En la resaca olímpica; Corea del Sur versus México

Resaca

En la Olimpiada México 68, Corea del Sur ganó apenas dos medallas. Nosotros obtuvimos nueve, que es una marca que todavía no hemos podido siquiera igualar.

El Ingreso Nacional Bruto per cápita de Corea del Sur en 1968 era, a precios actuales, de $180 dólares, apenas una tercera parte del mexicano, que en ese entonces equivalía a $610 dólares¹.

De 1968 a 2016 Corea del Sur, sin haber acudido a la Olimpiada de Moscú 1980, logró 255 medallas olímpicas. México, que sí participó en todas, sólo acumuló 51.

En ese período, el Ingreso Nacional Bruto per cápita de Corea del Sur aumentó 152 veces ($27,400 dlls.), el de México creció sólo 15 veces ($9,710 dlls.), no obstante que en ese lapso se descubrieron y empezaron a explotarse importantes yacimientos petroleros que aumentaron de manera sensible la riqueza nacional, colocando al País como uno de los principales exportadores de hidrocarburos en el mundo.

Entre quienes, según Forbes, tienen una fortuna superior a mil millones de dólares, hay 14 mexicanos contra 31 surcoreanos.

En el grupo de mexicanos, que acumulan casi cien mil millones de dólares, hay nueve casos cuyas fortunas están vinculadas a: privatizaciones de monopolios, empresas públicas y bancos, a la especulación bursátil de los años ochenta hecha al amparo de un mercado laxamente regulado, a contratos con el gobierno, a concesiones de televisión que dieron lugar a estructura monopólica que mantiene una relación simbiótica con el poder político, y a una herencia acumulada a la sombra de cargos públicos. Sólo en cinco casos, aunque algunos son millonarios por herencia, el origen de su riqueza proviene de una actividad netamente empresarial que sirvió para crear grupos industriales.

El grupo de los surcoreanos, aunque mayor en número que el de los mexicanos, acumula setenta y cinco mil millones de dólares. Pero estos se encuentran más distribuidos. Asimismo, destacan aquellos que deben su fortuna a su actividad empresarial y están en campos muy diversos de la actividad económica, incluyendo los de alta tecnología, farmacéutica y electrónica con una notable presencia a nivel internacional.

Como en México, la corrupción es un problema que también afecta a Corea; de hecho, es uno de los países industrializados del lejano Oriente peor colocados en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora anualmente Transparencia Internacional² donde ocupa el lugar 37. Sin embargo, México se ubica, entre las 167 naciones consideradas, en la posición 95.

En 2015, Sung Wan-jong, dueño de un importante grupo constructor que estaba inmerso en problemas financieros, se suicidó, dejando como nota póstuma una lista de personas a las que había sobornado. Entre los que se encontraba el primer ministro Lee Wan-koo, quien no tuvo otro remedio que pedir perdón, renunciar y someterse a la justicia.

En 2014, aparecen en la escena nacional los escándalos de la Casa Blanca y de una mansión en Malinalco que vinculaban a Peña Nieto y Videgaray con Hinojosa Cantú, constructor, contratista y amigo de ambos. Después siguió el asunto de un condominio en Miami que, al estar contiguo al de la señora Rivera Hurtado, esposa del presidente, es usado por ella gracias a que, en apariencia, es propiedad de un amigo de su marido, cuya ilimitada amabilidad alcanza para que le pague el predial con su dinero. Finalmente, como la más reciente perla de este interminable rosario, recién se develó que la tesis de licenciatura del jefe del Ejecutivo, contiene párrafos copiados fielmente de otros textos, lo que aquí y en Corea del Sur se define como plagio.

Pero, a diferencia de lo ha sucedido en ese país asiático, en México el umbral de la vergüenza no ha alcanzado para una renuncia y, menos aún, para activar al Poder Legislativo y a la justicia, como sí está ocurriendo en Brasil. Las cosas se han pretendido resolver con polvo de olvido, argumentos legaloides, que no legales y explicaciones inverosímiles que, además de retar a la inteligencia del ciudadano, lo ofenden porque suenan a burla y porque es un espectáculo que, ante los ojos externos, degrada al País.

