Romero y Lozoya: ¿leales a quién?

López, Lozoya, Romero y Peña2

Hace un año, Octavio Romero Oropeza fue nombrado, extraoficialmente, director general de PEMEX. Otra vez se integraría al gabinete de su amigo, como ocurrió en 2000 cuando este ganó la Jefatura de Gobierno del otrora Distrito Federal y lo designó oficial mayor. Hasta ese momento su única experiencia en la Administración Pública. Quizá al saber de su nombramiento debió pensar en quién gestionaría sus propiedades y cuidaría a sus animales.  Eso, además de la política tabasqueña, era lo suyo; el campo, la ganadería. Por ello estudió agronomía, aunque no se tituló. En cambio, de petróleo y de administrar empresas no conocía nada. Qué iba a saber él de cuestiones técnicas, financieras, actuariales, jurídicas, contractuales y laborales, de ingeniería de procesos, del mercado de capitales, de las calificadoras, de cómo gestionar una empresa gigante y, menos aún, de reservas, campos y pozos petroleros.

Hoy, pese a que Romero no cumple ni de lejos con los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley de Petróleos Mexicanos para ser su director general, está al frente de la empresa más grande de México cuyo peso específico hace que su compleja problemática operativa y financiera gravite en la economía del País y, sobre todo, en el erario federal. Sin embargo, él ocupa este cargo porque en nuestra cultura política es normal que la amistad y lealtad suplan a la Ley y, lo que es peor, al sentido común. Este, al menos, cribaría los granos más gruesos de ignorancia e ineptitud.

Pero, López Obrador no es original. Varios de sus predecesores hicieron lo mismo. Peña Nieto nombró a Emilio Lozoya, director general de Pemex sin que este hubiera antes dirigido ninguna empresa, salvo las que él mismo creó, y con una exigua experiencia en el sector público que se limitaba a haber sido analista en el Banco de México. Nunca había trabajado de manera directa en el sector petrolero y hasta ese entonces su carrera profesional la había desarrollado en el ámbito de la consultoría e ingeniería financiera. De hecho, esta fue la vía que le permitió relacionarse con Peña Nieto cuando este era gobernador del Estado de México. Hoy, en su escondite, quizá maldiga el día que lo conoció.

En teoría y si las cosas se tomaran con la seriedad que ameritan, la complejidad y relevancia nacional de PEMEX deberían ser motivo para que los presidentes en turno ordenaran que se realizara un proceso serio de selección para buscar, entre los mejores, a su director general. De haberse dado este mecanismo, Lozoya y Romero difícilmente hubieran llegado a las fases intermedias y, con seguridad, ninguno habría figurado entre los finalistas.

Sin embargo, los presidentes de la República no se asumen como gestores temporales de un patrimonio público sino como sus dueños. Por ello, no tienen ningún pudor en designar para ocupar cargos públicos a individuos sin las mínimas calificaciones para ejercerlos, como también en despedir a funcionarios sin importarles su desempeño, ni las muestras tangibles de su talento, profesionalismo, honestidad y convicción de servidores públicos.

Sin embargo, esa visión patrimonialista no se limita a la dependencia, a la entidad, a los recursos presupuestales, o a los cargos bajo su responsabilidad, sino que muchas veces abarca la voluntad del individuo que se designa para ocuparlo. Más si su perfil está lejos del ideal para desempeñarlo. Se le coloca en un puesto específico para que, sin chistar, haga lo que se le ordene. Lealtad y servilismo terminan confundiéndose.

Por ello, resulta inverosímil que, sin haber contado con la anuencia de Peña Nieto y la opinión favorable de Videgaray respecto al procedimiento planteado para llevar a cabo las operaciones, Lozoya haya recomprado a precios inflados y en condiciones ventajosas para Ancira y Covarrubias, las mismas plantas de urea y fertilizantes fosfatados que años atrás Salinas privatizó a favor de estos a precio de cacahuates.

