoria.

Este mismo patrón de comportamiento se observa con claridad en otras de sus decisiones como: la modificación de la estructura, funcionamiento y política de remuneraciones en la Administración Pública Federal, su estrategia de seguridad pública, el desmantelamiento del Estado Mayor Presidencial, el proyecto del Tren Maya, la construcción de la refinería en el Puerto de Dos Bocas y la modificación de la Ley del SAT, para rebajar los requisitos profesionales necesarios para ocupar el cargo de titular y así poder designar a la hija de un amigo suyo.

Hay ocasiones cuando la temeridad se inspira en la valentía para asumir riesgos, pero en otras, es solo resultado de la ignorancia y la soberbia. A partir de su autoasumida infalibilidad, López Obrador considera que todo lo que se opone a sus ideas es producto de confabulaciones, triquiñuelas, intereses perversos, complots, dogmas reaccionarios, etc. Parecería que su vida es una lucha constante entre el bien, que él representa, y el mal donde están todos aquellos que no comparten su manera de pensar y cuyas acciones no tienen más propósito que cerrarle el paso y hacerlo fracasar en su misión histórica de realizar una gesta que lo equipare con los héroes patrios. Desde esta perspectiva maniquea e inflado narcisismo, no cabe la posibilidad de que quienes piensen distinto a él, lo hagan de buena fe, con base en su experiencia y conocimientos técnicos de los que él carece y, además, tengan la razón.

Desde su arrogancia, López Obrador ignora que, aun habiendo logrado un triunfo contundente en las elecciones presidenciales, esto no lo hace, en automático, un jefe del Ejecutivo confiable. Los votos, por muchos que hayan sido, están en el pasado como un mero registro, en cambio, la confianza en un presidente de la República está sujeta a un cotidiano refrendo por parte de la ciudadanía, expresándolo de múltiples maneras y no solo mediante encuestas de popularidad.

Cierto que López Obrador aún no ha empezado su mandato. Pero, la forma atrabancada como ha irrumpido en la conducción del Gobierno, plantándose en medio del escenario como un aprendiz de brujo que recién empieza disfrutar de sus poderes, dando manotazos sobre el tablero de mando y anunciando decisiones controversiales, mal fundamentadas, improvisadas o que francamente ofenden la inteligencia, como su virtual pacto de impunidad, ha calado de manera negativa en la confianza de la ciudadanía que, a diferencia de él, sí escucha y considera con interés la voz de los expertos que en distintos campos le han señalado errores y riesgos, advirtiendo que a lo largo de una ruta vagamente señalada y, todavía, con incierto destino, habrá turbulencias severas y obstáculos importantes que sortear.

López Obrador no debe ignorar que en el otro extremo del tablero de ajedrez están sentados muchos jugadores que reaccionan a lo que él haga o a lo que sus decisiones puedan provocar. Esto explica, en alguna medida, lo que ha sucedido con el tipo cambiario, los flujos de capitales y la tasa de interés, lo que sumado afecta de manera negativa a las finanzas públicas.

El ánimo es de reserva. No mover ficha y tener a la mano un plan B si las cosas van a peor. Prudencia respecto a emprender inversiones o contratar créditos. Esto es lo que se respira en muchas empresas y, de hecho, en muchos hogares. Más los que ven cercana la posibilidad del desempleo, la disminución de los ingresos y el acrecentamiento del peso de sus deudas.

Pero en este territorio inexplorado y de la mano de un aprendiz de brujo, la incertidumbre se dispara y la planeación de escenarios se complica, porque no se ve claro quién será su contrapeso para evitar el desbarranco. A primera vista, la baja talla del gabinete no permite identificar en él a alguien que pudiera, eventualmente, plantarle cara a López Obrador. Menos aún, es dable pensar que el Congreso servirá de dique, lo previsible es que sea una servil caja de resonancia, cuyos dislates esperamos que, en su momento, corrija el Poder Judicial.

¿Madurará López Obrador como jefe de Estado, a lo largo del período presidencial, como ocurrió con Zedillo? No soy optimista por su edad, inteligencia, formación y carácter. Me preocupa la forma cómo, a lo largo de su jornada sexenal, procesará los fracasos, las críticas, las frustraciones, el desgaste, la sensación de que cada día es uno menos y, cómo ejercerá de árbitro entre distintos grupos de interés y fuerzas políticas, incluso las suyas, rol que inevitablemente los presidentes deben asumir.

En este momento histórico en medio de un territorio inexplorado, la sociedad civil debe, como nunca, asumir un rol protagónico en todos los frentes. No solo la que está estructurada en organizaciones y asociaciones, sino también la que representan los millones de ciudadanos que se expresan en múltiples foros. No se trata de combatir a López Obrador sino de actuar, con argumentos, como un contrapeso para que no pierda el equilibrio, para que no fracase, porque en su caída nos arrastrará a todos. Nadie quiere que se cumplan las advertencias que se le hacen al momento de tomar decisiones equivocadas. Por ello, no hay que dejar de señalarle sus errores, la necesidad de que rectifique antes de que tropecemos y, sobre todo, de recordarle que la construcción de México es y ha sido resultado de una tarea colectiva, en especial durante los hitos de su historia, y no consecuencia de la sola voluntad de algún iluminado.