En resumen, Corea del Sur ha ido construyendo su futuro a partir de una visión y de proyecto de nación. Los escenarios podrán hacerla realizar ajustes sobre la marcha, pero no pierde la brújula de lo que desea lograr. Su situación actual no obedece a un golpe de suerte sino al trabajo acumulado de muchos años, al liderazgo de una clase empresarial pujante y a una democracia eficaz porque ha servido de medio para elevar su estándares sociales, económicos, culturales y deportivos, y donde la clase política se subordina a las exigencias populares.

En el caso de México, no es sólo la comparación con Corea del Sur lo que debe preocuparnos, sino también la relación entre el potencial que tenemos y lo que hemos podido lograr, aunado a las oportunidades irrepetibles que se nos han ido entre las manos, como en su momento fue el petróleo. Riqueza que, literalmente, brotó de nuestro suelo.

Carecemos de visión y proyecto. Vivimos a expensas de la codicia y de un oportunismo de cortísimo plazo, donde la mediocridad campea, con honrosas excepciones, en los medios: político, cultural, deportivo y empresarial. Ingenuos seríamos, si creemos que puede haber un proyecto deportivo, cuando no tenemos uno de nación.

En México, se puede hacer mucho dinero, como atestigua la riqueza de quienes aparecen listados en Forbes. Pero hacer dinero en lo individual no implica por necesidad crear riqueza para el País, sobre todo porque el pastel –la economía– es sólo uno y cuando éste no crece, como ha sido el caso, significa que si unos comen más es porque otros están comiendo menos. Tampoco la visión y el empuje empresarial pueden sustituirse por el enchufe, los arreglos tras bambalinas y el amigo que sirva de guarda espalda, sino es que de cómplice, testaferro o limpiador de porquería.

Escribió Nietzsche³ que: “No existe desgracia más dura en todo destino de hombre que cuando los poderosos de la tierra no son también los primeros hombres. Entonces todo se vuelve falso, torcido y monstruoso”. ¿Quién puede afirmar que en estos momentos marchan al frente de México aquellos que podríamos calificar como los primeros?

Las preseas olímpicas acumuladas durante decenios no son la suma de casualidades y logros individuales sino el resultado de una visión, liderazgo y de un esfuerzo colectivo tenaz y consistente que no puede sustraerse de la realidad de cada nación. Lo que en nuestro caso, por desgracia, implica que en estos tiempos no estamos, como sucedió en Río, para conseguir muchas medallas.

 

¹ Banco Mundial http://data.worldbank.org/country

²International Transparency http://www.transparency.org/

³Así habló Zaratustra, Nietzsche Friedrich.

Los 80,000 dólares de Calderón y las “pensiones expresidenciales”

Pensiones expresidenciales

Calderón cotizó en el ISSSTE poco más de quince años. Aun así, y pese a contar con sólo 50 años de edad cuando terminó su sexenio, cada mes recibe del erario –y así lo hará de manera vitalicia– un pago de $205,000 que corresponde al sueldo de un secretario de Estado. A este beneficio, se añaden los seguros de vida, gastos médicos y atención gratuita en los hospitales militares para él y su familia, pago de predial, luz, agua, teléfonos, oficinas, viajes, más un séquito de empleados administrativos y militares que puede llegar a 427*.

La comparación de este privilegio cuasimonárquico del que disfrutan los expresidentes mexicanos, con las pensiones a las que pueden acceder los miles de servidores públicos y los millones de trabajadores afiliados al IMSS, resulta ofensiva.

A diferencia de Calderón, quienes cotizan en el IMSS o en el ISSSTE necesitan, para lograr la pensión máxima posible, haber trabajado 30 años, es decir el doble de años de los que necesitó el expresidente y tener 65 años. Pero, en contraste con los expresidentes, esto apenas les da derecho a recibir una pequeña fracción de su último sueldo, por lo que, en muchos casos, aun cumpliendo con todos los requisitos, se debe posponer la fecha de retiro, porque haría imposible mantener un nivel de vida digno.

