Ley de Remuneraciones; partamos de cero y hagámoslo bien

Ley de Remuneraciones

López Obrador es un hombre de impulsos no de razones, de ideas sencillas no de planteamientos complejos, de lo inmediato no de lo planeado, de prejuicios no de apertura, de nostalgia no de futuro, de mirar el árbol sin comprender el bosque.

Como opositor de distintos gobiernos y candidato presidencial, esto le valió para crear una sólida base de partidarios a los que sabe dirigirse con planteamientos sencillos, que además de sintetizar simplistamente el diagnóstico y la solución de los problemas nacionales, suelen señalar, para la algarabía de sus seguidores, a los presuntos responsables, lo que incluye la cancelación de iniciativas y proyectos que estos pudieron emprender. Acrisola en el entusiasmo de la masa, el desquite social con la revancha personal.

Pero gobernar es una tarea mucho más compleja que la búsqueda de votos, por la sencilla razón de que lo primero tiene consecuencias en la vida de millones de personas, en el patrimonio público, en la tranquilidad social y en la confianza —interna y externa— que se requiere para conducir al País.

López Obrador ha tomado decisiones graves sin haberse dado el tiempo para entender la complejidad de cada situación, para informarse de los esfuerzos previos, del dinero público ya gastado o invertido en ellos, de las lecciones aprendidas y, para anticipar las previsibles consecuencias de sus actos. Se comporta como si tuviera dominio pleno de todos los asuntos públicos y que basta su voluntad para remover cualquier obstáculo. Presume de humildad, pero no le alcanza para decir, no sé.

En aras de reducir a la brevedad las remuneraciones en el servicio público, en especial las del Poder Judicial y órganos autónomos con quienes López tiene una rivalidad añeja, se desempolvó un viejo proyecto de Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos que reglamentaría el Artículo 127 Constitucional y que llevaba más de siete años archivado en el Senado. Con las prisas para disparar un cañonazo legislativo, MORENA optó por no revisarla con cuidado y menos aún actualizarla en cuestiones de forma tan nimias como cambiar Distrito Federal por Ciudad de México, porque eso hubiera dilatado la aprobación y el cumplimiento de una promesa de campaña; López Obrador ganaría la mitad del sueldo de Peña Nieto. Aunque, curiosamente, se dobló el ingreso que percibía en MORENA, también financiado con recursos del erario.

El aparato del Estado mexicano está tripulado por un heterogéneo universo de servidores públicos

El tema de las remuneraciones de los servidores públicos es una cuestión mucho más compleja y amplia que un tabulador o que el sueldo del presidente. Se trata del funcionamiento del aparato del Estado a través del cual los planes de gobierno se diseñan y se hacen realidad, se atienden los riesgos más importantes que corre la población, se gobierna, se procura e imparte justicia, se legisla, se educa, se regulan y registran buena parte de las actividades que realizan personas físicas y morales, se cobran y gastan los recursos de los contribuyentes y, como Nación soberana, nos relacionamos con el exterior.

El universo de servidores públicos que trabaja en ese enorme y diverso aparato está integrado por grupos de naturaleza muy distinta que, en cada caso, debería considerarse al momento de establecer una política de remuneración.

Por ejemplo, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en los órganos autónomos, hay un número pequeño de puestos a los que se accede solo por la vía electoral, por el nombramiento de alguien elegido en las urnas o, por la designación del Senado. Por tanto, la gestión de los ocupantes de esos cargos está acotada a un lapso especifico. Contrario a lo que sucede con el resto de los puestos que representan la enorme mayoría y que son desempeñados por personas cuyo nombramiento es por tiempo indefinido, que pasaron por distintos procesos de reclutamiento y selección, y que tienen, además, la opción de ascender a posiciones de mayor responsabilidad.

Si ya la variedad de puestos que integran este universo y las sendas funciones que desempeñan da lugar a un catálogo amplísimo, agreguemos, para complicar aún más las cosas, a las fuerzas armadas y a los cuerpos de inteligencia y seguridad, cuyos miembros ponen en riesgo sus vidas e integridad física, tanto en el desempeño de sus funciones como en su ámbito privado.

Intereses traslapados: la sociedad, el aparato Estatal y los servidores públicos

Cuando se analiza desde distintas perspectivas el tema de remuneraciones de los servidores públicos, es fácil observar que en él se traslapan los intereses de tres entes: la sociedad, el aparato Estatal y los servidores públicos. Por ende, al momento de diseñar una política de remuneración, esos intereses concurrentes deben considerarse de manera simultánea con la finalidad de alinearlos en un justo balance.

Para la sociedad, las remuneraciones de los servidores públicos tienen relevancia porque se pagan con los recursos que ella aporta en forma de impuestos. Por ende, tiene pleno derecho a conocerlas con precisión, a exigir que su monto se ajuste a un principio de austeridad, a que existan contrapesos para evitar abusos y a que su cuantía sea acorde con las condicionantes presupuestales.

Por su parte, para un funcionamiento eficaz del aparato Estatal es imprescindible atraer y retener talento. Más aún, si se considera la complejidad de todas las trincheras donde el Estado está presente, a través de entidades, dependencias y órganos autónomos, que tienen distintos tipos de organización y funcionamiento según las características de las actividades que realizan, lo que eventualmente debe considerarse al momento de diseñar una política de remuneraciones, que además no podrá pasar por alto la existencia de un mercado laboral donde inevitablemente se compite por reclutar a los mejores elementos.

Por lo que respecta a los servidores públicos, estos tienen la justa y legítima aspiración de desarrollarse profesional y económicamente en el servicio público, al que muchos se suman por una vocación de servicio que no debe confundirse con un voto de caridad. Ciertamente, quien ingresa al ámbito público, sabe que sus remuneraciones serán más bajas que las del sector privado. Pero, esto no significa que no se le puedan proporcionar los medios para que su desarrollo y desempeño profesional le den la oportunidad de disfrutar de mejores ingresos y acumular de manera honesta un patrimonio familiar.

