¿Cuánto nos cuesta una curul de la Cámara de Diputados?

Con base en la fórmula plasmada en la Constitución para determinar el volumen de recursos que anualmente se les entrega a los partidos políticos, este año el INE les transfirió $ 1,172,863,734, para que cubrieran los gastos de sus sendas campañas electorales con motivo de la renovación de la Cámara de Diputados. Dicha cifra equivale al 30% del monto que cada partido recibió para costear sus actividades ordinarias.

Esto significa que este año, los contribuyentes gastamos en campañas políticas, un promedio de $2.3 millones por cada una de las 500 curules que tiene la Cámara de Diputados.

Sin embargo, cuando comparamos lo que cada partido recibió para la campaña de diputados con el número de diputaciones que ganaron, podemos observar que no todas las curules nos costaron igual, como se observa con claridad en la siguiente gráfica:

Costo por curul2

En el caso de la mayoría de los partidos, le gasto de campaña por cada diputación conseguida supera el promedio. Sin embargo, destacan como las curules más onerosas aquellas del Partido del Trabajo y Nueva Alianza, porque cada una nos costó $ 11.2 y $7.7 millones respectivamente. O sea, que estas cantidades son las que el contribuyente debió gastar para que algunos candidatos de esos partidos se convirtieran en diputados, pese a que es muy probable que el primero pierda su registro.

En el otro extremo, se observa que sólo tres partidos estuvieron por debajo del promedio. Destaca entre éstos el caso de MORENA, porque medido en términos de curules ganadas, fue la formación política que más rentabilizó el gasto en su campaña, a lo que se agregó el lucro que López Obrador hizo de su capital político, lo que le permitió robarle “clientes” al partido que lo encumbró.

Otro caso que vale la pena destacar es el del Partido Verde, porque pese a que no ganó ningún distrito, su alianza con el PRI le permitirá tener 45 diputaciones aproximadamente, las cuales pudo alcanzar a un costo por curul más bajo que el promedio, gracias a la sinergia que le representó cobijarse en los recursos y vincularse al desempeño electoral del tricolor, quien fue la formación que más curules ganó. Razón que explica porque el costo por curul fue inferior al promedio.

Desde un punto de vista financiero, ¿qué le representa al contribuyente que el Partido del Trabajo y el Partido Humanista pierdan su registro? En términos precisos, una pérdida de $510 millones que es la suma de los recursos que este año se le dieron a ambas formaciones políticas.

Visto desde otra perspectiva, el riesgo financiero que implica la gestión y el desempeño electoral de un partido político, corre en su totalidad a cargo de los contribuyentes, lo cual pone a éstos en una posición asimétrica con relación a quienes los fundan y los dirigen, dado que éstos son los principales responsables de sus resultados electorales y, pese a ello, no asumen ningún riesgo.

¿Qué valor le agrega a la sociedad un partido que fracasa? ¿Cuánto hubiéramos podido hacer en muchas zonas paupérrimas del país con $510,000,000 que acabamos de tirar a la coladera? ¿Tiene sentido gastar tanto dinero público en campañas, cuando candidatos independientes han logrado resultar ganadores con recursos sensiblemente menores a los que sus contrincantes tuvieron a su disposición?

Válida es la razón de financiar a los partidos con recursos del erario para evitar la intromisión de intereses mercantiles, religiosos, extranjeros o, abiertamente criminales. Pero, este motivo se ha convertido en una justificante para que los propios partidos desde sus acojinados asientos en los Congresos Federal y Estatales establezcan reglas abusivas y desproporcionadas, que les permiten disfrutar de una corriente de recursos que está legalmente indexada por encima de la tasa de inflación, que no está sujeta a ninguna medida de desempeño y que es inmune a recortes presupuestales, crisis económicas o devaluaciones de la moneda que, en cambio, cuando se presentan, sí afectan los bolsillos de la mayoría de los mexicanos.

Si el concepto del presupuesto base cero, es romper con la inercia de justificar el gasto del año siguiente con base en lo gastado en el anterior, y en su lugar justificar cada renglón presupuestal con base en sus propios méritos, es indispensable que por esta criba también pasen las reglas a través de las cuales se calcula la bolsa de recursos que cada año se les entrega a los partidos.

Palabras convencen, ejemplos arrastran. Pero si éstos son malos entonces nos hunden, como ocurre cuando aquellos que aprueban el presupuesto terminan derrochándolo.

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¿Valdrá la pena votar?

Cuando alcancé la edad de votar, el predominio absoluto del PRI hacía inútiles las encuestas y las proyecciones para anticipar los resultados electorales; todos sabíamos quienes iban a ganar. Así, cuando en Estados Unidos presumían que su sistema electoral era tan avanzado que les permitía conocer en horas al ganador de una elección presidencial, nosotros argumentábamos con ironía que el nuestro estaba por delante, porque el nombre del candidato triunfador lo sabíamos meses antes de la elección.