Los pagos mensuales que reciben los expresidentes no están condicionados a la posibilidad de que obtengan otros ingresos por actividades como: participaciones en consejos de administración, conferencias, consultoría, etc. y, tampoco al monto que alcance su patrimonio y el de su cónyuge al momento de dejar la presidencia de la República.

Por tanto, un expresidente puede estar apto para ganarse la vida o gozar de una cuantiosa fortuna, aun así, los contribuyentes deberán mantenerlo a él, a su familia y arroparlo con decenas de empleados, como, de no cambiar las cosas, ocurrirá con Peña Nieto y su mujer, a quienes, pese a sus bienes personales y haber cotizado sólo seis años en el ISSSTE, deberemos mantener hasta el final de sus días. Además de erigirle con recursos públicos, una estatua para que adorne la Calzada de los Expresidentes en Los Pinos, que mandó construir López Portillo so pretexto de homenajear a sus antecesores, cuando en esencia, por anticipado, ordenó el suyo.

Peor aún; si los ciudadanos resienten como consecuencia de los avatares de la economía nacional: recortes presupuestales, mayores impuestos, menos deducciones fiscales y oportunidades de empleo más escasas, los expresidentes pueden estar tranquilos, porque la partida destinada a transferir recursos públicos a su bolsillo está exenta de reducciones.

Recientemente, la empresa Iberdrola designó a Calderón como consejero de su filial Avangrid, por lo que recibirá anualmente la cantidad de $80,000 dólares, que es lo que paga a los miembros de su consejo. Es claro, que este nombramiento no se da por el know how que el expresidente pueda aportar a Avangrid, sino por su know who. Es decir, los españoles no buscan abrevar de sus conocimientos de la industria energética, que no deben ser muchos porque su gestión al frente de la Secretaría de Energía duró menos de un año, sino beneficiarse de sus relaciones y contactos en el medio político y en las administraciones federal, estatales y municipales, para abrir puertas y obtener información veraz de primera mano.

Todo lo anterior debe hacer cuestionarnos, y más porque los contribuyentes pagan la factura: el monto, la pertinencia, la legalidad y, sobre todo, la proporcionalidad de esos ingresos y privilegios garantizados de por vida que se les dan a los expresidentes, considerando las condiciones que aplican al resto de los mexicanos que, por cierto, una buena parte ellos no tiene ninguna posibilidad de pensión, mientras que aquellos que empezaron a cotizar a partir de la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro, sólo podrán aspirar a pensiones que apenas pasarán de tres salarios mínimos. ¡Claro, después de haber pagado onerosas comisiones a sus sendas AFORES por dejarlas lucrar con sus mínimos ahorros!

¿No es una injusticia que se le otorgue un pago vitalicio de casi el 100% de su último ingreso a los expresidentes, cuando los servidores públicos y afiliados al IMSS deben trabajar 30 años y alcanzar los 65 para apenas obtener una fracción mínima de su último ingreso?

¿Por qué, como sí se hace con los derechohabientes del ISSSTE, la pensión de los expresidentes no se calcula sólo sobre su sueldo base ($40,766) y no con base en la compensación total que recibe un secretario ($205,000)?

¿Al recibir del erario Federal un pago mensual que no está formalizado como una pensión, se debe considerar a los expresidentes como servidores públicos, por lo que como tales deberían presentar sus declaraciones: patrimonial, fiscal y de intereses?

¿Acumulan como ingresos para fines fiscales, el pago de predial, luz, agua, teléfono, oficinas, etc. que cubren con recursos del erario?

¿Es un conflicto de intereses que un expresidente reciba recursos de erario y trabaje para empresas privadas?

