La improvisación; tan cara como la corrupción

 

Pizarron 3

Antes de que asumieran sus actuales cargos, López Obrador y Carlos Urzúa nunca habían trabajado en el Gobierno Federal. Su experiencia en la Administración Pública se limitaba, respectivamente, a cinco años como jefe del Gobierno del Distrito Federal y a poco menos de tres años como secretario de Finanzas de esta entidad federativa.

Pese a su corta experiencia en el servicio público y escaso conocimiento respecto a la magnitud y complejidad de la Administración Pública Federal cuyo presupuesto supera en veinticinco veces al de la Ciudad de México, decidieron impulsar desde antes de entrar a sus sendos despachos, cambios relevantes en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal e implementarlos de inmediato sin mayor análisis, lo que ha repercutido de manera importante en la operación de dependencias y entidades y, sobre todo, en los servicios que estas prestan a la población.

En particular, me refiero a darle a la Secretaría de Hacienda la función de consolidar las compras de bienes y contratación de servicios que ella determine.

Este cambio modificó el rol macroeconómico, podría decirse global, que había tenido Hacienda en la gestión del Gobierno federal al encargarse de: diseñar e implantar la política hacendaria, la gestión de la deuda pública, la elaboración, control y seguimiento del presupuesto del Gobierno Federal, la estrategia y la regulación del sistema financiero y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Mientras que las tareas operativas de su ramo, como el cobro de impuestos, la gestión aduanal y el control y supervisión de las instituciones financieras se realizan a través de los órganos desconcentrados y comisiones a su cargo.

Sin embargo, al consolidar las compras de bienes y contratación de servicios, Hacienda asume ahora un rol operativo que la mete de lleno en las entrañas de la gestión de todas la dependencias y entidades del Gobierno Federal, lo cual realiza por partida doble; además de hacerse cargo de buena parte de sus compras y contrataciones, ella asigna los recursos para este fin al momento de aprobarles su presupuesto. Amén de que también decide cuándo depositárselos en sus tesorerías.

A esto hay que sumarle que el intervencionismo de Hacienda en la elaboración del presupuesto se ha intensificado en esta administración, decidiendo de facto sobre la cancelación o reducción de programas específicos sin la opinión de la dependencia del ramo y sin entender el contexto de cada uno.

Si imagináramos a los titulares de las dependencias y entidades como si fueran directores de orquesta, la intervención de Hacienda equivale a que ellos no tuvieran el control de una sección de instrumentos, —las cuerdas, por ejemplo— que bien puede estar tocando a otro ritmo o, de plano, una obra distinta. Pero, con la salvedad, de que el último responsable de la calidad del resultado final seguirá siendo el conductor. Hacienda podrá entrometerse hasta en los detalles más nimios y sus decisiones afectar el desempeño cada entidad o dependencia, pero ninguno de sus funcionarios dará la cara y se responsabilizará de esto.

La carta del exdirector del IMSS refleja con claridad su frustración al observar que determinadas decisiones que, en teoría, eran de su competencia y que además estaban directamente vinculadas a la calidad del servicio del Instituto, se están tomando por una instancia lejana y por funcionarios ajenos a la realidad cotidiana de la institución; “injerencia perniciosa”, le llamó.

Si consideramos que los bienes y servicios que adquiere el Gobierno Federal equivalen a un billón de pesos que sirven para comprar miles de productos y servicios que, además de tener características físicas y técnicas muy diversas, sus condiciones de compra, fabricación, traslado y entrega también son muy amplias, la idea de consolidar esta función en la Secretaría de Hacienda debió ser analizada con detenimiento antes de implantarla, para valorar sus costos y beneficios y, sobre todo, si efectivamente habría un ahorro y se eliminaría la corrupción.

Lo recomendable habría sido, en caso de que los resultados de este análisis hubieran apuntado a favor de centralizar las compras y contrataciones, que se realizaran pruebas pilotos para contar con experiencias a partir de las cuales, ya se podría pasar a la ingeniería de procesos, al diseño de la estructura que los operaría y al reclutamiento del personal que la tripularía. Esto, podría haberse materializado en la creación de la Proveeduría del Gobierno Federal cuya puesta en marcha requeriría también un proceso gradual de arranque. ¡Claro, hacer las cosas bien podría haber tomado un año!

Pero en un alarde de improvisación, se le asignó esta función a la Oficialía Mayor de Hacienda. Esta, que antes estaba solo dedicada a la gestión administrativa y presupuestal de la dependencia, se convirtió de repente y de manera oficiosa en esa proveeduría, que puede llegar a gestionar recursos equivalentes a cuarenta y cuatro veces su propio presupuesto, para adquirir bienes y servicios sin contar con ninguna experiencia y conocimiento de sus sendos mercados, sus características específicas y de sus condiciones particulares de fabricación, compra, traslado y entrega en los centros de consumo.

Cuando se intenta pasar del escalón cero al diez sin antes construir los intermedios, hay una alta probabilidad de que el remedio resulte más oneroso que la enfermedad.  La compra tardía de libros de texto gratuito y las implicaciones que ha tenido el retraso en las adquisiciones de medicinas en los hospitales y, sobre todo, en los pacientes es un claro ejemplo del costo que acarrea una acción precipitada.

Puede ser válida la intención de concentrar las compras y contrataciones asumiendo que así se puede ahorrar. Pero, lo que es inadmisible, es que se haya procedido a hacerlo de manera improvisada. ¿Qué magnitud de ahorro compensa el sufrimiento de pacientes que esperan sus medicamentos, los tratamientos que les alivien el dolor o, más grave aún, que los salve de la muerte?, ¿qué pasará con los millones de niños que al inicio del siguiente curso escolar no tendrán libros?, ¿se les responderá de nuevo diciéndoles burlonamente: “disculpen las molestias”?

La improvisación, así sea hecha por seres inmaculados, puede resultar tan cara o más que la corrupción.

 

El plan no tiene quien lo escriba

El plan no tiene

Todos ganaríamos y sería una muestra de madurez institucional, si cada Plan Nacional de Desarrollo empezara con una sección donde se hiciera un balance serio del anterior.  Aprenderíamos de los fracasos y capitalizaríamos los éxitos. Sin embargo, la dinámica política hace del País un ave fénix que renace cada seis años de la mano de su temporal salvador. Esa lógica de resurrección, aunque exacerbada, es la que inspira al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Como muchos analistas lo han hecho notar, hay marcadas diferencias en cuanto a enfoque, metodología, estilo, incluso formato, entre el primer tomo del PND de sesenta y cuatro páginas, que al parecer fue elaborado en la Oficina del presidente, y el segundo tomo, que aun cuando en la Gaceta Parlamentaria se enuncia como anexos del primero, parece otro documento distinto, más apegado a los cánones de un proceso de planeación y que según se ha difundido fue redactado en la Secretaría de Hacienda.