Para colgar un cuadro es preciso poner antes el clavo

Sin una política salarial, la elaboración de una Ley de Remuneraciones y, más aún, el diseño de un tabulador es como querer colgar un cuadro sin antes haber puesto el clavo que lo sujete.

Esto es justo lo que está haciendo López Obrador cuando tomó la decisión unipersonal, sin que estuviera apegada a ningún criterio técnico, de que la mitad del ingreso que percibía Peña Nieto fuera el tope máximo de todos los tabuladores existentes en el aparato Estatal.

Esto además de ignorar cómo está estructurado, tripulado y remunerado el aparato Estatal, tira por la borda los esfuerzos que a lo largo de los últimos dieciocho años se han hecho para contar con una estructura salarial bien elaborada, se deja sin atender lo que todavía se tenía que corregir y realizar y, además, se incurre en un acto ilegal al momento de que el patrón, en este caso una dependencia, entidad u órgano autónomo, reduce unilateralmente el paquete de remuneración de sus empleados.

Cierto que hay sueldos y prestaciones insultantes. Pero, conozco que son una minoría de casos que en buena parte se deben a que, respecto a los puestos de mayor jerarquía, no se han establecido mecanismos para que los propios interesados no sean los mismos que definan sus ingresos. Más aún, tan inconveniente es que los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de algún tribunal, y los legisladores se fijen unilateralmente sus paquetes de remuneración, como que el nivel máximo de los tabuladores de todo el aparato Estatal dependa, como lo quiere hacer López Obrador, del capricho del presidente en turno.

Si pensamos en un ánimo constructivo, esta coyuntura política y la tensión que ha provocado debería dar lugar a una elaboración prolija y bien pensada de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que considere que su aplicación afectará al recurso más valioso con el que cuenta el Estado; su capital humano. De su talento, profesionalismo,  compromiso y del ambiente laboral en el que se desenvuelva, depende en gran parte que se satisfagan las expectativas que la sociedad tiene de una estructura burocrática que está para servirla y que ella mantiene. Por ende, es imprescindible que dicha ley logre poner en justa sintonía los intereses de la sociedad, del aparato Estatal y de los servidores públicos.

Claro que eso significaría posponer una promesa de campaña, pero en lugar de mirar atrás y condenarnos a soluciones cojas que no resuelven el problema y, en cambio, sí crean otros nuevos, empecemos a construir para un porvenir que está más allá de este sexenio.

Bien vale la pena partir de cero y empezar de nuevo.

 

¿Quién para al aprendiz de brujo?; el turno de la sociedad civil

 

Human hand showing "stop sign"

Pasmados por lo inédito del episodio político que estamos viviendo, no hemos tenido siquiera tiempo para el asombro y para advertir que nos encontramos en medio de un territorio inexplorado. Ahí, abruptamente, nos colocó el resultado de las últimas elecciones federales.

Como una tromba, sin siquiera esperarse a ser declarado oficialmente presidente electo, López Obrador se apropió, virtualmente, del despacho presidencial, mientras que Peña Nieto, todavía en funciones como jefe del Poder Ejecutivo, se empequeñeció de manera humillante hasta la irrelevancia, quizá como un gesto en espera de ser recompensado con benevolencia y la complicidad del omiso.

Las formalidades republicanas que hasta ahora habían marcado el tiempo y forma de los relevos presidenciales quedaron de lado. No se diga, el período de vigilia que se daba entre la elección y la toma de protesta, mismo que los presidentes electos utilizaban con discreción y sin entrometerse en la gestión de su predecesor, para planear los primeros pasos, integrar a su equipo y amarrar los cabos que pudieran estar sueltos con grupos políticos, sindicales, empresariales, religiosos, sociales, etc.

Cómo si para él un sexenio fuera no solo un suspiro, sino el último de su vida, López Obrador, en su oficiosa calidad de cuasipresidente constitucional, ha anunciado a lo largo de los últimos meses, una serie de acciones y decisiones que tomará una vez que asuma el cargo. Aunque algunas ya han sido concretadas por su partido en el Congreso.

Las palabras pesan distinto en la boca de un candidato, que en la de un presidente electo. El primero, en ánimo de ganar adeptos, puede darse el lujo de plantear cualquier cantidad de ocurrencias deshilvanadas, sin ningún soporte técnico que las avale y sin formar parte de algún programa que permita contextualizarlas. Pero, si es el segundo quien hace todo esto, provocará en la sociedad preocupación y desasosiego, porque ésta ya no lo verá como el aspirante parlanchín que, pese a sus estridencias, era inocuo dada su lejanía del timón del País, sino como aquel que en breve lo tendrá en sus manos y así, definirá también buena parte del rumbo de la Nación.

Por ello, los anuncios y decisiones de López Obrador como presidente electo, incluso sus vueltas a ciento ochenta grados, han calado en muchos sectores de la sociedad, provocando efectos negativos en la economía, en el sistema financiero, en el erario federal, en la administración pública y en el bienestar de miles de personas cuyos empleos han sido condenados a desaparecer, sin mayor argumento que un capricho. Las ocurrencias de antaño van poco a poco convirtiéndose en decisiones de gobierno y con ellas se hace más nítido el perfil y los previsibles comportamientos de quien lo encabezará.

La obra teatral que, en varios actos, escenificó López Obrador durante meses para cancelar el NAICM, lo proyecta como un individuo que actúa con base en ideas preconcebidas, que es incapaz de modificar pese a la evidencia en contra. Por ello, está abierto a sumar opiniones que apoyan su punto de vista y, en cambio, desecha, aun habiéndolas solicitado, aquellas que lo contradigan. Su decisión, tomada meses atrás, la quiso legitimar escudado en su bono de popularidad, al grado de ignorar la Ley de Consulta Popular, y organizar una consulta espuria para oír la voz del pueblo de la cual él se considera fiel intérprete. Quizá, por eso mismo, no tuvo el menor recato para hacerse acompañar y darle un papel protagónico a su amigo Rioboo, personaje opaco vinculado a la industria de la construcción. Tampoco, le importó engañar a los empresarios dándoles a entender o enviándoles mensajes con Alfonso Romo de que continuaría el proyecto de Texcoco.

