La corrupción mata, pero no muere

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El carácter endémico que tiene la corrupción en la vida del País nos ha hecho cínicos. La vemos a diario en muchas facetas y ámbitos de la vida nacional; se practica al mayoreo y al menudeo. “Qué quieres, estamos en México”, nos decimos entre resignados o quizá esperanzados de que algún día también nos beneficie; “ya ves, todos lo hacen”, “es lo que lubrica el sistema”, “de que te lo lleves tú, a que se lo lleve otro”, “no pagues impuestos; pa’ que se los roben”.

Racionalizar lo indebido es actividad prolífera en justificaciones que nos atascan en el pantano. Así, los objetivos de muchas leyes redactadas para hacernos avanzar se cumplen a medias debido a la corrupción; tan pronto damos un paso para adelante, retrocedemos medio para atrás, en la medida que sus flamantes artículos representan más opciones para pedir u ofrecer dinero a cambio de violarlos o evadirlos.

Como sociedad asumimos que la corrupción es inocua, gratuita y que, como si fuera un catarro, podemos en nuestra vida diaria sobrellevar sus molestias o beneficiarnos de ella, hasta que de manera inesperada y trágica se nos revelan sus consecuencias más extremas: muerte y destrucción. No existe el autoengaño sin fecha de caducidad.

Con seguridad, las razones que determinaron la muerte y lesiones de muchas personas, los derrumbes de inmuebles y las pérdidas patrimoniales que han llevado a la quiebra a cientos de familias, fueron la mercancía que se negoció en actos de corrupción; pisos de más, varillas de menos, materiales de menor calidad, cálculos estructurales ficticios, arreglos cosméticos para disfrazar los daños de edificios dañados en 1985, cambios tramposos e ilegales en el uso del suelo, inmuebles sobrecargados con antenas, espectaculares, fábricas clandestinas y hasta con un helipuerto. Todo esto, para que no sucediera, está previsto en leyes, reglamentos y normas. Pero, cuando la corrupción prevalece, todo queda sujeto al pago de un precio, lo que vaporiza la certeza jurídica y lleva a muchos ciudadanos a invertir tiempo, dinero y esfuerzos para defenderse de los actos de quien debería protegerlos: el Gobierno.

¿Cuánto se habrá pagado para ignorar o aprobar lo que segó la vida de los niños que aguardaban a sus padres para salir de la escuela, o la de aquellas obreras que ganaban un sueldo miserable en una fábrica que operaba en un edificio hecho para oficinas?, ¿cuánto se repartió entre inspectores que no veían y burócratas que firmaban a gusto de quienes les untaban la mano? Insisto, el verdadero costo de la corrupción no es la mordida sino lo que esta deja torcido.

Quienes en los ámbitos público y privado lucraron con las razones que provocaron la muerte y las lesiones de cientos de personas y la quiebra de miles de familias, tienen en su bolsillo dinero ensangrentado que no obtuvieron por su talento y esfuerzo, sino por la carencia más absoluta de principios éticos y responsabilidad con sus semejantes. No deben sentirse orgullosos del techo donde viven con su familia, ni de lo que a diario ponen sobre la mesa, ni de la vida que llevan y menos de un supuesto éxito profesional. Ganar dinero a costa de la sangre, el dolor y la miseria de otros es una infamia que no puede quedar impune.

Por ello, la reconstrucción de edificios derrumbados o dañados debe empezar por elaborar y divulgar peritajes forenses que señalen las razones que explican los siniestros. Esto, como sucedió en temblores pasados, permitirá aprender y prevenir las consecuencias de fenómenos naturales, que, aun siendo impredecibles, sí pueden imaginarse y simularse mediante modelos matemáticos.

Pero estos dictámenes, también deben servir para deslindar responsabilidades y, en su caso, presentar a los presuntos responsables ante la justicia para que paguen por sus acciones u omisiones. De lo contrario, en el implacable discurso de los hechos, seguiremos reiterando que violar la ley no tiene ninguna consecuencia, en beneficio de un círculo perverso donde la impunidad del presente sirve de abono a la corrupción del mañana.

Sospechoso que el gobierno de la Ciudad haya impedido, al cerrar parcialmente la página de SEDUVI, acceder a elementos vitales para indagar sobre los inmuebles derrumbados y dañados, y sus sendos directores responsables de obra. Quien impide esclarecer un crimen es tan culpable como aquel que lo comete y, más aún, hace pensar que la evidencia que esconde delataría su complicidad desde el principio

El sismo con su cauda de muerte y destrucción irrumpió en el festín inmobiliario que el gobierno de Mancera ha prohijado y consentido sin ningún disimulo desde el día uno de su mandato, cuando, en un claro conflicto de interés, nombró a su amigo y desarrollador, Simón Neumman, como el primer titular de la SEDUVI, lo que equivalió a una declaración de intenciones que en sus cinco años de gobierno se ha ido materializando en hechos que han beneficiado el negocio inmobiliario. Por ejemplo: en burbujas especulativas en zonas seleccionadas por su valor comercial, en la creación de Sistemas de Actuación por Cooperación, que suman más 1,500 hectáreas, incluyendo el Bosque de Tarango, para darle la vuelta a los programas delegacionales y empaquetar una serie de beneficios a favor de la rentabilidad inmobiliaria, en la suspensión de varios artículos del Reglamento de Construcciones apenas cinco meses después de publicado, en la incorporación de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios a las tareas de reconstrucción y, como la cereza del pastel, en una iniciativa de Ley de Reconstrucción donde, entre otras cosas, se autoriza a priori el incremento de alturas, una mayor densidad y, sin importar su legalidad antes del sismo, define como derecho adquirido el número de pisos que tenían los inmuebles derrumbados y dañados.

