Ley de Remuneraciones; partamos de cero y hagámoslo bien

Ley de Remuneraciones

López Obrador es un hombre de impulsos no de razones, de ideas sencillas no de planteamientos complejos, de lo inmediato no de lo planeado, de prejuicios no de apertura, de nostalgia no de futuro, de mirar el árbol sin comprender el bosque.

Como opositor de distintos gobiernos y candidato presidencial, esto le valió para crear una sólida base de partidarios a los que sabe dirigirse con planteamientos sencillos, que además de sintetizar simplistamente el diagnóstico y la solución de los problemas nacionales, suelen señalar, para la algarabía de sus seguidores, a los presuntos responsables, lo que incluye la cancelación de iniciativas y proyectos que estos pudieron emprender. Acrisola en el entusiasmo de la masa, el desquite social con la revancha personal.

Pero gobernar es una tarea mucho más compleja que la búsqueda de votos, por la sencilla razón de que lo primero tiene consecuencias en la vida de millones de personas, en el patrimonio público, en la tranquilidad social y en la confianza —interna y externa— que se requiere para conducir al País.

López Obrador ha tomado decisiones graves sin haberse dado el tiempo para entender la complejidad de cada situación, para informarse de los esfuerzos previos, del dinero público ya gastado o invertido en ellos, de las lecciones aprendidas y, para anticipar las previsibles consecuencias de sus actos. Se comporta como si tuviera dominio pleno de todos los asuntos públicos y que basta su voluntad para remover cualquier obstáculo. Presume de humildad, pero no le alcanza para decir, no sé.

En aras de reducir a la brevedad las remuneraciones en el servicio público, en especial las del Poder Judicial y órganos autónomos con quienes López tiene una rivalidad añeja, se desempolvó un viejo proyecto de Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos que reglamentaría el Artículo 127 Constitucional y que llevaba más de siete años archivado en el Senado. Con las prisas para disparar un cañonazo legislativo, MORENA optó por no revisarla con cuidado y menos aún actualizarla en cuestiones de forma tan nimias como cambiar Distrito Federal por Ciudad de México, porque eso hubiera dilatado la aprobación y el cumplimiento de una promesa de campaña; López Obrador ganaría la mitad del sueldo de Peña Nieto. Aunque, curiosamente, se dobló el ingreso que percibía en MORENA, también financiado con recursos del erario.

El aparato del Estado mexicano está tripulado por un heterogéneo universo de servidores públicos

El tema de las remuneraciones de los servidores públicos es una cuestión mucho más compleja y amplia que un tabulador o que el sueldo del presidente. Se trata del funcionamiento del aparato del Estado a través del cual los planes de gobierno se diseñan y se hacen realidad, se atienden los riesgos más importantes que corre la población, se gobierna, se procura e imparte justicia, se legisla, se educa, se regulan y registran buena parte de las actividades que realizan personas físicas y morales, se cobran y gastan los recursos de los contribuyentes y, como Nación soberana, nos relacionamos con el exterior.

El universo de servidores públicos que trabaja en ese enorme y diverso aparato está integrado por grupos de naturaleza muy distinta que, en cada caso, debería considerarse al momento de establecer una política de remuneración.

Por ejemplo, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en los órganos autónomos, hay un número pequeño de puestos a los que se accede solo por la vía electoral, por el nombramiento de alguien elegido en las urnas o, por la designación del Senado. Por tanto, la gestión de los ocupantes de esos cargos está acotada a un lapso especifico. Contrario a lo que sucede con el resto de los puestos que representan la enorme mayoría y que son desempeñados por personas cuyo nombramiento es por tiempo indefinido, que pasaron por distintos procesos de reclutamiento y selección, y que tienen, además, la opción de ascender a posiciones de mayor responsabilidad.

Si ya la variedad de puestos que integran este universo y las sendas funciones que desempeñan da lugar a un catálogo amplísimo, agreguemos, para complicar aún más las cosas, a las fuerzas armadas y a los cuerpos de inteligencia y seguridad, cuyos miembros ponen en riesgo sus vidas e integridad física, tanto en el desempeño de sus funciones como en su ámbito privado.

Intereses traslapados: la sociedad, el aparato Estatal y los servidores públicos

Cuando se analiza desde distintas perspectivas el tema de remuneraciones de los servidores públicos, es fácil observar que en él se traslapan los intereses de tres entes: la sociedad, el aparato Estatal y los servidores públicos. Por ende, al momento de diseñar una política de remuneración, esos intereses concurrentes deben considerarse de manera simultánea con la finalidad de alinearlos en un justo balance.

Para la sociedad, las remuneraciones de los servidores públicos tienen relevancia porque se pagan con los recursos que ella aporta en forma de impuestos. Por ende, tiene pleno derecho a conocerlas con precisión, a exigir que su monto se ajuste a un principio de austeridad, a que existan contrapesos para evitar abusos y a que su cuantía sea acorde con las condicionantes presupuestales.

Por su parte, para un funcionamiento eficaz del aparato Estatal es imprescindible atraer y retener talento. Más aún, si se considera la complejidad de todas las trincheras donde el Estado está presente, a través de entidades, dependencias y órganos autónomos, que tienen distintos tipos de organización y funcionamiento según las características de las actividades que realizan, lo que eventualmente debe considerarse al momento de diseñar una política de remuneraciones, que además no podrá pasar por alto la existencia de un mercado laboral donde inevitablemente se compite por reclutar a los mejores elementos.

Por lo que respecta a los servidores públicos, estos tienen la justa y legítima aspiración de desarrollarse profesional y económicamente en el servicio público, al que muchos se suman por una vocación de servicio que no debe confundirse con un voto de caridad. Ciertamente, quien ingresa al ámbito público, sabe que sus remuneraciones serán más bajas que las del sector privado. Pero, esto no significa que no se le puedan proporcionar los medios para que su desarrollo y desempeño profesional le den la oportunidad de disfrutar de mejores ingresos y acumular de manera honesta un patrimonio familiar.

Para colgar un cuadro es preciso poner antes el clavo

Sin una política salarial, la elaboración de una Ley de Remuneraciones y, más aún, el diseño de un tabulador es como querer colgar un cuadro sin antes haber puesto el clavo que lo sujete.

Esto es justo lo que está haciendo López Obrador cuando tomó la decisión unipersonal, sin que estuviera apegada a ningún criterio técnico, de que la mitad del ingreso que percibía Peña Nieto fuera el tope máximo de todos los tabuladores existentes en el aparato Estatal.