Si bien hay razones de seguridad para asignarles personal militar, ¿cuál es la justificación para pagar con recursos públicos una abultada nómina de empleados administrativos, que muy probablemente atienden cuestiones personales y domésticas? Por ejemplo, los que tiene Calderón, ¿trabajan para él o para su esposa?, ¿sería legal que ésta los utilizara para su precampaña?

¿No es un conflicto de intereses que los pagos a los expresidentes se hayan establecido través de acuerdos no publicados en el Diario Oficial y de dudosa legalidad que, en esencia, significan que ellos mismos, sin ningún contrapeso, se fijaron su propia retribución y una larga lista de prebendas injustificables?

¿Deberían los presidentes de la República pagar una cuota mensual por los alimentos y servicios personales que en Los Pinos reciben él, su familia y sus invitados personales?, ¿deben estos gastos, que no están vinculados al ejercicio de su cargo, recaer en el contribuyente?

¿Han evitado la corrupción, las pensiones  y privilegios paradisiacos de los que disfrutan los exmandatarios?

El avance democrático del País obliga a legislar sobre las pensiones a los expresidentes, los apoyos que reciben y su manutención mientras habitan en Los Pinos. Los beneficios de los que disponen actualmente son un oneroso resabio de una presidencia imperial, abusiva y tramposa. Ya se logró acabar con la partida secreta que era la caja chica del mandatario en turno, toca ahora modificar los pagos y las prebendas que se han asignado en demasía, los mismos que las disfrutan.

*Villanueva Villanueva Ernesto, Nucci Gonzáles Hilda. Las pensiones expresidenciales, Rc et Ratio, Año 6, Vol. VI, Enero – junio 2013. México

 

Cuando la corrupción se legaliza se convierte en metástasis

Como si estuviéramos viendo una película de guerra realizada por los vencedores, a nadie sorprendieron los resultados del informe que presentó Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, sobre los bienes inmuebles que adquirieron el presidente de la República y el secretario de Hacienda, de uno de los principales contratistas del Estado de México y Gobierno Federal.

Pero anticipar el desenlace de una película, más aún si estamos del lado de los vencidos, no evita que al presenciarlo dejemos de sentir frustración por no poder cambiar la historia y, sobretodo, como ocurrió en este caso, una profunda irritación porque se nos plantean las conclusiones como si fuéramos idiotas. Y eso añade sal a la herida.

Este proceso de investigación nació viciado, porque el primer conflicto de intereses que se dio fue dejar en manos de un subordinado valorar la situación legal de su jefe, entre cuyas atribuciones está precisamente la de nombrarlo; designar a los secretarios de Estado sólo compete al presidente de la República.

Lo procedente hubiera sido que una comisión ad-hoc nombrada por el Congreso fuera la responsable de la investigación. Sin embargo, salvo declaraciones de banqueta, ningún grupo parlamentario alzó la mano con seriedad cuando ésta se inició. Inhibición que hace recordar aquello de que lance la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Sospechoso silencio, cuando en otras latitudes investigar este tipo de asunto hubiera sido encomienda irrenunciable del Poder, al que por ley y de cara al ciudadano, le toca servir de contrapeso del Poder Ejecutivo.

La realidad fáctica es que las operaciones inmobiliarias entre el presidente de la República, el secretario de Hacienda, la esposa del primero y el Grupo Higa, se dieron, no porque los caprichos del destino los hubiera puesto sobre el mismo camino, sino porque entre ellos existía una relación previa, que por lo menos databa de la época cuando dicha empresa fue contratista del Gobierno del Estado de México que presidía Peña Nieto y cuyo secretario de Finanzas era Videgaray.

Este antecedente implica que, aun sin que Peña Nieto y Videgaray estuvieran ocupando un cargo público en esos momentos, la adquisición de inmuebles propiedad de Grupo Higa, y además hecha en condiciones ventajosas, representa, en el menor de los casos, un inobjetable conflicto de interés.

Peor aún, si consideramos que durante el lapso que se dieron las operaciones de compraventa, Peña Nieto no era un simple exburócrata en busca de empleo, sino que con el apoyo de Videgaray fue, en primer término, candidato a la presidencia de la República y, después, presidente electo.