La reconstrucción de la Ciudad debe pasar, en primer término, por la elaboración de un Programa de Desarrollo Urbano hecho a partir de un análisis profundo de las proyecciones de la dinámica demográfica y económica de la Capital, incorporando en él, las lecciones del último sismo, las voces de expertos independientes y de la ciudadanía, y sobre todo, con base en un verdadero atlas de riesgos elaborado por expertos y conocido por todos. En este sentido, el mayor favor que puede brindarle Mancera a los capitalinos es hacerse a un lado. Nos merecemos ver al futuro desde otras perspectivas que no sean el interés a ultranza por la rentabilidad inmobiliaria. Nos merecemos imaginar el porvenir sin más atadura y compromisos que el bien común de las generaciones presente y futuras.

Tener claro hacia dónde debemos dirigirnos debe ser la base para revisar el mazacote jurídico que norma el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México. Leyes y normas en materia urbana deben ser un instrumento del Programa de Desarrollo Urbano, y no, como ocurre ahora, un entramado que facilita los negocios inmobiliarios a costa del interés común y bendice como legal aquello que claramente no lo es.

Reconstruir exige que esa solidaridad social que desinteresada y con energía aflora ante los siniestros, no mengüe y que asuma un carácter proactivo y constante para evitarlos y minimizar sus daños. Si la sociedad civil fue capaz de encabezar los esfuerzos de salvamento, debe hacer lo mismo para evitar que la corrupción, la impunidad y la opacidad vuelvan a segar vidas y destruir patrimonios. Siempre será mejor que muros y techos no se caigan, que realizar esfuerzos sobre humanos para salvar a los sobrevivientes. Siempre será mejor levantar la voz y actuar cuando se advierte un acto de corrupción, que bajar la cabeza y callar. La corrupción ha matado y seguirá haciéndolo, porque la hemos dejado vivir. Entendamos, es ella o nosotros.

 

El trato

Portada El trato

SINOPSIS

El trato es un cuento sobre la codicia, cuyo telón de fondo es la corrupción inmobiliaria de la Ciudad de México.

Dos familias ingenian una fórmula para lograr, al filo de ley, un beneficio financiero. La ambición por lo material las lleva, en especial a una de ellas, a guardar sus valores en el cajón, su mirada se hace selectiva y pasan por alto diferencias sociales que, en circunstancias normales, no hubieran franqueado.

El trato expone a la corrupción como un comportamiento perverso que se manifiesta con creciente audacia; empieza por poco para seguir con metas más ambiciosas. Incurrir en ella como un modus vivendi, se acepta como algo normal y no se limita solo a cuestiones de negocios, sino que puede trasladarse con facilidad a las relaciones de amistad y familiares. Por lo general, los corruptos suelen serlo a 360 grados.

La corrupción coloca a los protagonistas de El trato en un terreno fangoso, delimitado por referencias borrosas, que se evidencian cuando algunos empiezan a considerar demasiada cara su aportación, mientras que otros, intentan ejercer derechos que asumen haber adquirido.

El trato describe como los intereses personales terminan por resquebrajar lo que se suponía una complicidad a toda prueba. En el pantano de la corrupción, la lealtad es solo una quimera que durará tanto como tarde el traidor en mudar de disfraz.

El trato se puede encontrar en https://t.co/ma49SRXQQA

 

En lo obscurito, el bien público se ve como privado

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Una de las primerísimas decisiones de Mancera al asumir el cargo de jefe de Gobierno fue nombrar a Simón Neumman, desarrollador y su amigo personal, como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo que, al margen del obvio conflicto de intereses que por partida doble entrañó esa designación; cuate y constructor, puso de manifiesto con claridad meridiana, que uno de los principales objetivos de su gestión sería impulsar, a cualquier precio, el negocio inmobiliario.

A lo largo de los cinco años de su gobierno, ese propósito se ha hecho palpable en muchas zonas de la Ciudad que se han transformado como consecuencia de una intensa y caótica actividad inmobiliaria; una autentica burbuja especulativa cuyo objetivo principal es maximizar ganancias en el menor tiempo posible, sin considerar las consecuencias a corto y mediano plazo en la disponibilidad de servicios, en el tráfico vehicular y en la contaminación.

La contraparte de esta actividad invasiva que ha desquiciado barrios, calles y, en muchos casos, desplazado a sus residentes, ha sido la creación de una buena cantidad de organizaciones ciudadanas ―formales e informales—, que se establecen con el objetivo de defenderse de un acto de la autoridad, porque suele ocurrir que el desarrollador actúa coludido con esta, al amparo del galimatías legislativo que regula la actividad inmobiliaria en la Ciudad de México y que hace posible legalizar e ignorar hasta las violaciones a la ley más evidentes y absurdas. Basta ver cómo, a través de la denominada “transferencia de potencial”, el aire que está arriba de un edificio se materializa, sí leyó bien, se materializa en pisos de varilla y concreto que se construyen en otro inmueble, para que este pueda superar la altura permitida en una determinada zona. No se diga de otras figuras como los sistemas de actuación por cooperación, que resultan poderosas herramientas para darle vuelta a la ley y enderezar hasta lo más chueco.

