Los 80,000 dólares de Calderón y las “pensiones expresidenciales”

Pensiones expresidenciales

Calderón cotizó en el ISSSTE poco más de quince años. Aun así, y pese a contar con sólo 50 años de edad cuando terminó su sexenio, cada mes recibe del erario –y así lo hará de manera vitalicia– un pago de $205,000 que corresponde al sueldo de un secretario de Estado. A este beneficio, se añaden los seguros de vida, gastos médicos y atención gratuita en los hospitales militares para él y su familia, pago de predial, luz, agua, teléfonos, oficinas, viajes, más un séquito de empleados administrativos y militares que puede llegar a 427*.

La comparación de este privilegio cuasimonárquico del que disfrutan los expresidentes mexicanos, con las pensiones a las que pueden acceder los miles de servidores públicos y los millones de trabajadores afiliados al IMSS, resulta ofensiva.

A diferencia de Calderón, quienes cotizan en el IMSS o en el ISSSTE necesitan, para lograr la pensión máxima posible, haber trabajado 30 años, es decir el doble de años de los que necesitó el expresidente y tener 65 años. Pero, en contraste con los expresidentes, esto apenas les da derecho a recibir una pequeña fracción de su último sueldo, por lo que, en muchos casos, aun cumpliendo con todos los requisitos, se debe posponer la fecha de retiro, porque haría imposible mantener un nivel de vida digno.

Los pagos mensuales que reciben los expresidentes no están condicionados a la posibilidad de que obtengan otros ingresos por actividades como: participaciones en consejos de administración, conferencias, consultoría, etc. y, tampoco al monto que alcance su patrimonio y el de su cónyuge al momento de dejar la presidencia de la República.

Por tanto, un expresidente puede estar apto para ganarse la vida o gozar de una cuantiosa fortuna, aun así, los contribuyentes deberán mantenerlo a él, a su familia y arroparlo con decenas de empleados, como, de no cambiar las cosas, ocurrirá con Peña Nieto y su mujer, a quienes, pese a sus bienes personales y haber cotizado sólo seis años en el ISSSTE, deberemos mantener hasta el final de sus días. Además de erigirle con recursos públicos, una estatua para que adorne la Calzada de los Expresidentes en Los Pinos, que mandó construir López Portillo so pretexto de homenajear a sus antecesores, cuando en esencia, por anticipado, ordenó el suyo.

Peor aún; si los ciudadanos resienten como consecuencia de los avatares de la economía nacional: recortes presupuestales, mayores impuestos, menos deducciones fiscales y oportunidades de empleo más escasas, los expresidentes pueden estar tranquilos, porque la partida destinada a transferir recursos públicos a su bolsillo está exenta de reducciones.

Recientemente, la empresa Iberdrola designó a Calderón como consejero de su filial Avangrid, por lo que recibirá anualmente la cantidad de $80,000 dólares, que es lo que paga a los miembros de su consejo. Es claro, que este nombramiento no se da por el know how que el expresidente pueda aportar a Avangrid, sino por su know who. Es decir, los españoles no buscan abrevar de sus conocimientos de la industria energética, que no deben ser muchos porque su gestión al frente de la Secretaría de Energía duró menos de un año, sino beneficiarse de sus relaciones y contactos en el medio político y en las administraciones federal, estatales y municipales, para abrir puertas y obtener información veraz de primera mano.

Todo lo anterior debe hacer cuestionarnos, y más porque los contribuyentes pagan la factura: el monto, la pertinencia, la legalidad y, sobre todo, la proporcionalidad de esos ingresos y privilegios garantizados de por vida que se les dan a los expresidentes, considerando las condiciones que aplican al resto de los mexicanos que, por cierto, una buena parte ellos no tiene ninguna posibilidad de pensión, mientras que aquellos que empezaron a cotizar a partir de la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro, sólo podrán aspirar a pensiones que apenas pasarán de tres salarios mínimos. ¡Claro, después de haber pagado onerosas comisiones a sus sendas AFORES por dejarlas lucrar con sus mínimos ahorros!

¿No es una injusticia que se le otorgue un pago vitalicio de casi el 100% de su último ingreso a los expresidentes, cuando los servidores públicos y afiliados al IMSS deben trabajar 30 años y alcanzar los 65 para apenas obtener una fracción mínima de su último ingreso?

