La mitomanía no es un estilo de gobierno; es una enfermedad

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Después de que López Obrador no aceptara su derrota en la elección de 2006, decidió investirse y actuar como presidente “legítimo”. Montó una escenografía para su toma de posesión, se cruzó el pecho con una banda presidencial adornada con el escudo nacional del período juarista y rindió protesta arropado por sus seguidores.

La bufonada no pasó de un acto político que se desvaneció como fuego artificial. Sin embargo, la audacia para llevarla a cabo evidenció con claridad meridiana un rasgo relevante y repetitivo de la personalidad de López Obrador, que consiste en crear una realidad paralela, actuar como si esta existiera y asumir que los demás también creen en ella.

Agreguemos ejemplos ilustrativos:

Primero. López Obrador simplifica la historia del México independiente en tres transformaciones para entonces proponer una cuarta que él lidera. Así, escala hasta la cúspide de su imaginario Monte Olimpo para unirse a Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y Zapata. Sin embargo, a diferencia de estos que tenían clara su meta, López Obrador no ha podido explicar con suficiente detalle en qué consiste la cuarta transformación y, sobre todo, cómo se verá una vez terminada. Tuvo la oportunidad de hacerlo cuando presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pero todo quedó en un manifiesto político y en un documento de escasa calidad. Pero, aún así, el término “cuarta transformación” se ha convertido en una suerte de jaculatoria del actual gobierno con la que se bendice cualquier cosa; desde una iniciativa presidencial hasta la respuesta a un periodista por criticar a un funcionario.

Segundo. Cuando en julio de 2018 se anunciaron los resultados de la última elección presidencial ocurrió un hecho inédito en la historia moderna del País: el candidato ganador se asumió, de facto, como jefe del Poder Ejecutivo sin siquiera esperar a ser declarado presidente electo, mientras que Peña Nieto, el presidente en funciones, se hizo de lado de manera vergonzante en espera de que su servilismo se tradujera en clemencia y olvido, en tanto nuestra endémica debilidad institucional no logró calmar las calenturas del ganador, que llegó al extremo de ordenar una consulta espuria para cancelar la principal obra de infraestructura del gobierno anterior, mientras que envalentonados por el arrojo de su jefe, varios de los miembros de su gabinete se comportaban como sí ya estuvieran en funciones, dando órdenes, invadiendo propiedad privada y apersonándose con ínfulas frente a terceros para exigirles documentos.

Por último, el hecho más reciente que confirma el mismo patrón de comportamiento ocurrió cuando López Obrador leyó en Palacio Nacional su primer Informe de Gobierno enfrente de una mampara donde se nombraba el acto como “Tercer informe de Gobierno al pueblo de México”. Esto hizo pensar a muchos que se trataba de un error, pero más tarde se aclaró que, en la realidad paralela del presidente, este considera también como informes, los sendos discursos que pronunció a los cien días de su mandato y al año de su elección. Así, el ingenio popular acuñó el disonante término de primer-tercer informe.

Sumemos a los ejemplos mencionados las muchas veces que López Obrador ha negado la evidencia empírica aduciendo que él tiene otros datos que nunca presenta, sus proyectos planteados sin ningún sustento, su intransigencia cerril para aceptar opiniones de expertos cuando estas difieren de las suyas y su desprecio por la memoria colectiva al ensalzar como ciudadanos ejemplares, incluso granjearles negocios, a los mismos que antes catalogaba como rapaces miembros de la mafia del poder y cuya fortuna se debe a la privatización que llevó a cabo su acérrimo enemigo, Carlos Salinas, durante la “larga noche de neoliberalismo” como él la definió.

De lo anterior, podemos deducir que este comportamiento reiterado no es un estilo de gobierno, ni obedece a argucias políticas para zafarse de un problema y salirse con la suya, sino que parece un caso de mitomanía, dicho esto no con el ánimo de ofender, sino preocupado por las implicaciones que para la marcha del País tiene la tendencia del presidente a explicar hechos y situaciones a partir de argumentos que no se ajustan a la verdad, que no existen o que simplemente resultan risibles, como cuando pide a los delincuentes que dejen de serlo para no preocupar a sus madres.

Como pasajeros que somos del avión que él pilota, nos sentimos intranquilos por sus virajes temerarios, porque en el radar meteorológico aparecen manchones rojos que indican tormentas y presencia de hielo en nuestra ruta y porque oímos zumbidos de las alarmas prendidas en el tablero de control. Sin embargo, López Obrador, como si fuera sordo y daltónico, no oye ni distingue el color de las manchas hacia donde nos dirigimos y mantiene el rumbo. Nos describe otra realidad. La tripulación calla y menos aún entiende. Fueron deliberadamente escogidos para obedecer, para decirle a todo que sí. Apenas dos osaron advertirle de los riesgos inminentes. Asumirse como mensajeros de las malas nuevas les costó su renuncia y la denostación de quien antes los alababa.

En una democracia madura los contrapesos institucionales sirven para acotar a quienes tienen a su cargo el gobierno. Pero, no es nuestro caso. Menos ahora cuando el mismo partido controla los poderes Ejecutivo y Legislativo, mientras que en este último el nivel profesional de sus miembros ha descendido por debajo de cotas que ya se consideraban mínimas.

La realidad lo irá poniendo en su lugar, dicen algunos, ya se vio con las constructoras de los gasoductos donde tuvo que recular. Pero, no hay ninguna garantía de que siempre sucederá así y, menos aún, de que ocurra antes de que haya daños irreparables o se llegue a situaciones irreversibles. Sobre todo, porque el círculo cercano de López Obrador actúa como un filtro que solo le hace llegar lo que él quiere oír y ver porque esto les garantiza su propia supervivencia. Por otro lado, aun frente a resultados negativos, el mitómano puede echar mano de mil pretextos para justificar su suerte, culpar a otros y seguir terco en el rumbo que se ha marcado.

Uno quisiera ser optimista y pensar que López Obrador tarde o temprano reconocerá la realidad y que además madurará como jefe de Estado. Pero, su carácter e inteligencia no permiten albergar muchas esperanzas.

La posibilidad más cercana para al menos contener los daños está en que en las próximas elecciones la oposición logre ser mayoría en la Cámara de Diputados para servir de contrapeso. Pero, el panorama tampoco es halagador. López Obrador trabaja con vehemencia regalando dinero para comprar millones de voluntades, mientras la oposición luce fragmentada, sin ideas que atraigan y sirvan de refresco, y sin líderes que se puedan considerar como una opción creíble y seria.

La alta popularidad de López Obrador y el bien ganado descrédito de su predecesor favorece que amplios sectores de la población sean tolerantes, incluso lleguen al extremo de la negación, cuando él falta a la verdad o plantea absurdos. Las mentiras serán verdades mientras alguien las crea.