Destaca en esta vorágine inmobiliaria una veta de negocios donde el Gobierno vende, concesiona o aporta a una empresa privada o a un fideicomiso privado inauditable, terrenos que pertenecen a la Ciudad. Por ejemplo, esto sucede con los inmuebles que forman parte del patrimonio de la capital y que están dentro de las más de mil doscientas hectáreas* que abarcan los “Sistemas de Actuación por Cooperación”. Otro ejemplo, es el Centro de Transferencia Multimodal de Chapultepec, donde se concesionó por cuarenta años una porción de terreno público a cambio de la construcción de un túnel. Y, más recientemente, otro caso interesante es la aportación de terrenos propiedad de la Ciudad a valor ¡“social”! para llevar a cabo proyectos de vivienda que, en teoría, beneficiarán a los trabajadores del Gobierno capitalino, lo que obliga a preguntar si ¿quienes compren esos inmuebles los revenderán también a valor social?

Sin embargo, esa veta de negocios que funde bienes públicos con negocios privados no solo se ha usado en las cuestiones inmobiliarias, sino que se ha extendido a otros ámbitos como: los bajo puentes para el establecimiento de negocios; las paredes de los pasos a desnivel y las columnas del segundo piso para colocar anuncios. Qué ingenuo resulta recordar, cuándo los gobiernos anteriores se empecinaban en eliminar la publicidad exterior para reducir la contaminación visual, término que no existe en el diccionario del actual.

El Metrobus es otro caso interesante donde la rentabilidad de un negocio privado depende de la aportación de bienes públicos, porque con cargo al erario se construyen: las estaciones, la superficie de rodamiento y los espacios publicitarios que después serán concesionados a privados para su explotación comercial.

Al revisar estos casos donde se funden un patrimonio público con uno privado se pueden identificar varios denominadores comunes.

Los bienes de todos en manos de la voluntad de unos

Pese a que estas operaciones significan negociar bienes públicos valuados en miles de millones de pesos y, en algunos casos, concesionarlos por varios decenios, la mayoría de ellas se llevan a cabo con la sola firma de funcionarios colocados en el segundo y tercer nivel de la estructura burocrática del gobierno de la Ciudad. Curiosamente, estos no podrían hacer lo mismo para comprar bienes o contratar servicios por montos equivalentes al valor de los bienes públicos que concesionan o aportan a privados, porque la Ley de Adquisiciones no se los permitiría.

¿Dónde está el fiel de la balanza?

No existe un protocolo, donde sea obligatorio que un tercero revise si la contraprestación pactada es justa para el erario de la Ciudad y si guarda equilibrio con los beneficios que recibe el concesionario que explota comercialmente un bien público. Mi sospecha es que lo que gobierna la confección de estos acuerdos es garantizarle al privado una rentabilidad atractiva, sin importar si eso desequilibra la balanza a su favor.  Más aún, si consideramos que el beneficio que recibe el privado, no se limita al bien o servicio concesionado, sino a la patente de corso que, de facto, obtiene para hacer negocio sin ninguna competencia. Esto, en el ámbito del transporte público, ha dado a lugar a rutas que no forman una red interconectada cuya operación esté centralizada para optimizar el uso de recursos y la calidad del servicio.

Por otra parte, este esquema de concesiones, condena a la Ciudad a optar por las soluciones menos eficientes como son los autobuses de combustión interna jalando remolques, cuando desde un punto de eficiencia energética y ambiental, lo recomendable sería recrear una red de tranvías que como la que operó en la Capital durante buena parte del siglo pasado.

Infortunadamente, la solución a uno de los mayores problemas de la Ciudad; el transporte público, queda limitada a lo que pueden aportar los concesionarios; autobuses con la garantía de rutas concesionadas por veinte años e infraestructura construida con recursos públicos; así, sí le entran. ¡Pos cómo no; a ordeñar la vaca, faltaba más!

¿Es la concesión lo que conviene a la Ciudad o es la ocurrencia de alguien para ganar dinero?

El Corredor Cultural(¿) Chapultepec y la Rueda de la Fortuna fueron proyectos impulsados por un afán de lucro que no surgieron de una necesidad de la Ciudad. Por suerte, la acción ciudadana logró detenerlos como mucho esfuerzo. Sin embargo, el filtro debió ponerse en una fase mucho más temprano y no cuando ya parecían inminentes. Antes de establecer acuerdos e iniciar negociaciones con privados, lo que debe quedar claro es si para la Ciudad la aportación o concesión de un bien público es la solución más conveniente para resolver un problema o mejorar el funcionamiento de la capital. Por ejemplo, esto no queda claro en el caso los parquímetros, cuya concesión implica de facto la explotación de la vía pública, como también sucede con los establecimientos que se están poniendo en los bajo-puentes de vías rápidas y con la explotación para fines publicitarios de los puentes y columnas de periférico. ¿La ciudad necesita y se beneficia con esto?

Para ordenar y transparentar la venta, aportación y concesión de bienes inmuebles propiedad de la Ciudad, un grupo de ciudadanos propusimos que en la Constitución de la Ciudad de México en el artículo correspondiente al “Patrimonio de la Ciudad”, se incluyeran un par de párrafos que hicieran explícita la definición de su patrimonio inmobiliario, porque este es, en una urbe tan densamente poblada como la Capital, la joya de la corona.

  1. El patrimonio inmobiliario de la Ciudad lo integran: el espacio público, incluyendo en éste las áreas de protección ambiental, los terrenos y edificaciones propiedad del gobierno, y las obras de infraestructura urbana que se han construido con recursos del erario.
  2. El Congreso de la Ciudad legislará para que la gestión, control, acrecentamiento, permuta, concesión, arrendamiento y desincorporación del patrimonio inmobiliario sean actividades beneficiosas para la Ciudad en términos prácticos y financieros, se realicen con honestidad y transparencia, estén sujetas a un continuo proceso de fiscalización por parte de la Auditoría Superior y se divulguen de manera amplia, suficiente, periódica y sistemática para conocimiento de la ciudadanía.

