Dejamos que los idiotas se apropiaran de la política

1laidiotezesunaenfermedadextraordinarianoeselenfermoelquesufr_33_voltaire

Esta afirmación me la hizo hace años una colega serbia, cuando le pregunté: cómo había sido posible que un país como Yugoslavia, que en 1984 organizó en Sarajevo los Juegos Olímpicos de Invierno que fueron la admiración del mundo, se desintegrara violentamente apenas siete años después, no sólo en términos territoriales sino también étnicos y religiosos, cuando por años habían vivido en paz católicos, musulmanes y ortodoxos.

En síntesis, su argumento fue que después de la muerte de Tito en 1980, el control que mantuvo del País durante treinta y cinco años mediante un sistema de partido único, se fragmentó con el surgimiento de partidos nacionalistas cuyos líderes, mesiánicos y algunos con antecedentes penales, hicieron del vínculo territorio y religión su enseña populista, lo que en automático convirtió en enemigos a quienes antes habían convivido comunitaria y pacíficamente como vecinos, incluso mezclados familiarmente.

Dejamos que los idiotas se apropiaran de la política —me explicó, porque después de un largo período donde Estado y partido fueron la misma cosa, amplios sectores de la población no consideraban el ámbito de los poderes públicos como una opción profesional y preferían aventurarse en otros campos que, en principio, les ofrecía la transformación de su País, que coincidía con otros cambios como la desaparición de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín.

Desafortunadamente, esos proyectos personales debieron esperar o de plano quedaron truncos, porque los idiotas originaron una guerra entre las nacientes repúblicas balcánicas que duró casi 10 años, costó más de 100,000 vidas y provocó el desplazamiento o la emigración forzada de miles de personas, como el caso de mi colega. Amén de heridas en el tejido social que durarán decenios en cicatrizar.

Sirva este antecedente para preguntar si en México también hemos dejado la política en manos de los idiotas, porque esto nos los sugiere el pobre desempeño de los protagonistas del escenario político nacional. Así, tanto en los poderes ejecutivos como legislativos, atestiguamos errores crasos, ocurrencias, improvisaciones, desmemoria, prepotencia, ineptitud y, en muchos casos, la cínica ostentación de una riqueza imposible de explicar por la vía salarial, aunque la hagan pública, quizá para legalizarla, en su “tres de tres”.

¿En qué medida el mediocre desempeño donde el País lleva años atascado se debe a esta razón?, ¿cuántos vaivenes, retrocesos o fracasos, como ha sucedido en los ámbitos de la seguridad, la economía, las relaciones exteriores, las comunicaciones, el desarrollo urbano, tienen su origen en un sistema que al frente no coloca a los mejores y en el que quizá, se da una lógica perversa donde se retiene lo malo y se deja ir lo bueno?, ¿por qué no se incorpora a la gestión pública y a la política, el talento que sí observamos alrededor ella, y que, quizá con una mayor convicción de servicio público, se desenvuelve en organizaciones sociales y ciudadanas, o en fundaciones dedicadas a los asuntos públicos, o en el medio académico? Mientras, se nos acumulan problemas complejos frente a sillones que lucen enormes ante lo diminuto de sus efímeros ocupantes.

La partidocracia ha convertido el sistema de partidos, en uno de franquicias para acceder al poder público. No existe ninguna ideología sino el mero oportunismo para conquistar posiciones políticas y los recursos asociados a ellas, como lo demuestra el trasvase de militantes que según su personal conveniencia saltan de un partido a otro, como también sucede con las alianzas preelectorales entre partidos que, con base en su teórico ideario, nunca las harían.

Por ende, lo que en realidad tenemos es una parodia de un sistema de partidos. Porque sin ideología sólo quedan las siglas, los cascarones, las banderas que, aun agitándose para asumir una supuesta posición en el espectro político, no se sustentan en los hechos, pese a que existan las leyes que los norman, las instituciones que los supervisan y los miles de millones pesos que, con cargo al contribuyente, se les entregan cada año, aun cuando esos recursos se necesitarían para atender cuestiones más prioritarias.