¿Qué nos queda? Esperar a que la realidad que no cimbra al presidente, sí lo haga con la ciudadanía para que nuestra democracia madure y la sociedad asuma su responsabilidad y juegue un rol más activo. Más vale hacerse oír para obligar a quienes gobiernan y legislan a modificar el rumbo, que lamentar a posteriori las consecuencias de lo que callamos o no supimos atajar a tiempo.

 

Romero y Lozoya: ¿leales a quién?

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Hace un año, Octavio Romero Oropeza fue nombrado, extraoficialmente, director general de PEMEX. Otra vez se integraría al gabinete de su amigo, como ocurrió en 2000 cuando este ganó la Jefatura de Gobierno del otrora Distrito Federal y lo designó oficial mayor. Hasta ese momento su única experiencia en la Administración Pública. Quizá al saber de su nombramiento debió pensar en quién gestionaría sus propiedades y cuidaría a sus animales.  Eso, además de la política tabasqueña, era lo suyo; el campo, la ganadería. Por ello estudió agronomía, aunque no se tituló. En cambio, de petróleo y de administrar empresas no conocía nada. Qué iba a saber él de cuestiones técnicas, financieras, actuariales, jurídicas, contractuales y laborales, de ingeniería de procesos, del mercado de capitales, de las calificadoras, de cómo gestionar una empresa gigante y, menos aún, de reservas, campos y pozos petroleros.

Hoy, pese a que Romero no cumple ni de lejos con los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley de Petróleos Mexicanos para ser su director general, está al frente de la empresa más grande de México cuyo peso específico hace que su compleja problemática operativa y financiera gravite en la economía del País y, sobre todo, en el erario federal. Sin embargo, él ocupa este cargo porque en nuestra cultura política es normal que la amistad y lealtad suplan a la Ley y, lo que es peor, al sentido común. Este, al menos, cribaría los granos más gruesos de ignorancia e ineptitud.

Pero, López Obrador no es original. Varios de sus predecesores hicieron lo mismo. Peña Nieto nombró a Emilio Lozoya, director general de Pemex sin que este hubiera antes dirigido ninguna empresa, salvo las que él mismo creó, y con una exigua experiencia en el sector público que se limitaba a haber sido analista en el Banco de México. Nunca había trabajado de manera directa en el sector petrolero y hasta ese entonces su carrera profesional la había desarrollado en el ámbito de la consultoría e ingeniería financiera. De hecho, esta fue la vía que le permitió relacionarse con Peña Nieto cuando este era gobernador del Estado de México. Hoy, en su escondite, quizá maldiga el día que lo conoció.

En teoría y si las cosas se tomaran con la seriedad que ameritan, la complejidad y relevancia nacional de PEMEX deberían ser motivo para que los presidentes en turno ordenaran que se realizara un proceso serio de selección para buscar, entre los mejores, a su director general. De haberse dado este mecanismo, Lozoya y Romero difícilmente hubieran llegado a las fases intermedias y, con seguridad, ninguno habría figurado entre los finalistas.

Sin embargo, los presidentes de la República no se asumen como gestores temporales de un patrimonio público sino como sus dueños. Por ello, no tienen ningún pudor en designar para ocupar cargos públicos a individuos sin las mínimas calificaciones para ejercerlos, como también en despedir a funcionarios sin importarles su desempeño, ni las muestras tangibles de su talento, profesionalismo, honestidad y convicción de servidores públicos.

Sin embargo, esa visión patrimonialista no se limita a la dependencia, a la entidad, a los recursos presupuestales, o a los cargos bajo su responsabilidad, sino que muchas veces abarca la voluntad del individuo que se designa para ocuparlo. Más si su perfil está lejos del ideal para desempeñarlo. Se le coloca en un puesto específico para que, sin chistar, haga lo que se le ordene. Lealtad y servilismo terminan confundiéndose.

Por ello, resulta inverosímil que, sin haber contado con la anuencia de Peña Nieto y la opinión favorable de Videgaray respecto al procedimiento planteado para llevar a cabo las operaciones, Lozoya haya recomprado a precios inflados y en condiciones ventajosas para Ancira y Covarrubias, las mismas plantas de urea y fertilizantes fosfatados que años atrás Salinas privatizó a favor de estos a precio de cacahuates.

El abogado Coello ha solicitado, sin éxito, la comparecencia de Videgaray y Peña Nieto para demostrar lo anterior. Incluso, ha ofrecido como prueba el listado de un acuerdo que tuvo su cliente con el segundo donde, en apariencia, está incluido como un asunto a tratar la compra de una de las plantas. Aun así, dudo que alguna vez se encuentre un documento donde explícitamente Peña Nieto instruyera a Lozoya para celebrar las operaciones. Es común que muchas de las instrucciones y vistos buenos que dan los presidentes se hagan verbalmente, dejando en manos de secretarios y directivos de las entidades paraestatales la manera de formalizarlas. Esta es una de las fórmulas mediante la cual ellos mismos se cuidan las espaldas y dejan el peso de la responsabilidad en sus subordinados que, ingenuamente, asumen que la figura presidencial los cobijará para siempre.

Lozoya fue leal a quien lo nombró para ocupar un puesto para el que no tenía la experiencia, ni las calificaciones necesarias para desempeñarlo, pese a su pedigrí académico y conocimientos financieros. Peor aún, cuando dejó estos de lado para aceptar un proceso de compra tan notoriamente desventajoso y lesivo para Pemex que solo puede explicarse por dos razones: ineptitud o corrupción. Al parecer, las muestras visibles de su patrimonio personal y la maquinación para moverlo alrededor del mundo a través de cuentas y fondos hacen pensar en lo segundo. Tarea que, dado el volumen de recursos involucrados y los vistos buenos que hubo que recabar a lo largo del camino, hacen suponer que no la realizó en solitario, ni por su sola iniciativa y menos aún para su solo beneficio.

Lozoya y su familia viven una tragedia personal que hace seis años, en la cima de su éxito, no imaginaron padecer. Mientras que sus acciones como director de Pemex han dejado una secuela de quebrantos financieros e inversiones sin sentido, que repercuten negativamente en el patrimonio nacional.

Romero sabe que no está al frente de PEMEX por su perfil profesional, sino para hacer lo que puntualmente le ordene su jefe y amigo. Esto es modificar en los hechos la Reforma Energética del sexenio pasado y construir la refinería de Dos Bocas, pese a que en ambos casos no existan argumentos técnicos que lo justifiquen y a las implicaciones que esto tendrá en el erario federal y, sobre todo, en la calificación de la deuda soberana de México y en la estabilidad cambiaria. Ya tuvimos una probada de su impericia a principios del año, cuando la suspensión temporal de las importaciones de gasolina provocó un crisis de abasto que duró varias semanas y costo miles de millones de pesos.

Cuando un servidor público entiende que su única lealtad es con quien lo designó, la Administración Pública se convierte en el medio para instrumentar, a costa del erario, caprichos, sueños de opio o transferir a manos privadas lo que es de todos.