Desafortunadamente, no lo conseguimos.  Y eso preocupa porque cuando las reglas y fronteras no están claras, hay muchos que allá, en lo obscurito, ven como suyo lo que en realidad es de todos.

* Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad https://contralacorrupcion.mx/inmobiliariamancera/

En la resaca olímpica; Corea del Sur versus México

Resaca

En la Olimpiada México 68, Corea del Sur ganó apenas dos medallas. Nosotros obtuvimos nueve, que es una marca que todavía no hemos podido siquiera igualar.

El Ingreso Nacional Bruto per cápita de Corea del Sur en 1968 era, a precios actuales, de $180 dólares, apenas una tercera parte del mexicano, que en ese entonces equivalía a $610 dólares¹.

De 1968 a 2016 Corea del Sur, sin haber acudido a la Olimpiada de Moscú 1980, logró 255 medallas olímpicas. México, que sí participó en todas, sólo acumuló 51.

En ese período, el Ingreso Nacional Bruto per cápita de Corea del Sur aumentó 152 veces ($27,400 dlls.), el de México creció sólo 15 veces ($9,710 dlls.), no obstante que en ese lapso se descubrieron y empezaron a explotarse importantes yacimientos petroleros que aumentaron de manera sensible la riqueza nacional, colocando al País como uno de los principales exportadores de hidrocarburos en el mundo.

Entre quienes, según Forbes, tienen una fortuna superior a mil millones de dólares, hay 14 mexicanos contra 31 surcoreanos.

En el grupo de mexicanos, que acumulan casi cien mil millones de dólares, hay nueve casos cuyas fortunas están vinculadas a: privatizaciones de monopolios, empresas públicas y bancos, a la especulación bursátil de los años ochenta hecha al amparo de un mercado laxamente regulado, a contratos con el gobierno, a concesiones de televisión que dieron lugar a estructura monopólica que mantiene una relación simbiótica con el poder político, y a una herencia acumulada a la sombra de cargos públicos. Sólo en cinco casos, aunque algunos son millonarios por herencia, el origen de su riqueza proviene de una actividad netamente empresarial que sirvió para crear grupos industriales.

El grupo de los surcoreanos, aunque mayor en número que el de los mexicanos, acumula setenta y cinco mil millones de dólares. Pero estos se encuentran más distribuidos. Asimismo, destacan aquellos que deben su fortuna a su actividad empresarial y están en campos muy diversos de la actividad económica, incluyendo los de alta tecnología, farmacéutica y electrónica con una notable presencia a nivel internacional.

Como en México, la corrupción es un problema que también afecta a Corea; de hecho, es uno de los países industrializados del lejano Oriente peor colocados en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora anualmente Transparencia Internacional² donde ocupa el lugar 37. Sin embargo, México se ubica, entre las 167 naciones consideradas, en la posición 95.

En 2015, Sung Wan-jong, dueño de un importante grupo constructor que estaba inmerso en problemas financieros, se suicidó, dejando como nota póstuma una lista de personas a las que había sobornado. Entre los que se encontraba el primer ministro Lee Wan-koo, quien no tuvo otro remedio que pedir perdón, renunciar y someterse a la justicia.

En 2014, aparecen en la escena nacional los escándalos de la Casa Blanca y de una mansión en Malinalco que vinculaban a Peña Nieto y Videgaray con Hinojosa Cantú, constructor, contratista y amigo de ambos. Después siguió el asunto de un condominio en Miami que, al estar contiguo al de la señora Rivera Hurtado, esposa del presidente, es usado por ella gracias a que, en apariencia, es propiedad de un amigo de su marido, cuya ilimitada amabilidad alcanza para que le pague el predial con su dinero. Finalmente, como la más reciente perla de este interminable rosario, recién se develó que la tesis de licenciatura del jefe del Ejecutivo, contiene párrafos copiados fielmente de otros textos, lo que aquí y en Corea del Sur se define como plagio.

Pero, a diferencia de lo ha sucedido en ese país asiático, en México el umbral de la vergüenza no ha alcanzado para una renuncia y, menos aún, para activar al Poder Legislativo y a la justicia, como sí está ocurriendo en Brasil. Las cosas se han pretendido resolver con polvo de olvido, argumentos legaloides, que no legales y explicaciones inverosímiles que, además de retar a la inteligencia del ciudadano, lo ofenden porque suenan a burla y porque es un espectáculo que, ante los ojos externos, degrada al País.

En resumen, Corea del Sur ha ido construyendo su futuro a partir de una visión y de proyecto de nación. Los escenarios podrán hacerla realizar ajustes sobre la marcha, pero no pierde la brújula de lo que desea lograr. Su situación actual no obedece a un golpe de suerte sino al trabajo acumulado de muchos años, al liderazgo de una clase empresarial pujante y a una democracia eficaz porque ha servido de medio para elevar su estándares sociales, económicos, culturales y deportivos, y donde la clase política se subordina a las exigencias populares.

En el caso de México, no es sólo la comparación con Corea del Sur lo que debe preocuparnos, sino también la relación entre el potencial que tenemos y lo que hemos podido lograr, aunado a las oportunidades irrepetibles que se nos han ido entre las manos, como en su momento fue el petróleo. Riqueza que, literalmente, brotó de nuestro suelo.

Carecemos de visión y proyecto. Vivimos a expensas de la codicia y de un oportunismo de cortísimo plazo, donde la mediocridad campea, con honrosas excepciones, en los medios: político, cultural, deportivo y empresarial. Ingenuos seríamos, si creemos que puede haber un proyecto deportivo, cuando no tenemos uno de nación.