Es claro que el documento presentado por López Obrador no se ajusta a los mínimos estándares para considerarlo como un plan nacional. Se trata en esencia de un manifiesto político que repite buena parte de los argumentos retóricos que utilizó a lo largo de su campaña e integra programas y proyectos que ya ha puesto en marcha.

Pese a esto, vale la pena examinar el documento para entender, a través de su lectura, la forma cómo López Obrador comprende la génesis de la problemática nacional y cómo pretende modificarla hasta lograr al término de su mandato lo que, según él, será la cuarta transformación del País. De esta manera, podemos deducir cómo, en su carácter de jefe del Poder Ejecutivo, concibe el escenario donde se desenvuelve, cómo es y en qué basa su proceso de toma de decisiones y, sobre todo, cómo este determinará el rumbo de su gobierno y afectará la marcha de la Nación.

López Obrador concibe su mandato como un amanecer después de “la larga y oscura noche del neoliberalismo” que se extendió de 1982 a 2018. Antes de ella el desarrollo estabilizador había permitido alcanzar tasas de crecimiento arriba del 6%, pero las crisis financieras de 1976 y 1982 hicieron colapsar este modelo económico que se basaba en una activa participación del gobierno en la economía, el control estatal de sectores denominados estratégicos, la sustitución de importaciones, los precios de garantía, subsidios generales(¿) y la construcción de infraestructura con recursos públicos.

Sin embargo, López Obrador nunca se pregunta si la crisis de 1976 fue, en gran medida, la consecuencia de haber alargado la estrategia del desarrollo estabilizador, pese a que desde principios de los setenta ya mostraba claros signos de agotamiento, como fue la deuda adicional que anualmente se contrataba con el Banco Mundial para mantener sin cambio los precios de los hidrocarburos, la electricidad y el azúcar. Mientras que el esfuerzo hecho para industrializar al País no logró traducirse en una fuente de generación de divisas dada la falta de competitividad de la industria nacional cuya rentabilidad dependía, en buena parte, de la protección arancelaria.

Para él, durante ese lapso de treinta y seis años no ocurrió nada positivo. El Estado se replegó, se redujo el sector social, se abrió la economía, se mermaron o eliminaron derechos laborales, se cancelaron los subsidios generales a cambio de ayudas clientelares, se parcelaron las facultades del gobierno en órganos autónomos y comisiones, y este abdicó sus potestades transfiriéndolas a instancias internacionales. Todo esto produjo un crecimiento magro, surgió una oligarquía político empresarial que maquinó sucesivos fraudes electorales, se agudizó la mala distribución del ingreso en términos individuales y regionales, aumentó la pobreza, se rompió el pacto social posrevolucionario y se generó una mayor corrupción. Hasta que, el primero de julio de 2018, ocurrió “una sublevación legal, pacífica y democrática fruto de una paulatina toma de conciencia; el pueblo se unió y se organizó para enterrar el neoliberalismo”.

López Obrador atina al señalar algunas de las asignaturas pendientes del neoliberalismo, que desde hace años han sido objetos de crítica en ámbitos académicos y políticos. Pero, a diferencia de lo que ocurre en Europa y Estados Unidos, donde a partir de entender el escenario actual y de cara al futuro, se plantean estrategias para atender y revertir los efectos que han tenido las políticas neoliberales, él prefiere mirar hacia atrás. Su obsesión por señalar a los culpables del desbarajuste, como él define la situación actual del País, y su nostalgia por un pasado idealizado, le impiden darse cuenta de que este es irrepetible y de que durante esos treinta y seis años el esfuerzo de millones de ciudadanos permitió que el País avanzara en muchos frentes, además de que este evolucionó de manera notable, en términos económicos, demográficos, sociales, políticos y en su relación con el exterior, porque fue inevitable que México se incorporara al proceso de globalización.

Incluso, durante ese lapso, la estructura institucional del Estado mexicano se modificó con la creación de órganos autónomos y comisiones, que son depositarios de funciones estatales, no para debilitar la acción del Poder Ejecutivo, como lo juzga López Obrador, sino para que dichas funciones se lleven a cabo de manera eficaz, imparcialmente y con transparencia, lo que en suma constituye un valioso avance democrático que no podemos darnos el lujo de tirar a la basura.

Este conjunto de elementos le darían a un jefe de Estado del segundo decenio del Siglo XXI, los antecedentes y las coordenadas para plantear su plan de gobierno en el que, sin perder de vista su temporal rol de estafeta, que no dueño, del Poder Ejecutivo,  imprimiera su visión del desarrollo del País y planteara los grandes objetivos nacionales y las estrategias para alcanzarlos.

Desafortunadamente, el proceso de toma de decisiones de López Obrador no parece partir de un análisis concienzudo de la información disponible, de los antecedentes y menos aún de sus costos y posibles implicaciones en la economía y la sociedad. Da la impresión, de que él racionaliza a posteriori decisiones que tiempo atrás ya había tomado de manera intuitiva. Para ello, crea una narrativa seleccionando hechos aislados como base para elaborar los argumentos que le sirvan para justificarlas y venderlas políticamente, sin importarle que estos sean infundados, parciales o estén equivocados.

El proceso de planeación es un continuo que va de lo general a lo particular. Parte de un plano estratégico, pasa por uno táctico y termina en un nivel operativo. Corresponde a los puestos de mayor jerarquía de cualquier organización, en este caso la jefatura del Poder Ejecutivo y el gabinete, la responsabilidad de definir el rumbo, los objetivos y las estrategias para lograrlos. Más adelante, los secretarios traducirán estas en acciones tácticas al elaborar sus sendos programas sectoriales y en acciones operativas al momento de plantear los presupuestos anuales de sus dependencias.

Pero, por lo que a diario se informa en las mañaneras y se lee en el Plan Nacional de Desarrollo,  se observa que al tomar decisiones López Obrador se desenfada por completo de ese método deductivo. Así, él pasa de una idea vaga que conceptualiza de manera intuitiva a una decisión operativa, que bien puede calificarse como ocurrencia. Por ejemplo, el supuesto de que la entrega de dinero a los estudiantes de las secundarias públicas hará que se alejen de las redes de narcotraficantes, fue suficiente para iniciar un programa social que cuesta miles de millones de pesos, sin que mediara ningún análisis previo y menos aún se realizara un ensayo que sirviera para probar la tesis sobre la que descansa dicho programa y, sobre todo, para valorar sus implicaciones en el desarrollo y conductas de los alumnos beneficiados.