La marrullería denota astucia, pero no inteligencia. En este capítulo, su comportamiento y el atrevimiento de cancelar un proyecto en marcha de gran envergadura y complejidad, a cambio de apoyar algo que no pasa de un concepto, revelan medianía, ignorancia de cuestiones básicas en temas financieros, administrativos y de gestión pública y, la dificultad que tiene para visualizar escenarios complejos, así como para entender las aristas, la profundidad y las dificultades que implican llevar a la práctica sus decisiones y, menos aún, para prever sus consecuencias y valorar cómo reaccionarán aquellos que las juzguen o se vean afectados, sin importarle que entre estos se encuentren muchos que votaron por él. En el absurdo, si en un momento dijo que sus convicciones lo llevaban a luchar contra la corrupción, en otro, argumenta que sus convicciones lo obligan a no actuar contra los corruptos. Asume, que su base de simpatizantes tiene una resiliencia infinita y una brevísima memoria.

Este mismo patrón de comportamiento se observa con claridad en otras de sus decisiones como: la modificación de la estructura, funcionamiento y política de remuneraciones en la Administración Pública Federal, su estrategia de seguridad pública, el desmantelamiento del Estado Mayor Presidencial, el proyecto del Tren Maya, la construcción de la refinería en el Puerto de Dos Bocas y la modificación de la Ley del SAT, para rebajar los requisitos profesionales necesarios para ocupar el cargo de titular y así poder designar a la hija de un amigo suyo.

Hay ocasiones cuando la temeridad se inspira en la valentía para asumir riesgos, pero en otras, es solo resultado de la ignorancia y la soberbia. A partir de su autoasumida infalibilidad, López Obrador considera que todo lo que se opone a sus ideas es producto de confabulaciones, triquiñuelas, intereses perversos, complots, dogmas reaccionarios, etc. Parecería que su vida es una lucha constante entre el bien, que él representa, y el mal donde están todos aquellos que no comparten su manera de pensar y cuyas acciones no tienen más propósito que cerrarle el paso y hacerlo fracasar en su misión histórica de realizar una gesta que lo equipare con los héroes patrios. Desde esta perspectiva maniquea e inflado narcisismo, no cabe la posibilidad de que quienes piensen distinto a él, lo hagan de buena fe, con base en su experiencia y conocimientos técnicos de los que él carece y, además, tengan la razón.

Desde su arrogancia, López Obrador ignora que, aun habiendo logrado un triunfo contundente en las elecciones presidenciales, esto no lo hace, en automático, un jefe del Ejecutivo confiable. Los votos, por muchos que hayan sido, están en el pasado como un mero registro, en cambio, la confianza en un presidente de la República está sujeta a un cotidiano refrendo por parte de la ciudadanía, expresándolo de múltiples maneras y no solo mediante encuestas de popularidad.

Cierto que López Obrador aún no ha empezado su mandato. Pero, la forma atrabancada como ha irrumpido en la conducción del Gobierno, plantándose en medio del escenario como un aprendiz de brujo que recién empieza disfrutar de sus poderes, dando manotazos sobre el tablero de mando y anunciando decisiones controversiales, mal fundamentadas, improvisadas o que francamente ofenden la inteligencia, como su virtual pacto de impunidad, ha calado de manera negativa en la confianza de la ciudadanía que, a diferencia de él, sí escucha y considera con interés la voz de los expertos que en distintos campos le han señalado errores y riesgos, advirtiendo que a lo largo de una ruta vagamente señalada y, todavía, con incierto destino, habrá turbulencias severas y obstáculos importantes que sortear.

López Obrador no debe ignorar que en el otro extremo del tablero de ajedrez están sentados muchos jugadores que reaccionan a lo que él haga o a lo que sus decisiones puedan provocar. Esto explica, en alguna medida, lo que ha sucedido con el tipo cambiario, los flujos de capitales y la tasa de interés, lo que sumado afecta de manera negativa a las finanzas públicas.

El ánimo es de reserva. No mover ficha y tener a la mano un plan B si las cosas van a peor. Prudencia respecto a emprender inversiones o contratar créditos. Esto es lo que se respira en muchas empresas y, de hecho, en muchos hogares. Más los que ven cercana la posibilidad del desempleo, la disminución de los ingresos y el acrecentamiento del peso de sus deudas.

Pero en este territorio inexplorado y de la mano de un aprendiz de brujo, la incertidumbre se dispara y la planeación de escenarios se complica, porque no se ve claro quién será su contrapeso para evitar el desbarranco. A primera vista, la baja talla del gabinete no permite identificar en él a alguien que pudiera, eventualmente, plantarle cara a López Obrador. Menos aún, es dable pensar que el Congreso servirá de dique, lo previsible es que sea una servil caja de resonancia, cuyos dislates esperamos que, en su momento, corrija el Poder Judicial.

¿Madurará López Obrador como jefe de Estado, a lo largo del período presidencial, como ocurrió con Zedillo? No soy optimista por su edad, inteligencia, formación y carácter. Me preocupa la forma cómo, a lo largo de su jornada sexenal, procesará los fracasos, las críticas, las frustraciones, el desgaste, la sensación de que cada día es uno menos y, cómo ejercerá de árbitro entre distintos grupos de interés y fuerzas políticas, incluso las suyas, rol que inevitablemente los presidentes deben asumir.

En este momento histórico en medio de un territorio inexplorado, la sociedad civil debe, como nunca, asumir un rol protagónico en todos los frentes. No solo la que está estructurada en organizaciones y asociaciones, sino también la que representan los millones de ciudadanos que se expresan en múltiples foros. No se trata de combatir a López Obrador sino de actuar, con argumentos, como un contrapeso para que no pierda el equilibrio, para que no fracase, porque en su caída nos arrastrará a todos. Nadie quiere que se cumplan las advertencias que se le hacen al momento de tomar decisiones equivocadas. Por ello, no hay que dejar de señalarle sus errores, la necesidad de que rectifique antes de que tropecemos y, sobre todo, de recordarle que la construcción de México es y ha sido resultado de una tarea colectiva, en especial durante los hitos de su historia, y no consecuencia de la sola voluntad de algún iluminado.