En México, se puede hacer mucho dinero, como atestigua la riqueza de quienes aparecen listados en Forbes. Pero hacer dinero en lo individual no implica por necesidad crear riqueza para el País, sobre todo porque el pastel –la economía– es sólo uno y cuando éste no crece, como ha sido el caso, significa que si unos comen más es porque otros están comiendo menos. Tampoco la visión y el empuje empresarial pueden sustituirse por el enchufe, los arreglos tras bambalinas y el amigo que sirva de guarda espalda, sino es que de cómplice, testaferro o limpiador de porquería.

Escribió Nietzsche³ que: “No existe desgracia más dura en todo destino de hombre que cuando los poderosos de la tierra no son también los primeros hombres. Entonces todo se vuelve falso, torcido y monstruoso”. ¿Quién puede afirmar que en estos momentos marchan al frente de México aquellos que podríamos calificar como los primeros?

Las preseas olímpicas acumuladas durante decenios no son la suma de casualidades y logros individuales sino el resultado de una visión, liderazgo y de un esfuerzo colectivo tenaz y consistente que no puede sustraerse de la realidad de cada nación. Lo que en nuestro caso, por desgracia, implica que en estos tiempos no estamos, como sucedió en Río, para conseguir muchas medallas.

 

¹ Banco Mundial http://data.worldbank.org/country

²International Transparency http://www.transparency.org/

³Así habló Zaratustra, Nietzsche Friedrich.

Los 80,000 dólares de Calderón y las “pensiones expresidenciales”

Pensiones expresidenciales

Calderón cotizó en el ISSSTE poco más de quince años. Aun así, y pese a contar con sólo 50 años de edad cuando terminó su sexenio, cada mes recibe del erario –y así lo hará de manera vitalicia– un pago de $205,000 que corresponde al sueldo de un secretario de Estado. A este beneficio, se añaden los seguros de vida, gastos médicos y atención gratuita en los hospitales militares para él y su familia, pago de predial, luz, agua, teléfonos, oficinas, viajes, más un séquito de empleados administrativos y militares que puede llegar a 427*.

La comparación de este privilegio cuasimonárquico del que disfrutan los expresidentes mexicanos, con las pensiones a las que pueden acceder los miles de servidores públicos y los millones de trabajadores afiliados al IMSS, resulta ofensiva.

A diferencia de Calderón, quienes cotizan en el IMSS o en el ISSSTE necesitan, para lograr la pensión máxima posible, haber trabajado 30 años, es decir el doble de años de los que necesitó el expresidente y tener 65 años. Pero, en contraste con los expresidentes, esto apenas les da derecho a recibir una pequeña fracción de su último sueldo, por lo que, en muchos casos, aun cumpliendo con todos los requisitos, se debe posponer la fecha de retiro, porque haría imposible mantener un nivel de vida digno.

Los pagos mensuales que reciben los expresidentes no están condicionados a la posibilidad de que obtengan otros ingresos por actividades como: participaciones en consejos de administración, conferencias, consultoría, etc. y, tampoco al monto que alcance su patrimonio y el de su cónyuge al momento de dejar la presidencia de la República.

Por tanto, un expresidente puede estar apto para ganarse la vida o gozar de una cuantiosa fortuna, aun así, los contribuyentes deberán mantenerlo a él, a su familia y arroparlo con decenas de empleados, como, de no cambiar las cosas, ocurrirá con Peña Nieto y su mujer, a quienes, pese a sus bienes personales y haber cotizado sólo seis años en el ISSSTE, deberemos mantener hasta el final de sus días. Además de erigirle con recursos públicos, una estatua para que adorne la Calzada de los Expresidentes en Los Pinos, que mandó construir López Portillo so pretexto de homenajear a sus antecesores, cuando en esencia, por anticipado, ordenó el suyo.

Peor aún; si los ciudadanos resienten como consecuencia de los avatares de la economía nacional: recortes presupuestales, mayores impuestos, menos deducciones fiscales y oportunidades de empleo más escasas, los expresidentes pueden estar tranquilos, porque la partida destinada a transferir recursos públicos a su bolsillo está exenta de reducciones.

Recientemente, la empresa Iberdrola designó a Calderón como consejero de su filial Avangrid, por lo que recibirá anualmente la cantidad de $80,000 dólares, que es lo que paga a los miembros de su consejo. Es claro, que este nombramiento no se da por el know how que el expresidente pueda aportar a Avangrid, sino por su know who. Es decir, los españoles no buscan abrevar de sus conocimientos de la industria energética, que no deben ser muchos porque su gestión al frente de la Secretaría de Energía duró menos de un año, sino beneficiarse de sus relaciones y contactos en el medio político y en las administraciones federal, estatales y municipales, para abrir puertas y obtener información veraz de primera mano.

Todo lo anterior debe hacer cuestionarnos, y más porque los contribuyentes pagan la factura: el monto, la pertinencia, la legalidad y, sobre todo, la proporcionalidad de esos ingresos y privilegios garantizados de por vida que se les dan a los expresidentes, considerando las condiciones que aplican al resto de los mexicanos que, por cierto, una buena parte ellos no tiene ninguna posibilidad de pensión, mientras que aquellos que empezaron a cotizar a partir de la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro, sólo podrán aspirar a pensiones que apenas pasarán de tres salarios mínimos. ¡Claro, después de haber pagado onerosas comisiones a sus sendas AFORES por dejarlas lucrar con sus mínimos ahorros!

¿No es una injusticia que se le otorgue un pago vitalicio de casi el 100% de su último ingreso a los expresidentes, cuando los servidores públicos y afiliados al IMSS deben trabajar 30 años y alcanzar los 65 para apenas obtener una fracción mínima de su último ingreso?