La única lealtad de un servidor público es con la nación y las leyes que juró respetar. Estas no distinguen jerarquías. A todos obligan por igual. Negarse a obedecer al jefe, cuando sus decisiones o acciones no se ajustan a la legalidad y a los intereses del País es poner a la Patria primero y dar una muestra de integridad personal. Pero, de estos hay pocos y más cuando deliberadamente se buscan subordinados que a todo digan que sí.

Cuando el líder imagina su grandeza, el País empequeñece

Young Boy Businessman Dressed in Suit with Cardboard Wings

Como si fuera una radiografía que gradualmente va revelándose y cuyos detalles, al hacerse más nítidos, despiertan preocupación en el doctor que los revisa e interpreta, así nos está ocurriendo en la medida que se manifiestan con mayor claridad los rasgos distintivos de lo que probablemente será la presidencia de López Obrador.

Cierto que en muchos sentidos nadie puede darse por sorprendido. Es un personaje que durante dieciocho años bregó y se exhibió en todos los foros posibles para llegar a la jefatura del Poder Ejecutivo. Pero, lo que sí llama la atención es que pese haberla alcanzado, parece seguirla buscando, en lugar de subir un escalón, de madurar políticamente y asumirse como temporal jefe de un Estado que lo trascenderá en el tiempo y en el que están incluidos, no solo quienes votaron por él, sino también aquellos que prefirieron otra opción, más los que decidieron no acudir a las urnas y que sumados representan la mayoría absoluta de ciudadanos. Sin embargo, aun como presidente, LO sigue utilizando la palabra nosotros en un sentido excluyente, porque en ella no caben quienes piensan distinto a él.

López Obrador es candidato de una campaña permanente basada en su omnipresencia en los medios y redes sociales. Su hábitat natural está debajo de los reflectores, detrás del micrófono, sobre los templetes y enfrente de las cámaras y de grupos de simpatizantes prontos para la porra, el aplauso, los selfies o la pregunta benévola que le sirva para pontificar sobre cualquier tema. Las encuestas de popularidad, mientras le sean favorables, son la droga que lo energiza y la coraza que lo protege de sus críticos; a estos los desmiente el pueblo sabio que jamás se equivoca. Su meta inmediata: aparecer de nuevo en una boleta electoral donde se vote la revocación o el refrendo de su mandato, pese a que se le eligió para que estuviera al frente del Poder Ejecutivo durante seis años no condicionados a una suerte de reelección intermedia.

El ejercicio sería tan redundante como obvia la trampa que esconde: poner virtualmente su nombre, como si fuera un agregado en el logo de MORENA, en las boletas de todos los procesos electorales que se lleven a cabo en 2021: federales, estatales y municipales, con la expectativa de que todo se pinte de guinda para acumular el mayor poder político posible y entonces determinar el siguiente paso. ¿Cuál podría ser?, ¿hacia dónde? son preguntas cuyas posibles respuestas levantan la sospecha de que estemos viendo cómo, dosificada y taimadamente, se estén acomodando las primeras piezas de un rompecabezas cuya forma final solo conoce él y sus más cercanos. Esto provoca inquietud al abrir un enorme abanico de posibilidades respecto a cuál sería la dirección, el alcance y la magnitud de lo que se pudiera estar tramando.

Desde una visión esquemática de la historia de México, a la que divide en tres transformaciones, LO se autoproclamó líder de la Cuarta, que supuestamente será, como las anteriores, un impulso irreversible de larga carrera que duraría varios decenios. Pero, sus decisiones y las que con su indispensable dirección y venia toman sus incondicionales en el Gobierno, en el Congreso y en su partido no hablan de un proyecto nacional sino de construir uno propio que lo tiene a él como el vértice del poder y que está delineado con base en su voluntad, en su interpretación de la realidad, en sus conocimientos y en su intuición, aunque esto signifique contradecirse, retar al sentido común, a la inteligencia y memoria del ciudadano y, no se diga, a la opinión de expertos en temas puntuales, como ha sucedido en cuestiones aeroportuarias, energéticas, financieras, ambientales y de administración pública e ingeniería.

Por ello, preocupa cuando LO advierte que su gestión al frente del Poder Ejecutivo no es un mero cambio de presidente, sino uno de régimen. ¿Qué entenderá por régimen?, preguntamos. La mayoría lo entendemos como un sistema político concebido a partir de la forma como cada pueblo delega su soberanía en poderes públicos y articula la estructura del Estado que los ejercerá, lo que suele quedar plasmado, como en nuestro caso, en su Constitución o Carta Magna.

¿Pretende LO modificarla con base en una concepción distinta de cómo debe estar organizado el Estado Mexicano? Hasta ahora solo ha hablado de cambio de régimen sin dar mayores indicios. Por lo que es dable pensar que, en el primer trienio de su mandato, lo intentará hacer de manera soterrada; a veces con reformas legales, otras por la vía presupuestal o mediante decisiones ejecutivas para quitar aquello que le estorbe, expandir sus tramos de control y seguir cimentando su popularidad en programas clientelares cuyo frutos coseche en la siguiente elección.

¿Será entonces la propuesta de una reforma constitucional para someter a refrendo el mandato del jefe del Ejecutivo, un primer paso para cambiar el sistema político en el que estaría incluida la reelección presidencial y el diseño de otro régimen que eventualmente se plasmaría en una nueva Constitución?, ¿será la reforma a la Ley Federal de Consulta Popular la vía para que a través de estas se construyan los escalones que nos lleven a ese nuevo régimen?

Si alguna vez pensamos que la alternancia en la jefatura del Poder Ejecutivo sería un aliciente para que nuestro desarrollo democrático dejará atrás el presidencialismo y evolucionara hacia la institucionalidad republicana basada en una efectiva y eficaz división de poderes, de tal forma que el funcionamiento del Estado dependiera de su fortaleza institucional, del esfuerzo colectivo y del talento de muchos y no de la voluntad del temporal prócer, hoy vemos con preocupación cómo han vuelto de manera vigorosa los rasgos de un caudillismo que creíamos enterrado y a cuya sombra se han plegado conciencias y voluntades, muchas de las cuales han cambiado la crítica por la condescendencia y el silencio, como si de repente López Obrador hubiera adquirido, además del don de la infalibilidad, virtudes, cualidades y conocimientos que no le habíamos visto antes.

Sin embargo, él sigue siendo el mismo: un astuto operador político, hábil para conectar con la gente mediante frases cortas, ejemplos simples y poniéndose claramente de su lado al señalar en el otro, a los presuntos culpables de los problemas que aquejan al País. Allá los malos, acá los buenos. Pero, su astucia afilada y oportunista, no le alcanza para proyectarlo como una persona de grandes luces, como un estadista en proceso de desarrollo capaz de imaginar y proponer un proyecto de largo aliento, de entender y sacar el mayor provecho de una realidad nacional e internacional harto compleja, de integrar un equipo de primer nivel para desarrollarlo, de sumar con argumentos y razones adeptos provenientes de todos los ámbitos y de asegurar que, pese a los inexorables obstáculos que hallará durante la travesía, él será capaz de que no se pierda el rumbo.