El abogado Coello ha solicitado, sin éxito, la comparecencia de Videgaray y Peña Nieto para demostrar lo anterior. Incluso, ha ofrecido como prueba el listado de un acuerdo que tuvo su cliente con el segundo donde, en apariencia, está incluido como un asunto a tratar la compra de una de las plantas. Aun así, dudo que alguna vez se encuentre un documento donde explícitamente Peña Nieto instruyera a Lozoya para celebrar las operaciones. Es común que muchas de las instrucciones y vistos buenos que dan los presidentes se hagan verbalmente, dejando en manos de secretarios y directivos de las entidades paraestatales la manera de formalizarlas. Esta es una de las fórmulas mediante la cual ellos mismos se cuidan las espaldas y dejan el peso de la responsabilidad en sus subordinados que, ingenuamente, asumen que la figura presidencial los cobijará para siempre.

Lozoya fue leal a quien lo nombró para ocupar un puesto para el que no tenía la experiencia, ni las calificaciones necesarias para desempeñarlo, pese a su pedigrí académico y conocimientos financieros. Peor aún, cuando dejó estos de lado para aceptar un proceso de compra tan notoriamente desventajoso y lesivo para Pemex que solo puede explicarse por dos razones: ineptitud o corrupción. Al parecer, las muestras visibles de su patrimonio personal y la maquinación para moverlo alrededor del mundo a través de cuentas y fondos hacen pensar en lo segundo. Tarea que, dado el volumen de recursos involucrados y los vistos buenos que hubo que recabar a lo largo del camino, hacen suponer que no la realizó en solitario, ni por su sola iniciativa y menos aún para su solo beneficio.

Lozoya y su familia viven una tragedia personal que hace seis años, en la cima de su éxito, no imaginaron padecer. Mientras que sus acciones como director de Pemex han dejado una secuela de quebrantos financieros e inversiones sin sentido, que repercuten negativamente en el patrimonio nacional.

Romero sabe que no está al frente de PEMEX por su perfil profesional, sino para hacer lo que puntualmente le ordene su jefe y amigo. Esto es modificar en los hechos la Reforma Energética del sexenio pasado y construir la refinería de Dos Bocas, pese a que en ambos casos no existan argumentos técnicos que lo justifiquen y a las implicaciones que esto tendrá en el erario federal y, sobre todo, en la calificación de la deuda soberana de México y en la estabilidad cambiaria. Ya tuvimos una probada de su impericia a principios del año, cuando la suspensión temporal de las importaciones de gasolina provocó un crisis de abasto que duró varias semanas y costo miles de millones de pesos.

Cuando un servidor público entiende que su única lealtad es con quien lo designó, la Administración Pública se convierte en el medio para instrumentar, a costa del erario, caprichos, sueños de opio o transferir a manos privadas lo que es de todos.

La única lealtad de un servidor público es con la nación y las leyes que juró respetar. Estas no distinguen jerarquías. A todos obligan por igual. Negarse a obedecer al jefe, cuando sus decisiones o acciones no se ajustan a la legalidad y a los intereses del País es poner a la Patria primero y dar una muestra de integridad personal. Pero, de estos hay pocos y más cuando deliberadamente se buscan subordinados que a todo digan que sí.

Meade: el imperativo de romper ante el riesgo de fracasar

Meade y Peña Nieto 3

Como cualquier candidato del PRI a la jefatura del Poder Ejecutivo, cuya designación ocurre cuando ese partido ocupa la presidencia de la República —y solo en dos casos que no ha sido así—, la designación de José Antonio Meade obedece fundamentalmente a la voluntad unipersonal del presidente en turno; el dedazo en su más fiel expresión.

¿Por qué Peña Nieto lo escogió?

Responder a esta pregunta es una tarea harto complicada, porque equivaldría meterse en la mente de un individuo que posiblemente sopesó desde cuestiones vinculadas a los escenarios previsibles para el País, a los retos que según su criterio enfrentará quien ocupe su lugar hasta asuntos más íntimos, que quizá tuvieron mayor peso, vinculados a la empatía personal, a la comunión de valores, a la coincidencia de opiniones y, sobre todo, a la expectativa de que, una vez investido como su sucesor,  le seguirá manifestando su lealtad cubriéndole las espaldas.