Más grave aún que, una vez investido Peña Nieto como jefe del Ejecutivo Federal y Videgaray nombrado secretario de Hacienda, Grupo Higa se integrara de manera muy activa y en proyectos de gran magnitud, como contratista del nuevo gobierno.

Sólo un necio o alguien que asume a la idiotez como condición inherente a la de ciudadano, puede negar que el conflicto de intereses se dio por todo lo que involucró a los actores antes de las operaciones de compraventa, como por lo que sucedió después de que éstas se realizaran.

La ley se pervierte cuando se usa para negar su espíritu, para justificar que se le transgreda y para posibilitar lo que prohíbe. Esta degradación borra el Estado de Derecho y da lugar a la incertidumbre jurídica, donde lo único seguro es que la ley siempre se incline del lado del poder y del dinero.

¡Cuánto lodo se ha legalizado! Ventas de bancos y empresas públicas, concursos, permisos, licencias, concesiones, sentencias judiciales, adjudicaciones directas, e invitaciones a tres donde en realidad se trata de uno solo acompañado de dos comparsas seleccionadas a modo. ¿Cuánto de esto ha tenido como corolario la frase ”y se actuó conforme a derecho”?

Cuando la corrupción se legaliza deja de ser una enfermedad crónica y se convierte en metástasis.

Y esta frase no es una metáfora sino una realidad descriptible y palpable, porque se observa en la tergiversación de nuestros valores al momento de aplaudir y reconocer al pillo por astuto, mientras al honesto se le tilda de necio o pusilánime.

Es metástasis porque está presente en las estructuras del Estado y en la iniciativa privada donde su reproducción imparable y nutrida de sí misma, nos carcome restándonos energía, ya que ésta debemos utilizarla, no para crecer y prosperar, sino para paliar lo que la corrupción deja torcido y para defendernos de quienes saben usarla para tomar atajos. Basta ver a los ciudadanos del Distrito Federal defendiendo su hábitat de los depredadores urbanos, que tan hábiles son para alcanzar alturas que dan vértigo como para reptar y sacar provecho del lodo.

Nada, salvo un agravio más, ganó la sociedad con el informe del secretario de la Función Pública. Pero en cambio para nuestra mala fortuna, ésta sí resentirá que con este episodio la autoridad moral del presidente de la República se haya evaporado por completo, porque los escenarios que confronta el País en los ámbitos externo e interno nos someterán a duras pruebas, lo que haría imperativo un liderazgo —hoy imposible— que ayudara a definir el rumbo, sirviera de avanzada y resultara convincente para animar, sumar y pedir sacrificios en tiempos difíciles.

La autoridad jerárquica concede a cualquiera la calidad de jefe. Pero, el liderazgo hace indispensable combinar jerarquía con autoridad moral. Los jefes sólo sirven para mandar, en cambio los líderes, son los que proveen una visión, cohesionan y hacen a una nación avanzar.

Primera dama; resabio cortesano que bien vale borrar

Las esposas de los presidentes de México arriban a la residencia de Los Pinos de la mano de sus maridos. Ellas (algún día también habrá ellos) son tan circunstanciales en la escena nacional como lo sería cualquier otro pariente político o sanguíneo del mandatario en turno, quien para llegar a serlo tuvo que competir en unas elecciones donde se vota por individuos, que no por matrimonios.

Tan evidente es el carácter circunstancial de la consorte del presidente de la República que, para ocupar este cargo, la Constitución no establece ninguna condicionante respecto a su estado civil.

Tampoco la esposa del jefe del Poder Ejecutivo tiene previsto ningún rol específico dentro de la Administración Pública. Ni siquiera en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, porque ella sólo preside de manera honoraria y a título personal, una entelequia administrativa denominada Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema DIF. Mientras que dicho Sistema lo dirige ahora, por designación presidencial, la esposa de Osorio Chong, Secretario de Gobernación, lo que desde mi perspectiva y al margen de consideraciones éticas, es un conflicto de intereses dado que una de las atribuciones de éste es coordinar a los secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública, para garantizar que se cumpla lo que ordene el titular del Ejecutivo.

