El demoledor memorándum que ignoró López Obrador

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En la noche previa al hundimiento del Titanic, en el cuarto de comunicaciones se recibió un telegrama del buque Mesaba, advirtiendo de la presencia de icebergs. El encargado, acusó recibo y en lugar de entregarlo de inmediato al puente de mando, se dedicó a enviar los telegramas de los pasajeros que se habían acumulado por una falla del sistema de transmisión el día anterior. El capitán mantuvo el rumbo trazado, ignorante del infranqueable obstáculo que le aguardaba y del destino mortal que tendrían él y mil quinientos pasajeros que lo acompañaban.

Sirva esta introducción como una analogía de lo que está ocurriendo con el asunto del NAICM, para resaltar, por un lado, la enorme responsabilidad de quienes tienen en sus manos información crítica y, por el otro, que ocultarla o desconsiderarla al momento de tomar una decisión, ya sea por imprudencia o para privilegiar sus intereses, no modifica su contenido, ni elimina los riesgos que lo narrado en este pudieran representar a terceros.

El 18 de octubre, MITRE* entregó a Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, un memorándum sobre “la problemática del plan AICM + Santa Lucía”, firmado por su Director Internacional, Bernardo Lisker y copiado a Romo y Jiménez Espriú, miembros del Equipo de Transición, con quienes había tenido contacto desde 2015.

Sin embargo, Jiménez Espriú ignoró el memo de MITRE y, en cambio, anunció el 24 de octubre, a escasos días de la consulta espuria, que con base en un estudio que contrató con Navblue, filial del Grupo AirBus, el AICM y Santa Lucía podían compartir el espacio aéreo, pese a que se trató de un análisis conceptual que como tal se basó en un buen número de supuestos y salvedades, que están claramente expuestas en el texto del informe presentado por dicha firma consultora. Más aún, esta deja claro en cada página del reporte, que este no provee ninguna conclusión definitiva respecto a que la operación simultánea de ambos aeropuertos pueda hacer frente al incremento del tráfico aéreo.

¿Por qué Jimenez Espriú ignoró el memo de MITRE, pese a la solidez técnica y al conocimiento profundo que esta organización tiene del espacio aéreo mexicano desde hace más de veinte años y a su estrecha relación con la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), País con el que tenemos el mayor tráfico aéreo internacional?

La razón es muy obvia; sus conclusiones son demoledoras respecto a la operación simultánea del AICM y Santa Lucía y, claramente, evidencian que la decisión tomada por López Obrador de suspender la construcción del NAICM, es un salto al vacío y la ruta más corta a una serie de enredos financieros, presupuestales, administrativos, aeronáuticos y laborales —¿icebergs?—, que inevitablemente los mexicanos tendremos que afrontar, pagar sus costos y, seguramente, volver atrás para retomar la opción que hoy se abandona, a menos que el presidente electo tenga la lucidez para recapacitar y cambiar de opinión.

Señalo los temas que me parecen más relevantes del memorándum, cuya liga está al final de este artículo.

“No hemos analizado la capacidad operacional (llegadas + salidas) del plan (AICM y Sta. Lucía), pero sabemos que será sumamente baja, sólo faltándonos saber si será peor que la ya lograda por el AICM. No comprendemos cómo se habla de capacidad antes de emprender estudios de espacio aéreo.”

Se desprende de lo anterior que, dada la complejidad de la gestión del espacio aéreo compartido entre las dos terminales, el obligado espaciamiento entre vuelos por razones de seguridad, como alguna vez lo admitió Jimenez Espriú, dé como resultado, que la suma de sus operaciones represente un incremento muy pequeño respecto al número de ellas que actualmente se llevan a cabo en el AICM, incluso pudiendo ser menor.

Esta posibilidad nulifica o limita de manera significativa el supuesto de que Santa Lucía podría recibir una parte importante del incremento previsto en el tráfico aéreo a mediano y largo plazo, lo que hace absurdo suspender la construcción del NAICM y emprender la incierta aventura de construir una nueva terminal en la Base Aérea.

La última frase del comentario de MITRE deja claro que los aeropuertos se planean de arriba hacia abajo. Por eso, es una temeridad o una muestra de supina ignorancia, que sin estos análisis se empiecen a dibujar los planos de Santa Lucía y hablar de números de pasajeros. Quizá, por la segunda razón, pusieron, contra las normas de seguridad aeroportuaria, los estacionamientos debajo del edificio terminal.

“No hemos realizado el complejo rediseño del espacio aéreo que el plan requeriría, pero sabemos que será muy complicado de manejar para los controladores aéreos, dada la orografía. Es un error comparar el Valle de México con Nueva York o Londres.”

Este comentario debe considerarse como una advertencia muy seria en materia de seguridad, porque anticipa la creación de un escenario complejo para fines de gestión del tráfico aéreo, con el consiguiente incremento de riesgos. Más, si consideramos las condiciones meteorológicas del Valle de México que imperan durante buena parte del año.

Estas dos primeras acotaciones de MITRE delinean una posibilidad absurda; no solo podría darse un incremento bajo en el número de operaciones, sino que este se haría a costa de hacer más compleja la gestión del tráfico. Es decir, el costo superaría con creces al beneficio.

Para fines de diseño, cuando se trata de vehículos y personas en movimiento, la complejidad se convierte en la hermana de la inseguridad. ¿Por qué los usuarios del aeropuerto y los habitantes del Área Metropolitana del Valle de México, sobre cuyas cabezas pasan miles de aviones al año, deben con la inclusión de Santa Lucía correr el riesgo de un espacio aéreo más inseguro y, en adición, seguir padeciendo el ruido de las aeronaves, cuando ya existe una opción mejor a la mano?

“No hemos realizado los trabajos obligatoriamente necesarios de tipo fotogramétrico para conocer con alta resolución el terreno hacia el norte (hacia Hidalgo pues Santa Lucía lo requeriría). Ese por sí solo es un trabajo de ocho meses.”

Este plazo, junto con el lapso que demandan los estudios ambientales y, que deben ser previos al diseño del aeropuerto, echan por tierra el supuesto plazo de tres años para que Santa Lucía entre en operación. Más aún, si como lo menciona MITRE, será necesario comprar terrenos, es decir expropiar, para instalar los equipos que requieren los aterrizajes por instrumentos, ya que la actual pista de Santa Lucía solo permite aproximaciones visuales. Situación que, por un lado, reitera lo que muchos técnicos señalaron desde un inicio respecto a esta opción, en el sentido de que la superficie actual de la Base Militar era insuficiente para construir un nuevo aeropuerto y, por el otro, que es más probable que el NAICM esté en operación el segundo semestre de 2022 antes que Santa Lucía esté terminado. Con la salvedad de que, para hacer frente al incremento previsto del tráfico aéreo, el primero sería una solución a largo plazo y, el segundo, solo un parche, sin que hasta hoy sepamos para cuánto tiempo pueda alcanzar.