Es claro que López Obrador actúa fundamentalmente en un plano operativo. Muchas de sus decisiones atienden el corto plazo y están basadas en información escasa o carecen de un marco de referencia que las sustente y ponga en contexto. Por ejemplo: decide edificar una refinería sin antes elaborar el programa energético, ordena construir un tren, un nuevo aeropuerto y cancelar la construcción de la principal terminal aérea del País, sin contar con los programas de transporte, turismo, ambiental y de desarrollo urbano, y sin tener un estudio serio que justifique dichos proyectos. Cancela el Programa de Estancias Infantiles sin antes evaluar sus consecuencias en los padres de familia, en especial las madres solteras. Ofrece su voluntarismo mágico como la garantía que eliminará cualquier obstáculo y asegurará que todo se cumpla en el plazo por él fijado. Desoye las voces de los expertos que piensen en contrario, aun si él mismo les solicitó su opinión.

Justin Kruger y David Dunning, de la Universidad de Cornell, observaron que los individuos que carecían de habilidades y conocimientos tendían a sobrevalorar sus aptitudes y capacidades, al grado de considerarse más aptos e inteligentes respecto a quienes sí eran competentes. Por el contrario, las autovaloraciones de estos fueron más certeras.

En la práctica, este sesgo cognitivo, que se bautizó como efecto Kruger-Dunning, conduce al individuo a interpretaciones ilógicas e imprecisas de la realidad, que pueden hacerlo incurrir en juicios y acciones equivocadas.

En el caso de un jefe de Estado, esto podría derivar en decisiones que no tengan racionalidad y que, por ende, pueden implicar riesgos financieros para las finanzas públicas, afectar el funcionamiento del aparato estatal y la economía o, de plano, no resolver, y quizá empeorar, los problemas que en principio se buscaban solucionar.

El salvaguardas para la sociedad frente a esta posibilidad es su madurez democrática y fortaleza institucional. El gabinete, el Congreso, los medios y la fuerza de la opinión pública actuarían como filtros y contrapesos para evitar perder el rumbo o, al menos, aminorar los daños, como medianamente ha sucedido con Trump. Pero, en nuestro caso, un gabinete de bajo perfil deliberadamente escogido para servir de comparsa y un Congreso al servicio del presidente, crean en la sociedad una sensación de incertidumbre y desconfianza porque se advierte la falta de sustento de muchas decisiones que comprometen montos importantes de recursos públicos, porque se conoce la gravedad de nuestros problemas, y porque se sabe de los riesgos que nos esperan en el camino. Ante las señales de alerta no extraña que en muchos ámbitos —dentro y fuera de País— la recomendación sea actuar con prudencia.

Nadie quiere que el presidente fracase, pero para que le vaya bien debe hacer las cosas bien. Decirle que está equivocado, no se inspira en una crítica sin sustento, sino en el conocimiento y en la convicción de que los errores de un presidente no los paga él sino el pueblo. Ya lo vivimos varias veces. Incluso, seguimos pagando equivocaciones que pudieron evitarse.

Pero López Obrador está más cerca de emular a aquellos que critica, que a los personajes históricos que tanto admira. Si él busca algún denominador común de las crisis que padeció el País en los últimos veinticinco años del siglo pasado, encontrará que quienes eran presidentes se encerraron en un círculo muy pequeño, incluso su oído se hizo tan selectivo que se deshicieron de aquellos colaboradores que los incomodaban. Insultar, poniéndoles calificativos a quienes lo critican, sin tomarse la molestia de comprender sus argumentos, es equivalente al “ni los veo, ni los oigo” de Salinas. Este, empeñado en un rumbo, desoyó y asedió a las voces que le advertían que la nave hacía agua, como ocurrió con El Financiero de aquel entonces, o con Excelsior y Echeverría, o con Proceso y López Portillo y, ahora, al parecer, con el Reforma. El síndrome de estos casos es el mismo: arrogancia y una falsa sensación de superioridad moral e intelectual respecto a los demás.

Algunos analistas insisten que será la realidad quien espabile a López Obrador de su autocomplacencia y lo haga modificar su manera de gobernar. Pero, preocupa que esto suceda después de que el autobús se haya estrellado contra la pared. Como inevitables pasajeros de nuestra realidad nacional y después de observar que el conductor ha hecho varios giros temerarios que nos han erizado la piel, no podemos ignorar los peligros que nos depara la travesía y esperar a que el recuento de daños nos dé la razón.

Desde ahora debemos levantar la voz, argumentar con razones en donde podamos, sumar esfuerzos para hacernos escuchar. Hoy como nunca, le toca a la sociedad civil mexicana servir de dique para conducir a los poderes públicos, para evitar que desandemos el camino, para capitalizar las lecciones que hemos aprendido, para demostrar que la fuerza de cambio de un país no radica en su gobierno sino en su sociedad y que mientras esta sí trasciende y evoluciona en el tiempo, los presidentes se suceden perdiéndose en la memoria. Estos podrán redactar planes, pero no escribir la historia y menos aún, anticipándose a ella.

Ley de Remuneraciones; partamos de cero y hagámoslo bien

Ley de Remuneraciones

López Obrador es un hombre de impulsos no de razones, de ideas sencillas no de planteamientos complejos, de lo inmediato no de lo planeado, de prejuicios no de apertura, de nostalgia no de futuro, de mirar el árbol sin comprender el bosque.

Como opositor de distintos gobiernos y candidato presidencial, esto le valió para crear una sólida base de partidarios a los que sabe dirigirse con planteamientos sencillos, que además de sintetizar simplistamente el diagnóstico y la solución de los problemas nacionales, suelen señalar, para la algarabía de sus seguidores, a los presuntos responsables, lo que incluye la cancelación de iniciativas y proyectos que estos pudieron emprender. Acrisola en el entusiasmo de la masa, el desquite social con la revancha personal.

Pero gobernar es una tarea mucho más compleja que la búsqueda de votos, por la sencilla razón de que lo primero tiene consecuencias en la vida de millones de personas, en el patrimonio público, en la tranquilidad social y en la confianza —interna y externa— que se requiere para conducir al País.

López Obrador ha tomado decisiones graves sin haberse dado el tiempo para entender la complejidad de cada situación, para informarse de los esfuerzos previos, del dinero público ya gastado o invertido en ellos, de las lecciones aprendidas y, para anticipar las previsibles consecuencias de sus actos. Se comporta como si tuviera dominio pleno de todos los asuntos públicos y que basta su voluntad para remover cualquier obstáculo. Presume de humildad, pero no le alcanza para decir, no sé.

En aras de reducir a la brevedad las remuneraciones en el servicio público, en especial las del Poder Judicial y órganos autónomos con quienes López tiene una rivalidad añeja, se desempolvó un viejo proyecto de Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos que reglamentaría el Artículo 127 Constitucional y que llevaba más de siete años archivado en el Senado. Con las prisas para disparar un cañonazo legislativo, MORENA optó por no revisarla con cuidado y menos aún actualizarla en cuestiones de forma tan nimias como cambiar Distrito Federal por Ciudad de México, porque eso hubiera dilatado la aprobación y el cumplimiento de una promesa de campaña; López Obrador ganaría la mitad del sueldo de Peña Nieto. Aunque, curiosamente, se dobló el ingreso que percibía en MORENA, también financiado con recursos del erario.