¿Por qué, como sí se hace con los derechohabientes del ISSSTE, la pensión de los expresidentes no se calcula sólo sobre su sueldo base ($40,766) y no con base en la compensación total que recibe un secretario ($205,000)?

¿Al recibir del erario Federal un pago mensual que no está formalizado como una pensión, se debe considerar a los expresidentes como servidores públicos, por lo que como tales deberían presentar sus declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses?

¿Acumulan como ingresos para fines fiscales, el pago de predial, luz, agua, teléfono, oficinas, etc. que cubren con recursos del erario?

¿Es un conflicto de intereses que un expresidente reciba recursos de erario y trabaje para empresas privadas?

Si bien hay razones de seguridad para asignarles personal militar, ¿cuál es la justificación para pagar con recursos públicos una abultada nómina de empleados administrativos, que muy probablemente atienden cuestiones personales y domésticas? Por ejemplo, los que tiene Calderón, ¿trabajan para él o para su esposa?, ¿sería legal que ésta los utilizara para su precampaña?

¿No es un conflicto de intereses que los pagos a los expresidentes se hayan establecido través de acuerdos no publicados en el Diario Oficial y de dudosa legalidad que, en esencia, significan que ellos mismos, sin ningún contrapeso, se fijaron su propia retribución y una larga lista de prebendas injustificables?

¿Deberían los presidentes de la República pagar una cuota mensual por los alimentos y servicios personales que en Los Pinos reciben él, su familia y sus invitados personales?, ¿deben estos gastos, que no están vinculados al ejercicio de su cargo, recaer en el contribuyente?

¿Han evitado la corrupción, las pensiones  y privilegios paradisiacos de los que disfrutan los exmandatarios?

El avance democrático del País obliga a legislar sobre las pensiones a los expresidentes, los apoyos que reciben y su manutención mientras habitan en Los Pinos. Los beneficios de los que disponen actualmente son un oneroso resabio de una presidencia imperial, abusiva y tramposa. Ya se logró acabar con la partida secreta que era la caja chica del mandatario en turno, toca ahora modificar los pagos y las prebendas que se han asignado en demasía, los mismos que las disfrutan.

*Villanueva Villanueva Ernesto, Nucci Gonzáles Hilda. Las pensiones expresidenciales, Rc et Ratio, Año 6, Vol. VI, Enero – junio 2013. México

 

¿Quién jalará de la cadena?

Escusado 2

Hace casi dos mil años, Tácito, historiador y senador de la antigua Roma, observó que entre más corrupto era un Estado más leyes requería. Afirmación que comprueba el caso de México; llevamos años legislando para evitar la corrupción, sin que hayamos podido atajarla.

¿Cuál es la razón de este círculo perverso donde la persistencia de la enfermedad da lugar a una incesante producción de nuevas medicinas que no se utilizan, como si se tratara de un obeso que, cada vez que lee su peso en la báscula, sale a comprar libros de dietas y aparatos de ejercicios que nunca utilizará?

La explicación es muy simple; la aplicación y el respeto al orden jurídico, desde la Constitución hasta el menor de los ordenamientos, no forma parte de nuestras convicciones. Y, ciertamente, no es un valor que nutra y se manifieste a lo largo y ancho de la estructura del Estado. La forma cómo funcionan las instituciones es, en cada país, la expresión tangible de sus valores sociales.

Una ley, por excelente que sea su redacción y solidez jurídica, no materializa los valores que la inspiraron hasta que se aplica. Mientras esto no suceda es mera aspiración; una raya en el agua.

Quienes en los ámbitos público y privado han medrado a costa de los recursos del erario, —es decir, los de todos—, cometieron delitos que largo tiempo han estado presentes en la legislación penal mexicana. Leyes y delitos suelen tener la misma edad. Los delincuentes no aprovecharon lagunas legales. Están libres porque ninguna autoridad se dio a la tarea de investigar, porque no hubo quien apretara el botón o porque muchas manos cómplices impidieron que eso ocurriera, pese al lucimiento ofensivo de fortunas y formas de vida, imposibles explicar con el salario de un burócrata, así fuere el de mayor jerarquía.

La impunidad reitera hasta la saciedad que violar la ley resulta gratis y abona el terreno para que se propague como la mala yerba. Más aún, en una sociedad desmemoriada, donde no se excluye al corrupto, porque el dinero y la conveniencia enderezan, abrillantan y convierten en perfume hasta la peste más intensa.

El Sistema Nacional Anticorrupción constituye la fase más reciente de un enfoque que considera que la corrupción se debe a la falta o a la imperfección de las leyes y no a la nula voluntad para aplicarlas. En México, hacer leyes suple la falta de acciones y resuelve, en el papel, todo tipo de problemas.

Ciertamente, la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas representa avances importantes con respecto a la anterior. Sin embargo, una de sus principales innovaciones, la obligación de hacer públicas las declaraciones, patrimonial y de intereses, no prosperó, porque encontró en el Congreso una férrea oposición. Unas cuantas decenas de dedos serviles levantados, contaron más que los miles de manos que firmaron la iniciativa ciudadana 3 de 3.

Lo que en esencia se perdió al impedir la publicación de ambas declaraciones fue la posibilidad de que la sociedad supervisará a los servidores públicos sin que mediara ninguna instancia, que a la postre, como desafortunadamente ha ocurrido, sirva de tapadera sino es que de cómplice por omisión. Caso en el que están muchas áreas de acceso a la información a la pública, que obstaculizan y dificultan su entrega con el afán de proteger al titular y hacer desistir al solicitante.