Esto además de ignorar cómo está estructurado, tripulado y remunerado el aparato Estatal, tira por la borda los esfuerzos que a lo largo de los últimos dieciocho años se han hecho para contar con una estructura salarial bien elaborada, se deja sin atender lo que todavía se tenía que corregir y realizar y, además, se incurre en un acto ilegal al momento de que el patrón, en este caso una dependencia, entidad u órgano autónomo, reduce unilateralmente el paquete de remuneración de sus empleados.

Cierto que hay sueldos y prestaciones insultantes. Pero, conozco que son una minoría de casos que en buena parte se deben a que, respecto a los puestos de mayor jerarquía, no se han establecido mecanismos para que los propios interesados no sean los mismos que definan sus ingresos. Más aún, tan inconveniente es que los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de algún tribunal, y los legisladores se fijen unilateralmente sus paquetes de remuneración, como que el nivel máximo de los tabuladores de todo el aparato Estatal dependa, como lo quiere hacer López Obrador, del capricho del presidente en turno.

Si pensamos en un ánimo constructivo, esta coyuntura política y la tensión que ha provocado debería dar lugar a una elaboración prolija y bien pensada de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que considere que su aplicación afectará al recurso más valioso con el que cuenta el Estado; su capital humano. De su talento, profesionalismo,  compromiso y del ambiente laboral en el que se desenvuelva, depende en gran parte que se satisfagan las expectativas que la sociedad tiene de una estructura burocrática que está para servirla y que ella mantiene. Por ende, es imprescindible que dicha ley logre poner en justa sintonía los intereses de la sociedad, del aparato Estatal y de los servidores públicos.

Claro que eso significaría posponer una promesa de campaña, pero en lugar de mirar atrás y condenarnos a soluciones cojas que no resuelven el problema y, en cambio, sí crean otros nuevos, empecemos a construir para un porvenir que está más allá de este sexenio.

Bien vale la pena partir de cero y empezar de nuevo.

 

Los costosos prejuicios de AMLO

Comparativo de remuneraciones sector privado APF 1

Mal empieza un general la batalla cuando antes de iniciarla anuncia a sus tropas, sin siquiera dirigirse a ellas de frente, que les reducirá su sueldo y prestaciones de manera sensible, que despedirá a un número importante de oficiales, que la mayoría deberá mudar a sus familias a otra ciudad y que su jornada semanal se alargará de 40 a 48 horas. Así, López Obrador, con más de cinco meses de antelación, se los ha hecho saber a quienes estarán bajo su mando a partir del 1º de diciembre.

Su decálogo de austeridad refleja en muchos de sus apartados, que su visión de la Administración Pública Federal es una mezcla de prejuicios e ignorancia respecto a cuestiones básicas de su operación, de la forma como ha evolucionado su estructura, de su marco jurídico y laboral y, sobre todo, de la gestión del capital humano. Pieza vital para el buen desempeño de una organización que provee servicios públicos, como es un gobierno.

El estereotipo de servidor público que se desprende de sus planteamientos y que ha servido para el escarnio popular en los medios y en las redes sociales, es que están sobrepagados, tienen demasiadas prestaciones, disfrutan de prebendas abusivas, trabajan poco, la mayoría de ellos ocupa puestos redundantes cuya eliminación es inocua. Además, son corruptos, llegan ebrios a sus oficinas o, de plano, se alcoholizan en ellas o en pachangas y convites con contratistas y proveedores.

Para quienes hemos trabajado en el servicio público, desde dentro y desde fuera, no dudamos, porque los hemos visto y en no pocas veces sufrido su prepotencia, que existan ese tipo de funcionarios. Pero con la misma claridad, podemos afirmar que no representan de ninguna manera, a la enorme mayoría de servidores públicos que integran y hacen funcionar con su experiencia, conocimientos y esfuerzo a la Administración Pública Federal (APF).

Con el propósito de diseñar una política de remuneración sobre bases técnicas, a partir de 1997 se empezó a utilizar en la APF un sistema de valuación de puestos acorde con su naturaleza, que permitiera: a) alinear los puestos de los sectores central y paraestatal con base en su grado de responsabilidad para retribuirlos de manera equitativa y, b) facilitar la comparación con el mercado nacional para conocer el grado de competitividad del paquete de remuneraciones del sector público.

Como se aprecia en la siguiente gráfica, el tabulador de la APF está por debajo de las remuneraciones que ofrece el sector privado para puestos con una dimensión equivalente. De hecho, esta distancia se ha acrecentado en los últimos años, siendo más marcada en los puestos de mayor jerarquía como son los secretarios de Estado. Esto último también se presenta en otras naciones, donde presidentes y primeros ministros tienen salarios que son fracciones de lo perciben puestos equivalentes en el ámbito empresarial.

Remuneraciones mensuales del sector privado versus Administración Pública Federal 2018*

Grafica Comparativo de remuneraciones sector privado APF

Sin embargo, lo distintivo del caso mexicano es que la presión política que por varios sexenios se ha dado para no incrementar la remuneración de los cargos más altos, sobre todo la del presidente, ha compactado la estructura salarial provocando que la diferencia en ingresos de los primeros seis niveles sea mínima pese a la notable diferencia en su valor tabular, es decir, en su responsabilidad.

Cierto, que existe una notable distancia entre el tabulador de la APF con el salario mínimo o con las remuneraciones que en promedio perciben los trabajadores y mucha gente del campo. Pero, las referencias deben ser distintas cuando, en una economía de mercado, se trata de atraer y retener el talento que se requiere para el desempeño de las tareas del Poder Ejecutivo, cuya complejidad va en aumento en todos los frentes donde está presente: tecnología, seguridad pública, salud, medio ambiente, alimentación, relaciones internacionales, desarrollo urbano, etc.

Reducir a la mitad los ingresos de aquellos puestos que superan el millón de pesos anual y eliminar buena parte del paquete de prestaciones de los servidores públicos, destruye una de las columnas del servicio profesional de carrera y acentúa la falta de competitividad del tabulador de la APF. Pero, lo más grave es que envenena el clima laboral, porque estos anuncios han calado hondo en la moral de los servidores públicos, dando píe a legítimas preocupaciones de orden personal y familiar, que están paralizando a una administración que aún no concluye su período, o bien alentando la deserción de recursos valiosos.