El aparato del Estado mexicano está tripulado por un heterogéneo universo de servidores públicos

El tema de las remuneraciones de los servidores públicos es una cuestión mucho más compleja y amplia que un tabulador o que el sueldo del presidente. Se trata del funcionamiento del aparato del Estado a través del cual los planes de gobierno se diseñan y se hacen realidad, se atienden los riesgos más importantes que corre la población, se gobierna, se procura e imparte justicia, se legisla, se educa, se regulan y registran buena parte de las actividades que realizan personas físicas y morales, se cobran y gastan los recursos de los contribuyentes y, como Nación soberana, nos relacionamos con el exterior.

El universo de servidores públicos que trabaja en ese enorme y diverso aparato está integrado por grupos de naturaleza muy distinta que, en cada caso, debería considerarse al momento de establecer una política de remuneración.

Por ejemplo, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en los órganos autónomos, hay un número pequeño de puestos a los que se accede solo por la vía electoral, por el nombramiento de alguien elegido en las urnas o, por la designación del Senado. Por tanto, la gestión de los ocupantes de esos cargos está acotada a un lapso especifico. Contrario a lo que sucede con el resto de los puestos que representan la enorme mayoría y que son desempeñados por personas cuyo nombramiento es por tiempo indefinido, que pasaron por distintos procesos de reclutamiento y selección, y que tienen, además, la opción de ascender a posiciones de mayor responsabilidad.

Si ya la variedad de puestos que integran este universo y las sendas funciones que desempeñan da lugar a un catálogo amplísimo, agreguemos, para complicar aún más las cosas, a las fuerzas armadas y a los cuerpos de inteligencia y seguridad, cuyos miembros ponen en riesgo sus vidas e integridad física, tanto en el desempeño de sus funciones como en su ámbito privado.

Intereses traslapados: la sociedad, el aparato Estatal y los servidores públicos

Cuando se analiza desde distintas perspectivas el tema de remuneraciones de los servidores públicos, es fácil observar que en él se traslapan los intereses de tres entes: la sociedad, el aparato Estatal y los servidores públicos. Por ende, al momento de diseñar una política de remuneración, esos intereses concurrentes deben considerarse de manera simultánea con la finalidad de alinearlos en un justo balance.

Para la sociedad, las remuneraciones de los servidores públicos tienen relevancia porque se pagan con los recursos que ella aporta en forma de impuestos. Por ende, tiene pleno derecho a conocerlas con precisión, a exigir que su monto se ajuste a un principio de austeridad, a que existan contrapesos para evitar abusos y a que su cuantía sea acorde con las condicionantes presupuestales.

Por su parte, para un funcionamiento eficaz del aparato Estatal es imprescindible atraer y retener talento. Más aún, si se considera la complejidad de todas las trincheras donde el Estado está presente, a través de entidades, dependencias y órganos autónomos, que tienen distintos tipos de organización y funcionamiento según las características de las actividades que realizan, lo que eventualmente debe considerarse al momento de diseñar una política de remuneraciones, que además no podrá pasar por alto la existencia de un mercado laboral donde inevitablemente se compite por reclutar a los mejores elementos.

Por lo que respecta a los servidores públicos, estos tienen la justa y legítima aspiración de desarrollarse profesional y económicamente en el servicio público, al que muchos se suman por una vocación de servicio que no debe confundirse con un voto de caridad. Ciertamente, quien ingresa al ámbito público, sabe que sus remuneraciones serán más bajas que las del sector privado. Pero, esto no significa que no se le puedan proporcionar los medios para que su desarrollo y desempeño profesional le den la oportunidad de disfrutar de mejores ingresos y acumular de manera honesta un patrimonio familiar.

Para colgar un cuadro es preciso poner antes el clavo

Sin una política salarial, la elaboración de una Ley de Remuneraciones y, más aún, el diseño de un tabulador es como querer colgar un cuadro sin antes haber puesto el clavo que lo sujete.

Esto es justo lo que está haciendo López Obrador cuando tomó la decisión unipersonal, sin que estuviera apegada a ningún criterio técnico, de que la mitad del ingreso que percibía Peña Nieto fuera el tope máximo de todos los tabuladores existentes en el aparato Estatal.

Esto además de ignorar cómo está estructurado, tripulado y remunerado el aparato Estatal, tira por la borda los esfuerzos que a lo largo de los últimos dieciocho años se han hecho para contar con una estructura salarial bien elaborada, se deja sin atender lo que todavía se tenía que corregir y realizar y, además, se incurre en un acto ilegal al momento de que el patrón, en este caso una dependencia, entidad u órgano autónomo, reduce unilateralmente el paquete de remuneración de sus empleados.

Cierto que hay sueldos y prestaciones insultantes. Pero, conozco que son una minoría de casos que en buena parte se deben a que, respecto a los puestos de mayor jerarquía, no se han establecido mecanismos para que los propios interesados no sean los mismos que definan sus ingresos. Más aún, tan inconveniente es que los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de algún tribunal, y los legisladores se fijen unilateralmente sus paquetes de remuneración, como que el nivel máximo de los tabuladores de todo el aparato Estatal dependa, como lo quiere hacer López Obrador, del capricho del presidente en turno.

Si pensamos en un ánimo constructivo, esta coyuntura política y la tensión que ha provocado debería dar lugar a una elaboración prolija y bien pensada de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que considere que su aplicación afectará al recurso más valioso con el que cuenta el Estado; su capital humano. De su talento, profesionalismo,  compromiso y del ambiente laboral en el que se desenvuelva, depende en gran parte que se satisfagan las expectativas que la sociedad tiene de una estructura burocrática que está para servirla y que ella mantiene. Por ende, es imprescindible que dicha ley logre poner en justa sintonía los intereses de la sociedad, del aparato Estatal y de los servidores públicos.

Claro que eso significaría posponer una promesa de campaña, pero en lugar de mirar atrás y condenarnos a soluciones cojas que no resuelven el problema y, en cambio, sí crean otros nuevos, empecemos a construir para un porvenir que está más allá de este sexenio.

Bien vale la pena partir de cero y empezar de nuevo.

 

Los costosos prejuicios de AMLO

Comparativo de remuneraciones sector privado APF 1

Mal empieza un general la batalla cuando antes de iniciarla anuncia a sus tropas, sin siquiera dirigirse a ellas de frente, que les reducirá su sueldo y prestaciones de manera sensible, que despedirá a un número importante de oficiales, que la mayoría deberá mudar a sus familias a otra ciudad y que su jornada semanal se alargará de 40 a 48 horas. Así, López Obrador, con más de cinco meses de antelación, se los ha hecho saber a quienes estarán bajo su mando a partir del 1º de diciembre.