El demoledor memorándum que ignoró López Obrador

Información incómoda blog

En la noche previa al hundimiento del Titanic, en el cuarto de comunicaciones se recibió un telegrama del buque Mesaba, advirtiendo de la presencia de icebergs. El encargado, acusó recibo y en lugar de entregarlo de inmediato al puente de mando, se dedicó a enviar los telegramas de los pasajeros que se habían acumulado por una falla del sistema de transmisión el día anterior. El capitán mantuvo el rumbo trazado, ignorante del infranqueable obstáculo que le aguardaba y del destino mortal que tendrían él y mil quinientos pasajeros que lo acompañaban.

Sirva esta introducción como una analogía de lo que está ocurriendo con el asunto del NAICM, para resaltar, por un lado, la enorme responsabilidad de quienes tienen en sus manos información crítica y, por el otro, que ocultarla o desconsiderarla al momento de tomar una decisión, ya sea por imprudencia o para privilegiar sus intereses, no modifica su contenido, ni elimina los riesgos que lo narrado en este pudieran representar a terceros.

El 18 de octubre, MITRE* entregó a Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, un memorándum sobre “la problemática del plan AICM + Santa Lucía”, firmado por su Director Internacional, Bernardo Lisker y copiado a Romo y Jiménez Espriú, miembros del Equipo de Transición, con quienes había tenido contacto desde 2015.

Sin embargo, Jiménez Espriú ignoró el memo de MITRE y, en cambio, anunció el 24 de octubre, a escasos días de la consulta espuria, que con base en un estudio que contrató con Navblue, filial del Grupo AirBus, el AICM y Santa Lucía podían compartir el espacio aéreo, pese a que se trató de un análisis conceptual que como tal se basó en un buen número de supuestos y salvedades, que están claramente expuestas en el texto del informe presentado por dicha firma consultora. Más aún, esta deja claro en cada página del reporte, que este no provee ninguna conclusión definitiva respecto a que la operación simultánea de ambos aeropuertos pueda hacer frente al incremento del tráfico aéreo.

¿Por qué Jimenez Espriú ignoró el memo de MITRE, pese a la solidez técnica y al conocimiento profundo que esta organización tiene del espacio aéreo mexicano desde hace más de veinte años y a su estrecha relación con la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), País con el que tenemos el mayor tráfico aéreo internacional?

La razón es muy obvia; sus conclusiones son demoledoras respecto a la operación simultánea del AICM y Santa Lucía y, claramente, evidencian que la decisión tomada por López Obrador de suspender la construcción del NAICM, es un salto al vacío y la ruta más corta a una serie de enredos financieros, presupuestales, administrativos, aeronáuticos y laborales —¿icebergs?—, que inevitablemente los mexicanos tendremos que afrontar, pagar sus costos y, seguramente, volver atrás para retomar la opción que hoy se abandona, a menos que el presidente electo tenga la lucidez para recapacitar y cambiar de opinión.

Señalo los temas que me parecen más relevantes del memorándum, cuya liga está al final de este artículo.

“No hemos analizado la capacidad operacional (llegadas + salidas) del plan (AICM y Sta. Lucía), pero sabemos que será sumamente baja, sólo faltándonos saber si será peor que la ya lograda por el AICM. No comprendemos cómo se habla de capacidad antes de emprender estudios de espacio aéreo.”

Se desprende de lo anterior que, dada la complejidad de la gestión del espacio aéreo compartido entre las dos terminales, el obligado espaciamiento entre vuelos por razones de seguridad, como alguna vez lo admitió Jimenez Espriú, dé como resultado, que la suma de sus operaciones represente un incremento muy pequeño respecto al número de ellas que actualmente se llevan a cabo en el AICM, incluso pudiendo ser menor.

Esta posibilidad nulifica o limita de manera significativa el supuesto de que Santa Lucía podría recibir una parte importante del incremento previsto en el tráfico aéreo a mediano y largo plazo, lo que hace absurdo suspender la construcción del NAICM y emprender la incierta aventura de construir una nueva terminal en la Base Aérea.

La última frase del comentario de MITRE deja claro que los aeropuertos se planean de arriba hacia abajo. Por eso, es una temeridad o una muestra de supina ignorancia, que sin estos análisis se empiecen a dibujar los planos de Santa Lucía y hablar de números de pasajeros. Quizá, por la segunda razón, pusieron, contra las normas de seguridad aeroportuaria, los estacionamientos debajo del edificio terminal.

“No hemos realizado el complejo rediseño del espacio aéreo que el plan requeriría, pero sabemos que será muy complicado de manejar para los controladores aéreos, dada la orografía. Es un error comparar el Valle de México con Nueva York o Londres.”

Este comentario debe considerarse como una advertencia muy seria en materia de seguridad, porque anticipa la creación de un escenario complejo para fines de gestión del tráfico aéreo, con el consiguiente incremento de riesgos. Más, si consideramos las condiciones meteorológicas del Valle de México que imperan durante buena parte del año.

Estas dos primeras acotaciones de MITRE delinean una posibilidad absurda; no solo podría darse un incremento bajo en el número de operaciones, sino que este se haría a costa de hacer más compleja la gestión del tráfico. Es decir, el costo superaría con creces al beneficio.

Para fines de diseño, cuando se trata de vehículos y personas en movimiento, la complejidad se convierte en la hermana de la inseguridad. ¿Por qué los usuarios del aeropuerto y los habitantes del Área Metropolitana del Valle de México, sobre cuyas cabezas pasan miles de aviones al año, deben con la inclusión de Santa Lucía correr el riesgo de un espacio aéreo más inseguro y, en adición, seguir padeciendo el ruido de las aeronaves, cuando ya existe una opción mejor a la mano?