La grada aplaude entusiasta y rabiosa cuando ve cómo cae la guillotina. Llegó el tiempo de la revancha que alimentaron excesos que nunca debieron darse. Pero, quienes desde lejos vemos el espectáculo nos queda claro que la acción conjunta de las medidas anunciadas por López Obrador, precarizarán a un segmento importante de la clase media, cuyo trabajo suma al producto interno bruto y a la recaudación fiscal, so pretexto de redistribuir lo que fueron sus ingresos en programas asistenciales comprometidos en la campaña.

López Obrador, como la gran mayoría de su gabinete, nunca han trabajado en la APF, y cuentan con una mínima o ninguna experiencia como administradores públicos. Desde un punto de vista de gestión de talento puede afirmarse que, para muchos de ellos, transitar de las posiciones que ocupan actualmente a ser titulares de alguna secretaría o subsecretaría de Estado o entidad paraestatal significa un salto abismal, lo que incrementa los riesgos que se corren con su designación y anuncian largas, costosas e inevitables curvas de aprendizaje. Más aún, cuando en el ejercicio de sus anteriores ocupaciones, no requirieron desarrollar las competencias conductuales, las habilidades gerenciales, los conocimientos y la experiencia que demanda el desempeño de un cargo de primer nivel en la administración pública. Buenos investigadores, jueces, legisladores, incluso directores de empresas privadas no necesariamente hacen buenos funcionarios públicos.

Por ello, resulta suicida que, ante esta realidad, se lastime justamente a los niveles que, como una red protectora, interactuarán con personas que son noveles en su papel de funcionarios públicos. Así, da la impresión de que López Obrador y su equipo están actuando con la temeridad de aquel que decide emprender una jornada peligrosa, sin entender los riesgos que está asumiendo y las posibles consecuencias de sus actos, tanto en él como en otros.

La estructura de la Administración Pública mexicana se desdobla a partir del principio de delegación. En la Constitución, el pueblo soberano delega en el presidente de la República el Poder Ejecutivo. A su vez, este lo delega en secretarios y, más adelante, como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los sendos reglamentos internos de cada de dependencia, estos lo delegan de manera fragmentada en subsecretarios, jefes de unidad, directores generales, etc.

A través de estos entramados organizacionales se aplica un vastísimo marco normativo; leyes, reglamentos y normas en infinidad de materias, lo que, a su vez, da origen a cantidad de procesos administrativos que sirven para planear, supervisar, aprobar, promover, vigilar, sancionar, regular, concesionar, etc. que cruzan a lo largo y ancho el Gobierno Federal conectándolo con: el sector paraestatal, los órganos autónomos, los gobiernos estatales, los poderes legislativo y judicial, el sector privado, con gobiernos extranjeros y, desde luego, con el ciudadano nacional y extranjero.

Esto significa que la dimensión y estructura de la Administración Pública se deriva, en buena parte de la obligación de ejecutar un marco jurídico, que en muchas ocasiones se ha elaborado y aprobado por el Poder Legislativo sin tener claro su pertinencia, eficacia y las implicaciones presupuestales para aplicarlo. De hecho, en muchos casos, leyes y reglamentos se aplican a medias porque no hay recursos para hacerlo de manera contundente. O bien, como sucede con las normas de control, estas, lejos de lograr el fin para el que fueron diseñadas, se convierten en taras que ralentizan a procesos sustantivos o dan píe a simulaciones que a la larga provocan otros problemas.

Eliminar el Estado Mayor Presidencial y varias subsecretarías, mudar, sin ningún estudio previo, a muchas secretarías y entidades de la Capital a otras ciudades, eliminar al 70% del personal de confianza, desaparecer las oficialías mayores, concentrar todas las compras  en un solo ente y hacer depender a todas las delegaciones federales de un superdelegado estatal, es equivalente a iniciar la remodelación drástica de un edificio sin antes darse el tiempo para saber cuál es su uso y entender que función tienen los muros y las columnas, y por donde corren las tuberías de agua, drenaje y electricidad.

Ciertamente en la Administración Pública Federal hay muchas áreas de oportunidad para abatir su dimensión, el costo y mejorar su eficiencia. Pero hay que actuar con la finura del cirujano, no con la tosquedad del leñador. Más aún, porque reformarla y reestructurarla no es una tarea para principiantes, dado que es un largo tren en marcha imposible de parar.

Lo primero, como sucedió con la reforma administrativa de 1976 que fue de gran envergadura, sería alinear la estructura de la Administración Pública Federal con los objetivos del plan de gobierno. No se puede desplegar un ejército cuando se desconoce el tipo de batalla que se va a pelear. Planteado lo estratégico habrá un marco para establecer lo táctico y, posteriormente, definir las cuestiones operativas. Hoy parece que hemos iniciado al revés. Más aún, en términos organizacionales donde, como sucede con el techo de una casa, los cuadritos de la estructura son lo último, y no lo primero que se pone.

El primer paso para no errar es tener la humildad para admitir que no se sabe. Y esto, para quien tomará las riendas de una Administración Pública tan grande y compleja como la Federal, debe ser una actitud indispensable. López Obrador debería aprovechar los meses que tiene por delante, que son muchos, para informarse, reflexionar y plantear las cuestiones estratégicas que normarán su plan de gobierno. Ya terminó la contienda electoral y con ella la necesidad de estar haciendo anuncios a diario para ganar votos. El recurso de lanzar petardos mediáticos para colocarse como el orquestador de la polémica pública es una útil estrategia de campaña, pero cuando se deja de ser candidato y casi se es presidente electo, seguirlo haciendo puede significar la rápida pérdida de capital político, porque quien ahora habla tiene virtualmente el poder público y eso les da otro peso y sentido a sus palabras. Lo que en voz de un candidato son ocurrencias intrascendentes, en la de un presidente se convierten en errores garrafales.

 

*Esta gráfica se tomó del documento de trabajo “La Remuneración de los Servidores Públicos del Gobierno Federal y Entidades Paraestatales”, elaborado y publicado por Hay Group S.A. de C.V. en 2003 y se actualizó con datos del mercado de 2018 y del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2018

Retiros que llegan, pensiones que no alcanzan

Pensiones que no alcanzanLos viernes de cada semana cuatro hombres jubilados solían encontrarse en un pequeño restaurante de un barrio clasemediero. Sin embargo, sólo uno de ellos lo hacía en calidad de cliente. Los otros eran el dueño del lugar, el mesero y el garrotero, quién además hacia funciones de lavaplatos, pinche y ayudaba con la limpieza el fin de semana lo cual le permitía incrementar la paga, a la vez que le daba el derecho a comer y cenar gratis.