¿Por qué, como sí se hace con los derechohabientes del ISSSTE, la pensión de los expresidentes no se calcula sólo sobre su sueldo base ($40,766) y no con base en la compensación total que recibe un secretario ($205,000)?

¿Al recibir del erario Federal un pago mensual que no está formalizado como una pensión, se debe considerar a los expresidentes como servidores públicos, por lo que como tales deberían presentar sus declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses?

¿Acumulan como ingresos para fines fiscales, el pago de predial, luz, agua, teléfono, oficinas, etc. que cubren con recursos del erario?

¿Es un conflicto de intereses que un expresidente reciba recursos de erario y trabaje para empresas privadas?

Si bien hay razones de seguridad para asignarles personal militar, ¿cuál es la justificación para pagar con recursos públicos una abultada nómina de empleados administrativos, que muy probablemente atienden cuestiones personales y domésticas? Por ejemplo, los que tiene Calderón, ¿trabajan para él o para su esposa?, ¿sería legal que ésta los utilizara para su precampaña?

¿No es un conflicto de intereses que los pagos a los expresidentes se hayan establecido través de acuerdos no publicados en el Diario Oficial y de dudosa legalidad que, en esencia, significan que ellos mismos, sin ningún contrapeso, se fijaron su propia retribución y una larga lista de prebendas injustificables?

¿Deberían los presidentes de la República pagar una cuota mensual por los alimentos y servicios personales que en Los Pinos reciben él, su familia y sus invitados personales?, ¿deben estos gastos, que no están vinculados al ejercicio de su cargo, recaer en el contribuyente?

¿Han evitado la corrupción, las pensiones  y privilegios paradisiacos de los que disfrutan los exmandatarios?

El avance democrático del País obliga a legislar sobre las pensiones a los expresidentes, los apoyos que reciben y su manutención mientras habitan en Los Pinos. Los beneficios de los que disponen actualmente son un oneroso resabio de una presidencia imperial, abusiva y tramposa. Ya se logró acabar con la partida secreta que era la caja chica del mandatario en turno, toca ahora modificar los pagos y las prebendas que se han asignado en demasía, los mismos que las disfrutan.

*Villanueva Villanueva Ernesto, Nucci Gonzáles Hilda. Las pensiones expresidenciales, Rc et Ratio, Año 6, Vol. VI, Enero – junio 2013. México

 

¿Quién jalará de la cadena?

Escusado 2

Hace casi dos mil años, Tácito, historiador y senador de la antigua Roma, observó que entre más corrupto era un Estado más leyes requería. Afirmación que comprueba el caso de México; llevamos años legislando para evitar la corrupción, sin que hayamos podido atajarla.

¿Cuál es la razón de este círculo perverso donde la persistencia de la enfermedad da lugar a una incesante producción de nuevas medicinas que no se utilizan, como si se tratara de un obeso que, cada vez que lee su peso en la báscula, sale a comprar libros de dietas y aparatos de ejercicios que nunca utilizará?

La explicación es muy simple; la aplicación y el respeto al orden jurídico, desde la Constitución hasta el menor de los ordenamientos, no forma parte de nuestras convicciones. Y, ciertamente, no es un valor que nutra y se manifieste a lo largo y ancho de la estructura del Estado. La forma cómo funcionan las instituciones es, en cada país, la expresión tangible de sus valores sociales.

Una ley, por excelente que sea su redacción y solidez jurídica, no materializa los valores que la inspiraron hasta que se aplica. Mientras esto no suceda es mera aspiración; una raya en el agua.

Quienes en los ámbitos público y privado han medrado a costa de los recursos del erario, —es decir, los de todos—, cometieron delitos que largo tiempo han estado presentes en la legislación penal mexicana. Leyes y delitos suelen tener la misma edad. Los delincuentes no aprovecharon lagunas legales. Están libres porque ninguna autoridad se dio a la tarea de investigar, porque no hubo quien apretara el botón o porque muchas manos cómplices impidieron que eso ocurriera, pese al lucimiento ofensivo de fortunas y formas de vida, imposibles explicar con el salario de un burócrata, así fuere el de mayor jerarquía.

La impunidad reitera hasta la saciedad que violar la ley resulta gratis y abona el terreno para que se propague como la mala yerba. Más aún, en una sociedad desmemoriada, donde no se excluye al corrupto, porque el dinero y la conveniencia enderezan, abrillantan y convierten en perfume hasta la peste más intensa.