Ese sistema de partidos hueco de ideología, cuya pequeñez se nos hace explícita al otear el funcionamiento de las democracias maduras, es hasta ahora el medio a través del cual llegan quienes ocupan los principales cargos en los poderes ejecutivos y legislativos. Esto significa que la criba es muy gruesa y que cualquier persona puede ocupar el puesto que sea, así se trate de la presidencia de la República. No importa lo exiguo del currículo, la inexperiencia, los antecedentes personales, los conflictos de interés, sólo vale estar en lugar y momento correctos. Incluso por eso, ya instalados en poder, desprecian al ciudadano y no hay nada que los puede remover de él, lo que en otras latitudes significaría la renuncia y una investigación, aquí no pasa de una disculpa, avalada por el silencio cómplice de quienes deberían actuar como contrapeso.

Es difícil ser optimista. Sin filtros y sin contrapesos queda sólo la voz y la presión de la sociedad civil para evitar que la idiotez haga de la vida pública su territorio o, al menos, para paliar sus consecuencias.

¿Cuánto nos cuesta una curul de la Cámara de Diputados?

Con base en la fórmula plasmada en la Constitución para determinar el volumen de recursos que anualmente se les entrega a los partidos políticos, este año el INE les transfirió $ 1,172,863,734, para que cubrieran los gastos de sus sendas campañas electorales con motivo de la renovación de la Cámara de Diputados. Dicha cifra equivale al 30% del monto que cada partido recibió para costear sus actividades ordinarias.

Esto significa que este año, los contribuyentes gastamos en campañas políticas, un promedio de $2.3 millones por cada una de las 500 curules que tiene la Cámara de Diputados.

Sin embargo, cuando comparamos lo que cada partido recibió para la campaña de diputados con el número de diputaciones que ganaron, podemos observar que no todas las curules nos costaron igual, como se observa con claridad en la siguiente gráfica:

Costo por curul2

En el caso de la mayoría de los partidos, le gasto de campaña por cada diputación conseguida supera el promedio. Sin embargo, destacan como las curules más onerosas aquellas del Partido del Trabajo y Nueva Alianza, porque cada una nos costó $ 11.2 y $7.7 millones respectivamente. O sea, que estas cantidades son las que el contribuyente debió gastar para que algunos candidatos de esos partidos se convirtieran en diputados, pese a que es muy probable que el primero pierda su registro.

En el otro extremo, se observa que sólo tres partidos estuvieron por debajo del promedio. Destaca entre éstos el caso de MORENA, porque medido en términos de curules ganadas, fue la formación política que más rentabilizó el gasto en su campaña, a lo que se agregó el lucro que López Obrador hizo de su capital político, lo que le permitió robarle “clientes” al partido que lo encumbró.

Otro caso que vale la pena destacar es el del Partido Verde, porque pese a que no ganó ningún distrito, su alianza con el PRI le permitirá tener 45 diputaciones aproximadamente, las cuales pudo alcanzar a un costo por curul más bajo que el promedio, gracias a la sinergia que le representó cobijarse en los recursos y vincularse al desempeño electoral del tricolor, quien fue la formación que más curules ganó. Razón que explica porque el costo por curul fue inferior al promedio.

Desde un punto de vista financiero, ¿qué le representa al contribuyente que el Partido del Trabajo y el Partido Humanista pierdan su registro? En términos precisos, una pérdida de $510 millones que es la suma de los recursos que este año se le dieron a ambas formaciones políticas.

Visto desde otra perspectiva, el riesgo financiero que implica la gestión y el desempeño electoral de un partido político, corre en su totalidad a cargo de los contribuyentes, lo cual pone a éstos en una posición asimétrica con relación a quienes los fundan y los dirigen, dado que éstos son los principales responsables de sus resultados electorales y, pese a ello, no asumen ningún riesgo.

¿Qué valor le agrega a la sociedad un partido que fracasa? ¿Cuánto hubiéramos podido hacer en muchas zonas paupérrimas del país con $510,000,000 que acabamos de tirar a la coladera? ¿Tiene sentido gastar tanto dinero público en campañas, cuando candidatos independientes han logrado resultar ganadores con recursos sensiblemente menores a los que sus contrincantes tuvieron a su disposición?

