La corrupción mata, pero no muere

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El carácter endémico que tiene la corrupción en la vida del País nos ha hecho cínicos. La vemos a diario en muchas facetas y ámbitos de la vida nacional; se practica al mayoreo y al menudeo. “Qué quieres, estamos en México”, nos decimos entre resignados o quizá esperanzados de que algún día también nos beneficie; “ya ves, todos lo hacen”, “es lo que lubrica el sistema”, “de que te lo lleves tú, a que se lo lleve otro”, “no pagues impuestos; pa’ que se los roben”.

Racionalizar lo indebido es actividad prolífera en justificaciones que nos atascan en el pantano. Así, los objetivos de muchas leyes redactadas para hacernos avanzar se cumplen a medias debido a la corrupción; tan pronto damos un paso para adelante, retrocedemos medio para atrás, en la medida que sus flamantes artículos representan más opciones para pedir u ofrecer dinero a cambio de violarlos o evadirlos.

Como sociedad asumimos que la corrupción es inocua, gratuita y que, como si fuera un catarro, podemos en nuestra vida diaria sobrellevar sus molestias o beneficiarnos de ella, hasta que de manera inesperada y trágica se nos revelan sus consecuencias más extremas: muerte y destrucción. No existe el autoengaño sin fecha de caducidad.

Con seguridad, las razones que determinaron la muerte y lesiones de muchas personas, los derrumbes de inmuebles y las pérdidas patrimoniales que han llevado a la quiebra a cientos de familias, fueron la mercancía que se negoció en actos de corrupción; pisos de más, varillas de menos, materiales de menor calidad, cálculos estructurales ficticios, arreglos cosméticos para disfrazar los daños de edificios dañados en 1985, cambios tramposos e ilegales en el uso del suelo, inmuebles sobrecargados con antenas, espectaculares, fábricas clandestinas y hasta con un helipuerto. Todo esto, para que no sucediera, está previsto en leyes, reglamentos y normas. Pero, cuando la corrupción prevalece, todo queda sujeto al pago de un precio, lo que vaporiza la certeza jurídica y lleva a muchos ciudadanos a invertir tiempo, dinero y esfuerzos para defenderse de los actos de quien debería protegerlos: el Gobierno.

¿Cuánto se habrá pagado para ignorar o aprobar lo que segó la vida de los niños que aguardaban a sus padres para salir de la escuela, o la de aquellas obreras que ganaban un sueldo miserable en una fábrica que operaba en un edificio hecho para oficinas?, ¿cuánto se repartió entre inspectores que no veían y burócratas que firmaban a gusto de quienes les untaban la mano? Insisto, el verdadero costo de la corrupción no es la mordida sino lo que esta deja torcido.

Quienes en los ámbitos público y privado lucraron con las razones que provocaron la muerte y las lesiones de cientos de personas y la quiebra de miles de familias, tienen en su bolsillo dinero ensangrentado que no obtuvieron por su talento y esfuerzo, sino por la carencia más absoluta de principios éticos y responsabilidad con sus semejantes. No deben sentirse orgullosos del techo donde viven con su familia, ni de lo que a diario ponen sobre la mesa, ni de la vida que llevan y menos de un supuesto éxito profesional. Ganar dinero a costa de la sangre, el dolor y la miseria de otros es una infamia que no puede quedar impune.

Por ello, la reconstrucción de edificios derrumbados o dañados debe empezar por elaborar y divulgar peritajes forenses que señalen las razones que explican los siniestros. Esto, como sucedió en temblores pasados, permitirá aprender y prevenir las consecuencias de fenómenos naturales, que, aun siendo impredecibles, sí pueden imaginarse y simularse mediante modelos matemáticos.

Pero estos dictámenes, también deben servir para deslindar responsabilidades y, en su caso, presentar a los presuntos responsables ante la justicia para que paguen por sus acciones u omisiones. De lo contrario, en el implacable discurso de los hechos, seguiremos reiterando que violar la ley no tiene ninguna consecuencia, en beneficio de un círculo perverso donde la impunidad del presente sirve de abono a la corrupción del mañana.