MITRE también menciona que, si ya la operación de Sta. Lucía es compleja con una sola pista, la operación simultánea de dos separadas por 1,500 metros haría el escenario aún más complicado, con la salvedad de que habría que hacer estudios muy detallados para determinar si esa separación es segura, lo que podría hacer que se necesitara más terreno.

“En resumen, no debería considerarse la coexistencia del AICM y Santa Lucía sin tomar en cuenta la complejidad que reviste su operación y el hecho de que dista mucho de haber sido completado un estudio aeronáutico serio. Los riesgos son claros y presentes. Además, aún en el mejor caso, no resolverá el problema de la demanda más allá de muy corto plazo (algo ya mencionado en 2013 por OACI)”.

Si con oportunidad el capitán del Titanic hubiera conocido el telegrama del Mesaba, con seguridad hubiera dado las órdenes para proteger a los pasajeros, a los tripulantes y a su navío. En cambio, López Obrador, pese a tener la información en sus manos, decidió hacer caso omiso de la opinión de una de las organizaciones con mayor reputación a nivel mundial en el campo de la navegación aérea, como también hizo con muchos documentos y presentaciones que se les entregaron a los miembros del Equipo de Transición, para seguir necio en una decisión que quizá tomó hace años.

Pero, el problema para él es que dicha información es conocida por infinidad de círculos y sectores en México y el mundo, que pueden anticipar, como MITRE, las dificultades por venir y dimensionar la magnitud de las consecuencias de este error inaudito. Por ello, para muchos de los que viajamos en este barco llamado México, el golpe de timón que ha dado López Obrador nos parece demencial, poniéndonos en estado de alerta. Quizá, los cantos y gritos de quienes siguen en el salón de fiestas celebrando su victoria, le impidan escuchar cosas que no sean alabanzas a su ego. Pero eso no elimina los riesgos advertidos, ni modifica una realidad que, inexorable, está cada día más cerca. Iniciamos la azarosa travesía sexenal preocupados, muy preocupados, por la capacidad y aptitudes de quien en sus manos tendrá el timón y sabedores de que actúa sin ningún contrapeso que lo haga consciente de sus errores, limitaciones y, sobre todo, de su mortalidad.

MITRE (Massachusetts Institute of Technology Research & Engineering) es una organización no lucrativa dedicada, entre otras cosas, a la navegación área.

OACI.- Organización de la Aviación Civil Internacional

http://www.aeropuerto.gob.mx/doc/MITRE_Carta_resumen_en_torno_a_la_problematica_del_plan_AICM+Santa_Lucia_(12_octubre_2018).pdf

 

NAICM: El lucro político de la ignorancia y la desmemoria

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Hace mucho tiempo que el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) alcanzó el tope de su capacidad; cincuenta y ocho operaciones por hora es lo que permiten sus pistas que, además, no pueden ser utilizadas simultáneamente, porque la distancia que las separa es menor a la requerida por las autoridades aeronáuticas.

La construcción tardía de un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) retrata nuestra endémica incapacidad para planear y tomar decisiones de largo aliento. Las opciones empezaron a discutirse en los ochenta. Desde entonces, cada una terminó entrampada en el análisis-parálisis. O, en la falta de voluntad para emprender una obra de esa envergadura que, ineludiblemente, demandaría un espacio considerable y un monto sustancial de recursos públicos.

El último intento, y después de valorar también a Tizayuca, se hizo en 2002 en el municipio Atenco, en un área muy cercana adonde ahora se localiza el nuevo proyecto. Pero no prosperó debido a la reacción negativa de los ejidatarios, con quienes no se tuvo una adecuada estrategia de comunicación y convencimiento, más la oposición ―abierta y soterrada― de López Obrador quien, en su carácter de jefe de Gobierno del Distrito Federal, junto con las presidencias municipales de Atenco, Acolman y Texcoco, estas dos controladas en esas fechas por el PRD, presentaron, sin éxito, sendas controversias constitucionales¹ ante la Suprema Corte de Justicia, que las sobreseyó con el voto favorable de todos los ministros, incluyendo el de Sánchez Cordero.

Cerrada esta posibilidad, se decidió: trasladar la aviación civil al aeropuerto de Toluca, construir la terminal Dos y remodelar la Uno, para dar cabida al incremento de vuelos comerciales. Remedios que dieron apenas un breve respiro que se diluyó con rapidez y que, desde luego, no corrigieron el cuello de botella determinante en la operación del AICM: las pistas.

Los usuarios del AICM, como quien a diario camina con una piedra en el zapato, nos hemos acostumbrado a utilizar una terminal aérea, en especial la Uno, que se ha ido transformando con base en la lógica del parche. Su funcionamiento no responde a los estándares internacionales, sino a lo que se puede con lo que se tiene. Resignados, nos amontonamos en salas de espera inadecuadas, recorremos largos pasillos donde se mezclan pasajeros que salen con los que llegan, incluso de vuelos internacionales, y resentimos cómo, ante la imposibilidad de aumentar el número de operaciones por minuto, el crecimiento del tráfico aéreo de la terminal capitalina nos representa tiempos de espera más largos para despegar y aterrizar que, sumados, significan miles de horas hombre y litros de combustible tirados a la basura², que resumen el costo creciente de una decisión diferida.

Cuando un proyecto se necesita, no para resolver un problema de hoy, sino para mantenerlo resuelto por lo menos durante cincuenta años, es una falacia pretender que se ahorra cuando se hace a medias y, peor aún, si se le difiere. Los costos suben, se esfuman las opciones posibles y las más difíciles se hacen aún más complicadas.

Para fines de localización de un nuevo aeropuerto, el crecimiento de la mancha urbana del Área Metropolitana del Valle de México durante los últimos cuarenta años fue eliminando opciones y, si hay remanentes, son ahora más costosas y complejas. La realidad es que en nuestra baraja ya no está la opción óptima sino la menos mala de las que quedan.

Como hace dieciséis años, López Obrador vuelve a oponerse a un nuevo proyecto con el ánimo de iniciar una polémica que le sirva políticamente. Sus argumentos, dichos y repetidos por sus vocingleros, los expone con la seguridad que da la ignorancia, a la vez que critica el lugar escogido para el proyecto actual; ese terreno se hunde, dice burlándose. ¡Vaya cinismo! Él hizo todo lo posible para que, a escasos kilómetros donde se erige el NAICM; no se construyera este en terrenos que, ciertamente, tienen características que quizá hubieran abatido los costos de cimentación y, al futuro, los de mantenimiento. Pero esta opción quedó, de facto, vetada.