El Sistema Nacional Anticorrupción constituye la fase más reciente de un enfoque que considera que la corrupción se debe a la falta o a la imperfección de las leyes y no a la nula voluntad para aplicarlas. En México, hacer leyes suple la falta de acciones y resuelve, en el papel, todo tipo de problemas.

Ciertamente, la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas representa avances importantes con respecto a la anterior. Sin embargo, una de sus principales innovaciones, la obligación de hacer públicas las declaraciones, patrimonial y de intereses, no prosperó, porque encontró en el Congreso una férrea oposición. Unas cuantas decenas de dedos serviles levantados, contaron más que los miles de manos que firmaron la iniciativa ciudadana 3 de 3.

Lo que en esencia se perdió al impedir la publicación de ambas declaraciones fue la posibilidad de que la sociedad supervisará a los servidores públicos sin que mediara ninguna instancia, que a la postre, como desafortunadamente ha ocurrido, sirva de tapadera sino es que de cómplice por omisión. Caso en el que están muchas áreas de acceso a la información a la pública, que obstaculizan y dificultan su entrega con el afán de proteger al titular y hacer desistir al solicitante.

La declaración de intereses tiene un carácter preventivo, porque permite detectar la posibilidad de un conflicto de intereses antes de que un servidor público inicie su gestión. Casos como la designación del desarrollador Simón Neumann, al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el gobierno de la Ciudad de México no hubiera prosperado, porque con seguridad, su senda declaración de intereses al ser pública, hubiera dejado claro la alta probabilidad de que su gestión como servidor público lo colocaría, más temprano que tarde, en una situación de conflicto de intereses dada su carrera en el sector inmobiliario. Obviedad que en su momento Mancera rechazó, aduciendo además que lo conocía de muchos años. ¡Al chile; picante!

La declaración patrimonial tiene un carácter de control ex post. Es decir, es una especie de báscula donde se pesarán los servidores públicos cada mes de mayo y, sobre todo, al momento de su salida. Así, un funcionario deshonesto que fue suficientemente listo para no ser detectado cuando delinquió, sería eventualmente identificado al momento de presentar su declaración patrimonial. Siempre y cuando su habilidad para apropiarse de lo ajeno, no le hubiera alcanzado para maquinar cómo y dónde esconderlo.

¿Quién hacer sonar la campana?

Es claro que la publicación de ambas declaraciones hubiera dado a la ciudadanía, la posibilidad de dar la voz de alarma. Sin embargo, esto quedó donde siempre ha estado, en la propia estructura del servicio público. ¿Ahora sí investigarán los subordinados a sus jefes?, ¿el dictamen del Secretario de la Función Pública sobre la “casa blanca” sería ahora diferente?

Si la impunidad reiterada abona favor de la corrupción, la aplicación ciega, categórica y sistemática de la ley es lo único que puede eliminarla. La honestidad es una conducta aprendida y la mejor manera de inculcarla es penalizando públicamente a quienes no la demuestren.

Bien por el grupo que promovió con su empuje, talento y conocimientos, un marco jurídico más robusto para abatir una de las peores taras que gravitan sobre las espaldas del pueblo mexicano como es la corrupción, pero seamos claros; no hay excremento que vaya al lugar que le corresponde si no hay quien jale de la cadena.

Cuando la corrupción se legaliza se convierte en metástasis

Como si estuviéramos viendo una película de guerra realizada por los vencedores, a nadie sorprendieron los resultados del informe que presentó Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, sobre los bienes inmuebles que adquirieron el presidente de la República y el secretario de Hacienda, de uno de los principales contratistas del Estado de México y Gobierno Federal.

Pero anticipar el desenlace de una película, más aún si estamos del lado de los vencidos, no evita que al presenciarlo dejemos de sentir frustración por no poder cambiar la historia y, sobretodo, como ocurrió en este caso, una profunda irritación porque se nos plantean las conclusiones como si fuéramos idiotas. Y eso añade sal a la herida.

Este proceso de investigación nació viciado, porque el primer conflicto de intereses que se dio fue dejar en manos de un subordinado valorar la situación legal de su jefe, entre cuyas atribuciones está precisamente la de nombrarlo; designar a los secretarios de Estado sólo compete al presidente de la República.