Sospechoso que el gobierno de la Ciudad haya impedido, al cerrar parcialmente la página de SEDUVI, acceder a elementos vitales para indagar sobre los inmuebles derrumbados y dañados, y sus sendos directores responsables de obra. Quien impide esclarecer un crimen es tan culpable como aquel que lo comete y, más aún, hace pensar que la evidencia que esconde delataría su complicidad desde el principio

El sismo con su cauda de muerte y destrucción irrumpió en el festín inmobiliario que el gobierno de Mancera ha prohijado y consentido sin ningún disimulo desde el día uno de su mandato, cuando, en un claro conflicto de interés, nombró a su amigo y desarrollador, Simón Neumman, como el primer titular de la SEDUVI, lo que equivalió a una declaración de intenciones que en sus cinco años de gobierno se ha ido materializando en hechos que han beneficiado el negocio inmobiliario. Por ejemplo: en burbujas especulativas en zonas seleccionadas por su valor comercial, en la creación de Sistemas de Actuación por Cooperación, que suman más 1,500 hectáreas, incluyendo el Bosque de Tarango, para darle la vuelta a los programas delegacionales y empaquetar una serie de beneficios a favor de la rentabilidad inmobiliaria, en la suspensión de varios artículos del Reglamento de Construcciones apenas cinco meses después de publicado, en la incorporación de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios a las tareas de reconstrucción y, como la cereza del pastel, en una iniciativa de Ley de Reconstrucción donde, entre otras cosas, se autoriza a priori el incremento de alturas, una mayor densidad y, sin importar su legalidad antes del sismo, define como derecho adquirido el número de pisos que tenían los inmuebles derrumbados y dañados.

La reconstrucción de la Ciudad debe pasar, en primer término, por la elaboración de un Programa de Desarrollo Urbano hecho a partir de un análisis profundo de las proyecciones de la dinámica demográfica y económica de la Capital, incorporando en él, las lecciones del último sismo, las voces de expertos independientes y de la ciudadanía, y sobre todo, con base en un verdadero atlas de riesgos elaborado por expertos y conocido por todos. En este sentido, el mayor favor que puede brindarle Mancera a los capitalinos es hacerse a un lado. Nos merecemos ver al futuro desde otras perspectivas que no sean el interés a ultranza por la rentabilidad inmobiliaria. Nos merecemos imaginar el porvenir sin más atadura y compromisos que el bien común de las generaciones presente y futuras.

Tener claro hacia dónde debemos dirigirnos debe ser la base para revisar el mazacote jurídico que norma el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México. Leyes y normas en materia urbana deben ser un instrumento del Programa de Desarrollo Urbano, y no, como ocurre ahora, un entramado que facilita los negocios inmobiliarios a costa del interés común y bendice como legal aquello que claramente no lo es.

Reconstruir exige que esa solidaridad social que desinteresada y con energía aflora ante los siniestros, no mengüe y que asuma un carácter proactivo y constante para evitarlos y minimizar sus daños. Si la sociedad civil fue capaz de encabezar los esfuerzos de salvamento, debe hacer lo mismo para evitar que la corrupción, la impunidad y la opacidad vuelvan a segar vidas y destruir patrimonios. Siempre será mejor que muros y techos no se caigan, que realizar esfuerzos sobre humanos para salvar a los sobrevivientes. Siempre será mejor levantar la voz y actuar cuando se advierte un acto de corrupción, que bajar la cabeza y callar. La corrupción ha matado y seguirá haciéndolo, porque la hemos dejado vivir. Entendamos, es ella o nosotros.

 

El trato

Portada El trato

SINOPSIS

El trato es un cuento sobre la codicia, cuyo telón de fondo es la corrupción inmobiliaria de la Ciudad de México.

Dos familias ingenian una fórmula para lograr, al filo de ley, un beneficio financiero. La ambición por lo material las lleva, en especial a una de ellas, a guardar sus valores en el cajón, su mirada se hace selectiva y pasan por alto diferencias sociales que, en circunstancias normales, no hubieran franqueado.

El trato expone a la corrupción como un comportamiento perverso que se manifiesta con creciente audacia; empieza por poco para seguir con metas más ambiciosas. Incurrir en ella como un modus vivendi, se acepta como algo normal y no se limita solo a cuestiones de negocios, sino que puede trasladarse con facilidad a las relaciones de amistad y familiares. Por lo general, los corruptos suelen serlo a 360 grados.

La corrupción coloca a los protagonistas de El trato en un terreno fangoso, delimitado por referencias borrosas, que se evidencian cuando algunos empiezan a considerar demasiada cara su aportación, mientras que otros, intentan ejercer derechos que asumen haber adquirido.