A fuerza de verse con regularidad, se fue desarrollando entre ellos cierta camaradería, aunque ésta se limitaba al intercambio de opiniones generales y, ocasionalmente, de alguna broma. Rara vez, hablaban de sus vidas, aunque por chismes de aquí y de allá, cada uno conocía o suponía conocer la de los demás.

Ese viernes el señor ministro, como respetuosamente le llamaban, arribó como siempre en punto de las dos de la tarde. Su chofer lo dejó justo en la puerta del restaurant entró parsimoniosamente y se dirigió a la mesa que siempre tenía reservada; su favorita como la solía llamar. Su talante era tranquilo y sus preocupaciones se limitaban a cuestiones domésticas o a decidir adónde iría de paseo. Sus quince años como ministro de la Suprema Corte de Justicia le habían bastado para obtener una pensión vitalicia equivalente al 100% de su sueldo durante los primeros dos años y al 80% de ahí hasta que muriera.  Después, su viuda, si la hubiera, tendría derecho a disfrutar de la mitad.

Señor ministro, usted sí que es afortunado ─ le decía bromeando el dueño del lugar ─ ya quisiera haber trabajado quince años para que me jubilaran con un sueldo superior al que percibe el Presidente de la República y que además se ajusta cada vez que se revisa el tabulador de la Corte.

Yo no decidí esto, así está en la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ─ le respondía su cliente habitual ─ además que no se haga usted el olvidadizo, porque como empleado del IMSS, usted se jubiló con más del cien por ciento de sueldo y con solo treinta de servicio sin ningún límite de edad. ¿Qué no me dijo que ni siquiera había cumplido los cincuenta cuando se retiró? Así, que no importa cómo le vaya en el negocio, usted siempre tendrá un colchón más atención médica gratis hasta que muera.

El garrotero los observaba sin decir nada mientras acomodaba los platos y cubiertos sobre la mesa, aunque la expresión en su cara evidenciaba que además de estar escuchando con atención, estaba sorprendido por lo que ahí se comentaba. Pero, en cambio el mesero que se había acercado para entregar el menú, no se aguantó las ganas de intervenir.

¿Qué daría yo por tener como jubilado la mitad de lo que ustedes disfrutan? ─ les dijo en un tono tan burlón que ambos quedaron sorprendidos. Pero más el señor ministro, cuando remató su comentario con una clara alusión a él ─  aunque gracias a Dios el IMSS no aceptó el criterio que usted y sus colegas acordaron para limitar nuestras pensiones a sólo diez salarios mínimos, así que al menos tenemos veinticinco, aunque para ello tuve que esperar a cumplir sesenta y cinco años, lo que considerando que inicié mi vida laboral a los veinte, implica que tuve que trabajar 45, si señor ministro tres veces el tiempo que usted estuvo en la Corte, para recibir menos del 25% de lo que erario Federal le da cada mes.

El ministro miraba sorprendido al mesero. Yo actué con base en la autoridad legal que tenía en ese momento ─ respondió en tono de disculpa. Pero de poco le sirvió porque la respuesta del mesero no se hizo esperar ─. No lo dudo señor ministro pero la autoridad legal no implica en automático la moral.

El ministro visiblemente molesto quiso responderle, pero justo cuando lo iba a hacer intervino el garrotero.

Date por bien servido ─ le dijo al mesero para apaciguarlo ─ los de la generación del SAR estamos peor que tú y por eso tengo que estar mendigando trabajos, porque cuando cumplí los sesenta y cinco, y pese a trabajar más de treinta años, me di cuenta que el saldo de mi AFORE no me produce ni cuatro salarios mínimos. Allá en 92, la tecnocracia dijo que las pensiones – salvo claro las del IMSS y algunas paraestatales – ya no serían un problema para las finanzas públicas, pero no nos advirtió que México se convertiría en una fábrica de viejos miserables sin cobertura médica.

¿Qué le hacemos son las leyes? Nosotros sólo las aplicamos─ dijo el señor ministro.

Así es – respondió el garrotero ─ frente a la ley todos los mexicanos somos iguales, pero sí de pensiones hablamos las leyes no son iguales para todos. O ¿me equivoco?

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*El cálculo de la pensión bruta anual de la exministra Sánchez Cordero equivale al 80% de lo que actualmente recibe un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por concepto sueldo, aguinaldo y prima vacacional según el Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2018. No incluye, la monetización de las prestaciones que no son pagadas en efectivo como seguro de vida y gastos médicos. También se desconoce si los ministros en retiro tienen derecho a la prima de riesgo anual que equivalen a $554,595 anuales.

El cálculo de las pensiones que posiblemente reciban quienes empezaron a cotizar después de 1993 se basa en lo que estiman actuarios dedicados a este tema.

El texto de este artículo se publicó en El Financiero el 21 de octubre de 2010. En esta reproducción se conservaron las reglas de acentuación vigentes en ese momento.

El monje que vendió su Ferrari…a un procurador

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¿Por qué Raúl Cervantes no debería ser el primer fiscal general de la República?

1. Porque, al margen de los pactos entre partidos, no es ético que un presidente saliente deje, como fiscal general, a una persona que él nombró y que muy probablemente tendrá que atender actos de corrupción cometidos durante su sexenio.

La insistencia en este nombramiento parece recoger la lección que aprendió Salinas, cuando Zedillo cedió al PAN el nombramiento del procurador general de la República, entregándole a la oposición la llave para destapar la cloaca. Quizá, en este caso, la intención de Peña Nieto contradice aquello de que nadie experimenta en cabeza en ajena.

2. Porque la trayectoria profesional de Raúl Cervantes no se ajusta a las cualidades, aptitudes y experiencia que se esperan tenga un fiscal general. Más aún, porque este puesto y la estructura que dirigirá, forman parte de una iniciativa de gran envergadura, que ha sido impulsada por la sociedad civil para combatir uno de los problemas más graves del País: la corrupción.

En los últimos años, Raúl Cervantes ha entretejido períodos como legislador y funcionario con lapsos en los que ha estado al frente de su despacho. De hecho, a partir de 2003 ha dedicado más tiempo a lo primero que a lo segundo. Aun así, su actividad en el ámbito privado ha sido tan rentable, como para adquirir un automóvil que equivale a 165 años de salario mínimo.