Lo procedente hubiera sido que una comisión ad-hoc nombrada por el Congreso fuera la responsable de la investigación. Sin embargo, salvo declaraciones de banqueta, ningún grupo parlamentario alzó la mano con seriedad cuando ésta se inició. Inhibición que hace recordar aquello de que lance la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Sospechoso silencio, cuando en otras latitudes investigar este tipo de asunto hubiera sido encomienda irrenunciable del Poder, al que por ley y de cara al ciudadano, le toca servir de contrapeso del Poder Ejecutivo.

La realidad fáctica es que las operaciones inmobiliarias entre el presidente de la República, el secretario de Hacienda, la esposa del primero y el Grupo Higa, se dieron, no porque los caprichos del destino los hubiera puesto sobre el mismo camino, sino porque entre ellos existía una relación previa, que por lo menos databa de la época cuando dicha empresa fue contratista del Gobierno del Estado de México que presidía Peña Nieto y cuyo secretario de Finanzas era Videgaray.

Este antecedente implica que, aun sin que Peña Nieto y Videgaray estuvieran ocupando un cargo público en esos momentos, la adquisición de inmuebles propiedad de Grupo Higa, y además hecha en condiciones ventajosas, representa, en el menor de los casos, un inobjetable conflicto de interés.

Peor aún, si consideramos que durante el lapso que se dieron las operaciones de compraventa, Peña Nieto no era un simple exburócrata en busca de empleo, sino que con el apoyo de Videgaray fue, en primer término, candidato a la presidencia de la República y, después, presidente electo.

Más grave aún que, una vez investido Peña Nieto como jefe del Ejecutivo Federal y Videgaray nombrado secretario de Hacienda, Grupo Higa se integrara de manera muy activa y en proyectos de gran magnitud, como contratista del nuevo gobierno.

Sólo un necio o alguien que asume a la idiotez como condición inherente a la de ciudadano, puede negar que el conflicto de intereses se dio por todo lo que involucró a los actores antes de las operaciones de compraventa, como por lo que sucedió después de que éstas se realizaran.

La ley se pervierte cuando se usa para negar su espíritu, para justificar que se le transgreda y para posibilitar lo que prohíbe. Esta degradación borra el Estado de Derecho y da lugar a la incertidumbre jurídica, donde lo único seguro es que la ley siempre se incline del lado del poder y del dinero.

¡Cuánto lodo se ha legalizado! Ventas de bancos y empresas públicas, concursos, permisos, licencias, concesiones, sentencias judiciales, adjudicaciones directas, e invitaciones a tres donde en realidad se trata de uno solo acompañado de dos comparsas seleccionadas a modo. ¿Cuánto de esto ha tenido como corolario la frase ”y se actuó conforme a derecho”?

Cuando la corrupción se legaliza deja de ser una enfermedad crónica y se convierte en metástasis.

Y esta frase no es una metáfora sino una realidad descriptible y palpable, porque se observa en la tergiversación de nuestros valores al momento de aplaudir y reconocer al pillo por astuto, mientras al honesto se le tilda de necio o pusilánime.

Es metástasis porque está presente en las estructuras del Estado y en la iniciativa privada donde su reproducción imparable y nutrida de sí misma, nos carcome restándonos energía, ya que ésta debemos utilizarla, no para crecer y prosperar, sino para paliar lo que la corrupción deja torcido y para defendernos de quienes saben usarla para tomar atajos. Basta ver a los ciudadanos del Distrito Federal defendiendo su hábitat de los depredadores urbanos, que tan hábiles son para alcanzar alturas que dan vértigo como para reptar y sacar provecho del lodo.

Nada, salvo un agravio más, ganó la sociedad con el informe del secretario de la Función Pública. Pero en cambio para nuestra mala fortuna, ésta sí resentirá que con este episodio la autoridad moral del presidente de la República se haya evaporado por completo, porque los escenarios que confronta el País en los ámbitos externo e interno nos someterán a duras pruebas, lo que haría imperativo un liderazgo —hoy imposible— que ayudara a definir el rumbo, sirviera de avanzada y resultara convincente para animar, sumar y pedir sacrificios en tiempos difíciles.

La autoridad jerárquica concede a cualquiera la calidad de jefe. Pero, el liderazgo hace indispensable combinar jerarquía con autoridad moral. Los jefes sólo sirven para mandar, en cambio los líderes, son los que proveen una visión, cohesionan y hacen a una nación avanzar.