El trato describe como los intereses personales terminan por resquebrajar lo que se suponía una complicidad a toda prueba. En el pantano de la corrupción, la lealtad es solo una quimera que durará tanto como tarde el traidor en mudar de disfraz.

El trato se puede encontrar en https://t.co/ma49SRXQQA

 

En lo obscurito, el bien público se ve como privado

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Una de las primerísimas decisiones de Mancera al asumir el cargo de jefe de Gobierno fue nombrar a Simón Neumman, desarrollador y su amigo personal, como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo que, al margen del obvio conflicto de intereses que por partida doble entrañó esa designación; cuate y constructor, puso de manifiesto con claridad meridiana, que uno de los principales objetivos de su gestión sería impulsar, a cualquier precio, el negocio inmobiliario.

A lo largo de los cinco años de su gobierno, ese propósito se ha hecho palpable en muchas zonas de la Ciudad que se han transformado como consecuencia de una intensa y caótica actividad inmobiliaria; una autentica burbuja especulativa cuyo objetivo principal es maximizar ganancias en el menor tiempo posible, sin considerar las consecuencias a corto y mediano plazo en la disponibilidad de servicios, en el tráfico vehicular y en la contaminación.

La contraparte de esta actividad invasiva que ha desquiciado barrios, calles y, en muchos casos, desplazado a sus residentes, ha sido la creación de una buena cantidad de organizaciones ciudadanas ―formales e informales—, que se establecen con el objetivo de defenderse de un acto de la autoridad, porque suele ocurrir que el desarrollador actúa coludido con esta, al amparo del galimatías legislativo que regula la actividad inmobiliaria en la Ciudad de México y que hace posible legalizar e ignorar hasta las violaciones a la ley más evidentes y absurdas. Basta ver cómo, a través de la denominada “transferencia de potencial”, el aire que está arriba de un edificio se materializa, sí leyó bien, se materializa en pisos de varilla y concreto que se construyen en otro inmueble, para que este pueda superar la altura permitida en una determinada zona. No se diga de otras figuras como los sistemas de actuación por cooperación, que resultan poderosas herramientas para darle vuelta a la ley y enderezar hasta lo más chueco.

Destaca en esta vorágine inmobiliaria una veta de negocios donde el Gobierno vende, concesiona o aporta a una empresa privada o a un fideicomiso privado inauditable, terrenos que pertenecen a la Ciudad. Por ejemplo, esto sucede con los inmuebles que forman parte del patrimonio de la capital y que están dentro de las más de mil doscientas hectáreas* que abarcan los “Sistemas de Actuación por Cooperación”. Otro ejemplo, es el Centro de Transferencia Multimodal de Chapultepec, donde se concesionó por cuarenta años una porción de terreno público a cambio de la construcción de un túnel. Y, más recientemente, otro caso interesante es la aportación de terrenos propiedad de la Ciudad a valor ¡“social”! para llevar a cabo proyectos de vivienda que, en teoría, beneficiarán a los trabajadores del Gobierno capitalino, lo que obliga a preguntar si ¿quienes compren esos inmuebles los revenderán también a valor social?

Sin embargo, esa veta de negocios que funde bienes públicos con negocios privados no solo se ha usado en las cuestiones inmobiliarias, sino que se ha extendido a otros ámbitos como: los bajo puentes para el establecimiento de negocios; las paredes de los pasos a desnivel y las columnas del segundo piso para colocar anuncios. Qué ingenuo resulta recordar, cuándo los gobiernos anteriores se empecinaban en eliminar la publicidad exterior para reducir la contaminación visual, término que no existe en el diccionario del actual.

El Metrobus es otro caso interesante donde la rentabilidad de un negocio privado depende de la aportación de bienes públicos, porque con cargo al erario se construyen: las estaciones, la superficie de rodamiento y los espacios publicitarios que después serán concesionados a privados para su explotación comercial.

Al revisar estos casos donde se funden un patrimonio público con uno privado se pueden identificar varios denominadores comunes.