López Obrador ignora que el cálculo de la capacidad de un aeropuerto abarca desde las llegadas y salidas del pasaje y carga hasta el espacio aéreo. Todas las fases intermedias entre estos dos puntos como, por ejemplo, zonas de ascenso y descenso de pasajeros, ambulatorios, documentación, manejo de equipaje, migración, aduanas, almacenes, salas de última espera, migración, posiciones adyacentes y remotas, zonas de espera para despegues, pistas de carreteo, pistas de despegue, almacén de combustible, etc. deben tener una capacidad que evite que cualquiera de ellas se convierta en un cuello de botella. Su cálculo debe hacerse con base en la demanda máxima esperada en horas pico y considerar criterios de seguridad y estándares de servicio. Para ello, se simulan itinerarios por cada día de la semana, asumiendo distintos de tipo de aviones cuyas características difieren, entre otras cosas, en velocidad, capacidad y altura. Además, debe considerarse que una terminal aeroportuaria alberga a muchas autoridades ―migratorias, sanitarias, policiales, aduanales, turísticas, diplomáticas, etc.― que, para desempeñar sus funciones de manera eficiente, requieren de espacios cuyo cálculo está vinculado al movimiento de pasajeros y carga.

Por ello, resulta absurda su ocurrencia de dejar en operación el viejo AICM para vuelos nacionales, con todas sus deficiencias, con sus chipotes, con su hundimiento desigual, con sus inundaciones recurrentes, con sus pistas que requieren cada año cerrarse durante varias semanas para retirar la vieja carpeta y colocar una nueva. Y, para vuelos internacionales, construir, en un área de apenas 1,330 hectáreas del terreno que hoy ocupa las Base Aérea de Santa Lucía, un nuevo aeropuerto con dos pistas paralelas que dada su distancia será imposible utilizarlas simultáneamente

Su ocurrencia ignora la imposibilidad técnica de operar ambos aeropuertos de manera simultánea debido a sus sendos patrones de aproximación, como se evidencia cada 16 de septiembre cuando el AICM se cierra por varias horas en ocasión del desfile militar. Encapricharse en hacerlo significaría un altísimo riesgo para la seguridad aeronáutica que no aceptaría la Organización de Aviación Civil Internacional³. Por otro lado, la división de los aeropuertos afectaría negativamente a las líneas locales porque usan los mismos equipos para vuelos nacionales y al extranjero. Además de los problemas logísticos para mover a contra reloj carga y pasaje entre ambas terminales.

La propuesta de López Obrador no tiene dimensión temporal. Dato crítico en un proyecto de infraestructura y más para entender cómo calculó una inversión de 50,000 millones de pesos. ¿Para cuántos años serviría? nos preguntamos. Hagamos cálculos: si el número de pasajeros en vuelos internacionales creciera a partir de 2018 al mismo ritmo promedio que ha tenido en los últimos doce años ―5% anual―, la terminal de Santa Lucía estaría manejando, en escasos veinte años, el volumen total de pasajeros que transitaron por el AICM el año pasado. Pero, las cosas serían aún peores, porque si aplicamos esa misma tasa de crecimiento al número de pasajeros en vuelos nacionales, que se atenderían en el viejo AICM, en apenas ocho años, este volvería a alcanzar el tráfico que tuvo en 2017 y, por ende, estaríamos en el mismo problema que hoy se trata de resolver. ¡¿Qué haríamos después?!

Pero, pese a las razones técnicas, financieras y matemáticas, la terquedad de López Obrador revela que su intención no es discutir una política aeroportuaria, sino crear una polémica que lo beneficie, aunque sea a costa de engañar con verdades a medias. Así, la discusión original del NAICM se ha ido ramificando en nuevos temas; posibles actos de corrupción, incrementos en el presupuesto, retrasos y la suscripción por parte de las AFORES de la emisión de fibra E.

Si hay casos de corrupción que se denuncien, no en los medios que se asumen como ministerios públicos y jueces de facto, sino ante las instancias competentes para que se juzguen y, si los hay, se castigue a los responsables. Pero, esta no sería razón suficiente para detener o desechar un proyecto de esta dimensión, ni significa que todos los contratistas y proveedores involucrados en él sean corruptos o que deban pagar las consecuencias de actos que otros cometieron. Hay más de doscientas treinta empresas contratadas en el NAICM que, con seguridad, contratan servicios o compran bienes a otras. ¿Se debe perjudicar a todas, incluyendo a sus trabajadores, porque algunas pudieron incurrir en algún acto de corrupción?

Como ex subsecretario de Comunicaciones, Jiménez Espriu conoce que el avance del proyecto del NAICM ya rebasó, como los aviones al despegar, su punto de no regreso y que, dada su magnitud y complejidad, es muy probable que la inversión y tiempo de ejecución presupuestados se superen, porque es imposible haberlo previsto todo. Más aún en la fase de cimentación cuando, pese a los estudios previos, siempre aparecen sorpresas al revelarse la verdadera naturaleza del terreno. Cualquiera que haya tenido experiencia en excavaciones lo sabe. Proyectos relevantes de infraestructura como el Eurotúnel y el sistema de túneles en la Bahía de Boston, resultaron más costosos y tomaron más tiempo que lo planeado.

Hay que aceptar como un hecho muy probable, que la inversión y el tiempo de construcción del NAICM será mayor a lo presupuestado, sin que esto signifique que no deban ejercerse controles rigorosos, o que cualquier desviación sea necesariamente consecuencia de actos de corrupción, descontrol o situaciones provocadas por negligencia que, de presentarse, no deben ser toleradas, para lo cual está la ley y existen en los contratos penalizaciones aplicables a contratistas y proveedores.

El último ramal que ha abierto López Obrador para detener la construcción del NAICM son sus críticas a la suscripción de la fibra E, no obstante que el monto suscrito equivale al 0.4% de los recursos totales que manejan las afores, además de que su portafolio de inversiones está regulado y supervisado por la CONSAR: Aun así, resultó una buena herramienta para ganar adeptos atemorizando a los trabajadores respecto a la seguridad de sus eventuales pensiones.

El ciudadano no está obligado a contar con los conocimientos para entender las complejidades técnicas y financieras de un proyecto como el NAICM, ni las implicaciones que su avance o su cancelación puedan representar para el País, como ocurrió con el fallido NAICM de 2002 del que López Obrador fue frontal opositor. Lucrar con la ignorancia y la desmemoria pueda dar altos réditos políticos, pero para el País es un juego muy caro que no suma para su futuro y, en cambio, lo empantana.