El término “Primera dama” surge en los Estados Unidos. Nación, donde por haber sido colonia del Imperio Británico, lugar en el que abundan los títulos nobiliarios, resultó lógico que a la esposa de su primer presidente, se le llamara Lady Washington.

Más adelante, en el siglo XIX a las esposas de los presidentes estadounidenses, se les denominó ocasionalmente como: “First Lady of the land”. Así, el uso de este término se fue popularizando hasta que mutó al de “First Lady” que conocemos ahora, y que está arraigado en la cultura y escenario político de ese país.

En América Latina, el término “Primera dama” se difundió al amparo de las casas presidenciales —incluso algunas oficializaron el cargo— que con gusto y para el halago de su vanidad, emularon con entusiasmo, como si así se parecieran, los usos y costumbres de quienes gobiernan en la potencia continental. Aunque para esto también contaron con la complicidad de los medios que, con base en la ley del mínimo esfuerzo, gustan de empacar las cosas dentro de etiquetas.

En México, el vocablo “Primera dama” adquirió un carácter oficial en esta administración, al empezar utilizarlo en su página web para denominar como tal a la esposa del presidente.

Mi opinión es que al margen de las fobias que con vehemencia y razón se ha ganado la cónyuge actual de Enrique Peña Nieto, el término “Primera dama” debe ser eliminado del vocabulario oficial del Gobierno mexicano y ojalá así ocurriera con los medios, por los siguientes argumentos:

Primero.-

Es un resabio cortesano que no encaja en una cultura republicana y que marca distancia con el pueblo, porque parece que a éste se le mira desde arriba y muy lejos, pese a que el acceso a la casa presidencial de sus temporales inquilinos, se debe a que ese mismo pueblo se los permitió al elegirlos, a condición de que lo sirvieran y respetaran las leyes que él se ha dado.

“Primera dama”, “Pareja presidencial”, “Familia presidencial” son expresiones con tufo aristocrático, cuyo uso ignora que, con base en nuestros principios democráticos, elegimos cada seis años a un mandatario que no a un grupo mandantes, integrados por el presidente y su prole, quienes al disfrutar de la utilería del poder se constituyen en efímera realeza, que en las más de la veces ha tenido tristes finales, porque pasaron por alto que en política, lo que empieza por ser perfume termina apestando.

Si así ha ocurrido es porque lo hemos permitido.

Segundo.-

Es sexista, porque con cierta condescendencia se le da a una mujer un título informal, cuyo equivalente, en el caso opuesto, no se usaría jamás con un hombre, porque dada nuestra cultura machista eso sería tanto como ponerle al marido un delantal enfrente de sus amigos.

Nunca oímos que al esposo de Margaret Thatcher le llamaran: “First Gentleman” y tampoco creo que este término se use con Bill Clinton, en caso de que su esposa Hillary sea elegida presidenta de los Estados Unidos.

Tercero.-

No se puede llamar “Primera” a una persona que, salvo su marido, nadie escogió. Ni tampoco tiene ningún mérito ser la esposa de quien por circunstancias ocupa un cargo público.

Poner por esta sola razón a una mujer al principio de la línea, resulta ofensivo para la demás mujeres, entre las cuales con seguridad hay muchas cuya calidad humana, méritos profesionales o vocación para servir a los demás, las pondría por delante de aquella que, efímeramente, se dice que es la primera.

Primera, sólo la República; que después sigan las damas y los caballeros, y entonces que cada uno decida quién, entre ellas y ellos, es primero.

El umbral de la vergüenza

¿Cuánto tiempo hubiera tardado Ángela Merkel en renunciar a su cargo, si su esposo apareciera como dueño de una residencia que, además de exceder con creces sus posibilidades económicas, dada su trayectoria profesional, se la hubiera vendido una de las principales constructoras al servicio del gobierno alemán mediante un trato comercial tan generoso como inverosímil?