Desconozco, si Raúl Cervantes, durante sus etapas de legislador y servidor público, renunció formalmente a su participación en su despacho y, sobre todo, a ocuparse con esas investiduras de asuntos de naturaleza privada, ya sea de manera directa o a través de empleados. Si no lo hizo, habría incurrido en un conflicto de intereses, como sucedió con Diego Fernández De Ceballos cuando era legislador, quien aprovechaba el derecho de picaporte que conceden los cargos públicos para mover, desde esa posición ventajosa, asuntos privados.

3. Porque la cuestión del Ferrari revela rasgos de su personalidad que no encajan con los que deberá tener quién ejerza como fiscal general de la República. En un país donde existe una aguda concentración de la riqueza, resulta ofensivo que un servidor público, ostente como una muestra de su patrimonio personal, un automóvil de una marca a la que en el mundo muy pocos pueden tener acceso. Grotesco, ver circular al Ferrari custodiado por unas camionetas repletas de guardaespaldas, que difícilmente podrían seguirlo si se aplicara toda su potencia, lo cual en esta ciudad de topes, baches, socavones y encharcamientos es un imposible.

Si algo queremos ver en el fiscal general es justamente lo opuesto: austeridad, porque lo exige la naturaleza de su cargo, y sensibilidad social, porque debe comprender las carencias básicas que sufre el pueblo al que sirve. Exhibirse ante este en un Ferrari, como demostración de un supuesto éxito profesional, equivale a insultarlo y a menospreciar su situación.

Pero la ofensa a los ciudadanos no se limita a la ostentación de un auto de lujo sino a tratarlos como idiotas, porque así nos sentimos cuando Raúl Cervantes nos dice, que registrar su auto en Morelos, en un domicilio que no le pertenece, no fue para era evadir el pago de un impuesto establecido en la Ciudad de México, donde reside, sino que todo fue consecuencia de un error administrativo y del cual no se había dado cuenta hasta que lo reveló una investigación periodística. ¡Ajá!

Nos preguntamos, si Raúl Cervantes llegara a ser nombrado fiscal general, que tipo de explicaciones podríamos esperar cuando informara sobre asuntos en los que pudieran estar vinculados algunos de sus hoy compañeros de gabinete, incluyendo al presidente; ¿serán también errores administrativos?

Julián Mantle, personaje principal del libro de superación “El monje que vendió su Ferrari”, abogado, por cierto, decidió, después de sufrir un ataque cardiaco, dar un giro radical a su vida. Vendió todos sus bienes, incluyendo su Ferrari, emprendió un viaje por Asia, donde terminó recluyéndose con unos monjes en el Himalaya, para aprender a encontrar la felicidad.

Desde luego que no esperamos que Raúl Cervantes venda se Ferrari y se recluya en un monasterio budista para transformarse en el fiscal general que necesita el País. Pero lo que si podemos hacer es preguntar el tipo de persona que nos gustaría en ese puesto.

El primer fiscal general de la República, además de encabezar una posición clave en el despliegue del Sistema Nacional Anticorrupción, tendrá la misión de establecer la fiscalía, es decir; sus procesos, su estructura y, desde luego tripularla con el personal más idóneo. Por ello, su estatura moral y profesional marcará el estándar que se pretende alcanzar.

Como el trillado cuento de “primero el programa y después el candidato”, en el caso de la fiscalía general de la República, ya conocemos la misión y los retos de ese puesto, del que se pueden deducir las cualidades, aptitudes y experiencia de quien lo ocupe. A partir de ello, bien podría abrirse un proceso que seleccione al mejor entre los mejores, en lugar de quedarnos con un solo nombre, resultado de un pacto opaco entre cúpulas partidistas, que contradice el afán de transparencia que promueve el Sistema Nacional Anticorrupción y que está inspirado en mucho, mucho miedo.

El lastre del País: la clase política

El lastre de la clase política

¿Sería posible que en las próximas elecciones federales surgiera en México un movimiento político de refresco, que llevara a la presidencia de la República a una especie de Macron o que diera lugar a que nuevos partidos lograran un peso importante en el Congreso, como ocurrió en Francia y, con Podemos y Ciudadanos en España?, ¿podríamos ver caras nuevas?

La respuesta es un no rotundo.

Las reglas electorales establecidas por los partidos políticos han creado una especie de sistema de franquicias que está protegido por múltiples barreras de entrada, entre las que se incluye el acceso a abundantes recursos de los erarios federal y estatales, y que han sido muy efectivas para neutralizar reformas políticas destinadas a fracturar ese oligopolio, como las candidaturas independientes y las iniciativas ciudadanas.

Concluir que, al menos en el mediano plazo, es imposible la renovación del escenario político y de sus protagonistas nos llena de frustración y tristeza.

Frustración, porque en los puestos, donde deberían estar quienes ayudaran a sacar al País del atasco, seguiremos viendo las mismas caras recicladas que harto tiempo llevan exhibiendo su mediocridad y su desmemoria, la misma grisura de la clase política tan ávida de poder público y de las canonjías lícitas e ilícitas que este conlleva, como carente de talento, valores, convicción e ideología.

Por cuestión de orden es claro que la vida política de una nación debe organizarse en un sistema de partidos. Pero en la delgadez de nuestra democracia, los partidos políticos no son más que logos y nombres que corresponden a estructuras huecas, construidas solo por andamios, porque su fin fundamental es servir para trepar, balancearse y, en caso necesario, saltar de una a otra sin ningún pudor, si eso asegura seguir mamando de la teta presupuestal.

En esta vacuidad ideológica no tiene sentido hablar de derecha e izquierda. En el espectro político mexicano resultan indistinguibles, más aún si nos atenemos al modo como gobiernan y legislan los partidos. Por eso, entre ellos, son posibles las alianzas más inverosímiles. No les estorban principios, ni convicciones, porque simplemente no las tienen; en cambio, les une el anhelo de mantener el oligopolio del poder público para seguir lucrando con él, tanto política como económicamente, y continuar cortejando, en su carácter de clientes preferentes, a los poderes fácticos.

Tristeza, porque no se han cumplido las expectativas que, en su momento, nos inspiró la alternancia política y pluralidad en los congresos. En el 2000 creímos en nuevo amanecer, en un paso adelante en nuestro desarrollo democrático. Pensábamos, ingenuos, que los vicios del presidencialismo y del partido único, menguarían gradualmente para transitar del poder unipersonal al de las instituciones. Pero nos equivocamos, la batuta de la dictadura perfecta, como llamó Vargas Llosa a la longeva hegemonía del PRI, se rompió en cientos de astillas que recogieron los partidos políticos. Estos, como la policéfala hidra de Lerna, asoman sus múltiples cabezas, en los poderes legislativos y ejecutivos, en los tribunales, en el Poder Judicial y en los órganos autónomos, con el fin primario de salvaguardar y engrandecer sus intereses.