La baja talla de los miembros de su gabinete no habla de un individuo que fortalece su liderazgo atrayendo a los mejores y que podrían tener incluso la estatura suficiente para ser, eventualmente, considerados como su reemplazo. En cambio, vemos al jefe que se siente cómodo con subordinados de bajo perfil, que accedieron a cargos de enorme importancia gracias a su lealtad, pese a que la mayoría no cuenta con la experiencia y conocimientos que justificaran su designación. Saltos abismales que presagian lentas curvas de aprendizaje que se manifestarán en taponamientos administrativos y costosos errores, como se vio en el desabasto de gasolina y en el fiasco monumental del aeropuerto.

Pero, no habrá metedura de pata por onerosa que para el País pueda resultar, que vaya a derivar en un despido. Aun si la opinión pública lo pidiera a gritos, como sucedió con el director general de Pemex. Los vínculos emocionales con sus subordinados creados a partir de la lealtad y/o el agradecimiento mutuo denotan el carácter afiliativo de su estilo de liderazgo. Esto limita las posibilidades de cambios en el gabinete de López Obrador a que ocurra un acto de deslealtad o se den causas naturales como la enfermedad o la muerte.

Volver al caudillismo sin contrapesos donde el rumbo del País esté determinado a capricho de quien ocupe la jefatura del Poder Ejecutivo implica regresar muchas décadas, olvidar lecciones que aprendimos con dolor, ignorar los avances de nuestra aun incipiente democracia, suponer que los mexicanos de hoy son los mismos que de ayer y desentenderse de la realidad, con el estéril afán de regresar las manecillas del reloj para vivir tiempos que ya no existen o que quizá nunca fueron, porque la interpretación interesada de la historia a menudo la convierte en una narración de mitos que no de hechos.

Plantear que los problemas y la larga lista de asignaturas pendientes que tiene el País se deben a que se perdió el rumbo cuando se optó por el neoliberalismo es un diagnóstico tan erróneo, como estúpido decir que una corriente de pensamiento puede abolirse. No fue opcional que en los ochenta México modificara su política económica. Lo hicimos porque estábamos en la lona sin siquiera poder pagar los intereses de lo que debíamos. Ahí, no llegamos por la voluntad o la mala fe de otros sino por nuestras decisiones y por ignorar las señales de alarma que años atrás nos decían que el modelo económico que seguimos desde la postguerra estaba cerca de su agotamiento. Por ello, inspira temor insistir en políticas públicas que fueron efectivas durante un lapso y en determinados escenarios nacionales e internacionales que ya no existen.

Construir un porvenir es imposible cuando se quiere conducir al País mirando por el espejo retrovisor, en lugar de entender el presente e imaginar su posible evolución para afrontar nuestros problemas, abatir los riesgos que nos esperan y sacar el mayor provecho donde tengamos ventaja. Todo esto se sintetiza en un proyecto de nación del que hemos carecido, sobre todo desde que asumimos que bastaban las políticas neoliberales para poner al País en una espiral virtuosa de crecimiento, y no en la mediocridad donde nos encontramos con avances a cuentagotas.

Pero, desde hace cuatro meses ya ni siquiera es así. Los motores parecen haberse detenido. Nos movemos más por inercia que por impulso. Volver atrás es una quimera. Aun así, quien tiene el timón lo intenta y terco titubea. Tira por la borda recursos que a los pasajeros les costaron miles de millones de pesos y años de esfuerzo. “Cambio de régimen”, indica el capitán como el nuevo destino. Nadie sabe de qué habla. Hay frustración y desasosiego. No se entiende hacia dónde apunta la proa. Pero él sí tiene en su mente ese gran proyecto. Será el caudillo que lo lidere para emparejarse con otros personajes de la historia de México. Sin embargo, en esta se consigna que, como él, ya hubo otros que lo intentaron y cuyo sueños de grandeza terminaron, literalmente, empequeñeciendo al País.

Radiografía del Senado; flaca montura para tan pesada agenda

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La Constitución establece que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Así, delega su soberanía en tres poderes públicos —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— que harán, como propuso Montesquieu hace casi tres siglos, una suerte de contrapesos.

Pero, en la práctica, la efectividad de este delicado balance en cuanto a que favorezca el desarrollo del País en todos los ámbitos dependerá, en gran medida, de las capacidades, la visión y el trabajo conjunto de quienes sean los protagonistas en cada uno de los tres poderes.

El Poder Ejecutivo está a cargo de una persona, el Poder Judicial lo ostentan colegiadamente once ministros y el Poder Legislativo que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, lo ejercen de manera colectiva 500 y 128 individuos respectivamente.

Es decir, sobre los hombros de solo seiscientas cuarenta personas, descansa la responsabilidad de ejercer los poderes que dimanan del pueblo y, por ende, de tomar decisiones a nombre de ciento veinte millones de mexicanos que, para bien o para mal, afectarán su presente y futuro.

La dimensión de esta responsabilidad nos hace pensar que ese pequeño núcleo de mexicanos debería representar a los mejores. Personas con la experiencia, los conocimientos y la capacidad para comprender una realidad nacional e internacional cuya transformación es, en todos los ámbitos, cada vez más acelerada y que, con base en ese entendimiento, contribuyeran con sus iniciativas y decisiones a delinear los trazos del porvenir nacional.

Sin embargo, solo en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia existe un proceso de selección donde el presidente de la República propone una terna al Senado, para que este valore a los candidatos y escoja al que le parezca mejor.  Cierto que este mecanismo no es inmune a favoritismos e intereses políticos y tampoco asegura que los candidatos se ajusten cabalmente al perfil que se espera de un ministro del máximo tribunal judicial de la República, pero al menos, no se han colado en este, individuos notoriamente incompetentes para desempeñar un cargo público como sí ha ocurrido en el Ejecutivo y, sobre todo, en el Legislativo, poderes a los que se accede por elección popular o por la vía de la representación proporcional.

El sufragio universal es la expresión básica de la vida democrática de una nación, a través del cual la ciudadanía escoge a sus gobernantes y legisladores. Pero, los procesos electorales no son mecanismos de selección de talento. Los votos permiten acceder a cargos públicos, pero nunca darán lo que natura no presta. Este es el riesgo de la democracia que, en no pocas ocasiones, se ha revertido contra el pueblo por la vía de la improvisación, equivocaciones garrafales y por leyes y políticas públicas mal hechas.