“No hemos realizado los trabajos obligatoriamente necesarios de tipo fotogramétrico para conocer con alta resolución el terreno hacia el norte (hacia Hidalgo pues Santa Lucía lo requeriría). Ese por sí solo es un trabajo de ocho meses.”

Este plazo, junto con el lapso que demandan los estudios ambientales y, que deben ser previos al diseño del aeropuerto, echan por tierra el supuesto plazo de tres años para que Santa Lucía entre en operación. Más aún, si como lo menciona MITRE, será necesario comprar terrenos, es decir expropiar, para instalar los equipos que requieren los aterrizajes por instrumentos, ya que la actual pista de Santa Lucía solo permite aproximaciones visuales. Situación que, por un lado, reitera lo que muchos técnicos señalaron desde un inicio respecto a esta opción, en el sentido de que la superficie actual de la Base Militar era insuficiente para construir un nuevo aeropuerto y, por el otro, que es más probable que el NAICM esté en operación el segundo semestre de 2022 antes que Santa Lucía esté terminado. Con la salvedad de que, para hacer frente al incremento previsto del tráfico aéreo, el primero sería una solución a largo plazo y, el segundo, solo un parche, sin que hasta hoy sepamos para cuánto tiempo pueda alcanzar.

MITRE también menciona que, si ya la operación de Sta. Lucía es compleja con una sola pista, la operación simultánea de dos separadas por 1,500 metros haría el escenario aún más complicado, con la salvedad de que habría que hacer estudios muy detallados para determinar si esa separación es segura, lo que podría hacer que se necesitara más terreno.

“En resumen, no debería considerarse la coexistencia del AICM y Santa Lucía sin tomar en cuenta la complejidad que reviste su operación y el hecho de que dista mucho de haber sido completado un estudio aeronáutico serio. Los riesgos son claros y presentes. Además, aún en el mejor caso, no resolverá el problema de la demanda más allá de muy corto plazo (algo ya mencionado en 2013 por OACI)”.

Si con oportunidad el capitán del Titanic hubiera conocido el telegrama del Mesaba, con seguridad hubiera dado las órdenes para proteger a los pasajeros, a los tripulantes y a su navío. En cambio, López Obrador, pese a tener la información en sus manos, decidió hacer caso omiso de la opinión de una de las organizaciones con mayor reputación a nivel mundial en el campo de la navegación aérea, como también hizo con muchos documentos y presentaciones que se les entregaron a los miembros del Equipo de Transición, para seguir necio en una decisión que quizá tomó hace años.

Pero, el problema para él es que dicha información es conocida por infinidad de círculos y sectores en México y el mundo, que pueden anticipar, como MITRE, las dificultades por venir y dimensionar la magnitud de las consecuencias de este error inaudito. Por ello, para muchos de los que viajamos en este barco llamado México, el golpe de timón que ha dado López Obrador nos parece demencial, poniéndonos en estado de alerta. Quizá, los cantos y gritos de quienes siguen en el salón de fiestas celebrando su victoria, le impidan escuchar cosas que no sean alabanzas a su ego. Pero eso no elimina los riesgos advertidos, ni modifica una realidad que, inexorable, está cada día más cerca. Iniciamos la azarosa travesía sexenal preocupados, muy preocupados, por la capacidad y aptitudes de quien en sus manos tendrá el timón y sabedores de que actúa sin ningún contrapeso que lo haga consciente de sus errores, limitaciones y, sobre todo, de su mortalidad.

MITRE (Massachusetts Institute of Technology Research & Engineering) es una organización no lucrativa dedicada, entre otras cosas, a la navegación área.

OACI.- Organización de la Aviación Civil Internacional

http://www.aeropuerto.gob.mx/doc/MITRE_Carta_resumen_en_torno_a_la_problematica_del_plan_AICM+Santa_Lucia_(12_octubre_2018).pdf

 

Un gabinete de bajo perfil y alto riesgo

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La primera decisión de un presidente de la República es nombrar a su gabinete. Prerrogativa que, salvo los casos del titular de la Secretaría de la Función Pública y el procurador General que debe ratificar el Senado, le concede la Constitución.

En otros países, como sucede en Estados Unidos, el Senado ratifica o rechaza a los candidatos propuestos por el presidente después de examinarlos públicamente. Escrutinio que sirve para airear sus antecedentes ―buenos y malos―, confrontar las razones que tuvo su mentor para proponerlos e inferir su posible desempeño. Al no existir en México este proceso, la ciudadanía debe conformarse con las razones que, en cada caso, exponga el presidente en turno para justificar el nombramiento de los miembros de su equipo.

¿Qué razones explican la designación de cada secretario y la conformación de un gabinete presidencial? Con seguridad, por tratarse de decisiones unipersonales, en estas juega un papel importante la personalidad de cada presidente, su carácter, sus filias y fobias, sus compromisos, su visión y sensibilidad política. Aunque también pesarán las cuestiones privadas, quizá íntimas, que pudieran existir entre él y algunos de sus designados.

Es relevante destacar que mientras el PRI mantuvo la hegemonía del escenario político, la conformación del equipo del presidente, al menos el de inicio, servía para integrar a varias de sus corrientes y restañar heridas con los otrora rivales en la lucha por la sucesión. Se decía, que la pluralidad que no existía en el Congreso se daba, en cambio, dentro del gabinete, donde podían coincidir individuos con distintos matices ideológicos y posturas respecto a políticas públicas.

La larga hegemonía del PRI dio lugar, de manera informal e imperfecta, a un proceso de formación y renovación de cuadros en la Administración Pública Federal que, en la punta de la pirámide, culminaba con un cargo político. Quien llegaba a la presidencia de la República, antes había sido secretario. Y, a su vez, la mayoría de las designaciones de secretarios recaían en otrora subsecretarios y así, capilarmente, con los siguientes niveles de la estructura. La movilidad entre los poderes Ejecutivo y Legislativo era poco frecuente.