El control monolítico del presidencialismo se fragmentó en cantidad de parcelas de poder que, además de reproducir sus peores vicios como la falta de rendición de cuentas y la corrupción en los poderes federales, gubernaturas y municipios, incluida la Ciudad de México, ha propiciado el empeoramiento y la expansión territorial de problemas como la inseguridad, porque en los tres órdenes de gobierno, los servidores públicos, con la bendición y complicidad de sus sendos partidos, ejercen su cargo como si fueran señores feudales, que se llenan la boca diciendo que ellos mandan por voluntad popular.

La agenda nacional no corresponde a las prioridades de la ciudadanía, sino a lo que interese o afecte a la clase política. Basta ver como la conversión del otrora Distrito Federal en entidad federativa, que nunca fue una prioridad para los ciudadanos porque no resuelve los problemas de la Ciudad y cuyo desinterés fue patente al abstenerse en más de setenta por ciento en la elección de la Asamblea Constituyente, se llevó a cabo porque por que los partidos vieron en ella la posibilidad de más cargos públicos que rellenar con sus leales, más parcelas de poder público que controlar y más presupuesto que repartir. Esta voluntad necia para hacer lo que el pueblo no pedía, contrasta con los oídos sordos a cualquier transformación que afecte sus intereses, como ocurre con la reforma constitucional para reducir el financiamiento a los partidos.

Con el presidencialismo, cada seis años había la esperanza de que el cambio del prócer en turno daría lugar a una renovación. Pero con la partidocracia esa posibilidad es una quimera, porque tiene decenas de cabezas y se comporta como una masa chiclosa que traba los engranes y se adhiere a ellos. Hoy están aquí, mañana allá.

Parafraseando a Nietzsche diríamos que, no existe desgracia más dura en la vida de un pueblo que cuando al frente de él no marchan los mejores; entonces todo se vuelve falso, torcido y monstruoso.

Es obvio que el magro crecimiento que el País ha tenido en lo que llevamos del siglo y el empeoramiento de los problemas nacionales como la corrupción, la inseguridad y la desigualdad serían inexplicables, sin considerar el rol que ha jugado la partidocracia en a definición e implantación de leyes y políticas públicas, como en la gestión cotidiana de los poderes ejecutivos, donde al ver cómo actúan sus miembros más destacados, nos queda claro que los partidos no son un imán para la atracción talento, pese a la sobrada astucia que muchos de ellos demuestran para delinquir y, en no pocas veces, para legalizar la corrupción.

Como los reyes absolutistas, resulta difícil pensar que la partidocracia se reforme a sí misma. Para esto se requiere, como sucedió con el Sistema Nacional Anticorrupción, la presión tenaz, la creatividad y la organización de la sociedad civil. Hay muchas murallas que derribar, pero lo más urgente es facilitar la emergencia de nuevas fuerzas políticas, las candidaturas independientes y las iniciativas ciudadanas, para refrescar el debate de los asuntos públicos. Hoy día, ambas posibilidades, implican confrontar trabas prácticamente infranqueables.

Pese a ello, en las redes sociales y en cientos de organizaciones ciudadanas vemos a muchos mexicanos que trabajan con convicción, talento, profesionalismo y en las más de las veces de manera gratuita para beneficio del País, su Estado o su Ciudad, aunque sean conscientes de que su trabajo incansable trasciende a cuenta gotas. En esa labor radica la fuerza para reformar y desechar lo que nos estorba.

Seamos claros, la partidocracia no es un término descriptivo, es un lastre que el País arrastra.

En lo obscurito, el bien público se ve como privado

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Una de las primerísimas decisiones de Mancera al asumir el cargo de jefe de Gobierno fue nombrar a Simón Neumman, desarrollador y su amigo personal, como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo que, al margen del obvio conflicto de intereses que por partida doble entrañó esa designación; cuate y constructor, puso de manifiesto con claridad meridiana, que uno de los principales objetivos de su gestión sería impulsar, a cualquier precio, el negocio inmobiliario.

A lo largo de los cinco años de su gobierno, ese propósito se ha hecho palpable en muchas zonas de la Ciudad que se han transformado como consecuencia de una intensa y caótica actividad inmobiliaria; una autentica burbuja especulativa cuyo objetivo principal es maximizar ganancias en el menor tiempo posible, sin considerar las consecuencias a corto y mediano plazo en la disponibilidad de servicios, en el tráfico vehicular y en la contaminación.

La contraparte de esta actividad invasiva que ha desquiciado barrios, calles y, en muchos casos, desplazado a sus residentes, ha sido la creación de una buena cantidad de organizaciones ciudadanas ―formales e informales—, que se establecen con el objetivo de defenderse de un acto de la autoridad, porque suele ocurrir que el desarrollador actúa coludido con esta, al amparo del galimatías legislativo que regula la actividad inmobiliaria en la Ciudad de México y que hace posible legalizar e ignorar hasta las violaciones a la ley más evidentes y absurdas. Basta ver cómo, a través de la denominada “transferencia de potencial”, el aire que está arriba de un edificio se materializa, sí leyó bien, se materializa en pisos de varilla y concreto que se construyen en otro inmueble, para que este pueda superar la altura permitida en una determinada zona. No se diga de otras figuras como los sistemas de actuación por cooperación, que resultan poderosas herramientas para darle vuelta a la ley y enderezar hasta lo más chueco.

Destaca en esta vorágine inmobiliaria una veta de negocios donde el Gobierno vende, concesiona o aporta a una empresa privada o a un fideicomiso privado inauditable, terrenos que pertenecen a la Ciudad. Por ejemplo, esto sucede con los inmuebles que forman parte del patrimonio de la capital y que están dentro de las más de mil doscientas hectáreas* que abarcan los “Sistemas de Actuación por Cooperación”. Otro ejemplo, es el Centro de Transferencia Multimodal de Chapultepec, donde se concesionó por cuarenta años una porción de terreno público a cambio de la construcción de un túnel. Y, más recientemente, otro caso interesante es la aportación de terrenos propiedad de la Ciudad a valor ¡“social”! para llevar a cabo proyectos de vivienda que, en teoría, beneficiarán a los trabajadores del Gobierno capitalino, lo que obliga a preguntar si ¿quienes compren esos inmuebles los revenderán también a valor social?