La declaración de intereses tiene un carácter preventivo, porque permite detectar la posibilidad de un conflicto de intereses antes de que un servidor público inicie su gestión. Casos como la designación del desarrollador Simón Neumann, al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el gobierno de la Ciudad de México no hubiera prosperado, porque con seguridad, su senda declaración de intereses al ser pública, hubiera dejado claro la alta probabilidad de que su gestión como servidor público lo colocaría, más temprano que tarde, en una situación de conflicto de intereses dada su carrera en el sector inmobiliario. Obviedad que en su momento Mancera rechazó, aduciendo además que lo conocía de muchos años. ¡Al chile; picante!

La declaración patrimonial tiene un carácter de control ex post. Es decir, es una especie de báscula donde se pesarán los servidores públicos cada mes de mayo y, sobre todo, al momento de su salida. Así, un funcionario deshonesto que fue suficientemente listo para no ser detectado cuando delinquió, sería eventualmente identificado al momento de presentar su declaración patrimonial. Siempre y cuando su habilidad para apropiarse de lo ajeno, no le hubiera alcanzado para maquinar cómo y dónde esconderlo.

¿Quién hacer sonar la campana?

Es claro que la publicación de ambas declaraciones hubiera dado a la ciudadanía, la posibilidad de dar la voz de alarma. Sin embargo, esto quedó donde siempre ha estado, en la propia estructura del servicio público. ¿Ahora sí investigarán los subordinados a sus jefes?, ¿el dictamen del Secretario de la Función Pública sobre la “casa blanca” sería ahora diferente?

Si la impunidad reiterada abona favor de la corrupción, la aplicación ciega, categórica y sistemática de la ley es lo único que puede eliminarla. La honestidad es una conducta aprendida y la mejor manera de inculcarla es penalizando públicamente a quienes no la demuestren.

Bien por el grupo que promovió con su empuje, talento y conocimientos, un marco jurídico más robusto para abatir una de las peores taras que gravitan sobre las espaldas del pueblo mexicano como es la corrupción, pero seamos claros; no hay excremento que vaya al lugar que le corresponde si no hay quien jale de la cadena.

Aquí manda Don Dinero

 

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El primero de junio, un grupo de vecinos sostuvo una reunión con Xochitl Gálvez, delegada de Miguel Hidalgo, para manifestarle sus preocupaciones respecto a la desforestación de un terreno propiedad de Cervecería Modelo, que ésta utilizará para el estacionamiento de sus camiones.

Durante la reunión que fue trasmitida por Periscope, la funcionaria hizo varias afirmaciones sobre las que vale la pena reflexionar.

“La Cervecería Modelo está ahí desde hace noventa años”

Por sí mismo esto no le otorga a la empresa ningún derecho sobre los que tienen sus vecinos, ni la exime de adaptarse al desarrollo de la Ciudad, como lo hemos tenido que hacer todos. Miles de vecinos llegamos a nuestras colonias antes que los restaurantes, centros comerciales, escuelas, edificios de oficinas, ejes viales, etc. y no ha habido más remedio que ajustarse a una transformación que, ciertamente, hubiéramos deseado que ocurriera de otra manera. Pero haber intentado impedirla, argumentando que llegamos primero, hubiera sido tan eficaz como pedir limosna en el desierto.

Aunque por fortuna, la paciencia de la ciudadanía para aceptar las transformaciones de su entorno está llegando a su límite, como lo demuestran los cientos de agrupaciones que se han creado, formal e informalmente, para defenderse de una autoridad que, en teoría, debería tutelar sus derechos, pero que en buena cantidad de casos actúa en sentido contrario y con un tufo de deshonestidad.

Cervecería Modelo debe aceptar que su libertad para hacer en su predio lo que le plazca, termina donde empieza el derecho de sus vecinos. Es válido que éstos se preocupen al ver la tala de árboles y que, en su lugar, se pongan los tubos de escape de decenas de camiones cuyos gases se incorporarán de inmediato al aire. Sólo un ingenuo, como quien llama “parque lineal” a un camellón, creería que esto se puede evitar con muros verdes y arbolitos recién sembrados.

El carácter privado de una propiedad no exime a su dueño de cumplir con las leyes ambientales. Si el predio de Modelo se usa como estacionamiento de camiones y esto afecta de manera ostensible la calidad del aire, claramente se está fuera de la ley, por lo que corresponde a la autoridad actuar o, en su caso, a la empresa resolverlo de una manera eficaz.

“Ustedes se fueron a vivir a una zona industrial”

Me parece incorrecto el argumento, porque quienes viven en esas colonias no son paracaidistas que se apropiaron de terrenos baldíos, sino que adquirieron casas y departamentos cuya construcción fue autorizada por el Gobierno para fines habitacionales.

Quizá por no ser oriunda de la Ciudad de México, la señora Gálvez no está familiarizada con su desarrollo urbano y por ello hace esa afirmación.

Durante buena parte del siglo pasado, la ubicación de las industrias que se fueron creando, no se hizo con base en una zonificación preestablecida, como sucedió más tarde. Quizá, el factor determinante era situarse en “las afueras de la Ciudad” donde había terreno de sobra y, de preferencia, hacerlo cerca de la vía del ferrocarril.

Cervecería Modelo se situó en una i griega formada por el río San Joaquín, todavía no entubado, y las vías del ferrocarril de Cuernavaca. Tan no estaban definidas las zonas industriales, que a poca distancia de ahí se construyó en esa época el Sanatorio Español, como se observa al fondo de la fotografía que está al principio de esta nota.

