Radiografía del Senado; flaca montura para tan pesada agenda

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La Constitución establece que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Así, delega su soberanía en tres poderes públicos —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— que harán, como propuso Montesquieu hace casi tres siglos, una suerte de contrapesos.

Pero, en la práctica, la efectividad de este delicado balance en cuanto a que favorezca el desarrollo del País en todos los ámbitos dependerá, en gran medida, de las capacidades, la visión y el trabajo conjunto de quienes sean los protagonistas en cada uno de los tres poderes.

El Poder Ejecutivo está a cargo de una persona, el Poder Judicial lo ostentan colegiadamente once ministros y el Poder Legislativo que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, lo ejercen de manera colectiva 500 y 128 individuos respectivamente.

Es decir, sobre los hombros de solo seiscientas cuarenta personas, descansa la responsabilidad de ejercer los poderes que dimanan del pueblo y, por ende, de tomar decisiones a nombre de ciento veinte millones de mexicanos que, para bien o para mal, afectarán su presente y futuro.

La dimensión de esta responsabilidad nos hace pensar que ese pequeño núcleo de mexicanos debería representar a los mejores. Personas con la experiencia, los conocimientos y la capacidad para comprender una realidad nacional e internacional cuya transformación es, en todos los ámbitos, cada vez más acelerada y que, con base en ese entendimiento, contribuyeran con sus iniciativas y decisiones a delinear los trazos del porvenir nacional.

Sin embargo, solo en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia existe un proceso de selección donde el presidente de la República propone una terna al Senado, para que este valore a los candidatos y escoja al que le parezca mejor.  Cierto que este mecanismo no es inmune a favoritismos e intereses políticos y tampoco asegura que los candidatos se ajusten cabalmente al perfil que se espera de un ministro del máximo tribunal judicial de la República, pero al menos, no se han colado en este, individuos notoriamente incompetentes para desempeñar un cargo público como sí ha ocurrido en el Ejecutivo y, sobre todo, en el Legislativo, poderes a los que se accede por elección popular o por la vía de la representación proporcional.

El sufragio universal es la expresión básica de la vida democrática de una nación, a través del cual la ciudadanía escoge a sus gobernantes y legisladores. Pero, los procesos electorales no son mecanismos de selección de talento. Los votos permiten acceder a cargos públicos, pero nunca darán lo que natura no presta. Este es el riesgo de la democracia que, en no pocas ocasiones, se ha revertido contra el pueblo por la vía de la improvisación, equivocaciones garrafales y por leyes y políticas públicas mal hechas.

Más aún, porque entre la teoría política de Montesquieu y la realidad del México contemporáneo se atraviesan los partidos políticos que actúan como los franquiciatarios de los poderes públicos, en especial el legislativo. Ellos sí hacen un proceso de selección según sus intereses, lo que no necesariamente significa que quienes acceden a un puesto en el Congreso tengan la experiencia y la capacidad que se requiere para desempeñarlo. La lealtad al partido, llevada al extremo de una obediencia ciega, primará en su selección. En las curules se sientan aquellos que más convienen a los partidos, que no los más idóneos para cumplir de manera apropiada y eficaz con la grave responsabilidad de legislar.

Por ejemplo, de acuerdo con los datos curriculares de los senadores que están publicados en el sitio web de la Cámara, se observa que el 52% no cuenta con experiencia legislativa a nivel federal y que el 34% ni siquiera la tiene a nivel estatal, como se aprecia en la siguiente gráfica:

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Un siguiente paso es analizar la formación académica de los senadores. Sin embargo, antes es importante destacar que la forma como se presentan sus datos curriculares no se ajusta a un estándar que permita valorarlos, referenciarlos y, si se requiere, confirmarlos. Por ejemplo, en muchos casos se indica el grado académico sin mencionar la institución y la fecha. Es decir, simplemente se menciona: licenciatura, maestría o doctorado.

Con esta salvedad y considerando que solo se obtuvo información de ciento catorce senadores, se encontró, como se aprecia en la siguiente gráfica, que el 13% de ellos tiene un nivel de estudios que va de preparatoria a carreras universitarias sin concluir. Vale destacar que ninguna persona de este grupo tuvo antes alguna experiencia legislativa. Por lo que hace al resto, la mitad de los legisladores cuenta, al menos, con un grado equivalente a licenciatura.

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Por lo que respecta al campo de estudios de aquellos senadores que obtuvieron un grado académico, 29% estudiaron Derecho, 17% Administración Pública y 8% Economía. El resto lo hicieron en una variedad de campos del conocimiento que, en algunos casos, parecen relacionarse poco con temas vinculados a la discusión de leyes y políticas públicas.