 

¹ Controversia constitucional 3/2002
² Se calcula que los retrasos oscilan entre 16 y 60 minutos, lo que tiene una repercusión que se trasmite en cadena a otras terminales, incluso internacionales. Por esos, varias líneas aéreas extranjeras han optado por utilizar slots matutinos donde la posibilidad de retrasos es menor. https://www.forbes.com.mx/aicm-en-el-limite-de-sus-operaciones/
³Bernardo Lisker, director internacional del Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados para la Navegación de Corporación MITRE. http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/03/21/1227719

Para la Suprema Corte (2+2=5) puede ser constitucional

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Imaginen que seleccionamos a nueve estudiantes de secundaria para que, en veinte minutos, encuentren las razones que explican porque la tarifa del impuesto predial establecida en el Artículo 130 del Código Fiscal de 2017 de la Ciudad de México provocó, con respecto al año anterior, incrementos en el predial sensiblemente superiores al 3.99%, que fue el porcentaje fijado por la Ley de Ingresos para aumentar las cuotas y contribuciones.

Probablemente, la mayoría de ellos identificaría los dos errores que explican dichas diferencias: 1) Las columnas de los rangos que sirven para clasificar a los inmuebles según su valor catastral no se incrementaron en 3.99% y, 2) Las tasas aplicables a las diferencias entre el valor catastral de los inmuebles y el valor inferior de cada rango se aumentaron, erróneamente, en 3.99%

Pero, en apenas veinte minutos, siete de nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia resolvieron que, pese a su obviedad aritmética, no había tales errores. Salvo la ministra Norma Lucía Piña que sí los señaló, aunque sus argumentos no tuvieron ninguna trascendencia en una sesión apática, sin casi intervenciones, que pareció un mero trámite para sellar un asunto planchado con antelación.

En efecto, después de once meses desde que se presentó la Acción de Inconstitucionalidad relativa a varios artículos del Código Fiscal, el ministro Pardo Rebolledo propuso al Pleno celebrado 28 de noviembre, un proyecto que, además de ignorar los errores mencionados, también argumentó a favor de la retroactividad del nuevo factor de descuento por antigüedad de las edificaciones que pasó de 1% a solo 0.8% anual, porcentaje que misteriosa y espontáneamente se modificó respecto al proyecto enviado por el jefe de Gobierno en diciembre de 2016, sin que en la Asamblea hubiera mediado algún debate al respecto.

El efecto combinado de los errores en la tarifa y la retroactividad en el nuevo factor de descuento, hicieron que el impuesto predial de miles de capitalinos se incrementara entre 9% y, en casos extremos, más 1,000% como sucedió principalmente con contribuyentes que, por considerarse población vulnerable, gozaban antes de cuota fija.

Dichos aumentos, muy lejanos del 3.99% aprobado en la Ley de Ingresos de 2017, explican porque al mes de junio, la recaudación por este impuesto creció 13.8% con respecto al año anterior y que incluso haya sido 11.3% superior al monto presupuestado para ese período.

Quienes estuvimos atentos a este asunto pensamos en algún momento con cierto optimismo, sino es que ingenuamente, que al ser tan evidentes los errores en el Código Fiscal y fácil su comprobación, esto sería suficiente para que la Suprema Corte declarará procedente la Acción de Inconstitucionalidad que llevaría a corregirlos y a resarcir a los causantes. Nos equivocamos estrepitosamente. Quizá la justicia sea ciega, pero probablemente no sea sorda.

Si la Acción de Inconstitucionalidad hubiera prosperado, Mancera habría sufrido un grave descalabro político en un momento harto inoportuno para él; justo en el albor del proceso electoral.

¿Por qué?

1.- Porque la Acción de Inconstitucionalidad la planteó el partido MORENA con el apoyo del Verde y, por ende, si esta prosperaba sería para el primero un triunfo importante que de inmediato capitalizaría políticamente en su carrera para hacerse del gobierno de la Ciudad.

Cabe aclarar al lector, que el suscrito no es miembro, ni simpatizante de dichos partidos y de ninguno otro, pero debo reconocer que en el asunto del predial de la Ciudad de México fueron los únicos que se hicieron eco de los reclamos de los ciudadanos, mientras que el PAN, a pesar de escucharlos y conocer a detalle toda la evidencia numérica, dado que preside la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, decidió cínicamente jugar el papel de comparsa del PRD.

2.- Porque si la Suprema Corte resolvía a favor de la Acción, se haría evidente la ineptitud del equipo cercano de Mancera o sus estrategias tramposas para tomar del bolsillo del ciudadano más recursos de lo autorizado por la Ley de Ingresos. Peor aún, hubieran tenido que devolver o, al menos, bonificar en 2018 los montos cobrados en exceso. Hecho nada oportuno a la luz de los constantes lloriqueos del jefe de Gobierno respecto a la falta de apoyo financiero por parte del Gobierno Federal.

3.- Porque al mismo tiempo que ocurrió el predialazo, Mancera ordenó al consejero jurídico de su gobierno, que promoviera, usando su cargo y los recursos de la Ciudad, amparos en contra del gasolinazo, es decir contra una acción del Gobierno Federal que a la postre, salvo para hacerse propaganda, resultaron inútiles, por lo que de haber salido adelante la Acción de Inconstitucionalidad hubiera hecho un ridículo monumental.

4.- Porque habría sido un triunfo para quienes han levantado la voz para denunciar que los incrementos abusivos del predial se usan como punta de lanza, para desplazar a población de bajos recursos de zonas donde más adelante se construye vivienda para grupos de ingresos medios y altos.

Queda para el cotilleo especular si Mancera cruzó la avenida Pino Suárez para apersonarse en la Suprema Corte de Corte de Justicia y, más aún, sobre cuales podrían haber sido los argumentos que puso sobre la mesa para hacer valer su posición. Pero lo que recién hemos sabido es que, en los hechos, el jefe de Gobierno ha reconocido el error que cometió el año pasado al elaborar la tarifa del Impuesto Predial, porque ahora sí, en el Artículo 130 del Código Fiscal de 2018, se aumentan en 5.5%, que es el porcentaje de incremento propuesto, solo los rangos y la cuota fija de la tarifa del predial, que fue justo lo que organizaciones ciudadanas como Suma Urbana, reclamaron y expusieron a  diputados de la Asamblea Legislativa y a los ministros de la Suprema Corte.