Más aún, porque entre la teoría política de Montesquieu y la realidad del México contemporáneo se atraviesan los partidos políticos que actúan como los franquiciatarios de los poderes públicos, en especial el legislativo. Ellos sí hacen un proceso de selección según sus intereses, lo que no necesariamente significa que quienes acceden a un puesto en el Congreso tengan la experiencia y la capacidad que se requiere para desempeñarlo. La lealtad al partido, llevada al extremo de una obediencia ciega, primará en su selección. En las curules se sientan aquellos que más convienen a los partidos, que no los más idóneos para cumplir de manera apropiada y eficaz con la grave responsabilidad de legislar.

Por ejemplo, de acuerdo con los datos curriculares de los senadores que están publicados en el sitio web de la Cámara, se observa que el 52% no cuenta con experiencia legislativa a nivel federal y que el 34% ni siquiera la tiene a nivel estatal, como se aprecia en la siguiente gráfica:

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Un siguiente paso es analizar la formación académica de los senadores. Sin embargo, antes es importante destacar que la forma como se presentan sus datos curriculares no se ajusta a un estándar que permita valorarlos, referenciarlos y, si se requiere, confirmarlos. Por ejemplo, en muchos casos se indica el grado académico sin mencionar la institución y la fecha. Es decir, simplemente se menciona: licenciatura, maestría o doctorado.

Con esta salvedad y considerando que solo se obtuvo información de ciento catorce senadores, se encontró, como se aprecia en la siguiente gráfica, que el 13% de ellos tiene un nivel de estudios que va de preparatoria a carreras universitarias sin concluir. Vale destacar que ninguna persona de este grupo tuvo antes alguna experiencia legislativa. Por lo que hace al resto, la mitad de los legisladores cuenta, al menos, con un grado equivalente a licenciatura.

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Por lo que respecta al campo de estudios de aquellos senadores que obtuvieron un grado académico, 29% estudiaron Derecho, 17% Administración Pública y 8% Economía. El resto lo hicieron en una variedad de campos del conocimiento que, en algunos casos, parecen relacionarse poco con temas vinculados a la discusión de leyes y políticas públicas.

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En resumen:

Preocupa la flacura del Senado en términos de experiencia, capacidades profesionales y formación académica, si se considera la importancia y complejidad de muchos aspectos de la vida nacional que, a través de él, se procesarán como iniciativas de ley o reformas legislativas de gran calado en materias como: seguridad pública, política laboral, educación, regulación del consumo de marihuana, corrupción y transparencia, política internacional, revocación de mandato, etc.

Por ende, podemos inferir que serán pocos protagonistas en la arena legislativa; pequeñas camarillas integradas por escasos legisladores más miembros y asesores de sus sendas cúpulas partidistas. En el caso de MORENA habría que sumar a funcionarios del Gobierno Federal. En estos foros oficiosos son donde en verdad se escenificará buena parte de la actividad legislativa.

Esto implica que un buen número de senadores serán peso muerto en el debate legislativo. No lo enriquecerán. Su participación se limitará a seguir las indicaciones que reciban de sus sendos partidos, sobre todo al momento de votar tanto en el Pleno como en comisiones. Esto no impedirá que, pese a la incompetencia para desempeñarse como legisladores, sí aprovechen su investidura para realizar en su ámbito regional labores de gestoría ya sea para beneficio personal o de terceros.

La Constitución señala el alcance de las funciones del Senado, la dimensión humana de quienes lo integran determina la posibilidad de cumplirlas con eficacia. Flaca se ve la montura para tan grave agenda.

¿Quién para al aprendiz de brujo?; el turno de la sociedad civil

 

Human hand showing "stop sign"

Pasmados por lo inédito del episodio político que estamos viviendo, no hemos tenido siquiera tiempo para el asombro y para advertir que nos encontramos en medio de un territorio inexplorado. Ahí, abruptamente, nos colocó el resultado de las últimas elecciones federales.

Como una tromba, sin siquiera esperarse a ser declarado oficialmente presidente electo, López Obrador se apropió, virtualmente, del despacho presidencial, mientras que Peña Nieto, todavía en funciones como jefe del Poder Ejecutivo, se empequeñeció de manera humillante hasta la irrelevancia, quizá como un gesto en espera de ser recompensado con benevolencia y la complicidad del omiso.

Las formalidades republicanas que hasta ahora habían marcado el tiempo y forma de los relevos presidenciales quedaron de lado. No se diga, el período de vigilia que se daba entre la elección y la toma de protesta, mismo que los presidentes electos utilizaban con discreción y sin entrometerse en la gestión de su predecesor, para planear los primeros pasos, integrar a su equipo y amarrar los cabos que pudieran estar sueltos con grupos políticos, sindicales, empresariales, religiosos, sociales, etc.

Cómo si para él un sexenio fuera no solo un suspiro, sino el último de su vida, López Obrador, en su oficiosa calidad de cuasipresidente constitucional, ha anunciado a lo largo de los últimos meses, una serie de acciones y decisiones que tomará una vez que asuma el cargo. Aunque algunas ya han sido concretadas por su partido en el Congreso.

Las palabras pesan distinto en la boca de un candidato, que en la de un presidente electo. El primero, en ánimo de ganar adeptos, puede darse el lujo de plantear cualquier cantidad de ocurrencias deshilvanadas, sin ningún soporte técnico que las avale y sin formar parte de algún programa que permita contextualizarlas. Pero, si es el segundo quien hace todo esto, provocará en la sociedad preocupación y desasosiego, porque ésta ya no lo verá como el aspirante parlanchín que, pese a sus estridencias, era inocuo dada su lejanía del timón del País, sino como aquel que en breve lo tendrá en sus manos y así, definirá también buena parte del rumbo de la Nación.

Por ello, los anuncios y decisiones de López Obrador como presidente electo, incluso sus vueltas a ciento ochenta grados, han calado en muchos sectores de la sociedad, provocando efectos negativos en la economía, en el sistema financiero, en el erario federal, en la administración pública y en el bienestar de miles de personas cuyos empleos han sido condenados a desaparecer, sin mayor argumento que un capricho. Las ocurrencias de antaño van poco a poco convirtiéndose en decisiones de gobierno y con ellas se hace más nítido el perfil y los previsibles comportamientos de quien lo encabezará.

La obra teatral que, en varios actos, escenificó López Obrador durante meses para cancelar el NAICM, lo proyecta como un individuo que actúa con base en ideas preconcebidas, que es incapaz de modificar pese a la evidencia en contra. Por ello, está abierto a sumar opiniones que apoyan su punto de vista y, en cambio, desecha, aun habiéndolas solicitado, aquellas que lo contradigan. Su decisión, tomada meses atrás, la quiso legitimar escudado en su bono de popularidad, al grado de ignorar la Ley de Consulta Popular, y organizar una consulta espuria para oír la voz del pueblo de la cual él se considera fiel intérprete. Quizá, por eso mismo, no tuvo el menor recato para hacerse acompañar y darle un papel protagónico a su amigo Rioboo, personaje opaco vinculado a la industria de la construcción. Tampoco, le importó engañar a los empresarios dándoles a entender o enviándoles mensajes con Alfonso Romo de que continuaría el proyecto de Texcoco.