Sin embargo, esa veta de negocios que funde bienes públicos con negocios privados no solo se ha usado en las cuestiones inmobiliarias, sino que se ha extendido a otros ámbitos como: los bajo puentes para el establecimiento de negocios; las paredes de los pasos a desnivel y las columnas del segundo piso para colocar anuncios. Qué ingenuo resulta recordar, cuándo los gobiernos anteriores se empecinaban en eliminar la publicidad exterior para reducir la contaminación visual, término que no existe en el diccionario del actual.

El Metrobus es otro caso interesante donde la rentabilidad de un negocio privado depende de la aportación de bienes públicos, porque con cargo al erario se construyen: las estaciones, la superficie de rodamiento y los espacios publicitarios que después serán concesionados a privados para su explotación comercial.

Al revisar estos casos donde se funden un patrimonio público con uno privado se pueden identificar varios denominadores comunes.

Los bienes de todos en manos de la voluntad de unos

Pese a que estas operaciones significan negociar bienes públicos valuados en miles de millones de pesos y, en algunos casos, concesionarlos por varios decenios, la mayoría de ellas se llevan a cabo con la sola firma de funcionarios colocados en el segundo y tercer nivel de la estructura burocrática del gobierno de la Ciudad. Curiosamente, estos no podrían hacer lo mismo para comprar bienes o contratar servicios por montos equivalentes al valor de los bienes públicos que concesionan o aportan a privados, porque la Ley de Adquisiciones no se los permitiría.

¿Dónde está el fiel de la balanza?

No existe un protocolo, donde sea obligatorio que un tercero revise si la contraprestación pactada es justa para el erario de la Ciudad y si guarda equilibrio con los beneficios que recibe el concesionario que explota comercialmente un bien público. Mi sospecha es que lo que gobierna la confección de estos acuerdos es garantizarle al privado una rentabilidad atractiva, sin importar si eso desequilibra la balanza a su favor.  Más aún, si consideramos que el beneficio que recibe el privado, no se limita al bien o servicio concesionado, sino a la patente de corso que, de facto, obtiene para hacer negocio sin ninguna competencia. Esto, en el ámbito del transporte público, ha dado a lugar a rutas que no forman una red interconectada cuya operación esté centralizada para optimizar el uso de recursos y la calidad del servicio.

Por otra parte, este esquema de concesiones, condena a la Ciudad a optar por las soluciones menos eficientes como son los autobuses de combustión interna jalando remolques, cuando desde un punto de eficiencia energética y ambiental, lo recomendable sería recrear una red de tranvías que como la que operó en la Capital durante buena parte del siglo pasado.

Infortunadamente, la solución a uno de los mayores problemas de la Ciudad; el transporte público, queda limitada a lo que pueden aportar los concesionarios; autobuses con la garantía de rutas concesionadas por veinte años e infraestructura construida con recursos públicos; así, sí le entran. ¡Pos cómo no; a ordeñar la vaca, faltaba más!

¿Es la concesión lo que conviene a la Ciudad o es la ocurrencia de alguien para ganar dinero?

El Corredor Cultural(¿) Chapultepec y la Rueda de la Fortuna fueron proyectos impulsados por un afán de lucro que no surgieron de una necesidad de la Ciudad. Por suerte, la acción ciudadana logró detenerlos como mucho esfuerzo. Sin embargo, el filtro debió ponerse en una fase mucho más temprano y no cuando ya parecían inminentes. Antes de establecer acuerdos e iniciar negociaciones con privados, lo que debe quedar claro es si para la Ciudad la aportación o concesión de un bien público es la solución más conveniente para resolver un problema o mejorar el funcionamiento de la capital. Por ejemplo, esto no queda claro en el caso los parquímetros, cuya concesión implica de facto la explotación de la vía pública, como también sucede con los establecimientos que se están poniendo en los bajo-puentes de vías rápidas y con la explotación para fines publicitarios de los puentes y columnas de periférico. ¿La ciudad necesita y se beneficia con esto?

Para ordenar y transparentar la venta, aportación y concesión de bienes inmuebles propiedad de la Ciudad, un grupo de ciudadanos propusimos que en la Constitución de la Ciudad de México en el artículo correspondiente al “Patrimonio de la Ciudad”, se incluyeran un par de párrafos que hicieran explícita la definición de su patrimonio inmobiliario, porque este es, en una urbe tan densamente poblada como la Capital, la joya de la corona.

  1. El patrimonio inmobiliario de la Ciudad lo integran: el espacio público, incluyendo en éste las áreas de protección ambiental, los terrenos y edificaciones propiedad del gobierno, y las obras de infraestructura urbana que se han construido con recursos del erario.
  2. El Congreso de la Ciudad legislará para que la gestión, control, acrecentamiento, permuta, concesión, arrendamiento y desincorporación del patrimonio inmobiliario sean actividades beneficiosas para la Ciudad en términos prácticos y financieros, se realicen con honestidad y transparencia, estén sujetas a un continuo proceso de fiscalización por parte de la Auditoría Superior y se divulguen de manera amplia, suficiente, periódica y sistemática para conocimiento de la ciudadanía.

Desafortunadamente, no lo conseguimos.  Y eso preocupa porque cuando las reglas y fronteras no están claras, hay muchos que allá, en lo obscurito, ven como suyo lo que en realidad es de todos.

* Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad https://contralacorrupcion.mx/inmobiliariamancera/

Gestión del suelo sin contrapesos; recetario para clientelismo y corrupción

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La gestión y el uso del suelo son asuntos fundamentales para los capitalinos, porque afectan su patrimonio, su entorno, su calidad de vida y porque ahí radican los conflictos que a diario y en muchos puntos de la Ciudad existen entre vecinos y empresas inmobiliarias que, en no pocos casos, actúan ilegalmente solapadas por la autoridad o en abierta complicidad con ella. Por ende, resulta injusta la crítica que hizo Alejandro Encinas de tildar de reaccionarios, neoliberales, lectores irresponsables, destructores del Estado y defensores de la dictadura del dinero, a quienes han criticado las cuestiones que sobre el suelo plantea u omite el proyecto de constitución.