Desde luego que este reconocimiento tácito de lo que se hizo mal, no les devuelve a cientos de miles de ciudadanos el dinero que, al amparo de un error burdo avalado por la Suprema Corte de Justicia, pagaron de más al erario capitalino y, menos aún, nos alienta a pensar que esta sea una especie de oasis en el páramo político en el que está sumido el País.

La corrupción mata, pero no muere

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El carácter endémico que tiene la corrupción en la vida del País nos ha hecho cínicos. La vemos a diario en muchas facetas y ámbitos de la vida nacional; se practica al mayoreo y al menudeo. “Qué quieres, estamos en México”, nos decimos entre resignados o quizá esperanzados de que algún día también nos beneficie; “ya ves, todos lo hacen”, “es lo que lubrica el sistema”, “de que te lo lleves tú, a que se lo lleve otro”, “no pagues impuestos; pa’ que se los roben”.

Racionalizar lo indebido es actividad prolífera en justificaciones que nos atascan en el pantano. Así, los objetivos de muchas leyes redactadas para hacernos avanzar se cumplen a medias debido a la corrupción; tan pronto damos un paso para adelante, retrocedemos medio para atrás, en la medida que sus flamantes artículos representan más opciones para pedir u ofrecer dinero a cambio de violarlos o evadirlos.

Como sociedad asumimos que la corrupción es inocua, gratuita y que, como si fuera un catarro, podemos en nuestra vida diaria sobrellevar sus molestias o beneficiarnos de ella, hasta que de manera inesperada y trágica se nos revelan sus consecuencias más extremas: muerte y destrucción. No existe el autoengaño sin fecha de caducidad.

Con seguridad, las razones que determinaron la muerte y lesiones de muchas personas, los derrumbes de inmuebles y las pérdidas patrimoniales que han llevado a la quiebra a cientos de familias, fueron la mercancía que se negoció en actos de corrupción; pisos de más, varillas de menos, materiales de menor calidad, cálculos estructurales ficticios, arreglos cosméticos para disfrazar los daños de edificios dañados en 1985, cambios tramposos e ilegales en el uso del suelo, inmuebles sobrecargados con antenas, espectaculares, fábricas clandestinas y hasta con un helipuerto. Todo esto, para que no sucediera, está previsto en leyes, reglamentos y normas. Pero, cuando la corrupción prevalece, todo queda sujeto al pago de un precio, lo que vaporiza la certeza jurídica y lleva a muchos ciudadanos a invertir tiempo, dinero y esfuerzos para defenderse de los actos de quien debería protegerlos: el Gobierno.

¿Cuánto se habrá pagado para ignorar o aprobar lo que segó la vida de los niños que aguardaban a sus padres para salir de la escuela, o la de aquellas obreras que ganaban un sueldo miserable en una fábrica que operaba en un edificio hecho para oficinas?, ¿cuánto se repartió entre inspectores que no veían y burócratas que firmaban a gusto de quienes les untaban la mano? Insisto, el verdadero costo de la corrupción no es la mordida sino lo que esta deja torcido.

Quienes en los ámbitos público y privado lucraron con las razones que provocaron la muerte y las lesiones de cientos de personas y la quiebra de miles de familias, tienen en su bolsillo dinero ensangrentado que no obtuvieron por su talento y esfuerzo, sino por la carencia más absoluta de principios éticos y responsabilidad con sus semejantes. No deben sentirse orgullosos del techo donde viven con su familia, ni de lo que a diario ponen sobre la mesa, ni de la vida que llevan y menos de un supuesto éxito profesional. Ganar dinero a costa de la sangre, el dolor y la miseria de otros es una infamia que no puede quedar impune.

Por ello, la reconstrucción de edificios derrumbados o dañados debe empezar por elaborar y divulgar peritajes forenses que señalen las razones que explican los siniestros. Esto, como sucedió en temblores pasados, permitirá aprender y prevenir las consecuencias de fenómenos naturales, que, aun siendo impredecibles, sí pueden imaginarse y simularse mediante modelos matemáticos.

Pero estos dictámenes, también deben servir para deslindar responsabilidades y, en su caso, presentar a los presuntos responsables ante la justicia para que paguen por sus acciones u omisiones. De lo contrario, en el implacable discurso de los hechos, seguiremos reiterando que violar la ley no tiene ninguna consecuencia, en beneficio de un círculo perverso donde la impunidad del presente sirve de abono a la corrupción del mañana.

Sospechoso que el gobierno de la Ciudad haya impedido, al cerrar parcialmente la página de SEDUVI, acceder a elementos vitales para indagar sobre los inmuebles derrumbados y dañados, y sus sendos directores responsables de obra. Quien impide esclarecer un crimen es tan culpable como aquel que lo comete y, más aún, hace pensar que la evidencia que esconde delataría su complicidad desde el principio

El sismo con su cauda de muerte y destrucción irrumpió en el festín inmobiliario que el gobierno de Mancera ha prohijado y consentido sin ningún disimulo desde el día uno de su mandato, cuando, en un claro conflicto de interés, nombró a su amigo y desarrollador, Simón Neumman, como el primer titular de la SEDUVI, lo que equivalió a una declaración de intenciones que en sus cinco años de gobierno se ha ido materializando en hechos que han beneficiado el negocio inmobiliario. Por ejemplo: en burbujas especulativas en zonas seleccionadas por su valor comercial, en la creación de Sistemas de Actuación por Cooperación, que suman más 1,500 hectáreas, incluyendo el Bosque de Tarango, para darle la vuelta a los programas delegacionales y empaquetar una serie de beneficios a favor de la rentabilidad inmobiliaria, en la suspensión de varios artículos del Reglamento de Construcciones apenas cinco meses después de publicado, en la incorporación de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios a las tareas de reconstrucción y, como la cereza del pastel, en una iniciativa de Ley de Reconstrucción donde, entre otras cosas, se autoriza a priori el incremento de alturas, una mayor densidad y, sin importar su legalidad antes del sismo, define como derecho adquirido el número de pisos que tenían los inmuebles derrumbados y dañados.

La reconstrucción de la Ciudad debe pasar, en primer término, por la elaboración de un Programa de Desarrollo Urbano hecho a partir de un análisis profundo de las proyecciones de la dinámica demográfica y económica de la Capital, incorporando en él, las lecciones del último sismo, las voces de expertos independientes y de la ciudadanía, y sobre todo, con base en un verdadero atlas de riesgos elaborado por expertos y conocido por todos. En este sentido, el mayor favor que puede brindarle Mancera a los capitalinos es hacerse a un lado. Nos merecemos ver al futuro desde otras perspectivas que no sean el interés a ultranza por la rentabilidad inmobiliaria. Nos merecemos imaginar el porvenir sin más atadura y compromisos que el bien común de las generaciones presente y futuras.