La marrullería denota astucia, pero no inteligencia. En este capítulo, su comportamiento y el atrevimiento de cancelar un proyecto en marcha de gran envergadura y complejidad, a cambio de apoyar algo que no pasa de un concepto, revelan medianía, ignorancia de cuestiones básicas en temas financieros, administrativos y de gestión pública y, la dificultad que tiene para visualizar escenarios complejos, así como para entender las aristas, la profundidad y las dificultades que implican llevar a la práctica sus decisiones y, menos aún, para prever sus consecuencias y valorar cómo reaccionarán aquellos que las juzguen o se vean afectados, sin importarle que entre estos se encuentren muchos que votaron por él. En el absurdo, si en un momento dijo que sus convicciones lo llevaban a luchar contra la corrupción, en otro, argumenta que sus convicciones lo obligan a no actuar contra los corruptos. Asume, que su base de simpatizantes tiene una resiliencia infinita y una brevísima memoria.

Este mismo patrón de comportamiento se observa con claridad en otras de sus decisiones como: la modificación de la estructura, funcionamiento y política de remuneraciones en la Administración Pública Federal, su estrategia de seguridad pública, el desmantelamiento del Estado Mayor Presidencial, el proyecto del Tren Maya, la construcción de la refinería en el Puerto de Dos Bocas y la modificación de la Ley del SAT, para rebajar los requisitos profesionales necesarios para ocupar el cargo de titular y así poder designar a la hija de un amigo suyo.

Hay ocasiones cuando la temeridad se inspira en la valentía para asumir riesgos, pero en otras, es solo resultado de la ignorancia y la soberbia. A partir de su autoasumida infalibilidad, López Obrador considera que todo lo que se opone a sus ideas es producto de confabulaciones, triquiñuelas, intereses perversos, complots, dogmas reaccionarios, etc. Parecería que su vida es una lucha constante entre el bien, que él representa, y el mal donde están todos aquellos que no comparten su manera de pensar y cuyas acciones no tienen más propósito que cerrarle el paso y hacerlo fracasar en su misión histórica de realizar una gesta que lo equipare con los héroes patrios. Desde esta perspectiva maniquea e inflado narcisismo, no cabe la posibilidad de que quienes piensen distinto a él, lo hagan de buena fe, con base en su experiencia y conocimientos técnicos de los que él carece y, además, tengan la razón.

Desde su arrogancia, López Obrador ignora que, aun habiendo logrado un triunfo contundente en las elecciones presidenciales, esto no lo hace, en automático, un jefe del Ejecutivo confiable. Los votos, por muchos que hayan sido, están en el pasado como un mero registro, en cambio, la confianza en un presidente de la República está sujeta a un cotidiano refrendo por parte de la ciudadanía, expresándolo de múltiples maneras y no solo mediante encuestas de popularidad.

Cierto que López Obrador aún no ha empezado su mandato. Pero, la forma atrabancada como ha irrumpido en la conducción del Gobierno, plantándose en medio del escenario como un aprendiz de brujo que recién empieza disfrutar de sus poderes, dando manotazos sobre el tablero de mando y anunciando decisiones controversiales, mal fundamentadas, improvisadas o que francamente ofenden la inteligencia, como su virtual pacto de impunidad, ha calado de manera negativa en la confianza de la ciudadanía que, a diferencia de él, sí escucha y considera con interés la voz de los expertos que en distintos campos le han señalado errores y riesgos, advirtiendo que a lo largo de una ruta vagamente señalada y, todavía, con incierto destino, habrá turbulencias severas y obstáculos importantes que sortear.

López Obrador no debe ignorar que en el otro extremo del tablero de ajedrez están sentados muchos jugadores que reaccionan a lo que él haga o a lo que sus decisiones puedan provocar. Esto explica, en alguna medida, lo que ha sucedido con el tipo cambiario, los flujos de capitales y la tasa de interés, lo que sumado afecta de manera negativa a las finanzas públicas.

El ánimo es de reserva. No mover ficha y tener a la mano un plan B si las cosas van a peor. Prudencia respecto a emprender inversiones o contratar créditos. Esto es lo que se respira en muchas empresas y, de hecho, en muchos hogares. Más los que ven cercana la posibilidad del desempleo, la disminución de los ingresos y el acrecentamiento del peso de sus deudas.

Pero en este territorio inexplorado y de la mano de un aprendiz de brujo, la incertidumbre se dispara y la planeación de escenarios se complica, porque no se ve claro quién será su contrapeso para evitar el desbarranco. A primera vista, la baja talla del gabinete no permite identificar en él a alguien que pudiera, eventualmente, plantarle cara a López Obrador. Menos aún, es dable pensar que el Congreso servirá de dique, lo previsible es que sea una servil caja de resonancia, cuyos dislates esperamos que, en su momento, corrija el Poder Judicial.

¿Madurará López Obrador como jefe de Estado, a lo largo del período presidencial, como ocurrió con Zedillo? No soy optimista por su edad, inteligencia, formación y carácter. Me preocupa la forma cómo, a lo largo de su jornada sexenal, procesará los fracasos, las críticas, las frustraciones, el desgaste, la sensación de que cada día es uno menos y, cómo ejercerá de árbitro entre distintos grupos de interés y fuerzas políticas, incluso las suyas, rol que inevitablemente los presidentes deben asumir.

En este momento histórico en medio de un territorio inexplorado, la sociedad civil debe, como nunca, asumir un rol protagónico en todos los frentes. No solo la que está estructurada en organizaciones y asociaciones, sino también la que representan los millones de ciudadanos que se expresan en múltiples foros. No se trata de combatir a López Obrador sino de actuar, con argumentos, como un contrapeso para que no pierda el equilibrio, para que no fracase, porque en su caída nos arrastrará a todos. Nadie quiere que se cumplan las advertencias que se le hacen al momento de tomar decisiones equivocadas. Por ello, no hay que dejar de señalarle sus errores, la necesidad de que rectifique antes de que tropecemos y, sobre todo, de recordarle que la construcción de México es y ha sido resultado de una tarea colectiva, en especial durante los hitos de su historia, y no consecuencia de la sola voluntad de algún iluminado.

Un gabinete de bajo perfil y alto riesgo

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La primera decisión de un presidente de la República es nombrar a su gabinete. Prerrogativa que, salvo los casos del titular de la Secretaría de la Función Pública y el procurador General que debe ratificar el Senado, le concede la Constitución.

En otros países, como sucede en Estados Unidos, el Senado ratifica o rechaza a los candidatos propuestos por el presidente después de examinarlos públicamente. Escrutinio que sirve para airear sus antecedentes ―buenos y malos―, confrontar las razones que tuvo su mentor para proponerlos e inferir su posible desempeño. Al no existir en México este proceso, la ciudadanía debe conformarse con las razones que, en cada caso, exponga el presidente en turno para justificar el nombramiento de los miembros de su equipo.

