Cuando la corrupción se legaliza se convierte en metástasis

Como si estuviéramos viendo una película de guerra realizada por los vencedores, a nadie sorprendieron los resultados del informe que presentó Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, sobre los bienes inmuebles que adquirieron el presidente de la República y el secretario de Hacienda, de uno de los principales contratistas del Estado de México y Gobierno Federal.

Pero anticipar el desenlace de una película, más aún si estamos del lado de los vencidos, no evita que al presenciarlo dejemos de sentir frustración por no poder cambiar la historia y, sobretodo, como ocurrió en este caso, una profunda irritación porque se nos plantean las conclusiones como si fuéramos idiotas. Y eso añade sal a la herida.

Este proceso de investigación nació viciado, porque el primer conflicto de intereses que se dio fue dejar en manos de un subordinado valorar la situación legal de su jefe, entre cuyas atribuciones está precisamente la de nombrarlo; designar a los secretarios de Estado sólo compete al presidente de la República.

Lo procedente hubiera sido que una comisión ad-hoc nombrada por el Congreso fuera la responsable de la investigación. Sin embargo, salvo declaraciones de banqueta, ningún grupo parlamentario alzó la mano con seriedad cuando ésta se inició. Inhibición que hace recordar aquello de que lance la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Sospechoso silencio, cuando en otras latitudes investigar este tipo de asunto hubiera sido encomienda irrenunciable del Poder, al que por ley y de cara al ciudadano, le toca servir de contrapeso del Poder Ejecutivo.

La realidad fáctica es que las operaciones inmobiliarias entre el presidente de la República, el secretario de Hacienda, la esposa del primero y el Grupo Higa, se dieron, no porque los caprichos del destino los hubiera puesto sobre el mismo camino, sino porque entre ellos existía una relación previa, que por lo menos databa de la época cuando dicha empresa fue contratista del Gobierno del Estado de México que presidía Peña Nieto y cuyo secretario de Finanzas era Videgaray.

Este antecedente implica que, aun sin que Peña Nieto y Videgaray estuvieran ocupando un cargo público en esos momentos, la adquisición de inmuebles propiedad de Grupo Higa, y además hecha en condiciones ventajosas, representa, en el menor de los casos, un inobjetable conflicto de interés.

Peor aún, si consideramos que durante el lapso que se dieron las operaciones de compraventa, Peña Nieto no era un simple exburócrata en busca de empleo, sino que con el apoyo de Videgaray fue, en primer término, candidato a la presidencia de la República y, después, presidente electo.

Más grave aún que, una vez investido Peña Nieto como jefe del Ejecutivo Federal y Videgaray nombrado secretario de Hacienda, Grupo Higa se integrara de manera muy activa y en proyectos de gran magnitud, como contratista del nuevo gobierno.

Sólo un necio o alguien que asume a la idiotez como condición inherente a la de ciudadano, puede negar que el conflicto de intereses se dio por todo lo que involucró a los actores antes de las operaciones de compraventa, como por lo que sucedió después de que éstas se realizaran.

La ley se pervierte cuando se usa para negar su espíritu, para justificar que se le transgreda y para posibilitar lo que prohíbe. Esta degradación borra el Estado de Derecho y da lugar a la incertidumbre jurídica, donde lo único seguro es que la ley siempre se incline del lado del poder y del dinero.

¡Cuánto lodo se ha legalizado! Ventas de bancos y empresas públicas, concursos, permisos, licencias, concesiones, sentencias judiciales, adjudicaciones directas, e invitaciones a tres donde en realidad se trata de uno solo acompañado de dos comparsas seleccionadas a modo. ¿Cuánto de esto ha tenido como corolario la frase ”y se actuó conforme a derecho”?

Cuando la corrupción se legaliza deja de ser una enfermedad crónica y se convierte en metástasis.

Y esta frase no es una metáfora sino una realidad descriptible y palpable, porque se observa en la tergiversación de nuestros valores al momento de aplaudir y reconocer al pillo por astuto, mientras al honesto se le tilda de necio o pusilánime.

Es metástasis porque está presente en las estructuras del Estado y en la iniciativa privada donde su reproducción imparable y nutrida de sí misma, nos carcome restándonos energía, ya que ésta debemos utilizarla, no para crecer y prosperar, sino para paliar lo que la corrupción deja torcido y para defendernos de quienes saben usarla para tomar atajos. Basta ver a los ciudadanos del Distrito Federal defendiendo su hábitat de los depredadores urbanos, que tan hábiles son para alcanzar alturas que dan vértigo como para reptar y sacar provecho del lodo.

Nada, salvo un agravio más, ganó la sociedad con el informe del secretario de la Función Pública. Pero en cambio para nuestra mala fortuna, ésta sí resentirá que con este episodio la autoridad moral del presidente de la República se haya evaporado por completo, porque los escenarios que confronta el País en los ámbitos externo e interno nos someterán a duras pruebas, lo que haría imperativo un liderazgo —hoy imposible— que ayudara a definir el rumbo, sirviera de avanzada y resultara convincente para animar, sumar y pedir sacrificios en tiempos difíciles.