Tener claro hacia dónde debemos dirigirnos debe ser la base para revisar el mazacote jurídico que norma el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México. Leyes y normas en materia urbana deben ser un instrumento del Programa de Desarrollo Urbano, y no, como ocurre ahora, un entramado que facilita los negocios inmobiliarios a costa del interés común y bendice como legal aquello que claramente no lo es.

Reconstruir exige que esa solidaridad social que desinteresada y con energía aflora ante los siniestros, no mengüe y que asuma un carácter proactivo y constante para evitarlos y minimizar sus daños. Si la sociedad civil fue capaz de encabezar los esfuerzos de salvamento, debe hacer lo mismo para evitar que la corrupción, la impunidad y la opacidad vuelvan a segar vidas y destruir patrimonios. Siempre será mejor que muros y techos no se caigan, que realizar esfuerzos sobre humanos para salvar a los sobrevivientes. Siempre será mejor levantar la voz y actuar cuando se advierte un acto de corrupción, que bajar la cabeza y callar. La corrupción ha matado y seguirá haciéndolo, porque la hemos dejado vivir. Entendamos, es ella o nosotros.

 

En lo obscurito, el bien público se ve como privado

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Una de las primerísimas decisiones de Mancera al asumir el cargo de jefe de Gobierno fue nombrar a Simón Neumman, desarrollador y su amigo personal, como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo que, al margen del obvio conflicto de intereses que por partida doble entrañó esa designación; cuate y constructor, puso de manifiesto con claridad meridiana, que uno de los principales objetivos de su gestión sería impulsar, a cualquier precio, el negocio inmobiliario.

A lo largo de los cinco años de su gobierno, ese propósito se ha hecho palpable en muchas zonas de la Ciudad que se han transformado como consecuencia de una intensa y caótica actividad inmobiliaria; una autentica burbuja especulativa cuyo objetivo principal es maximizar ganancias en el menor tiempo posible, sin considerar las consecuencias a corto y mediano plazo en la disponibilidad de servicios, en el tráfico vehicular y en la contaminación.

La contraparte de esta actividad invasiva que ha desquiciado barrios, calles y, en muchos casos, desplazado a sus residentes, ha sido la creación de una buena cantidad de organizaciones ciudadanas ―formales e informales—, que se establecen con el objetivo de defenderse de un acto de la autoridad, porque suele ocurrir que el desarrollador actúa coludido con esta, al amparo del galimatías legislativo que regula la actividad inmobiliaria en la Ciudad de México y que hace posible legalizar e ignorar hasta las violaciones a la ley más evidentes y absurdas. Basta ver cómo, a través de la denominada “transferencia de potencial”, el aire que está arriba de un edificio se materializa, sí leyó bien, se materializa en pisos de varilla y concreto que se construyen en otro inmueble, para que este pueda superar la altura permitida en una determinada zona. No se diga de otras figuras como los sistemas de actuación por cooperación, que resultan poderosas herramientas para darle vuelta a la ley y enderezar hasta lo más chueco.

Destaca en esta vorágine inmobiliaria una veta de negocios donde el Gobierno vende, concesiona o aporta a una empresa privada o a un fideicomiso privado inauditable, terrenos que pertenecen a la Ciudad. Por ejemplo, esto sucede con los inmuebles que forman parte del patrimonio de la capital y que están dentro de las más de mil doscientas hectáreas* que abarcan los “Sistemas de Actuación por Cooperación”. Otro ejemplo, es el Centro de Transferencia Multimodal de Chapultepec, donde se concesionó por cuarenta años una porción de terreno público a cambio de la construcción de un túnel. Y, más recientemente, otro caso interesante es la aportación de terrenos propiedad de la Ciudad a valor ¡“social”! para llevar a cabo proyectos de vivienda que, en teoría, beneficiarán a los trabajadores del Gobierno capitalino, lo que obliga a preguntar si ¿quienes compren esos inmuebles los revenderán también a valor social?

Sin embargo, esa veta de negocios que funde bienes públicos con negocios privados no solo se ha usado en las cuestiones inmobiliarias, sino que se ha extendido a otros ámbitos como: los bajo puentes para el establecimiento de negocios; las paredes de los pasos a desnivel y las columnas del segundo piso para colocar anuncios. Qué ingenuo resulta recordar, cuándo los gobiernos anteriores se empecinaban en eliminar la publicidad exterior para reducir la contaminación visual, término que no existe en el diccionario del actual.

El Metrobus es otro caso interesante donde la rentabilidad de un negocio privado depende de la aportación de bienes públicos, porque con cargo al erario se construyen: las estaciones, la superficie de rodamiento y los espacios publicitarios que después serán concesionados a privados para su explotación comercial.

Al revisar estos casos donde se funden un patrimonio público con uno privado se pueden identificar varios denominadores comunes.

Los bienes de todos en manos de la voluntad de unos

Pese a que estas operaciones significan negociar bienes públicos valuados en miles de millones de pesos y, en algunos casos, concesionarlos por varios decenios, la mayoría de ellas se llevan a cabo con la sola firma de funcionarios colocados en el segundo y tercer nivel de la estructura burocrática del gobierno de la Ciudad. Curiosamente, estos no podrían hacer lo mismo para comprar bienes o contratar servicios por montos equivalentes al valor de los bienes públicos que concesionan o aportan a privados, porque la Ley de Adquisiciones no se los permitiría.

¿Dónde está el fiel de la balanza?

No existe un protocolo, donde sea obligatorio que un tercero revise si la contraprestación pactada es justa para el erario de la Ciudad y si guarda equilibrio con los beneficios que recibe el concesionario que explota comercialmente un bien público. Mi sospecha es que lo que gobierna la confección de estos acuerdos es garantizarle al privado una rentabilidad atractiva, sin importar si eso desequilibra la balanza a su favor.  Más aún, si consideramos que el beneficio que recibe el privado, no se limita al bien o servicio concesionado, sino a la patente de corso que, de facto, obtiene para hacer negocio sin ninguna competencia. Esto, en el ámbito del transporte público, ha dado a lugar a rutas que no forman una red interconectada cuya operación esté centralizada para optimizar el uso de recursos y la calidad del servicio.

Por otra parte, este esquema de concesiones, condena a la Ciudad a optar por las soluciones menos eficientes como son los autobuses de combustión interna jalando remolques, cuando desde un punto de eficiencia energética y ambiental, lo recomendable sería recrear una red de tranvías que como la que operó en la Capital durante buena parte del siglo pasado.