Los bienes de todos en manos de la voluntad de unos

Pese a que estas operaciones significan negociar bienes públicos valuados en miles de millones de pesos y, en algunos casos, concesionarlos por varios decenios, la mayoría de ellas se llevan a cabo con la sola firma de funcionarios colocados en el segundo y tercer nivel de la estructura burocrática del gobierno de la Ciudad. Curiosamente, estos no podrían hacer lo mismo para comprar bienes o contratar servicios por montos equivalentes al valor de los bienes públicos que concesionan o aportan a privados, porque la Ley de Adquisiciones no se los permitiría.

¿Dónde está el fiel de la balanza?

No existe un protocolo, donde sea obligatorio que un tercero revise si la contraprestación pactada es justa para el erario de la Ciudad y si guarda equilibrio con los beneficios que recibe el concesionario que explota comercialmente un bien público. Mi sospecha es que lo que gobierna la confección de estos acuerdos es garantizarle al privado una rentabilidad atractiva, sin importar si eso desequilibra la balanza a su favor.  Más aún, si consideramos que el beneficio que recibe el privado, no se limita al bien o servicio concesionado, sino a la patente de corso que, de facto, obtiene para hacer negocio sin ninguna competencia. Esto, en el ámbito del transporte público, ha dado a lugar a rutas que no forman una red interconectada cuya operación esté centralizada para optimizar el uso de recursos y la calidad del servicio.

Por otra parte, este esquema de concesiones, condena a la Ciudad a optar por las soluciones menos eficientes como son los autobuses de combustión interna jalando remolques, cuando desde un punto de eficiencia energética y ambiental, lo recomendable sería recrear una red de tranvías que como la que operó en la Capital durante buena parte del siglo pasado.

Infortunadamente, la solución a uno de los mayores problemas de la Ciudad; el transporte público, queda limitada a lo que pueden aportar los concesionarios; autobuses con la garantía de rutas concesionadas por veinte años e infraestructura construida con recursos públicos; así, sí le entran. ¡Pos cómo no; a ordeñar la vaca, faltaba más!

¿Es la concesión lo que conviene a la Ciudad o es la ocurrencia de alguien para ganar dinero?

El Corredor Cultural(¿) Chapultepec y la Rueda de la Fortuna fueron proyectos impulsados por un afán de lucro que no surgieron de una necesidad de la Ciudad. Por suerte, la acción ciudadana logró detenerlos como mucho esfuerzo. Sin embargo, el filtro debió ponerse en una fase mucho más temprano y no cuando ya parecían inminentes. Antes de establecer acuerdos e iniciar negociaciones con privados, lo que debe quedar claro es si para la Ciudad la aportación o concesión de un bien público es la solución más conveniente para resolver un problema o mejorar el funcionamiento de la capital. Por ejemplo, esto no queda claro en el caso los parquímetros, cuya concesión implica de facto la explotación de la vía pública, como también sucede con los establecimientos que se están poniendo en los bajo-puentes de vías rápidas y con la explotación para fines publicitarios de los puentes y columnas de periférico. ¿La ciudad necesita y se beneficia con esto?

Para ordenar y transparentar la venta, aportación y concesión de bienes inmuebles propiedad de la Ciudad, un grupo de ciudadanos propusimos que en la Constitución de la Ciudad de México en el artículo correspondiente al “Patrimonio de la Ciudad”, se incluyeran un par de párrafos que hicieran explícita la definición de su patrimonio inmobiliario, porque este es, en una urbe tan densamente poblada como la Capital, la joya de la corona.

  1. El patrimonio inmobiliario de la Ciudad lo integran: el espacio público, incluyendo en éste las áreas de protección ambiental, los terrenos y edificaciones propiedad del gobierno, y las obras de infraestructura urbana que se han construido con recursos del erario.
  2. El Congreso de la Ciudad legislará para que la gestión, control, acrecentamiento, permuta, concesión, arrendamiento y desincorporación del patrimonio inmobiliario sean actividades beneficiosas para la Ciudad en términos prácticos y financieros, se realicen con honestidad y transparencia, estén sujetas a un continuo proceso de fiscalización por parte de la Auditoría Superior y se divulguen de manera amplia, suficiente, periódica y sistemática para conocimiento de la ciudadanía.

Desafortunadamente, no lo conseguimos.  Y eso preocupa porque cuando las reglas y fronteras no están claras, hay muchos que allá, en lo obscurito, ven como suyo lo que en realidad es de todos.

* Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad https://contralacorrupcion.mx/inmobiliariamancera/