Esto conformó a partir de mandos medios hacia abajo, núcleos de servidores públicos que, sin ser necesariamente militantes del PRI, sobrevivían a las renovaciones del Poder Ejecutivo dada su especialización y conocimientos en sus respectivos campos. De hecho, en la práctica estos grupos fueron el semillero donde iniciaron su carrera muchos secretarios de Estado y directores de empresas paraestatales.

En el 2000, la alternancia política rompió este proceso informal de formación y renovación de cuadros. Vicente Fox* fue el primer presidente, en más de setenta años, que no ocupó antes una secretaría de Estado. Junto con él llegaron al gabinete muchas personas que tampoco tenían ninguna experiencia previa en la Administración Pública Federal y que provenían del poder Legislativo, del sector privado y del medio académico. En adición, para muchos de ellos, convertirse en titulares de una secretaría de Estado o de una entidad paraestatal representó un salto cuántico, respecto a la posición que ocupaban antes de ser designados.

Desde entonces, el presidente en turno ha nombrado, en muchos casos, como secretarios de Estado o como directores de entidades paraestatales, a individuos que no solo tienen una mínima o nula experiencia en el ámbito de su encomienda, sino que además ocupaban posiciones muy distantes en términos de responsabilidad. En otras palabras, han sido designaciones de alto riesgo en cuanto a sus posibilidades de éxito, que a la postre se han traducido en renuncias prematuras, rotación y costosas curvas de (lento) aprendizaje.

Desde la perspectiva de gestión de talento, el riesgo de nombrar a una persona para que ocupe un puesto ejecutivo está asociado, en gran medida, a dos factores: a) la compatibilidad funcional que exista entre su cargo anterior y el propuesto y, b) la diferencia que haya en la dimensión de estos puestos en términos de su responsabilidad.

Por ejemplo, proponer como Secretario de Hacienda a una persona que se ha desempeñado como Director de Adquisiciones de la Secretaría de Salud puede resultar más riesgoso que optar por el Subsecretario de Economía. Pero, si la propuesta para ocupar ese cargo fuera un presidente municipal, el riesgo sería infinitamente superior.

Desde esta perspectiva se pueden analizar los diecisiete secretarios y a los tres directores de entidades paraestatales que ha designado López Obrador, ordenándolos de menor a mayor, según el riesgo que representa su nombramiento.

Con algún tipo de experiencia en la Administración Pública Federal:

  • Solamente tres individuos: Villalobos/SAGARPA, Moctezuma/Edu. y Jiménez/SCT se han desempeñado en un mando superior en la APF. Incluso el segundo ya ha sido secretario.
  • Ebrad/Rel., Torruco/Tur. y Ursúa/SHCP se desempeñaron como jefe y secretarios en el gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, el primero no tiene experiencia en el ámbito diplomático como se pudo observar en la reciente carta que López le envió a Trump.
  • Durazo/Seg. y Frausto/Cult. han trabajado en la APF a nivel de staff y mando medio. Aunque las credenciales del primero para hacerse cargo de una nueva secretaría de Seguridad Pública no quedan claras.

Sin experiencia en la administración pública:

  • Sandoval/SFP, Márquez/Eco y Alcocer/Salud son investigadores y aunque conocen a profundidad algunos temas relacionados con la secretaría para la cual han sido nominados, ninguno tiene experiencia en el desempeño de un puesto ejecutivo de primer nivel donde hayan sido responsables de la gestión de recursos humanos, financieros y materiales, así como del diseño y ejecución de planes y programas. Menos aún, se han desenvuelto en los marcos normativo, laboral, presupuestal de la Administración Pública Federal y en el ambiente político propio de los altos cargos. Una cosa es trabajar en un cubículo, otra, muy distinta, es despachar como titular de una secretaría. La distancia es abismal.
  • Las observaciones anteriores son también aplicables a Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia nominada para Gobernación. En su empleo anterior sus decisiones tuvieron un carácter colegiado. Es decir, ejerció una responsabilidad compartida, no individual, como sí ocurre con un secretario de Estado. Vale destacar que, si en los próximos seis años faltara el presidente, ella asumiría temporalmente, y en un momento crítico, la Jefatura del Poder Ejecutivo. Considero que dada su trayectoria, edad y salud haría un mejor papel como consejera jurídica de la Presidencia, que ponerse al frente de la dependencia que es el centro neurálgico de la vida política del País, lo que demanda a su titular una dedicación de tiempo completo y un largo colmillo.
  • Nahle/Energía y Alcalde/STPS provienen de la Cámara de Diputados. La primera desempeñó en su juventud roles operativos en algunas plantas petroquímicas de Pemex. Pero su carrera se concentra en el ámbito legislativo, donde se ha relacionado con temas del sector energético. Para la segunda, el cargo de secretaria de Trabajo y Previsión Social será apenas, a sus treinta años, su segundo o tercer empleo formal, después de haber sido diputada plurinominal. ¿Es esto serio?
  • González Ortiz/Semarnat y Albores/SEDESOL colaboran en pequeñas organizaciones sociales que de alguna manera están relacionadas con la ecología y el desarrollo social.
  • Por último, la nominación de Román Meyer/SEDATU es difícil de valorar, por lo escueto de su currículo y porque, en apariencia, nunca se ha desempeñado en un puesto dentro de algún tipo de organización. Incluso no queda claro si en este momento tiene un empleo remunerado.

Sin experiencia en el sector paraestatal:

  • PEMEX y CFE son dos de las empresas más grandes de México con una problemática muy compleja en todos los ámbitos: laboral, tecnológico, financiero, operativo y de mercado, lo que demanda que al frente de ellas estén administradores de primer nivel con probada experiencia en la gestión de empresas de gran envergadura. Sin embargo, se ha propuesto como sus sendos directores generales a Romero y Bartlett cuyo perfil, formación y experiencia profesional están años luz de los requerimientos de esos puestos. Si hubiera un proceso de búsqueda para estas posiciones a cargo de una empresa especializada en reclutar ejecutivos, difícilmente se les consideraría como candidatos, aun en la lista larga. Como también sería el caso de Martínez Cáceres a quien se propuso como director del IMSS.