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En resumen:

Preocupa la flacura del Senado en términos de experiencia, capacidades profesionales y formación académica, si se considera la importancia y complejidad de muchos aspectos de la vida nacional que, a través de él, se procesarán como iniciativas de ley o reformas legislativas de gran calado en materias como: seguridad pública, política laboral, educación, regulación del consumo de marihuana, corrupción y transparencia, política internacional, revocación de mandato, etc.

Por ende, podemos inferir que serán pocos protagonistas en la arena legislativa; pequeñas camarillas integradas por escasos legisladores más miembros y asesores de sus sendas cúpulas partidistas. En el caso de MORENA habría que sumar a funcionarios del Gobierno Federal. En estos foros oficiosos son donde en verdad se escenificará buena parte de la actividad legislativa.

Esto implica que un buen número de senadores serán peso muerto en el debate legislativo. No lo enriquecerán. Su participación se limitará a seguir las indicaciones que reciban de sus sendos partidos, sobre todo al momento de votar tanto en el Pleno como en comisiones. Esto no impedirá que, pese a la incompetencia para desempeñarse como legisladores, sí aprovechen su investidura para realizar en su ámbito regional labores de gestoría ya sea para beneficio personal o de terceros.

La Constitución señala el alcance de las funciones del Senado, la dimensión humana de quienes lo integran determina la posibilidad de cumplirlas con eficacia. Flaca se ve la montura para tan grave agenda.

Ley de Remuneraciones; partamos de cero y hagámoslo bien

Ley de Remuneraciones

López Obrador es un hombre de impulsos no de razones, de ideas sencillas no de planteamientos complejos, de lo inmediato no de lo planeado, de prejuicios no de apertura, de nostalgia no de futuro, de mirar el árbol sin comprender el bosque.

Como opositor de distintos gobiernos y candidato presidencial, esto le valió para crear una sólida base de partidarios a los que sabe dirigirse con planteamientos sencillos, que además de sintetizar simplistamente el diagnóstico y la solución de los problemas nacionales, suelen señalar, para la algarabía de sus seguidores, a los presuntos responsables, lo que incluye la cancelación de iniciativas y proyectos que estos pudieron emprender. Acrisola en el entusiasmo de la masa, el desquite social con la revancha personal.

Pero gobernar es una tarea mucho más compleja que la búsqueda de votos, por la sencilla razón de que lo primero tiene consecuencias en la vida de millones de personas, en el patrimonio público, en la tranquilidad social y en la confianza —interna y externa— que se requiere para conducir al País.

López Obrador ha tomado decisiones graves sin haberse dado el tiempo para entender la complejidad de cada situación, para informarse de los esfuerzos previos, del dinero público ya gastado o invertido en ellos, de las lecciones aprendidas y, para anticipar las previsibles consecuencias de sus actos. Se comporta como si tuviera dominio pleno de todos los asuntos públicos y que basta su voluntad para remover cualquier obstáculo. Presume de humildad, pero no le alcanza para decir, no sé.

En aras de reducir a la brevedad las remuneraciones en el servicio público, en especial las del Poder Judicial y órganos autónomos con quienes López tiene una rivalidad añeja, se desempolvó un viejo proyecto de Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos que reglamentaría el Artículo 127 Constitucional y que llevaba más de siete años archivado en el Senado. Con las prisas para disparar un cañonazo legislativo, MORENA optó por no revisarla con cuidado y menos aún actualizarla en cuestiones de forma tan nimias como cambiar Distrito Federal por Ciudad de México, porque eso hubiera dilatado la aprobación y el cumplimiento de una promesa de campaña; López Obrador ganaría la mitad del sueldo de Peña Nieto. Aunque, curiosamente, se dobló el ingreso que percibía en MORENA, también financiado con recursos del erario.

El aparato del Estado mexicano está tripulado por un heterogéneo universo de servidores públicos

El tema de las remuneraciones de los servidores públicos es una cuestión mucho más compleja y amplia que un tabulador o que el sueldo del presidente. Se trata del funcionamiento del aparato del Estado a través del cual los planes de gobierno se diseñan y se hacen realidad, se atienden los riesgos más importantes que corre la población, se gobierna, se procura e imparte justicia, se legisla, se educa, se regulan y registran buena parte de las actividades que realizan personas físicas y morales, se cobran y gastan los recursos de los contribuyentes y, como Nación soberana, nos relacionamos con el exterior.

El universo de servidores públicos que trabaja en ese enorme y diverso aparato está integrado por grupos de naturaleza muy distinta que, en cada caso, debería considerarse al momento de establecer una política de remuneración.

Por ejemplo, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en los órganos autónomos, hay un número pequeño de puestos a los que se accede solo por la vía electoral, por el nombramiento de alguien elegido en las urnas o, por la designación del Senado. Por tanto, la gestión de los ocupantes de esos cargos está acotada a un lapso especifico. Contrario a lo que sucede con el resto de los puestos que representan la enorme mayoría y que son desempeñados por personas cuyo nombramiento es por tiempo indefinido, que pasaron por distintos procesos de reclutamiento y selección, y que tienen, además, la opción de ascender a posiciones de mayor responsabilidad.