Su decálogo de austeridad refleja en muchos de sus apartados, que su visión de la Administración Pública Federal es una mezcla de prejuicios e ignorancia respecto a cuestiones básicas de su operación, de la forma como ha evolucionado su estructura, de su marco jurídico y laboral y, sobre todo, de la gestión del capital humano. Pieza vital para el buen desempeño de una organización que provee servicios públicos, como es un gobierno.

El estereotipo de servidor público que se desprende de sus planteamientos y que ha servido para el escarnio popular en los medios y en las redes sociales, es que están sobrepagados, tienen demasiadas prestaciones, disfrutan de prebendas abusivas, trabajan poco, la mayoría de ellos ocupa puestos redundantes cuya eliminación es inocua. Además, son corruptos, llegan ebrios a sus oficinas o, de plano, se alcoholizan en ellas o en pachangas y convites con contratistas y proveedores.

Para quienes hemos trabajado en el servicio público, desde dentro y desde fuera, no dudamos, porque los hemos visto y en no pocas veces sufrido su prepotencia, que existan ese tipo de funcionarios. Pero con la misma claridad, podemos afirmar que no representan de ninguna manera, a la enorme mayoría de servidores públicos que integran y hacen funcionar con su experiencia, conocimientos y esfuerzo a la Administración Pública Federal (APF).

Con el propósito de diseñar una política de remuneración sobre bases técnicas, a partir de 1997 se empezó a utilizar en la APF un sistema de valuación de puestos acorde con su naturaleza, que permitiera: a) alinear los puestos de los sectores central y paraestatal con base en su grado de responsabilidad para retribuirlos de manera equitativa y, b) facilitar la comparación con el mercado nacional para conocer el grado de competitividad del paquete de remuneraciones del sector público.

Como se aprecia en la siguiente gráfica, el tabulador de la APF está por debajo de las remuneraciones que ofrece el sector privado para puestos con una dimensión equivalente. De hecho, esta distancia se ha acrecentado en los últimos años, siendo más marcada en los puestos de mayor jerarquía como son los secretarios de Estado. Esto último también se presenta en otras naciones, donde presidentes y primeros ministros tienen salarios que son fracciones de lo perciben puestos equivalentes en el ámbito empresarial.

Remuneraciones mensuales del sector privado versus Administración Pública Federal 2018*

Grafica Comparativo de remuneraciones sector privado APF

Sin embargo, lo distintivo del caso mexicano es que la presión política que por varios sexenios se ha dado para no incrementar la remuneración de los cargos más altos, sobre todo la del presidente, ha compactado la estructura salarial provocando que la diferencia en ingresos de los primeros seis niveles sea mínima pese a la notable diferencia en su valor tabular, es decir, en su responsabilidad.

Cierto, que existe una notable distancia entre el tabulador de la APF con el salario mínimo o con las remuneraciones que en promedio perciben los trabajadores y mucha gente del campo. Pero, las referencias deben ser distintas cuando, en una economía de mercado, se trata de atraer y retener el talento que se requiere para el desempeño de las tareas del Poder Ejecutivo, cuya complejidad va en aumento en todos los frentes donde está presente: tecnología, seguridad pública, salud, medio ambiente, alimentación, relaciones internacionales, desarrollo urbano, etc.

Reducir a la mitad los ingresos de aquellos puestos que superan el millón de pesos anual y eliminar buena parte del paquete de prestaciones de los servidores públicos, destruye una de las columnas del servicio profesional de carrera y acentúa la falta de competitividad del tabulador de la APF. Pero, lo más grave es que envenena el clima laboral, porque estos anuncios han calado hondo en la moral de los servidores públicos, dando píe a legítimas preocupaciones de orden personal y familiar, que están paralizando a una administración que aún no concluye su período, o bien alentando la deserción de recursos valiosos.

La grada aplaude entusiasta y rabiosa cuando ve cómo cae la guillotina. Llegó el tiempo de la revancha que alimentaron excesos que nunca debieron darse. Pero, quienes desde lejos vemos el espectáculo nos queda claro que la acción conjunta de las medidas anunciadas por López Obrador, precarizarán a un segmento importante de la clase media, cuyo trabajo suma al producto interno bruto y a la recaudación fiscal, so pretexto de redistribuir lo que fueron sus ingresos en programas asistenciales comprometidos en la campaña.

López Obrador, como la gran mayoría de su gabinete, nunca han trabajado en la APF, y cuentan con una mínima o ninguna experiencia como administradores públicos. Desde un punto de vista de gestión de talento puede afirmarse que, para muchos de ellos, transitar de las posiciones que ocupan actualmente a ser titulares de alguna secretaría o subsecretaría de Estado o entidad paraestatal significa un salto abismal, lo que incrementa los riesgos que se corren con su designación y anuncian largas, costosas e inevitables curvas de aprendizaje. Más aún, cuando en el ejercicio de sus anteriores ocupaciones, no requirieron desarrollar las competencias conductuales, las habilidades gerenciales, los conocimientos y la experiencia que demanda el desempeño de un cargo de primer nivel en la administración pública. Buenos investigadores, jueces, legisladores, incluso directores de empresas privadas no necesariamente hacen buenos funcionarios públicos.

Por ello, resulta suicida que, ante esta realidad, se lastime justamente a los niveles que, como una red protectora, interactuarán con personas que son noveles en su papel de funcionarios públicos. Así, da la impresión de que López Obrador y su equipo están actuando con la temeridad de aquel que decide emprender una jornada peligrosa, sin entender los riesgos que está asumiendo y las posibles consecuencias de sus actos, tanto en él como en otros.

La estructura de la Administración Pública mexicana se desdobla a partir del principio de delegación. En la Constitución, el pueblo soberano delega en el presidente de la República el Poder Ejecutivo. A su vez, este lo delega en secretarios y, más adelante, como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los sendos reglamentos internos de cada de dependencia, estos lo delegan de manera fragmentada en subsecretarios, jefes de unidad, directores generales, etc.

A través de estos entramados organizacionales se aplica un vastísimo marco normativo; leyes, reglamentos y normas en infinidad de materias, lo que, a su vez, da origen a cantidad de procesos administrativos que sirven para planear, supervisar, aprobar, promover, vigilar, sancionar, regular, concesionar, etc. que cruzan a lo largo y ancho el Gobierno Federal conectándolo con: el sector paraestatal, los órganos autónomos, los gobiernos estatales, los poderes legislativo y judicial, el sector privado, con gobiernos extranjeros y, desde luego, con el ciudadano nacional y extranjero.