El temor de la ciudadanía se basa en dos hechos evidentes: primero, por su densidad poblacional, el suelo es la joya de la corona de la Ciudad de México cuya explotación comercial es manjar del que se nutren muchos y, segundo, Don Dinero, fiel a su credo de maximizar la rentabilidad financiera y al amparo de una normatividad que permite legalizarlo todo, es quien día con día marca la pauta del desarrollo urbano, sin importarle la afectación a terceros, los programas delegacionales y lo que deje a su paso en materia de calles y barrios transformados, sin espacios públicos, problemas viales, mayor contaminación, incrementos en el precio de los terrenos derivados de la especulación y de los abultados márgenes de ganancia de las inmobiliarias, y servicios urbanos rebasados por una demanda agrandada, no planeada, imposible de satisfacer.

Por eso preocupa, que en el proyecto de constitución la gestión del suelo sea prerrogativa del gobierno de la Ciudad, léase del jefe de Gobierno, sin ningún contrapeso por parte del legislativo y menos de la ciudadanía. Ni siquiera las alcaldías pintan en este asunto. Cómo interpretar cuando se dice que “El gobierno dará prioridad en el acceso al suelo a quienes impulsen proyectos que integren áreas de convivencia social, servicios educativos, espacios públicos, productivos y otros servicios”. No se necesita ser muy listo para saber a qué se dedican esos “quienes”.

El problema del larguísimo listado de derechos a los que hace mención el proyecto de constitución, no se limita a cuestiones de redundancia, justificación, pertinencia, a su impacto en los flujos inmigratorios y a la viabilidad presupuestal de muchos de ellos, sino también a la utilización perversa que puede dárseles, cuando solo enunciándolos se legitima cualquier cosa.

Tomemos el caso de la Ley de Vivienda que está a punto de someterse a votación de la Asamblea Legislativa. El proyecto de constitución dice: “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades”. ¿Quién puede discrepar de esto? Pero esto sirve para que dicha ley le otorgue al gobierno de la Ciudad el rol de promotor de vivienda para toda la población, para lo cual desarrollará programas sectoriales, institucionales y especiales de vivienda, dará apoyos fiscales crediticios y facilitará trámites, creará reservas territoriales para constituir una bolsa de suelo, edificará vivienda que rentará de manera subsidiada con opción de compra y participará con apoyos económicos en el mercado secundario de vivienda. Para lo cual podrá recurrir a créditos y destinará una porción de la plusvalía inmobiliaria que “recupere”.

Aunemos lo anterior con la definición que la dictaminada Ley de Vivienda hace de la población vulnerable y que corresponde al 52% del total porque se incluyen: mujeres, jóvenes entre 18 y 30 años, estudiantes, mayores de sesenta años y personas que por alguna razón han sido discriminadas o han sufrido violencia familiar; ¿quién falta? Así, el gobierno de la Ciudad podrá elaborar programas específicos de vivienda para cualquier segmento de este amplísimo universo y localizarlos donde le venga en gana. No se requiere de mucha sagacidad para deducir que esto se puede traducir en programas clientelares o destinados a alterar la correlación de fuerzas políticas en una determinada demarcación.

Para la Ley de Vivienda basta definir el derecho a la vivienda, condimentarlo con el derecho a la ciudad y en un tris, el gobierno de la Ciudad se convierte en un promotor, arrendador, otorgador de subsidios, liberador de requisitos legales, constructor y agente inmobiliario, cuyas acciones sobrepasan la atención de los segmentos de la población más necesitados. Además, para estos fines, tendrá facultades para cambiar el uso del suelo a su conveniencia y, por causa de utilidad pública, podrá expropiar predios y bienes inmuebles, y adjudicarse aquellos cuyos dueños no le sean conocidos.

¿Es esto lo que debemos entender cuando el proyecto de constitución “reconoce la función social del suelo y la propiedad”?, ¿es legítimo expropiar bienes inmuebles para causa de utilidad pública para que después los explote o terminen en manos de un particular?, ¿cómo entender que el actual gobierno de la Ciudad haya desincorporado del patrimonio público y a título oneroso, más de 450,000 metros², de los cuales la mitad tenía valor ambiental, como lo demuestra una investigación de Suma Urbana con datos recabados de la Gaceta Oficial?

No es democrático, y menos aún puede ser parte de una constitución que se presume de avanzada, concentrar tanto poder respecto al suelo y al patrimonio inmobiliario de la Ciudad en un solo puesto; el jefe de Gobierno, llámese como se llame y sin importar cuál sea su filiación partidista. La mesa queda puesta para que el clientelismo, la corrupción y el imperio del dinero determinen, como hasta ahora, el rumbo caótico de la Ciudad.

Por ende, la constitución debería incorporar las siguientes salvaguardas para protección de la ciudadanía, del patrimonio público y del futuro de la Ciudad:

Primera, la constitución debe definir al espacio público, los bienes inmobiliarios propiedad del gobierno y los muebles urbanos como patrimonio de la Ciudad de México, por lo que su gestión, acrecentamiento, concesión y desincorporación deben estar sujetos; a un contrapeso por parte del legislativo, a la más absoluta transparencia y a un proceso continuo de fiscalización.

Segunda, el Instituto de Planeación debe ser un órgano autónomo, no dependiente del jefe de Gobierno, que tenga un consejo directivo donde participen los ciudadanos y tengan voz los mejores talentos en materia urbana. Su principal tarea deberá ser la elaboración, seguimiento y, en su caso, actualización del Plan General de Desarrollo de la Ciudad, dentro del cual estarán las definiciones fundamentales en materia de uso del suelo y la estrategia financiera donde estén cuantificados los recursos para gasto corriente e inversión y la magnitud de la deuda pública, incorporando en ésta al pasivo contingente implícito en la obligación de apoyar a grupos específicos de la población, como los adultos mayores.

Tercera, el uso del suelo debe estar sancionado por el poder legislativo, así como las modificaciones que en su momento proponga el Instituto de Planeación.

Cuarta, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad debe considerarse como un bien público, porque es el instrumento para ordenar esfuerzos, establecer prioridades y hacer realidad las aspiraciones y los derechos de sus habitantes. Es obligado que dispongamos de un plan a prueba de jefes de gobierno. Servir a la Ciudad es un mandato que no otorga derechos patrimoniales sobre los bienes públicos, ni convierte al transitorio gobernante en tutor de los ciudadanos, ni a éstos en mendigos de su condescendencia.

El Plan de General de Desarrollo de la Ciudad de México debe ser estafeta que pase de manos y no un álbum para coleccionar ocurrencias. De ésas, tenemos muchas y ya estamos hartos.