Válida es la razón de financiar a los partidos con recursos del erario para evitar la intromisión de intereses mercantiles, religiosos, extranjeros o, abiertamente criminales. Pero, este motivo se ha convertido en una justificante para que los propios partidos desde sus acojinados asientos en los Congresos Federal y Estatales establezcan reglas abusivas y desproporcionadas, que les permiten disfrutar de una corriente de recursos que está legalmente indexada por encima de la tasa de inflación, que no está sujeta a ninguna medida de desempeño y que es inmune a recortes presupuestales, crisis económicas o devaluaciones de la moneda que, en cambio, cuando se presentan, sí afectan los bolsillos de la mayoría de los mexicanos.

Si el concepto del presupuesto base cero, es romper con la inercia de justificar el gasto del año siguiente con base en lo gastado en el anterior, y en su lugar justificar cada renglón presupuestal con base en sus propios méritos, es indispensable que por esta criba también pasen las reglas a través de las cuales se calcula la bolsa de recursos que cada año se les entrega a los partidos.

Palabras convencen, ejemplos arrastran. Pero si éstos son malos entonces nos hunden, como ocurre cuando aquellos que aprueban el presupuesto terminan derrochándolo.

Si quieres sumarte a una iniciativa que a este respecto estamos promoviendo varios ciudadanos, te invito a conocer nuestra propuesta “Primero cumplan, después les damos” bit.ly/1EAGHxE

A más abstención, menos financiamiento: propongamos una iniciativa ciudadana

¿Valdrá la pena votar? fue el título de mi pasada entrega, pregunta que suscitó entre mis amables lectores comentarios muy variados respecto a cómo la responderían.

Quienes contestaron en sentido positivo, argumentaron que votar era un deber como padres y ciudadanos. O bien, me dijeron que no hacerlo implicaría claudicar. Por su parte, aquellos que respondieron en forma negativa, señalaron su hartazgo de una clase política que sólo se sirve a sí misma, por lo que asumen que cualquiera que sea el resultado electoral nada cambiará.

Entre ambas posiciones están los todavía indecisos. Algunos de ellos admiten que están inmersos en una encrucijada que todavía no resuelven y que les incomoda, porque hasta ahora siempre habían acudido a la urnas convencidos de que cumplían con una obligación ciudadana.

Por último, también encontré el caso de aquellos que desean expresar su voluntad pero que no aceptan que esto deban hacerlo escogiendo al menos malo, por lo que acudirán a las urnas pero anularán su voto. Aunque reconocen que eso será sólo un gesto simbólico sin ninguna implicación.

Este conjunto de opiniones me llevan a pensar que nuestro sistema y procedimientos electorales tienen restricciones que limitan el derecho a elegir del ciudadano, porque lo encajonan para que se decida por alguien, aunque no lo convenza, o lo orillan a que anule su voto, o de plano lo alejan de las urnas.

Con base en esto les comparto las siguientes reflexiones y una propuesta:

En primer término, creo que nuestras actitudes y opiniones respecto al voto, y que en ocasiones llegan a expresarse como un dilema moral, se derivan de que a un mismo acto le estamos dando dos significados distintos, como claramente lo señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el Artículo 7, fracción 1: “Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular”.

¿Es congruente que un derecho sea a la vez una obligación? ¿Cuál de las dos categorías es la prevaleciente: el derecho o la obligación? Más aún, si un derecho supone que el individuo goza de plena libertad para ejercerlo a su conveniencia, considerarlo como obligación ¿no equivale a coartar su libre albedrío?

Creo que lo mejor sería separar las cosas: Presentarnos a las urnas debe ser una obligación, cuyo incumplimiento en algunos países incluso está penalizado, pero decidir cómo expresamos nuestra voluntad es un derecho inalienable que no puede estar acotado a una lista de opciones donde no esté incluida la posibilidad de abstenernos de una manera clara y manifiesta, sin que ello signifique la anulación de nuestro voto y por tanto la de nuestro derecho.

Si existiera una casilla con la leyenda “Me abstengo”, el ciudadano podría ejercer a plenitud su derecho a elegir; esto es: votar por alguien o abstenerse en forma expresa.