Esto significa que la dimensión y estructura de la Administración Pública se deriva, en buena parte de la obligación de ejecutar un marco jurídico, que en muchas ocasiones se ha elaborado y aprobado por el Poder Legislativo sin tener claro su pertinencia, eficacia y las implicaciones presupuestales para aplicarlo. De hecho, en muchos casos, leyes y reglamentos se aplican a medias porque no hay recursos para hacerlo de manera contundente. O bien, como sucede con las normas de control, estas, lejos de lograr el fin para el que fueron diseñadas, se convierten en taras que ralentizan a procesos sustantivos o dan píe a simulaciones que a la larga provocan otros problemas.

Eliminar el Estado Mayor Presidencial y varias subsecretarías, mudar, sin ningún estudio previo, a muchas secretarías y entidades de la Capital a otras ciudades, eliminar al 70% del personal de confianza, desaparecer las oficialías mayores, concentrar todas las compras  en un solo ente y hacer depender a todas las delegaciones federales de un superdelegado estatal, es equivalente a iniciar la remodelación drástica de un edificio sin antes darse el tiempo para saber cuál es su uso y entender que función tienen los muros y las columnas, y por donde corren las tuberías de agua, drenaje y electricidad.

Ciertamente en la Administración Pública Federal hay muchas áreas de oportunidad para abatir su dimensión, el costo y mejorar su eficiencia. Pero hay que actuar con la finura del cirujano, no con la tosquedad del leñador. Más aún, porque reformarla y reestructurarla no es una tarea para principiantes, dado que es un largo tren en marcha imposible de parar.

Lo primero, como sucedió con la reforma administrativa de 1976 que fue de gran envergadura, sería alinear la estructura de la Administración Pública Federal con los objetivos del plan de gobierno. No se puede desplegar un ejército cuando se desconoce el tipo de batalla que se va a pelear. Planteado lo estratégico habrá un marco para establecer lo táctico y, posteriormente, definir las cuestiones operativas. Hoy parece que hemos iniciado al revés. Más aún, en términos organizacionales donde, como sucede con el techo de una casa, los cuadritos de la estructura son lo último, y no lo primero que se pone.

El primer paso para no errar es tener la humildad para admitir que no se sabe. Y esto, para quien tomará las riendas de una Administración Pública tan grande y compleja como la Federal, debe ser una actitud indispensable. López Obrador debería aprovechar los meses que tiene por delante, que son muchos, para informarse, reflexionar y plantear las cuestiones estratégicas que normarán su plan de gobierno. Ya terminó la contienda electoral y con ella la necesidad de estar haciendo anuncios a diario para ganar votos. El recurso de lanzar petardos mediáticos para colocarse como el orquestador de la polémica pública es una útil estrategia de campaña, pero cuando se deja de ser candidato y casi se es presidente electo, seguirlo haciendo puede significar la rápida pérdida de capital político, porque quien ahora habla tiene virtualmente el poder público y eso les da otro peso y sentido a sus palabras. Lo que en voz de un candidato son ocurrencias intrascendentes, en la de un presidente se convierten en errores garrafales.

 

*Esta gráfica se tomó del documento de trabajo “La Remuneración de los Servidores Públicos del Gobierno Federal y Entidades Paraestatales”, elaborado y publicado por Hay Group S.A. de C.V. en 2003 y se actualizó con datos del mercado de 2018 y del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2018

Retiros que llegan, pensiones que no alcanzan

Pensiones que no alcanzanLos viernes de cada semana cuatro hombres jubilados solían encontrarse en un pequeño restaurante de un barrio clasemediero. Sin embargo, sólo uno de ellos lo hacía en calidad de cliente. Los otros eran el dueño del lugar, el mesero y el garrotero, quién además hacia funciones de lavaplatos, pinche y ayudaba con la limpieza el fin de semana lo cual le permitía incrementar la paga, a la vez que le daba el derecho a comer y cenar gratis.

A fuerza de verse con regularidad, se fue desarrollando entre ellos cierta camaradería, aunque ésta se limitaba al intercambio de opiniones generales y, ocasionalmente, de alguna broma. Rara vez, hablaban de sus vidas, aunque por chismes de aquí y de allá, cada uno conocía o suponía conocer la de los demás.

Ese viernes el señor ministro, como respetuosamente le llamaban, arribó como siempre en punto de las dos de la tarde. Su chofer lo dejó justo en la puerta del restaurant entró parsimoniosamente y se dirigió a la mesa que siempre tenía reservada; su favorita como la solía llamar. Su talante era tranquilo y sus preocupaciones se limitaban a cuestiones domésticas o a decidir adónde iría de paseo. Sus quince años como ministro de la Suprema Corte de Justicia le habían bastado para obtener una pensión vitalicia equivalente al 100% de su sueldo durante los primeros dos años y al 80% de ahí hasta que muriera.  Después, su viuda, si la hubiera, tendría derecho a disfrutar de la mitad.

Señor ministro, usted sí que es afortunado ─ le decía bromeando el dueño del lugar ─ ya quisiera haber trabajado quince años para que me jubilaran con un sueldo superior al que percibe el Presidente de la República y que además se ajusta cada vez que se revisa el tabulador de la Corte.

Yo no decidí esto, así está en la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ─ le respondía su cliente habitual ─ además que no se haga usted el olvidadizo, porque como empleado del IMSS, usted se jubiló con más del cien por ciento de sueldo y con solo treinta de servicio sin ningún límite de edad. ¿Qué no me dijo que ni siquiera había cumplido los cincuenta cuando se retiró? Así, que no importa cómo le vaya en el negocio, usted siempre tendrá un colchón más atención médica gratis hasta que muera.

El garrotero los observaba sin decir nada mientras acomodaba los platos y cubiertos sobre la mesa, aunque la expresión en su cara evidenciaba que además de estar escuchando con atención, estaba sorprendido por lo que ahí se comentaba. Pero, en cambio el mesero que se había acercado para entregar el menú, no se aguantó las ganas de intervenir.

¿Qué daría yo por tener como jubilado la mitad de lo que ustedes disfrutan? ─ les dijo en un tono tan burlón que ambos quedaron sorprendidos. Pero más el señor ministro, cuando remató su comentario con una clara alusión a él ─  aunque gracias a Dios el IMSS no aceptó el criterio que usted y sus colegas acordaron para limitar nuestras pensiones a sólo diez salarios mínimos, así que al menos tenemos veinticinco, aunque para ello tuve que esperar a cumplir sesenta y cinco años, lo que considerando que inicié mi vida laboral a los veinte, implica que tuve que trabajar 45, si señor ministro tres veces el tiempo que usted estuvo en la Corte, para recibir menos del 25% de lo que erario el Federal le da cada mes.

El ministro miraba sorprendido al mesero. Yo actué con base en la autoridad legal que tenía en ese momento ─ respondió en tono de disculpa. Pero de poco le sirvió porque la respuesta del mesero no se hizo esperar ─. No lo dudo señor ministro pero la autoridad legal no implica en automático la moral.