Con toda certeza, la señora Merkel habría renunciado ipso facto y se hubiera visto involucrada en un proceso judicial con una alta posibilidad de terminar junto a su marido detrás de las rejas.

En febrero de 2012, Christian Wulff, entonces presidente de Alemania, presentó su renuncia porque fue acusado de aceptar que el empresario David Groenewold, aportara 719 euros ($12,500 pesos) al pago de la factura de un hotel donde vacacionó con su familia. Gesto que se interpretó como una compensación por un préstamo que éste recibió del estado de Baja Sajonia cuando Wulff lo gobernaba.

En su breve alocución pública al momento de renunciar, Wulff argumentó que aunque esa acusación era infundada, como más tarde lo demostró, él consideraba que no podía mantenerse en el cargo en esos momentos porque había perdido la confianza del pueblo alemán.

¿Sería este motivo —la pérdida de confianza ante la presunción de un ilícito—, una razón para que Peña Nieto renunciara? ¿Podría el Congreso exigirle su renuncia?

Ciertamente no. Este escenario es imposible en México porque nuestro estándar de la vergüenza es tan bajo como corta y selectiva es nuestra memoria.

Basta recordar las declaraciones patrimoniales de algunos miembros del gabinete que incluyeron bienes que les fueron donados —eufemismo de obsequios—, la presencia en él de la exjefa de Gobierno del Distrito Federal que mantuvo una relación sentimental con uno de los principales contratistas de la ciudad, quien se dio el lujo de grabar videos cuando entregaba fajos de billetes a miembros de su partido y que aun así, éstos siguen activos en la política, exigiendo ahora la honestidad que nunca demostraron. Asimismo, ahí en la Cámara continúan como si nada, los diputados que han extorsionado a presidentes municipales a cambio de acercarles recursos del erario federal.

Pese a que las explicaciones de la señora Rivera han atizado la incredulidad de la opinión pública respecto al origen de su patrimonio, en muchos ámbitos la posible renuncia del presidente de la República eriza los pelos.

¿Por qué?

Porque no concebimos que nuestras instituciones puedan ser más fuertes que sus efímeros dirigentes y por eso nos aterra la posibilidad de una salida prematura. El Tlatoani en turno es más fuerte que la silla en la que se sienta, como lo es también la partidocracia respecto al Congreso. Así, es preferible dejar pasar las cosas, mirar hacia otra parte, asumir que no sucedió nada y esperar que el olvido convierta todo en una anécdota. Ya habrá tiempo, cuando él se haya ido, de gritar a los cuatros vientos —sobre todos quienes por conveniencia hoy lo ensalzan— nuestra indignación por lo que ahora toleramos.

Este equivoco, que conjuga incredulidad con aceptación, al hacerse crónico, convierte a nuestras leyes e instituciones en objetos plásticos que se moldean según el tiempo y las circunstancias, y hacen del estado de derecho un recurso retórico, una aspiración inalcanzable. Todo se vale, todo se puede, incluso hasta los frutos de la corrupción es posible legalizarlos y ostentarlos sin pudor, pese a que las cuentas no cuadren en ninguna lógica laboral o financiera.

Por ende, pese al enorme esfuerzo de la mayoría de los mexicanos, construir una nación se vuelve tarea ingrata porque la corrupción es una tara que debe soportarse y al mismo tiempo avanzar en terreno fangoso donde las reglas nunca quedan claras y menos aún a quienes y cuando se les aplican.

Peor aún si hablamos de valores morales, porque en el imperio del cinismo éstos ni siquiera existen, por ello se antoja lejano el umbral de la vergüenza donde el simple apelo a la ética más elemental sea suficiente para decantar a quienes merezcan continuar al frente, de aquellos que deberían retirarse, rendir cuentas y en su caso ponerse a disposición de la justicia.

¡Qué poco aguantan los alemanes si sólo fueron $719 euros!