¿Qué razones explican la designación de cada secretario y la conformación de un gabinete presidencial? Con seguridad, por tratarse de decisiones unipersonales, en estas juega un papel importante la personalidad de cada presidente, su carácter, sus filias y fobias, sus compromisos, su visión y sensibilidad política. Aunque también pesarán las cuestiones privadas, quizá íntimas, que pudieran existir entre él y algunos de sus designados.

Es relevante destacar que mientras el PRI mantuvo la hegemonía del escenario político, la conformación del equipo del presidente, al menos el de inicio, servía para integrar a varias de sus corrientes y restañar heridas con los otrora rivales en la lucha por la sucesión. Se decía, que la pluralidad que no existía en el Congreso se daba, en cambio, dentro del gabinete, donde podían coincidir individuos con distintos matices ideológicos y posturas respecto a políticas públicas.

La larga hegemonía del PRI dio lugar, de manera informal e imperfecta, a un proceso de formación y renovación de cuadros en la Administración Pública Federal que, en la punta de la pirámide, culminaba con un cargo político. Quien llegaba a la presidencia de la República, antes había sido secretario. Y, a su vez, la mayoría de las designaciones de secretarios recaían en otrora subsecretarios y así, capilarmente, con los siguientes niveles de la estructura. La movilidad entre los poderes Ejecutivo y Legislativo era poco frecuente.

Esto conformó a partir de mandos medios hacia abajo, núcleos de servidores públicos que, sin ser necesariamente militantes del PRI, sobrevivían a las renovaciones del Poder Ejecutivo dada su especialización y conocimientos en sus respectivos campos. De hecho, en la práctica estos grupos fueron el semillero donde iniciaron su carrera muchos secretarios de Estado y directores de empresas paraestatales.

En el 2000, la alternancia política rompió este proceso informal de formación y renovación de cuadros. Vicente Fox* fue el primer presidente, en más de setenta años, que no ocupó antes una secretaría de Estado. Junto con él llegaron al gabinete muchas personas que tampoco tenían ninguna experiencia previa en la Administración Pública Federal y que provenían del poder Legislativo, del sector privado y del medio académico. En adición, para muchos de ellos, convertirse en titulares de una secretaría de Estado o de una entidad paraestatal representó un salto cuántico, respecto a la posición que ocupaban antes de ser designados.

Desde entonces, el presidente en turno ha nombrado, en muchos casos, como secretarios de Estado o como directores de entidades paraestatales, a individuos que no solo tienen una mínima o nula experiencia en el ámbito de su encomienda, sino que además ocupaban posiciones muy distantes en términos de responsabilidad. En otras palabras, han sido designaciones de alto riesgo en cuanto a sus posibilidades de éxito, que a la postre se han traducido en renuncias prematuras, rotación y costosas curvas de (lento) aprendizaje.

Desde la perspectiva de gestión de talento, el riesgo de nombrar a una persona para que ocupe un puesto ejecutivo está asociado, en gran medida, a dos factores: a) la compatibilidad funcional que exista entre su cargo anterior y el propuesto y, b) la diferencia que haya en la dimensión de estos puestos en términos de su responsabilidad.

Por ejemplo, proponer como Secretario de Hacienda a una persona que se ha desempeñado como Director de Adquisiciones de la Secretaría de Salud puede resultar más riesgoso que optar por el Subsecretario de Economía. Pero, si la propuesta para ocupar ese cargo fuera un presidente municipal, el riesgo sería infinitamente superior.

Desde esta perspectiva se pueden analizar los diecisiete secretarios y a los tres directores de entidades paraestatales que ha designado López Obrador, ordenándolos de menor a mayor, según el riesgo que representa su nombramiento.

Con algún tipo de experiencia en la Administración Pública Federal:

  • Solamente tres individuos: Villalobos/SAGARPA, Moctezuma/Edu. y Jiménez/SCT se han desempeñado en un mando superior en la APF. Incluso el segundo ya ha sido secretario.
  • Ebrad/Rel., Torruco/Tur. y Ursúa/SHCP se desempeñaron como jefe y secretarios en el gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, el primero no tiene experiencia en el ámbito diplomático como se pudo observar en la reciente carta que López le envió a Trump.
  • Durazo/Seg. y Frausto/Cult. han trabajado en la APF a nivel de staff y mando medio. Aunque las credenciales del primero para hacerse cargo de una nueva secretaría de Seguridad Pública no quedan claras.

Sin experiencia en la administración pública:

  • Sandoval/SFP, Márquez/Eco y Alcocer/Salud son investigadores y aunque conocen a profundidad algunos temas relacionados con la secretaría para la cual han sido nominados, ninguno tiene experiencia en el desempeño de un puesto ejecutivo de primer nivel donde hayan sido responsables de la gestión de recursos humanos, financieros y materiales, así como del diseño y ejecución de planes y programas. Menos aún, se han desenvuelto en los marcos normativo, laboral, presupuestal de la Administración Pública Federal y en el ambiente político propio de los altos cargos. Una cosa es trabajar en un cubículo, otra, muy distinta, es despachar como titular de una secretaría. La distancia es abismal.
  • Las observaciones anteriores son también aplicables a Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia nominada para Gobernación. En su empleo anterior sus decisiones tuvieron un carácter colegiado. Es decir, ejerció una responsabilidad compartida, no individual, como sí ocurre con un secretario de Estado. Vale destacar que, si en los próximos seis años faltara el presidente, ella asumiría temporalmente, y en un momento crítico, la Jefatura del Poder Ejecutivo. Considero que dada su trayectoria, edad y salud haría un mejor papel como consejera jurídica de la Presidencia, que ponerse al frente de la dependencia que es el centro neurálgico de la vida política del País, lo que demanda a su titular una dedicación de tiempo completo y un largo colmillo.
  • Nahle/Energía y Alcalde/STPS provienen de la Cámara de Diputados. La primera desempeñó en su juventud roles operativos en algunas plantas petroquímicas de Pemex. Pero su carrera se concentra en el ámbito legislativo, donde se ha relacionado con temas del sector energético. Para la segunda, el cargo de secretaria de Trabajo y Previsión Social será apenas, a sus treinta años, su segundo o tercer empleo formal, después de haber sido diputada plurinominal. ¿Es esto serio?
  • González Ortiz/Semarnat y Albores/SEDESOL colaboran en pequeñas organizaciones sociales que de alguna manera están relacionadas con la ecología y el desarrollo social.
  • Por último, la nominación de Román Meyer/SEDATU es difícil de valorar, por lo escueto de su currículo y porque, en apariencia, nunca se ha desempeñado en un puesto dentro de algún tipo de organización. Incluso no queda claro si en este momento tiene un empleo remunerado.