Infortunadamente, la solución a uno de los mayores problemas de la Ciudad; el transporte público, queda limitada a lo que pueden aportar los concesionarios; autobuses con la garantía de rutas concesionadas por veinte años e infraestructura construida con recursos públicos; así, sí le entran. ¡Pos cómo no; a ordeñar la vaca, faltaba más!

¿Es la concesión lo que conviene a la Ciudad o es la ocurrencia de alguien para ganar dinero?

El Corredor Cultural(¿) Chapultepec y la Rueda de la Fortuna fueron proyectos impulsados por un afán de lucro que no surgieron de una necesidad de la Ciudad. Por suerte, la acción ciudadana logró detenerlos como mucho esfuerzo. Sin embargo, el filtro debió ponerse en una fase mucho más temprano y no cuando ya parecían inminentes. Antes de establecer acuerdos e iniciar negociaciones con privados, lo que debe quedar claro es si para la Ciudad la aportación o concesión de un bien público es la solución más conveniente para resolver un problema o mejorar el funcionamiento de la capital. Por ejemplo, esto no queda claro en el caso los parquímetros, cuya concesión implica de facto la explotación de la vía pública, como también sucede con los establecimientos que se están poniendo en los bajo-puentes de vías rápidas y con la explotación para fines publicitarios de los puentes y columnas de periférico. ¿La ciudad necesita y se beneficia con esto?

Para ordenar y transparentar la venta, aportación y concesión de bienes inmuebles propiedad de la Ciudad, un grupo de ciudadanos propusimos que en la Constitución de la Ciudad de México en el artículo correspondiente al “Patrimonio de la Ciudad”, se incluyeran un par de párrafos que hicieran explícita la definición de su patrimonio inmobiliario, porque este es, en una urbe tan densamente poblada como la Capital, la joya de la corona.

  1. El patrimonio inmobiliario de la Ciudad lo integran: el espacio público, incluyendo en éste las áreas de protección ambiental, los terrenos y edificaciones propiedad del gobierno, y las obras de infraestructura urbana que se han construido con recursos del erario.
  2. El Congreso de la Ciudad legislará para que la gestión, control, acrecentamiento, permuta, concesión, arrendamiento y desincorporación del patrimonio inmobiliario sean actividades beneficiosas para la Ciudad en términos prácticos y financieros, se realicen con honestidad y transparencia, estén sujetas a un continuo proceso de fiscalización por parte de la Auditoría Superior y se divulguen de manera amplia, suficiente, periódica y sistemática para conocimiento de la ciudadanía.

Desafortunadamente, no lo conseguimos.  Y eso preocupa porque cuando las reglas y fronteras no están claras, hay muchos que allá, en lo obscurito, ven como suyo lo que en realidad es de todos.

* Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad https://contralacorrupcion.mx/inmobiliariamancera/

La mala aritmética no suma en política; carta abierta a Mancera

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Señor jefe de Gobierno:

Aprovecharse de un error para obtener un beneficio a costa de un tercero es un acto deshonesto. Esto es lo que está haciendo su gobierno en el caso del impuesto predial, en detrimento del patrimonio de miles de ciudadanos.

El Artículo 18 del Código Fiscal señala que: “Las cuotas y las tarifas de las contribuciones, las multas, valores y, en general, las cantidades que en su caso se establecen en este Código, vigentes en el mes de diciembre de cada año, se actualizarán a partir del primero de enero del año siguiente con el factor que al efecto se establezca en la Ley de Ingresos”.

Pese a que la Ley de Ingresos de 2017 estableció dicho factor en 3.99%, miles de ciudadanos, incluso muchos que tenían el beneficio de cuota fija, han observado en sus boletas del impuesto predial incrementos que van de un mínimo de 9% hasta, en casos extremos, rebasar el 1000%

¿Por qué ocurre esto?; las razones son muy simples.

En primer lugar, porque la Asamblea Legislativa modificó errónea y parcialmente la tarifa del impuesto predial que está en el Artículo 130 del Código Fiscal. En síntesis, no ajustó en 3.99% los rangos que sirven para clasificar a los inmuebles según su valor catastral y, en cambio, sí incrementó en este porcentaje, la tasa que se aplica al valor excedente que tenga cada uno con respecto al límite inferior.

Un alumno de sexto de primaria con conocimientos básicos de aritmética, podría deducir con facilidad que estos errores explican porque, salvo en el caso de cuotas fijas, los incrementos en el impuesto predial superan varias veces el factor de 3.99%

En segundo lugar, la Asamblea decidió, al aprobar el Código Fiscal de 2017, reducir el factor de descuento por antigüedad de 1% a 0.8% por año conservando el tope máximo de 40%. Pero se olvidó de precisar que el nuevo porcentaje se aplicaría a partir de este ejercicio fiscal.

Omisión que su gobierno ha aprovechado para aplicarlo ilegalmente de manera retroactiva, lo que eleva el valor catastral de miles de inmuebles muy por encima del factor de 3.99%. Un inmueble de 40 años o más cuyo valor catastral ya contaba con un descuento por antigüedad de 40%, ahora solo lo tiene de 32%. Es evidente que esta ventajosa aritmética, perjudica en mayor medida a las viviendas más antiguas, que son la mayoría.

La suma de ambos errores provoca incrementos en el impuesto predial que son ilegales al no ajustarse al factor establecido en la Ley de Ingresos de 2017 y porque al aplicar criterios de manera retroactiva se eliminan derechos que ya tenían los contribuyentes, son inequitativos porque los afecta de manera desigual sin que ello obedezca a una lógica tributaria, son desproporcionados porque incrementan sensiblemente el valor catastral de inmuebles que no han sido sujetos a ninguna renovación.

Argumentos que dan sustento al recurso de inconstitucionalidad que un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa presentó ante la Suprema Corte de Justicia, haciéndose eco de la molestia de miles de ciudadanos y dada la negativa del Diputado Leonel Luna del Partido de la Revolución Democrática, asumimos por instrucciones suyas, a convocar a un período extraordinario para corregir los errores mencionados.

Vale la pena comparar el gasolinazo con el predialazo.

Ninguno de los dos gustó a la ciudadanía. Pero en el primer caso, el porcentaje de incremento anunciado por el Gobierno Federal, es el mismo que aparece en las bombas al momento de cargar gasolina. En cambio, en el segundo, cuya responsabilidad recae en usted, los ciudadanos no vemos en las boletas prediales lo que anunció la Asamblea Legislativa. Por último, la subida del predial no es, como el gasolinazo, una cuestión de política tributaria que puede debatirse, sino el resultado de un error craso que debe corregirse. Absurdo que su gobierno, con recursos del contribuyente agraviado, patrocine amparos contra el primero y no resuelva lo segundo.