El ministro visiblemente molesto quiso responderle, pero justo cuando lo iba a hacer intervino el garrotero.

Date por bien servido ─ le dijo al mesero para apaciguarlo ─ los de la generación del SAR estamos peor que tú y por eso tengo que estar mendigando trabajos, porque cuando cumplí los sesenta y cinco, y pese a trabajar más de treinta años, me di cuenta que el saldo de mi AFORE no me produce ni cuatro salarios mínimos. Allá en 92, la tecnocracia dijo que las pensiones – salvo claro las del IMSS y algunas paraestatales – ya no serían un problema para las finanzas públicas, pero no nos advirtió que México se convertiría en una fábrica de viejos miserables sin cobertura médica.

¿Qué le hacemos son las leyes?; nosotros sólo las aplicamos─ dijo el señor ministro.

Así es – respondió el garrotero ─ frente a la ley todos los mexicanos somos iguales, pero sí de pensiones hablamos las leyes no son iguales para todos. O ¿me equivoco?

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*El cálculo de la pensión bruta anual de la exministra Sánchez Cordero equivale al 80% de lo que actualmente recibe un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por concepto sueldo, aguinaldo y prima vacacional según el Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2018. No incluye, la monetización de las prestaciones que no son pagadas en efectivo como seguro de vida y gastos médicos. También se desconoce si los ministros en retiro tienen derecho a la prima de riesgo anual que equivalen a $554,595 anuales.

El cálculo de las pensiones que posiblemente reciban quienes empezaron a cotizar después de 1993 se basa en lo que estiman actuarios dedicados a este tema.

El texto de este artículo se publicó en El Financiero el 21 de octubre de 2010. En esta reproducción se conservaron las reglas de acentuación vigentes en ese momento.

El monje que vendió su Ferrari…a un procurador

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¿Por qué Raúl Cervantes no debería ser el primer fiscal general de la República?

1. Porque, al margen de los pactos entre partidos, no es ético que un presidente saliente deje, como fiscal general, a una persona que él nombró y que muy probablemente tendrá que atender actos de corrupción cometidos durante su sexenio.

La insistencia en este nombramiento parece recoger la lección que aprendió Salinas, cuando Zedillo cedió al PAN el nombramiento del procurador general de la República, entregándole a la oposición la llave para destapar la cloaca. Quizá, en este caso, la intención de Peña Nieto contradice aquello de que nadie experimenta en cabeza en ajena.

2. Porque la trayectoria profesional de Raúl Cervantes no se ajusta a las cualidades, aptitudes y experiencia que se esperan tenga un fiscal general. Más aún, porque este puesto y la estructura que dirigirá, forman parte de una iniciativa de gran envergadura, que ha sido impulsada por la sociedad civil para combatir uno de los problemas más graves del País: la corrupción.

En los últimos años, Raúl Cervantes ha entretejido períodos como legislador y funcionario con lapsos en los que ha estado al frente de su despacho. De hecho, a partir de 2003 ha dedicado más tiempo a lo primero que a lo segundo. Aun así, su actividad en el ámbito privado ha sido tan rentable, como para adquirir un automóvil que equivale a 165 años de salario mínimo.

Desconozco, si Raúl Cervantes, durante sus etapas de legislador y servidor público, renunció formalmente a su participación en su despacho y, sobre todo, a ocuparse con esas investiduras de asuntos de naturaleza privada, ya sea de manera directa o a través de empleados. Si no lo hizo, habría incurrido en un conflicto de intereses, como sucedió con Diego Fernández De Ceballos cuando era legislador, quien aprovechaba el derecho de picaporte que conceden los cargos públicos para mover, desde esa posición ventajosa, asuntos privados.

3. Porque la cuestión del Ferrari revela rasgos de su personalidad que no encajan con los que deberá tener quién ejerza como fiscal general de la República. En un país donde existe una aguda concentración de la riqueza, resulta ofensivo que un servidor público, ostente como una muestra de su patrimonio personal, un automóvil de una marca a la que en el mundo muy pocos pueden tener acceso. Grotesco, ver circular al Ferrari custodiado por unas camionetas repletas de guardaespaldas, que difícilmente podrían seguirlo si se aplicara toda su potencia, lo cual en esta ciudad de topes, baches, socavones y encharcamientos es un imposible.

Si algo queremos ver en el fiscal general es justamente lo opuesto: austeridad, porque lo exige la naturaleza de su cargo, y sensibilidad social, porque debe comprender las carencias básicas que sufre el pueblo al que sirve. Exhibirse ante este en un Ferrari, como demostración de un supuesto éxito profesional, equivale a insultarlo y a menospreciar su situación.

Pero la ofensa a los ciudadanos no se limita a la ostentación de un auto de lujo sino a tratarlos como idiotas, porque así nos sentimos cuando Raúl Cervantes nos dice, que registrar su auto en Morelos, en un domicilio que no le pertenece, no fue para era evadir el pago de un impuesto establecido en la Ciudad de México, donde reside, sino que todo fue consecuencia de un error administrativo y del cual no se había dado cuenta hasta que lo reveló una investigación periodística. ¡Ajá!

Nos preguntamos, si Raúl Cervantes llegara a ser nombrado fiscal general, que tipo de explicaciones podríamos esperar cuando informara sobre asuntos en los que pudieran estar vinculados algunos de sus hoy compañeros de gabinete, incluyendo al presidente; ¿serán también errores administrativos?

Julián Mantle, personaje principal del libro de superación “El monje que vendió su Ferrari”, abogado, por cierto, decidió, después de sufrir un ataque cardiaco, dar un giro radical a su vida. Vendió todos sus bienes, incluyendo su Ferrari, emprendió un viaje por Asia, donde terminó recluyéndose con unos monjes en el Himalaya, para aprender a encontrar la felicidad.

Desde luego que no esperamos que Raúl Cervantes venda se Ferrari y se recluya en un monasterio budista para transformarse en el fiscal general que necesita el País. Pero lo que si podemos hacer es preguntar el tipo de persona que nos gustaría en ese puesto.

El primer fiscal general de la República, además de encabezar una posición clave en el despliegue del Sistema Nacional Anticorrupción, tendrá la misión de establecer la fiscalía, es decir; sus procesos, su estructura y, desde luego tripularla con el personal más idóneo. Por ello, su estatura moral y profesional marcará el estándar que se pretende alcanzar.

Como el trillado cuento de “primero el programa y después el candidato”, en el caso de la fiscalía general de la República, ya conocemos la misión y los retos de ese puesto, del que se pueden deducir las cualidades, aptitudes y experiencia de quien lo ocupe. A partir de ello, bien podría abrirse un proceso que seleccione al mejor entre los mejores, en lugar de quedarnos con un solo nombre, resultado de un pacto opaco entre cúpulas partidistas, que contradice el afán de transparencia que promueve el Sistema Nacional Anticorrupción y que está inspirado en mucho, mucho miedo.