El ferrocarril México – Cuernavaca favoreció la instalación de otras empresas a lo largo de su recorrido por la Ciudad. Por ejemplo, las cementeras y asbesteras en Pedro Antonio de los Santos, la General Motors en Ejército Nacional, Modelo y Chrysler (Automex) en Lago Alberto, y otras empresas por esa zona como: Hulera Euzkadi (propiedad de socios fundadores de Modelo), Colgate y General Popo.

La ausencia de una planeación urbana, aunada a un crecimiento demográfico explosivo de la capital, que sobrepasó el 5% anual durante muchos años, provocó que los asentamientos humanos, rodearan instalaciones que en su tiempo estuvieron aisladas de zonas habitacionales; aeropuerto, panteones, plantas industriales, etc.

Este fenómeno se aprecia en siguiente foto que fue tomada en 1962, un año antes de que naciera la señora Gálvez, donde enfrente de la Cervecería Modelo, a un costado de río San Joaquín, se observa una densa zona habitacional, mientras que en la parte opuesta empezaba a aparecer lo que hoy es la colonia Dos Lagos.

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En esa zona, como en otras de la Ciudad, la urbanización orilló a muchas empresas a mudarse porque limitaba sus operaciones e impedía físicamente la posibilidad de expandirse. De hecho, Cervecería Modelo es una de los pocas que aún se mantiene ahí.

Cabría preguntar, ¿cuánto paga Cervecería Modelo por metro cúbico de agua?, para conocer si entre los factores que han influido para prolongar su permanencia en esa zona de la Ciudad, está, además de la proximidad con el mercado, alguna ventaja respecto al costo y disponibilidad de este insumo.

La capacidad instalada de Cervecería Modelo en la Ciudad de México equivale al 20% de su capacidad total, lo que en teoría implica un consumo anual de agua equivalente a 4.6 millones de metros cúbicos, lo que serviría para abastecer 38,000 hogares durante ese lapso.

Dada la escasez de agua en la Ciudad de México, el elevado costo que se paga para transportarla desde otras entidades y el hundimiento del suelo que provoca su extracción, dicha comparación puede servir para debatir desde un punto de vista ambiental, la conveniencia de mantener dentro del área urbana, industrias intensivas en el uso de agua. Más aún, si cuentan con pozos activos. Temo que el principal impacto ambiental de Modelo en la Ciudad de México no sean los gases que lanzan sus camiones sino el agua que chupa del subsuelo.

“Si tuviéramos cien millones de dólares”

Esta es la frase que más me impactó de la reunión, porque sintetiza cómo los habitantes de la Ciudad de México somos rehenes de un poder económico incontrolable, una versión diáfana del capitalismo salvaje, que tiene la capacidad de moldear a su conveniencia el desarrollo urbano de la capital para maximizar sus rendimientos financieros, ante un Gobierno débil que es incapaz de proteger el interés de la ciudadanía y, en especial, el hábitat de la presente y futuras generaciones.

La señora Gálvez dice que necesita tener dinero para comprar un terreno para un parque. ¿Por qué comprar, si se puede expropiar por causa de utilidad pública? ¿Por qué el Gobierno debe jugar en el mercado como un agente más, como si fuera una asociación civil de una liga de mascotas en busca de un campo de entrenamiento, cuando es quien representa al pueblo y debe construir el futuro de la ciudad?

Expropiar no quiere decir que deje de pagarse lo que sea justo, lo cual podría hacer el Gobierno de la Ciudad mediante mecanismos financieros que permitieran cubrir el costo a plazos. Quizá con la emisión de deuda para este fin específico.

Pero el principal el obstáculo, no sería pagar el precio justo al actual propietario, la oposición vendría por parte de los desarrolladores, porque no podrían multiplicar varias veces ese precio, construyendo torres y centros comerciales. En esencia, la construcción es un negocio financiero. Ellos hablan de la potencialidad económica de los terrenos que trafican, los ciudadanos hablamos de las externalidades negativas que sus edificaciones producen.

¿Cuánto hubieran dejado de ganar si el terreno de la General Motors se hubiera expropiado a un precio justo para convertirlo en un parque público? Seguramente, mucho menos de lo que habría mejorado la calidad de vida de los habitantes que viven en las zonas contiguas, aunado al beneficio de reforestar un área extensa y de que la zona no tendría los problemas de congestión que tiene actualmente y que son la pesadilla de sus habitantes, incluso de quienes ahí trabajan o visitan edificios “inteligentes”.

Abrir espacios públicos no es una cuestión estética, sino que está relacionado con la calidad de vida, porque ésta se reduce cuando se vive en lugares donde se suceden decenas de kilómetros cuadrados de calles acotadas por construcciones. Por eso, en la pasada conferencia Habitat III, celebrada en Barcelona, los especialistas hicieron una enérgica recomendación a los gobiernos locales para que abrieran espacios públicos.

Si eventualmente los terrenos de Cervecería Modelo se expropiaran y convirtieran en un parque, se daría un respiro a una zona cuya densidad de población ha crecido de manera explosiva y que no dispone de espacios abiertos. Pero esto hace indispensable un gobierno visionario que tenga el bien ciudadano como referencia y no el rendimiento financiero de los desarrolladores.

La moratoria que piden los vecinos de la Colonia Granadas, y que bien puede repetirse en muchas otras colonias de la Ciudad, que están hartas de padecer un urbanismo que depreda su entorno, es un claro reclamo para que el Estado actúe como tal y no siga permitiendo que el poder económico, sea quien determine como se desarrolla la Ciudad a costa de la calidad de vida de sus habitantes.

Desafortunadamente, no podemos ser optimistas. Los reiterados intentos para concesionar terrenos públicos (Corredor, Rueda de la fortuna, Cetram) para el lucro privado, dejan claro que, aunque haya gobierno, aquí manda Don Dinero.