Imposible saber con exactitud las razones que hicieron a Peña Nieto escoger a Meade como su remplazo, pero lo que quizá no consideró con suficiente atención es si este cuenta con las aptitudes, la personalidad y el carácter para hacer frente a los retos que demanda ser un candidato extraído de un gobierno que, además de estar encabezado por un presidente con bajísima popularidad, ha entregado resultados mediocres o de plano negativos, como ocurre el ámbito económico o con la violencia e inseguridad, amén de casos de corrupción de compañeros de gabinete que, pese a las evidencias, no han pasado del escándalo mediático, aunque sí calado en la opinión pública.

Meade parece ser un buen hombre, un individuo inteligente y articulado, un tecnócrata que supo navegar en ambientes tan disímbolos como las presidencias de Fox, Calderón y de Peña Nieto, lo que hace suponer que actuó como un excelente y dócil segundo de abordo, cuya sobrevivencia —como ocurre en muchos casos de carreras burocráticas longevas—, se debió a su habilidad para ajustarse a las circunstancias y estilos de sus jefes sin asumir riesgos, tomar posiciones o lucir amenazante.

Pero ahora, habiendo dado un paso al frente del pelotón y con los reflectores puestos sobre él, su personalidad desabrida y un carácter lejano de aquel que quiere proyectarse como líder, no parecen equiparlo como el candidato ideal que logrará remontar el largo trecho que perdió su predecesor, deshacerse de las cargas heredadas y, además, ganar con contundencia la carrera presidencial.

Claro que la apuesta de Peña Nieto no está solo en el jinete sino en el caballo.  El PRI y sus aliados controlan el 40% de los recursos que en 2018 el INE les entregará a los partidos, es decir dos mil setecientos millones de pesos del erario federal más lo que le aportan los estatales. Además, cuenta con catorce gobernadores y, desde luego, con la presidencia de la República, lo que supone una enorme capacidad operativa para mover voluntades e influir en la opinión pública. Sin dejar de considerar también, que el perfil y la experiencia de Meade lo colocan más cerca del corazón de los poderes fácticos que al resto de sus contrincantes.

Por otra parte, la verdadera estatura de un candidato no es aquella que se mide contra un ideal sino la que resulta de compararlo con sus contendientes. Así, cuando entre las opciones disponibles prevalece la mediocridad y la improvisación, como sucede en nuestra enclenque clase política, el desenlace del proceso electoral lo determina, en buena parte, la intención de escoger al menos malo o al que represente el menor de los riesgos. De hecho, ocurre en cada elección que muchos ciudadanos votan más en contra de un candidato que favor del que marcan en sus boletas.

Cabe señalar que quizá este fenómeno se acentuará ahora, una vez que la poca la lealtad partidista que todavía quedaba —el llamado voto duro—, ha sido dinamitada por alianzas políticas ideológicamente inverosímiles y por un transfuguismo masivo que evidencia el personalismo que impera en los partidos, la desmemoria, la ausencia de convicciones, a cambio de aspirar a un pedazo de poder público y al disfrute continuado de una teta presupuestal.

Pero aún si estas circunstancias pueden hacerle a Meade menos pesada la cuesta y remediar parcialmente sus limitaciones, será difícil que salga airoso si sigue proyectándose como la continuación de Peña Nieto y, además, como alguien próximo al priismo más rancio y opaco, donde al amparo del poder público se han acumulado fortunas insultantes e inexplicables por la vía salarial en el servicio público.

Meade asumirá su verdadero rol como candidato cuando decida romper con Peña Nieto y se manifieste dispuesto a emprender, no meras reformas, sino un proyecto propio construido con acciones distintas y novedosas que lo hagan ver como una opción de cambio y renovación, que no de continuismo y menos de tapadera. De lo contrario, la propuesta de cambio será la baza de sus opositores, más aún porque, a diferencia de él, ellos tienen la ventaja de que nunca han trabajado en un primer nivel en el Gobierno Federal como sucede con Anaya, o en el caso de López Obrador, este lo hizo solo a nivel de un entidad federativa por un lapso breve y hace más de diez años, lo que significa que, en ambos casos, hay pocos o ningún elemento en la memoria reciente de electorado como para sensibilizarlo exponiendo sus errores y limitaciones.