El lastre del País: la clase política

El lastre de la clase política

¿Sería posible que en las próximas elecciones federales surgiera en México un movimiento político de refresco, que llevara a la presidencia de la República a una especie de Macron o que diera lugar a que nuevos partidos lograran un peso importante en el Congreso, como ocurrió en Francia y, con Podemos y Ciudadanos en España?, ¿podríamos ver caras nuevas?

La respuesta es un no rotundo.

Las reglas electorales establecidas por los partidos políticos han creado una especie de sistema de franquicias que está protegido por múltiples barreras de entrada, entre las que se incluye el acceso a abundantes recursos de los erarios federal y estatales, y que han sido muy efectivas para neutralizar reformas políticas destinadas a fracturar ese oligopolio, como las candidaturas independientes y las iniciativas ciudadanas.

Concluir que, al menos en el mediano plazo, es imposible la renovación del escenario político y de sus protagonistas nos llena de frustración y tristeza.

Frustración, porque en los puestos, donde deberían estar quienes ayudaran a sacar al País del atasco, seguiremos viendo las mismas caras recicladas que harto tiempo llevan exhibiendo su mediocridad y su desmemoria, la misma grisura de la clase política tan ávida de poder público y de las canonjías lícitas e ilícitas que este conlleva, como carente de talento, valores, convicción e ideología.

Por cuestión de orden es claro que la vida política de una nación debe organizarse en un sistema de partidos. Pero en la delgadez de nuestra democracia, los partidos políticos no son más que logos y nombres que corresponden a estructuras huecas, construidas solo por andamios, porque su fin fundamental es servir para trepar, balancearse y, en caso necesario, saltar de una a otra sin ningún pudor, si eso asegura seguir mamando de la teta presupuestal.

En esta vacuidad ideológica no tiene sentido hablar de derecha e izquierda. En el espectro político mexicano resultan indistinguibles, más aún si nos atenemos al modo como gobiernan y legislan los partidos. Por eso, entre ellos, son posibles las alianzas más inverosímiles. No les estorban principios, ni convicciones, porque simplemente no las tienen; en cambio, les une el anhelo de mantener el oligopolio del poder público para seguir lucrando con él, tanto política como económicamente, y continuar cortejando, en su carácter de clientes preferentes, a los poderes fácticos.

Tristeza, porque no se han cumplido las expectativas que, en su momento, nos inspiró la alternancia política y pluralidad en los congresos. En el 2000 creímos en nuevo amanecer, en un paso adelante en nuestro desarrollo democrático. Pensábamos, ingenuos, que los vicios del presidencialismo y del partido único, menguarían gradualmente para transitar del poder unipersonal al de las instituciones. Pero nos equivocamos, la batuta de la dictadura perfecta, como llamó Vargas Llosa a la longeva hegemonía del PRI, se rompió en cientos de astillas que recogieron los partidos políticos. Estos, como la policéfala hidra de Lerna, asoman sus múltiples cabezas, en los poderes legislativos y ejecutivos, en los tribunales, en el Poder Judicial y en los órganos autónomos, con el fin primario de salvaguardar y engrandecer sus intereses.

El control monolítico del presidencialismo se fragmentó en cantidad de parcelas de poder que, además de reproducir sus peores vicios como la falta de rendición de cuentas y la corrupción en los poderes federales, gubernaturas y municipios, incluida la Ciudad de México, ha propiciado el empeoramiento y la expansión territorial de problemas como la inseguridad, porque en los tres órdenes de gobierno, los servidores públicos, con la bendición y complicidad de sus sendos partidos, ejercen su cargo como si fueran señores feudales, que se llenan la boca diciendo que ellos mandan por voluntad popular.

La agenda nacional no corresponde a las prioridades de la ciudadanía, sino a lo que interese o afecte a la clase política. Basta ver como la conversión del otrora Distrito Federal en entidad federativa, que nunca fue una prioridad para los ciudadanos porque no resuelve los problemas de la Ciudad y cuyo desinterés fue patente al abstenerse en más de setenta por ciento en la elección de la Asamblea Constituyente, se llevó a cabo porque por que los partidos vieron en ella la posibilidad de más cargos públicos que rellenar con sus leales, más parcelas de poder público que controlar y más presupuesto que repartir. Esta voluntad necia para hacer lo que el pueblo no pedía, contrasta con los oídos sordos a cualquier transformación que afecte sus intereses, como ocurre con la reforma constitucional para reducir el financiamiento a los partidos.

Con el presidencialismo, cada seis años había la esperanza de que el cambio del prócer en turno daría lugar a una renovación. Pero con la partidocracia esa posibilidad es una quimera, porque tiene decenas de cabezas y se comporta como una masa chiclosa que traba los engranes y se adhiere a ellos. Hoy están aquí, mañana allá.

Parafraseando a Nietzsche diríamos que, no existe desgracia más dura en la vida de un pueblo que cuando al frente de él no marchan los mejores; entonces todo se vuelve falso, torcido y monstruoso.

Es obvio que el magro crecimiento que el País ha tenido en lo que llevamos del siglo y el empeoramiento de los problemas nacionales como la corrupción, la inseguridad y la desigualdad serían inexplicables, sin considerar el rol que ha jugado la partidocracia en a definición e implantación de leyes y políticas públicas, como en la gestión cotidiana de los poderes ejecutivos, donde al ver cómo actúan sus miembros más destacados, nos queda claro que los partidos no son un imán para la atracción talento, pese a la sobrada astucia que muchos de ellos demuestran para delinquir y, en no pocas veces, para legalizar la corrupción.

Como los reyes absolutistas, resulta difícil pensar que la partidocracia se reforme a sí misma. Para esto se requiere, como sucedió con el Sistema Nacional Anticorrupción, la presión tenaz, la creatividad y la organización de la sociedad civil. Hay muchas murallas que derribar, pero lo más urgente es facilitar la emergencia de nuevas fuerzas políticas, las candidaturas independientes y las iniciativas ciudadanas, para refrescar el debate de los asuntos públicos. Hoy día, ambas posibilidades, implican confrontar trabas prácticamente infranqueables.

Pese a ello, en las redes sociales y en cientos de organizaciones ciudadanas vemos a muchos mexicanos que trabajan con convicción, talento, profesionalismo y en las más de las veces de manera gratuita para beneficio del País, su Estado o su Ciudad, aunque sean conscientes de que su trabajo incansable trasciende a cuenta gotas. En esa labor radica la fuerza para reformar y desechar lo que nos estorba.

Seamos claros, la partidocracia no es un término descriptivo, es un lastre que el País arrastra.