Engaño o error, nos preguntamos. Hasta hoy las respuestas de sus subordinados inclinan la balanza hacia el primero. Lamentable que se limiten a enviar a miles de contribuyentes al callejón sin salida que son las oficinas de la Tesorería, como si su tiempo y recursos fueran infinitos. Peor aún, son aquellos casos donde el incremento al predial, ha colocado a muchas familias ante la disyuntiva de pagarlo o vender su propiedad. ¿Es el desplazamiento de estos grupos uno de los objetivos soterrados del ajuste tarifario?

Los ciudadanos no queremos que se reduzca el incremento al impuesto predial establecido por la Asamblea Legislativa. Somos conscientes de que al ser la segunda fuente de ingresos de la Ciudad es necesario ajustar este gravamen. Lo que exigimos, es que se aplique lo que manda la Ley de Ingresos de 2017 para que el incremento resulte en 3.99%. Esto hace necesario que se corrijan lo errores en la tarifa del Artículo 130 del Código Fiscal y que en él se haga explícito que el nuevo factor de descuento por antigüedad solo aplicará a partir de este ejercicio.

Señor Mancera, sacar provecho de una mala aritmética perjudicando con ello a los ciudadanos, no suma en política. Negarse a reparar errores evidentes abona a la sospecha de que no son casuales sino premeditados. Así, no se construye una ciudad y, menos aún, una candidatura. ¿Por qué esperar a que resuelva la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué drenar recursos que a los ciudadanos, ni al Estado le sobran?

Derechos universales, negocios particulares

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Los derechos humanos son fuente inagotable para la demagogia. Los políticos, generosos y magnánimos, alcanzan orgasmos retóricos cuando, desde las tribunas legislativas, informan a los ciudadanos que han aprobado leyes sobre tal o cual derecho, sin siquiera importarles que, las más de las veces, reiteran lo que hace tiempo está legislado y, sin considerar que, al agregar bagaje regulatorio, se abona a la confusión y a la burocracia, porque eso sí, habrá que crear alguna dependencia, entidad, instituto o, al menos, un consejo para vigilar, supervisar, asesorar, orientar, coordinar, instrumentar, conducir, etc. Todo esto, claro está, con cargo al contribuyente.

De lo anterior, el proyecto de constitución de la Ciudad de México es ejemplo sobresaliente; solo en el índice se mencionan cincuenta y cuatro derechos. Entre los que está, aunque no lo crea, el derecho a defender los derechos. Incluso, el malabarismo de la palabrería convierte en derecho lo que en esencia es una obligación de la autoridad: el buen gobierno.

Pero la enumeración de derechos no queda ahí, porque la mayoría de ellos se desgrana en más derechos, creando una lista interminable. Por ejemplo, en el Artículo 10, inciso A se establecen, además del derecho a la autodeterminación personal (pleonasmo), los siguientes derechos: a la libertad de pensamiento, al libre desarrollo de su personalidad, a disfrutar del tiempo libre, al ocio, a la recreación, a la elección de su identidad social y cultural, a disponer de su propio cuerpo y a manifestar públicamente sus afectos.  Por su parte, en la fracción C del mismo artículo, se establecen los derechos a la identidad y a la seguridad jurídica, de los cuales se desprenden: el derecho al nombre, a la imagen propia, a la reputación, al reconocimiento de la identidad y de la personalidad jurídica. “Derechos” que en realidad son características intrínsecas a cada persona y que, en el caso de la personalidad jurídica en particular, se define con base en la Constitución y en las leyes que han emanado de ella, según sean las circunstancias particulares en la que actúe el ciudadano.

Si bien, la mayor parte de estos derechos podrían definirse como derivados, porque son expresiones de garantías y derechos plasmados en la Constitución Federal, su mención en el proyecto propicia cuestionamientos e interpretaciones sobre su significado y alcance. Esto hace suponer que, de no eliminarse del texto definitivo en aras de una redacción sucinta, sólida y clara, es factible que provoquen un galimatías que atasque al sistema judicial. Más aún, porque en muchos casos, el proyecto, además de listarlos, los garantiza. 

Por ejemplo, en el Artículo 10, fracción D se establece que la autoridad garantizará que toda persona tenga una sexualidad plena. Más adelante, en el Artículo 16, Fracción D, Inciso 3, esta garantía se hace extensiva a los jóvenes (¿) entre doce y treinta años para que ejerzan libremente sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué pensarán de esto quienes, por ley, tutelan a menores de edad?, ¿es equiparable el nivel de desarrollo y madurez de un púber con la de un adulto maduro?

La hilarante ridiculez de establecer en la carta magna de la Ciudad de México, que la autoridad deba garantizar la satisfacción plena de una necesidad fisiológica, sirve para preguntar: ¿qué significa para los políticos la palabra garantizar?

Para el ciudadano, garantizar significa asumir, por lo general con un bien y un documento de por medio, la obligación de honrar un compromiso y, en su defecto, reparar las consecuencias. Sin embargo, si hubiera un diccionario con el significado que los políticos le dan a los términos que utilizan en sus discursos y declaraciones, la palabra garantizar se definiría como: recurso retórico para que lo incumplible parezca asequible y/o para camuflar los intereses personales o del partido.  Nota: su uso no supone contraer ninguna obligación.

Así, por una parte, habrá que tomar con reserva la garantía de la sexualidad plena. Quizá sea mejor acudir a algún manual que al texto constitucional. Y, por la otra, identificar los objetivos soterrados en nuevas leyes y estructuras burocráticas creadas, en apariencia, para garantizar algún derecho.

Por ejemplo, en el Artículo 1º de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México recién aprobada, se dice que un objeto de ésta es: “Crear los mecanismos necesarios para impulsar el otorgamiento de estímulos de inversión en proyectos con fines habitacionales a través de los sectores público, privado y social, así como programas de ahorro y créditos para atender a los diferentes grupos sociales”.

No se requiere de mucha sagacidad para deducir que, el objetivo camuflado detrás de la Ley de Vivienda es, con el pretexto de garantizar el derecho a la vivienda a todo el mundo, acercarles recursos, subsidios y apoyos a las empresas inmobiliarias, que atienden los mercados de niveles medios y altos, como antes, ante el silencio cómplice de la autoridad, lo hicieron de manera ilegal, cuando pervirtieron la Norma 26 para servir a esos mercados, succionando recursos destinados a la vivienda de interés social

Pregunté a una diputada: ¿Cuál es el sentido de hacer una ley para garantizar un derecho a quienes tienen recursos sobrados para hacerse de una vivienda? Porque es un derecho universal, pontificó. En efecto, pensé, el derecho a la vivienda es universal, pero el negocio es particular.