Después de criticar al propio sistema desde los inicios de su campaña, Echeverría culminó su rompimiento con Díaz Ordaz cuando, con el afán de desvincularse del 2 octubre, guardó un minuto de silencio en la Universidad de San Nicolás en Morelia para honrar a los caídos en esa fecha, lo que puso en vilo su candidatura ante el enojo de su exjefe y mentor, quien optó por contenerse.

Por su parte, Colosio entendió, en su célebre discurso en el Monumento a La Revolución, que para ganar debía apartarse de Salinas, manifestando una visión propia que planteará opciones distintas a la aplicación a ultranza de políticas neoliberales que, por un lado, habían concentrado sus beneficios en unos cuantos,  sobre todo en aquellos a quienes se les transfirió buena parte del patrimonio nacional a precios de saldo, y que, por el otro, mostraban, pese a un esfuerzo por ocultarlos, tendencias preocupantes que terminaron por estallar en diciembre de 1994.

El impacto del asesinato de Colosio, que con habilidad el PRI transformó en el voto de miedo, le sirvieron a este para poner en Los Pinos a Ernesto Zedillo, un tecnócrata tan anodino en ese momento como es Meade ahora.  Pero ese temor ya no existió en la siguiente elección, cuando Fox, con una experiencia nula en el Gobierno Federal, le ganó a un candidato priista mejor preparado para gestionar el Poder Ejecutivo, apoyándose para ello en una eficaz campaña mediática que supo capitalizar el hartazgo del PRI, vender la vaga promesa de “un cambio” sin realmente definirlo y a él proyectarlo como un brillante “empresario”, pese a que en Coca Cola había sido solo un empleado y de un nivel inferior en su estructura global.

Colosio, cuya campaña empezó desangelada y más por las reacciones en contra que su candidatura provocó en el círculo íntimo de Salinas y el levantamiento zapatista en Chiapas, comprendió que debía proyectarse como un renovador y no como un continuista de políticas cuyo costo social y político era evidente, y que la postre podían, como sucedió seis años después, causar la derrota de su partido.

No sé si Meade tendrá la misma claridad y las agallas que en su momento tuvo Colosio. Pero estoy seguro de que, si no las tiene para romper con su mentor, dar un paso al frente y asumir las circunstancias del trance donde lo colocó el destino, será muy difícil que gane las elecciones.

Cuando la corrupción se legaliza se convierte en metástasis

Como si estuviéramos viendo una película de guerra realizada por los vencedores, a nadie sorprendieron los resultados del informe que presentó Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, sobre los bienes inmuebles que adquirieron el presidente de la República y el secretario de Hacienda, de uno de los principales contratistas del Estado de México y Gobierno Federal.

Pero anticipar el desenlace de una película, más aún si estamos del lado de los vencidos, no evita que al presenciarlo dejemos de sentir frustración por no poder cambiar la historia y, sobretodo, como ocurrió en este caso, una profunda irritación porque se nos plantean las conclusiones como si fuéramos idiotas. Y eso añade sal a la herida.

Este proceso de investigación nació viciado, porque el primer conflicto de intereses que se dio fue dejar en manos de un subordinado valorar la situación legal de su jefe, entre cuyas atribuciones está precisamente la de nombrarlo; designar a los secretarios de Estado sólo compete al presidente de la República.

Lo procedente hubiera sido que una comisión ad-hoc nombrada por el Congreso fuera la responsable de la investigación. Sin embargo, salvo declaraciones de banqueta, ningún grupo parlamentario alzó la mano con seriedad cuando ésta se inició. Inhibición que hace recordar aquello de que lance la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Sospechoso silencio, cuando en otras latitudes investigar este tipo de asunto hubiera sido encomienda irrenunciable del Poder, al que por ley y de cara al ciudadano, le toca servir de contrapeso del Poder Ejecutivo.

La realidad fáctica es que las operaciones inmobiliarias entre el presidente de la República, el secretario de Hacienda, la esposa del primero y el Grupo Higa, se dieron, no porque los caprichos del destino los hubiera puesto sobre el mismo camino, sino porque entre ellos existía una relación previa, que por lo menos databa de la época cuando dicha empresa fue contratista del Gobierno del Estado de México que presidía Peña Nieto y cuyo secretario de Finanzas era Videgaray.