De lo anterior se deduce que, si los miembros del gabinete de López Obrador hubieran entrado por la puerta de Recursos Humanos de las sendas secretarías que van a encabezar, una buena parte de ellos difícilmente hubiera logrado más que una dirección general. Esto no quiere decir que algunos no tengan aptitudes, conocimientos y desde luego valía y méritos profesionales, lo que deseo señalar es la gran distancia que existe entre su perfil y los requerimientos del puesto que van a ocupar, lo que en muchos casos implica que su designación sea de alto riesgo para ellos y para el gobierno donde servirán como funcionarios.

Tan cierto es que nombrar al gabinete sin darle explicaciones a nadie es prerrogativa del presidente, como el abuso que se ha hecho de esta. Los gabinetes han sido carruseles donde han pasado desde servidores públicos ejemplares, eficaces y de probada honestidad, incluso un Premio Nóbel, hasta amiguetes, parientes, recomendados, farsantes e improvisados que dejaron como herencia errores inauditos y costosos, sino es que el saqueo de la hacienda pública con la complicidad o tolerancia de quien los designó.

Esto debe recogerse como una lección y no como argumento para justificar el nombramiento de personas que no reúnen los requisitos mínimos para ocupar los puestos clave de la Administración Pública Federal. Decir que ayer se hizo lo mismo que ahora se critica es una justificación cínica que nos condena a la mediocridad. No se trata de repetir el pasado sino de construir un porvenir distinto con estándares más altos. ¿No fue esta la promesa?

Estamos por iniciar una nueva travesía sexenal, la ciudadanía está cansada de hacerlo con tripulaciones variopintas en su capacidad profesional, compromiso social y honestidad, porque ella conoce los riesgos y sabe que por su cuenta corren los costos de las pifias y del eventual naufragio. Bien valdría que López Obrador revise de nuevo y a detalle su lista de nominados. México dispone de una reserva de talento donde podrá encontrar mejores opciones. El presidente pone los nombres, pero el pueblo es dueño de las sillas, del resto de los muebles y de la casa entera. Y, como él dice, el pueblo es sabio, tanto como para opinar y saber quien le conviene que se siente en ellas.

 

 

 

*Es importante destacar, que Fox impulsó en 2003 la creación del Servicio Profesional de Carrera para que, aun dándose la alternancia política en el Poder Ejecutivo, hubiera en su estructura a partir del nivel de director general, un grupo de servidores públicos que, por un lado, tuviera la garantía de permanecer en sus puestos en virtud de sus capacidades y desempeño, sin depender de su filiación política y que, por el otro, sirviera para conservar las experiencia, el aprendizaje y la memoria en el quehacer público.

Los costosos prejuicios de AMLO

Comparativo de remuneraciones sector privado APF 1

Mal empieza un general la batalla cuando antes de iniciarla anuncia a sus tropas, sin siquiera dirigirse a ellas de frente, que les reducirá su sueldo y prestaciones de manera sensible, que despedirá a un número importante de oficiales, que la mayoría deberá mudar a sus familias a otra ciudad y que su jornada semanal se alargará de 40 a 48 horas. Así, López Obrador, con más de cinco meses de antelación, se los ha hecho saber a quienes estarán bajo su mando a partir del 1º de diciembre.

Su decálogo de austeridad refleja en muchos de sus apartados, que su visión de la Administración Pública Federal es una mezcla de prejuicios e ignorancia respecto a cuestiones básicas de su operación, de la forma como ha evolucionado su estructura, de su marco jurídico y laboral y, sobre todo, de la gestión del capital humano. Pieza vital para el buen desempeño de una organización que provee servicios públicos, como es un gobierno.

El estereotipo de servidor público que se desprende de sus planteamientos y que ha servido para el escarnio popular en los medios y en las redes sociales, es que están sobrepagados, tienen demasiadas prestaciones, disfrutan de prebendas abusivas, trabajan poco, la mayoría de ellos ocupa puestos redundantes cuya eliminación es inocua. Además, son corruptos, llegan ebrios a sus oficinas o, de plano, se alcoholizan en ellas o en pachangas y convites con contratistas y proveedores.

Para quienes hemos trabajado en el servicio público, desde dentro y desde fuera, no dudamos, porque los hemos visto y en no pocas veces sufrido su prepotencia, que existan ese tipo de funcionarios. Pero con la misma claridad, podemos afirmar que no representan de ninguna manera, a la enorme mayoría de servidores públicos que integran y hacen funcionar con su experiencia, conocimientos y esfuerzo a la Administración Pública Federal (APF).

Con el propósito de diseñar una política de remuneración sobre bases técnicas, a partir de 1997 se empezó a utilizar en la APF un sistema de valuación de puestos acorde con su naturaleza, que permitiera: a) alinear los puestos de los sectores central y paraestatal con base en su grado de responsabilidad para retribuirlos de manera equitativa y, b) facilitar la comparación con el mercado nacional para conocer el grado de competitividad del paquete de remuneraciones del sector público.

Como se aprecia en la siguiente gráfica, el tabulador de la APF está por debajo de las remuneraciones que ofrece el sector privado para puestos con una dimensión equivalente. De hecho, esta distancia se ha acrecentado en los últimos años, siendo más marcada en los puestos de mayor jerarquía como son los secretarios de Estado. Esto último también se presenta en otras naciones, donde presidentes y primeros ministros tienen salarios que son fracciones de lo perciben puestos equivalentes en el ámbito empresarial.

Remuneraciones mensuales del sector privado versus Administración Pública Federal 2018*

Grafica Comparativo de remuneraciones sector privado APF

Sin embargo, lo distintivo del caso mexicano es que la presión política que por varios sexenios se ha dado para no incrementar la remuneración de los cargos más altos, sobre todo la del presidente, ha compactado la estructura salarial provocando que la diferencia en ingresos de los primeros seis niveles sea mínima pese a la notable diferencia en su valor tabular, es decir, en su responsabilidad.