Es relevante mencionar que aquellos a quienes votamos para integrar el Congreso, pueden, a nuestro nombre, votar o abstenerse respecto a cualquier moción. Si ellos tienen esa prerrogativa, ¿por qué no podemos tenerla también cuando se presenten ante nosotros como candidatos?

Por otra parte, la contabilización de dicha casilla permitiría distinguir tres fenómenos electorales que hoy día están entremezclados: absentismo, abstencionismo y anulismo, y cuyos sendos análisis enriquecerían los diagnósticos de nuestra vida política. Al menos, ya no les llamaríamos abstencionistas a muchos muertos.

La posibilidad de abstenerse en forma manifiesta sin dejar de presentarse a la urnas o sin tener que anular la boleta, refrescaría el interés de la sociedad por el proceso electoral, porque un segmento de la población podría hacerle explícito a la clase política, que no se identifica con ninguno de sus candidatos y que menos aún los consideran sus representantes.

¿Cómo hacer que la abstención manifiesta la tomen en serio los partidos?

Para ello será necesario cambiar la Constitución. ¿Sabías que el financiamiento a los partidos tiene en la Carta Magna un candado presupuestal, que en cambio no tienen otros rubros prioritarios para la vida de los mexicanos como: la educación, la salud, la investigación y el desarrollo? Ahora entiendes que el imperio de la partidocracia es una cuestión seria que nos afecta y no un mero término con fines descriptivos.

En esencia, el financiamiento a los partidos está asociado al crecimiento orgánico de la población, expresado en el padrón electoral. Así, el número de ciudadanos que estén inscritos en él, se multiplica por el 65% del Salario Mínimo Diario del DF para calcular la bolsa que se repartirá entre los partidos.

Como el tamaño de la bolsa resulta de combinar el aumento poblacional que se refleja en el padrón o lista nominal y el incremento anual del salario mínimo, esto implica que su dimensión crezca por encima de la tasa inflación. Además, como la fórmula está inscrita en la Carta Magna, su magnitud es inmune a cualquier criterio o ajuste presupuestal; el financiamiento a los partidos es un asunto tan sagrado e inamovible que no puede afectarse por fenómenos económicos tan vulgares como: depresiones, devaluaciones, caídas del precio del petróleo, crisis mundiales, etc.

Por otra parte, el tamaño de la bolsa aumenta 30% cuando hay elecciones de medio período y 50% en las elecciones presidenciales. Por ejemplo, este año será de $4,847 millones. A esta cifra, todavía se le agrega 3% para capacitación, publicaciones, etc. y el costo de la franquicias de correos y telegráficas. Cabe destacar que además, los grupos parlamentarios de cada partido tienen acceso a otros recursos del erario Federal a través del presupuesto asignado al Poder Legislativo.

Este sistema de financiamiento al estar garantizado por la Constitución no contiene ningún mecanismo que estimule a los partidos a incrementar su representatividad; por ejemplo, si en las elecciones de julio sólo votara el 45% del padrón o el número de votos nulos fuera muy superior a la tendencia histórica, a ellos eso no les importaría en lo más mínimo. Lo único que les interesa es la proporción de los votos que obtengan, porque eso determinará el monto de dinero que mamarán durante los próximos tres años de esa infinita ubre presupuestal. De igual manera, seguiremos dando registro a partidos nuevos, aun si el número de votos que obtengan resulta menor al de los votos anulados.

¿Qué podemos hacer?

Elaborar y presentar una iniciativa ciudadana para que en la Constitución se modifique la fórmula como se calcula la bolsa que se reparten los partidos, de tal forma que se utilice en el número de votos emitidos descontando las abstenciones y los votos anulados, y no el número de ciudadanos inscritos en el padrón. Dicha iniciativa también tendría que incluir la modificación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su Artículo 7, fracción 1, para que en ella se estableciera que acudir a las urnas es una obligación donde el ciudadano podrá ejercer su derecho a elegir a quienes integren los órganos del Estado. Este derecho podrá expresarlo por medio del voto o absteniéndose de manera manifiesta para lo cual debe existir en la boleta una casilla para tal fin.

¿Te interesaría apoyar una iniciativa en este sentido? Necesitaríamos poco más de 100,000 firmas.