Este antecedente implica que, aun sin que Peña Nieto y Videgaray estuvieran ocupando un cargo público en esos momentos, la adquisición de inmuebles propiedad de Grupo Higa, y además hecha en condiciones ventajosas, representa, en el menor de los casos, un inobjetable conflicto de interés.

Peor aún, si consideramos que durante el lapso que se dieron las operaciones de compraventa, Peña Nieto no era un simple exburócrata en busca de empleo, sino que con el apoyo de Videgaray fue, en primer término, candidato a la presidencia de la República y, después, presidente electo.

Más grave aún que, una vez investido Peña Nieto como jefe del Ejecutivo Federal y Videgaray nombrado secretario de Hacienda, Grupo Higa se integrara de manera muy activa y en proyectos de gran magnitud, como contratista del nuevo gobierno.

Sólo un necio o alguien que asume a la idiotez como condición inherente a la de ciudadano, puede negar que el conflicto de intereses se dio por todo lo que involucró a los actores antes de las operaciones de compraventa, como por lo que sucedió después de que éstas se realizaran.

La ley se pervierte cuando se usa para negar su espíritu, para justificar que se le transgreda y para posibilitar lo que prohíbe. Esta degradación borra el Estado de Derecho y da lugar a la incertidumbre jurídica, donde lo único seguro es que la ley siempre se incline del lado del poder y del dinero.

¡Cuánto lodo se ha legalizado! Ventas de bancos y empresas públicas, concursos, permisos, licencias, concesiones, sentencias judiciales, adjudicaciones directas, e invitaciones a tres donde en realidad se trata de uno solo acompañado de dos comparsas seleccionadas a modo. ¿Cuánto de esto ha tenido como corolario la frase ”y se actuó conforme a derecho”?

Cuando la corrupción se legaliza deja de ser una enfermedad crónica y se convierte en metástasis.

Y esta frase no es una metáfora sino una realidad descriptible y palpable, porque se observa en la tergiversación de nuestros valores al momento de aplaudir y reconocer al pillo por astuto, mientras al honesto se le tilda de necio o pusilánime.

Es metástasis porque está presente en las estructuras del Estado y en la iniciativa privada donde su reproducción imparable y nutrida de sí misma, nos carcome restándonos energía, ya que ésta debemos utilizarla, no para crecer y prosperar, sino para paliar lo que la corrupción deja torcido y para defendernos de quienes saben usarla para tomar atajos. Basta ver a los ciudadanos del Distrito Federal defendiendo su hábitat de los depredadores urbanos, que tan hábiles son para alcanzar alturas que dan vértigo como para reptar y sacar provecho del lodo.

Nada, salvo un agravio más, ganó la sociedad con el informe del secretario de la Función Pública. Pero en cambio para nuestra mala fortuna, ésta sí resentirá que con este episodio la autoridad moral del presidente de la República se haya evaporado por completo, porque los escenarios que confronta el País en los ámbitos externo e interno nos someterán a duras pruebas, lo que haría imperativo un liderazgo —hoy imposible— que ayudara a definir el rumbo, sirviera de avanzada y resultara convincente para animar, sumar y pedir sacrificios en tiempos difíciles.

La autoridad jerárquica concede a cualquiera la calidad de jefe. Pero, el liderazgo hace indispensable combinar jerarquía con autoridad moral. Los jefes sólo sirven para mandar, en cambio los líderes, son los que proveen una visión, cohesionan y hacen a una nación avanzar.

Primera dama; resabio cortesano que bien vale borrar

Las esposas de los presidentes de México arriban a la residencia de Los Pinos de la mano de sus maridos. Ellas (algún día también habrá ellos) son tan circunstanciales en la escena nacional como lo sería cualquier otro pariente político o sanguíneo del mandatario en turno, quien para llegar a serlo tuvo que competir en unas elecciones donde se vota por individuos, que no por matrimonios.

Tan evidente es el carácter circunstancial de la consorte del presidente de la República que, para ocupar este cargo, la Constitución no establece ninguna condicionante respecto a su estado civil.