Si ya la variedad de puestos que integran este universo y las sendas funciones que desempeñan da lugar a un catálogo amplísimo, agreguemos, para complicar aún más las cosas, a las fuerzas armadas y a los cuerpos de inteligencia y seguridad, cuyos miembros ponen en riesgo sus vidas e integridad física, tanto en el desempeño de sus funciones como en su ámbito privado.

Intereses traslapados: la sociedad, el aparato Estatal y los servidores públicos

Cuando se analiza desde distintas perspectivas el tema de remuneraciones de los servidores públicos, es fácil observar que en él se traslapan los intereses de tres entes: la sociedad, el aparato Estatal y los servidores públicos. Por ende, al momento de diseñar una política de remuneración, esos intereses concurrentes deben considerarse de manera simultánea con la finalidad de alinearlos en un justo balance.

Para la sociedad, las remuneraciones de los servidores públicos tienen relevancia porque se pagan con los recursos que ella aporta en forma de impuestos. Por ende, tiene pleno derecho a conocerlas con precisión, a exigir que su monto se ajuste a un principio de austeridad, a que existan contrapesos para evitar abusos y a que su cuantía sea acorde con las condicionantes presupuestales.

Por su parte, para un funcionamiento eficaz del aparato Estatal es imprescindible atraer y retener talento. Más aún, si se considera la complejidad de todas las trincheras donde el Estado está presente, a través de entidades, dependencias y órganos autónomos, que tienen distintos tipos de organización y funcionamiento según las características de las actividades que realizan, lo que eventualmente debe considerarse al momento de diseñar una política de remuneraciones, que además no podrá pasar por alto la existencia de un mercado laboral donde inevitablemente se compite por reclutar a los mejores elementos.

Por lo que respecta a los servidores públicos, estos tienen la justa y legítima aspiración de desarrollarse profesional y económicamente en el servicio público, al que muchos se suman por una vocación de servicio que no debe confundirse con un voto de caridad. Ciertamente, quien ingresa al ámbito público, sabe que sus remuneraciones serán más bajas que las del sector privado. Pero, esto no significa que no se le puedan proporcionar los medios para que su desarrollo y desempeño profesional le den la oportunidad de disfrutar de mejores ingresos y acumular de manera honesta un patrimonio familiar.

Para colgar un cuadro es preciso poner antes el clavo

Sin una política salarial, la elaboración de una Ley de Remuneraciones y, más aún, el diseño de un tabulador es como querer colgar un cuadro sin antes haber puesto el clavo que lo sujete.

Esto es justo lo que está haciendo López Obrador cuando tomó la decisión unipersonal, sin que estuviera apegada a ningún criterio técnico, de que la mitad del ingreso que percibía Peña Nieto fuera el tope máximo de todos los tabuladores existentes en el aparato Estatal.

Esto además de ignorar cómo está estructurado, tripulado y remunerado el aparato Estatal, tira por la borda los esfuerzos que a lo largo de los últimos dieciocho años se han hecho para contar con una estructura salarial bien elaborada, se deja sin atender lo que todavía se tenía que corregir y realizar y, además, se incurre en un acto ilegal al momento de que el patrón, en este caso una dependencia, entidad u órgano autónomo, reduce unilateralmente el paquete de remuneración de sus empleados.

Cierto que hay sueldos y prestaciones insultantes. Pero, conozco que son una minoría de casos que en buena parte se deben a que, respecto a los puestos de mayor jerarquía, no se han establecido mecanismos para que los propios interesados no sean los mismos que definan sus ingresos. Más aún, tan inconveniente es que los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de algún tribunal, y los legisladores se fijen unilateralmente sus paquetes de remuneración, como que el nivel máximo de los tabuladores de todo el aparato Estatal dependa, como lo quiere hacer López Obrador, del capricho del presidente en turno.

Si pensamos en un ánimo constructivo, esta coyuntura política y la tensión que ha provocado debería dar lugar a una elaboración prolija y bien pensada de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que considere que su aplicación afectará al recurso más valioso con el que cuenta el Estado; su capital humano. De su talento, profesionalismo,  compromiso y del ambiente laboral en el que se desenvuelva, depende en gran parte que se satisfagan las expectativas que la sociedad tiene de una estructura burocrática que está para servirla y que ella mantiene. Por ende, es imprescindible que dicha ley logre poner en justa sintonía los intereses de la sociedad, del aparato Estatal y de los servidores públicos.

Claro que eso significaría posponer una promesa de campaña, pero en lugar de mirar atrás y condenarnos a soluciones cojas que no resuelven el problema y, en cambio, sí crean otros nuevos, empecemos a construir para un porvenir que está más allá de este sexenio.

Bien vale la pena partir de cero y empezar de nuevo.