La autoridad jerárquica concede a cualquiera la calidad de jefe. Pero, el liderazgo hace indispensable combinar jerarquía con autoridad moral. Los jefes sólo sirven para mandar, en cambio los líderes, son los que proveen una visión, cohesionan y hacen a una nación avanzar.

¿Cuánto nos cuesta una curul de la Cámara de Diputados?

Con base en la fórmula plasmada en la Constitución para determinar el volumen de recursos que anualmente se les entrega a los partidos políticos, este año el INE les transfirió $ 1,172,863,734, para que cubrieran los gastos de sus sendas campañas electorales con motivo de la renovación de la Cámara de Diputados. Dicha cifra equivale al 30% del monto que cada partido recibió para costear sus actividades ordinarias.

Esto significa que este año, los contribuyentes gastamos en campañas políticas, un promedio de $2.3 millones por cada una de las 500 curules que tiene la Cámara de Diputados.

Sin embargo, cuando comparamos lo que cada partido recibió para la campaña de diputados con el número de diputaciones que ganaron, podemos observar que no todas las curules nos costaron igual, como se observa con claridad en la siguiente gráfica:

Costo por curul2

En el caso de la mayoría de los partidos, le gasto de campaña por cada diputación conseguida supera el promedio. Sin embargo, destacan como las curules más onerosas aquellas del Partido del Trabajo y Nueva Alianza, porque cada una nos costó $ 11.2 y $7.7 millones respectivamente. O sea, que estas cantidades son las que el contribuyente debió gastar para que algunos candidatos de esos partidos se convirtieran en diputados, pese a que es muy probable que el primero pierda su registro.

En el otro extremo, se observa que sólo tres partidos estuvieron por debajo del promedio. Destaca entre éstos el caso de MORENA, porque medido en términos de curules ganadas, fue la formación política que más rentabilizó el gasto en su campaña, a lo que se agregó el lucro que López Obrador hizo de su capital político, lo que le permitió robarle “clientes” al partido que lo encumbró.

Otro caso que vale la pena destacar es el del Partido Verde, porque pese a que no ganó ningún distrito, su alianza con el PRI le permitirá tener 45 diputaciones aproximadamente, las cuales pudo alcanzar a un costo por curul más bajo que el promedio, gracias a la sinergia que le representó cobijarse en los recursos y vincularse al desempeño electoral del tricolor, quien fue la formación que más curules ganó. Razón que explica porque el costo por curul fue inferior al promedio.

Desde un punto de vista financiero, ¿qué le representa al contribuyente que el Partido del Trabajo y el Partido Humanista pierdan su registro? En términos precisos, una pérdida de $510 millones que es la suma de los recursos que este año se le dieron a ambas formaciones políticas.

Visto desde otra perspectiva, el riesgo financiero que implica la gestión y el desempeño electoral de un partido político, corre en su totalidad a cargo de los contribuyentes, lo cual pone a éstos en una posición asimétrica con relación a quienes los fundan y los dirigen, dado que éstos son los principales responsables de sus resultados electorales y, pese a ello, no asumen ningún riesgo.

¿Qué valor le agrega a la sociedad un partido que fracasa? ¿Cuánto hubiéramos podido hacer en muchas zonas paupérrimas del país con $510,000,000 que acabamos de tirar a la coladera? ¿Tiene sentido gastar tanto dinero público en campañas, cuando candidatos independientes han logrado resultar ganadores con recursos sensiblemente menores a los que sus contrincantes tuvieron a su disposición?

Válida es la razón de financiar a los partidos con recursos del erario para evitar la intromisión de intereses mercantiles, religiosos, extranjeros o, abiertamente criminales. Pero, este motivo se ha convertido en una justificante para que los propios partidos desde sus acojinados asientos en los Congresos Federal y Estatales establezcan reglas abusivas y desproporcionadas, que les permiten disfrutar de una corriente de recursos que está legalmente indexada por encima de la tasa de inflación, que no está sujeta a ninguna medida de desempeño y que es inmune a recortes presupuestales, crisis económicas o devaluaciones de la moneda que, en cambio, cuando se presentan, sí afectan los bolsillos de la mayoría de los mexicanos.

Si el concepto del presupuesto base cero, es romper con la inercia de justificar el gasto del año siguiente con base en lo gastado en el anterior, y en su lugar justificar cada renglón presupuestal con base en sus propios méritos, es indispensable que por esta criba también pasen las reglas a través de las cuales se calcula la bolsa de recursos que cada año se les entrega a los partidos.

Palabras convencen, ejemplos arrastran. Pero si éstos son malos entonces nos hunden, como ocurre cuando aquellos que aprueban el presupuesto terminan derrochándolo.

Si quieres sumarte a una iniciativa que a este respecto estamos promoviendo varios ciudadanos, te invito a conocer nuestra propuesta “Primero cumplan, después les damos” bit.ly/1EAGHxE