Tampoco la esposa del jefe del Poder Ejecutivo tiene previsto ningún rol específico dentro de la Administración Pública. Ni siquiera en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, porque ella sólo preside de manera honoraria y a título personal, una entelequia administrativa denominada Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema DIF. Mientras que dicho Sistema lo dirige ahora, por designación presidencial, la esposa de Osorio Chong, Secretario de Gobernación, lo que desde mi perspectiva y al margen de consideraciones éticas, es un conflicto de intereses dado que una de las atribuciones de éste es coordinar a los secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública, para garantizar que se cumpla lo que ordene el titular del Ejecutivo.

El término “Primera dama” surge en los Estados Unidos. Nación, donde por haber sido colonia del Imperio Británico, lugar en el que abundan los títulos nobiliarios, resultó lógico que a la esposa de su primer presidente, se le llamara Lady Washington.

Más adelante, en el siglo XIX a las esposas de los presidentes estadounidenses, se les denominó ocasionalmente como: “First Lady of the land”. Así, el uso de este término se fue popularizando hasta que mutó al de “First Lady” que conocemos ahora, y que está arraigado en la cultura y escenario político de ese país.

En América Latina, el término “Primera dama” se difundió al amparo de las casas presidenciales —incluso algunas oficializaron el cargo— que con gusto y para el halago de su vanidad, emularon con entusiasmo, como si así se parecieran, los usos y costumbres de quienes gobiernan en la potencia continental. Aunque para esto también contaron con la complicidad de los medios que, con base en la ley del mínimo esfuerzo, gustan de empacar las cosas dentro de etiquetas.

En México, el vocablo “Primera dama” adquirió un carácter oficial en esta administración, al empezar utilizarlo en su página web para denominar como tal a la esposa del presidente.

Mi opinión es que al margen de las fobias que con vehemencia y razón se ha ganado la cónyuge actual de Enrique Peña Nieto, el término “Primera dama” debe ser eliminado del vocabulario oficial del Gobierno mexicano y ojalá así ocurriera con los medios, por los siguientes argumentos:

Primero.-

Es un resabio cortesano que no encaja en una cultura republicana y que marca distancia con el pueblo, porque parece que a éste se le mira desde arriba y muy lejos, pese a que el acceso a la casa presidencial de sus temporales inquilinos, se debe a que ese mismo pueblo se los permitió al elegirlos, a condición de que lo sirvieran y respetaran las leyes que él se ha dado.

“Primera dama”, “Pareja presidencial”, “Familia presidencial” son expresiones con tufo aristocrático, cuyo uso ignora que, con base en nuestros principios democráticos, elegimos cada seis años a un mandatario que no a un grupo mandantes, integrados por el presidente y su prole, quienes al disfrutar de la utilería del poder se constituyen en efímera realeza, que en las más de la veces ha tenido tristes finales, porque pasaron por alto que en política, lo que empieza por ser perfume termina apestando.

Si así ha ocurrido es porque lo hemos permitido.

Segundo.-

Es sexista, porque con cierta condescendencia se le da a una mujer un título informal, cuyo equivalente, en el caso opuesto, no se usaría jamás con un hombre, porque dada nuestra cultura machista eso sería tanto como ponerle al marido un delantal enfrente de sus amigos.

Nunca oímos que al esposo de Margaret Thatcher le llamaran: “First Gentleman” y tampoco creo que este término se use con Bill Clinton, en caso de que su esposa Hillary sea elegida presidenta de los Estados Unidos.

Tercero.-

No se puede llamar “Primera” a una persona que, salvo su marido, nadie escogió. Ni tampoco tiene ningún mérito ser la esposa de quien por circunstancias ocupa un cargo público.

Poner por esta sola razón a una mujer al principio de la línea, resulta ofensivo para la demás mujeres, entre las cuales con seguridad hay muchas cuya calidad humana, méritos profesionales o vocación para servir a los demás, las pondría por delante de aquella que, efímeramente, se dice que es la primera.

Primera, sólo la República; que después sigan las damas y los caballeros, y entonces que cada uno decida quién, entre ellas y ellos, es primero.