Sin experiencia en el sector paraestatal:

  • PEMEX y CFE son dos de las empresas más grandes de México con una problemática muy compleja en todos los ámbitos: laboral, tecnológico, financiero, operativo y de mercado, lo que demanda que al frente de ellas estén administradores de primer nivel con probada experiencia en la gestión de empresas de gran envergadura. Sin embargo, se ha propuesto como sus sendos directores generales a Romero y Bartlett cuyo perfil, formación y experiencia profesional están años luz de los requerimientos de esos puestos. Si hubiera un proceso de búsqueda para estas posiciones a cargo de una empresa especializada en reclutar ejecutivos, difícilmente se les consideraría como candidatos, aun en la lista larga. Como también sería el caso de Martínez Cáceres a quien se propuso como director del IMSS.

De lo anterior se deduce que, si los miembros del gabinete de López Obrador hubieran entrado por la puerta de Recursos Humanos de las sendas secretarías que van a encabezar, una buena parte de ellos difícilmente hubiera logrado más que una dirección general. Esto no quiere decir que algunos no tengan aptitudes, conocimientos y desde luego valía y méritos profesionales, lo que deseo señalar es la gran distancia que existe entre su perfil y los requerimientos del puesto que van a ocupar, lo que en muchos casos implica que su designación sea de alto riesgo para ellos y para el gobierno donde servirán como funcionarios.

Tan cierto es que nombrar al gabinete sin darle explicaciones a nadie es prerrogativa del presidente, como el abuso que se ha hecho de esta. Los gabinetes han sido carruseles donde han pasado desde servidores públicos ejemplares, eficaces y de probada honestidad, incluso un Premio Nóbel, hasta amiguetes, parientes, recomendados, farsantes e improvisados que dejaron como herencia errores inauditos y costosos, sino es que el saqueo de la hacienda pública con la complicidad o tolerancia de quien los designó.

Esto debe recogerse como una lección y no como argumento para justificar el nombramiento de personas que no reúnen los requisitos mínimos para ocupar los puestos clave de la Administración Pública Federal. Decir que ayer se hizo lo mismo que ahora se critica es una justificación cínica que nos condena a la mediocridad. No se trata de repetir el pasado sino de construir un porvenir distinto con estándares más altos. ¿No fue esta la promesa?

Estamos por iniciar una nueva travesía sexenal, la ciudadanía está cansada de hacerlo con tripulaciones variopintas en su capacidad profesional, compromiso social y honestidad, porque ella conoce los riesgos y sabe que por su cuenta corren los costos de las pifias y del eventual naufragio. Bien valdría que López Obrador revise de nuevo y a detalle su lista de nominados. México dispone de una reserva de talento donde podrá encontrar mejores opciones. El presidente pone los nombres, pero el pueblo es dueño de las sillas, del resto de los muebles y de la casa entera. Y, como él dice, el pueblo es sabio, tanto como para opinar y saber quien le conviene que se siente en ellas.

 

 

 

*Es importante destacar, que Fox impulsó en 2003 la creación del Servicio Profesional de Carrera para que, aun dándose la alternancia política en el Poder Ejecutivo, hubiera en su estructura a partir del nivel de director general, un grupo de servidores públicos que, por un lado, tuviera la garantía de permanecer en sus puestos en virtud de sus capacidades y desempeño, sin depender de su filiación política y que, por el otro, sirviera para conservar las experiencia, el aprendizaje y la memoria en el quehacer público.

Examen médico, salud presidencial

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Cualquier información relativa a la salud de una persona está considerada por la Ley de Protección de Datos Personales como datos sensibles, por lo que no pueden divulgarse sin el consentimiento expreso del individuo a quien pertenezcan.

Pero, cuando se trata de personas que compiten por la Presidencia de la República, es válido que quienes los elegirán, se pregunten sobre su estado de salud, porque saben, por una parte, que quien ocupe ese cargo estará sujeto a un ritmo de trabajo intenso, a una tensión constante, al arbitrio de las circunstancias que lo enfrentarán a escenarios inesperados y, además, deberá soportar esta carga durante seis años. Nadie, como lo evidencian las comparaciones fotográficas, sale de la presidencia rejuvenecido.

Por otra parte, resulta obvio que la posibilidad de la ausencia temporal o definitiva del presidente de la República provocaría una etapa de incertidumbre y turbulencia política, que se agravaría por las inevitables pugnas a que daría lugar la ausencia de un presidente enfermo o fallecido, ya sea entre los miembros de su equipo cercano como entre las cúpulas partidistas, quienes, sin duda, buscarían llenar el vacío de poder. La última vez que la nación pasó por este trance ocurrió cuando Álvaro Obregón fue asesinado siendo presidente Electo.

Cierto que los candidatos a la presidencia tienen el derecho de reservar sus datos personales. Pero, cuando le piden a la ciudadanía su confianza para ocupar una posición de enorme responsabilidad por un lapso de seis años que de una forma u otra trascenderá en sus vidas, adquieren la obligación moral de demostrar si cuentan con la salud necesaria para desempeñar esa encomienda. De lo contrario, si movidos por su ambición personal, ocultan problemas de salud que, dada la naturaleza del cargo que se proponen ocupar, podrían agravarse durante su gestión, pecarían de deslealtad e incurrirían en una omisión gravísima, por las eventuales implicaciones que sus padecimientos podrían acarrearle al País.

Pensemos, como una analogía, que un jefe de Estado es equivalente al piloto de un avión, en cuya capacidad, preparación y condición física se deposita la confianza de que el pasaje que transporta llegará sano y salvo a su destino.

¿Cómo se compatibiliza el derecho a la seguridad de los pasajeros con el derecho a la privacidad de los pilotos? La autoridad aeronáutica tiene la facultad de supervisar su estado de salud y condicionar la vigencia de sus licencias al resultado de sus exámenes médicos. Un foco rojo, puede implicar una suspensión temporal y, en caso extremo, la revocación. Así, el Estado tutela el derecho a nuestra seguridad y el de los pilotos a la privacidad

Nuestras leyes electorales deberían contemplar, al menos, la presentación de un dictamen médico, fundado en un diagnóstico que, con base en un protocolo, cubriera una serie de aspectos que reflejaran el estado de salud de los candidatos. Como sucede en otros países, el dictamen sería lo único que, en una versión abreviada, se publicaría, mientras que los detalles se reservarían como información privada. A menos, que alguno quisiera hacer públicos ciertos datos en particular

Confiar en que los candidatos digan la verdad sobre su estado de salud, es tan ingenuo como creer en el cabal y absoluto cumplimiento de sus promesas de campaña. Vale proponer que, aun sin tener ninguna ley que los obligue, Anaya, López Obrador, Meade y Rodríguez hagan público un dictamen médico que nos permita saber qué tan saludables están.

Si el resultado del voto que emitirá la ciudadanía durará seis años, es válido pedir que un tercero calificado nos diga, si gozan de la salud necesaria para hacerse cargo del timón del País por ese lapso.