Aun así, muchos acudíamos a las urnas con el ánimo de dejar un testimonio en contra del partido gobernante. Pensar que la suma de los votos de la oposición y el abstencionismo resultaba mayor que los votos del PRI, equivalía a una especie de victoria moral, aunque claro, sin ninguna trascendencia práctica.

Sin embargo, vale la pena señalar que un largo período de crecimiento económico con baja inflación colocó a buena parte de la población en una zona de confort; para qué cambiar lo que funciona. Más aún, cuando en apariencia las nuevas generaciones escalaban peldaños por encima de sus predecesoras. Por ello, se obviaban los vicios del partido hegemónico y cuando incurría en excesos, muchos no sólo volteaban hacia otra parte sino también aplaudían.

Por ello, no fue casual que las evidencias del agotamiento de los modelos político y económico empezaran a manifestarse casi de manera simultánea. El primero en 1968 y el segundo en 1970. Aunque todavía debió pasar un sexenio, durante el cual la guerrilla urbana y rural cobró relevancia, para que en 1977 se llevaran a cabo reformas señeras al sistema electoral, que empezaron a facilitar el acceso de la oposición a los poderes públicos.

Veintitrés años después, un candidato que no provenía del PRI alcanzó por vez primera la presidencia de la República, lo cual fue en gran parte el resultado de un proceso continuo de reformas políticas encaminadas a emparejar la cancha para todos los partidos y garantizar la autonomía del órgano electoral. Hechos que no fueron gestos generosos de los gobiernos priistas, sino la consecuencia de una persistente presión social y del esfuerzo de muchas personas, algunas de la cuales incluso lo pagaron con sus vidas.

Así, el año 2000 marcó un hito importante en el desarrollo de la democracia en México. El cambio civilizado del partido al frente del Poder Ejecutivo nos dio confianza; el país había alcanzado una especie de mayoría de edad, que en principio debería ser el preámbulo de mayores avances en nuestro desarrollo político.

Asumimos con ingenuidad, que el solo hecho de que existiera limpieza e igualdad en la competencia política, era suficiente para colocar al frente de los tres poderes públicos a servidores públicos con vocación de servicio y cuyo desempeño debería expresarse en un Estado más eficaz en proveerle a la población el mayor grado de bienestar posible, en la expresión más amplia del término.

También suponíamos que ahora sí, los contrapesos constitucionales serían la garantía de que prevalecería el imperio de la ley. Además de que la alternancia dejaba en claro que de ahí en adelante ningún partido tenía garantizada la permanencia el poder y que los mandatos constitucionales son encomiendas temporales, sujetas a prueba y, por ende, a la rendición de cuentas.

Quince años después de ese 2 de julio, creo que nuestras expectativas fueron en exceso optimistas, y que no consideramos que la transformación de la cultura política que había imperado hasta ese entonces sería un proceso lento, tortuoso e incluso regresivo. Para ello basta comparar al IFE de aquel entonces con el actual INE; el de ayer un consejo de ciudadanos, el de ahora, uno de partidos.

El cadáver del viejo presidencialismo parece haber sido cubierto por una masa amorfa, integrada múltiples organismos de naturaleza muy diversa, a la que denominamos clase política. Ésta, al nutrirse de ese cuerpo en descomposición, ha reproducido sus genes aunque de manera fragmentada, dando lugar a feudos de diferentes tamaños y características, que están presentes en los tres poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno, y en lo que ni la ineptitud más evidente, ni la deshonestidad más obvia representan un obstáculo para pertenecer a ellos y menos para encabezarlos.

Esta feudalización del Estado aunado a su crónica debilidad institucional, lo hacen poroso e ineficaz para elevar su nivel de vida y para garantizarle a la población algo tan básico como su seguridad, por lo que se ha ido arrinconando en la medida que mafias de todo tipo y calibre han ido coartando su libertad.

El politólogo español Juan José Linz afirmó que no hay democracia sin Estado. Y esto es justo lo que nos está pasando. No se diga si además consideramos que hasta hoy el imperio de la ley es una ilusión y la rendición de cuentas una aspiración que en este momento se antoja inalcanzable.

¿Qué hacer? nos preguntamos. ¿Valdrá la pena seguir votando para legitimar a una clase política que sólo usa a la democracia como coartada para preservar y engrandecer sus privilegios y seguir mamando de la ubre presupuestal? ¿Será que nos ha tocado vivir la etapa de empeoramiento como el paso inevitable hacia un mejor porvenir, que quizá ni veremos?

Tenemos cuatro meses para pensarlo.