Cierto, que existe una notable distancia entre el tabulador de la APF con el salario mínimo o con las remuneraciones que en promedio perciben los trabajadores y mucha gente del campo. Pero, las referencias deben ser distintas cuando, en una economía de mercado, se trata de atraer y retener el talento que se requiere para el desempeño de las tareas del Poder Ejecutivo, cuya complejidad va en aumento en todos los frentes donde está presente: tecnología, seguridad pública, salud, medio ambiente, alimentación, relaciones internacionales, desarrollo urbano, etc.

Reducir a la mitad los ingresos de aquellos puestos que superan el millón de pesos anual y eliminar buena parte del paquete de prestaciones de los servidores públicos, destruye una de las columnas del servicio profesional de carrera y acentúa la falta de competitividad del tabulador de la APF. Pero, lo más grave es que envenena el clima laboral, porque estos anuncios han calado hondo en la moral de los servidores públicos, dando píe a legítimas preocupaciones de orden personal y familiar, que están paralizando a una administración que aún no concluye su período, o bien alentando la deserción de recursos valiosos.

La grada aplaude entusiasta y rabiosa cuando ve cómo cae la guillotina. Llegó el tiempo de la revancha que alimentaron excesos que nunca debieron darse. Pero, quienes desde lejos vemos el espectáculo nos queda claro que la acción conjunta de las medidas anunciadas por López Obrador, precarizarán a un segmento importante de la clase media, cuyo trabajo suma al producto interno bruto y a la recaudación fiscal, so pretexto de redistribuir lo que fueron sus ingresos en programas asistenciales comprometidos en la campaña.

López Obrador, como la gran mayoría de su gabinete, nunca han trabajado en la APF, y cuentan con una mínima o ninguna experiencia como administradores públicos. Desde un punto de vista de gestión de talento puede afirmarse que, para muchos de ellos, transitar de las posiciones que ocupan actualmente a ser titulares de alguna secretaría o subsecretaría de Estado o entidad paraestatal significa un salto abismal, lo que incrementa los riesgos que se corren con su designación y anuncian largas, costosas e inevitables curvas de aprendizaje. Más aún, cuando en el ejercicio de sus anteriores ocupaciones, no requirieron desarrollar las competencias conductuales, las habilidades gerenciales, los conocimientos y la experiencia que demanda el desempeño de un cargo de primer nivel en la administración pública. Buenos investigadores, jueces, legisladores, incluso directores de empresas privadas no necesariamente hacen buenos funcionarios públicos.

Por ello, resulta suicida que, ante esta realidad, se lastime justamente a los niveles que, como una red protectora, interactuarán con personas que son noveles en su papel de funcionarios públicos. Así, da la impresión de que López Obrador y su equipo están actuando con la temeridad de aquel que decide emprender una jornada peligrosa, sin entender los riesgos que está asumiendo y las posibles consecuencias de sus actos, tanto en él como en otros.

La estructura de la Administración Pública mexicana se desdobla a partir del principio de delegación. En la Constitución, el pueblo soberano delega en el presidente de la República el Poder Ejecutivo. A su vez, este lo delega en secretarios y, más adelante, como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los sendos reglamentos internos de cada de dependencia, estos lo delegan de manera fragmentada en subsecretarios, jefes de unidad, directores generales, etc.

A través de estos entramados organizacionales se aplica un vastísimo marco normativo; leyes, reglamentos y normas en infinidad de materias, lo que, a su vez, da origen a cantidad de procesos administrativos que sirven para planear, supervisar, aprobar, promover, vigilar, sancionar, regular, concesionar, etc. que cruzan a lo largo y ancho el Gobierno Federal conectándolo con: el sector paraestatal, los órganos autónomos, los gobiernos estatales, los poderes legislativo y judicial, el sector privado, con gobiernos extranjeros y, desde luego, con el ciudadano nacional y extranjero.

Esto significa que la dimensión y estructura de la Administración Pública se deriva, en buena parte de la obligación de ejecutar un marco jurídico, que en muchas ocasiones se ha elaborado y aprobado por el Poder Legislativo sin tener claro su pertinencia, eficacia y las implicaciones presupuestales para aplicarlo. De hecho, en muchos casos, leyes y reglamentos se aplican a medias porque no hay recursos para hacerlo de manera contundente. O bien, como sucede con las normas de control, estas, lejos de lograr el fin para el que fueron diseñadas, se convierten en taras que ralentizan a procesos sustantivos o dan píe a simulaciones que a la larga provocan otros problemas.

Eliminar el Estado Mayor Presidencial y varias subsecretarías, mudar, sin ningún estudio previo, a muchas secretarías y entidades de la Capital a otras ciudades, eliminar al 70% del personal de confianza, desaparecer las oficialías mayores, concentrar todas las compras  en un solo ente y hacer depender a todas las delegaciones federales de un superdelegado estatal, es equivalente a iniciar la remodelación drástica de un edificio sin antes darse el tiempo para saber cuál es su uso y entender que función tienen los muros y las columnas, y por donde corren las tuberías de agua, drenaje y electricidad.

Ciertamente en la Administración Pública Federal hay muchas áreas de oportunidad para abatir su dimensión, el costo y mejorar su eficiencia. Pero hay que actuar con la finura del cirujano, no con la tosquedad del leñador. Más aún, porque reformarla y reestructurarla no es una tarea para principiantes, dado que es un largo tren en marcha imposible de parar.

Lo primero, como sucedió con la reforma administrativa de 1976 que fue de gran envergadura, sería alinear la estructura de la Administración Pública Federal con los objetivos del plan de gobierno. No se puede desplegar un ejército cuando se desconoce el tipo de batalla que se va a pelear. Planteado lo estratégico habrá un marco para establecer lo táctico y, posteriormente, definir las cuestiones operativas. Hoy parece que hemos iniciado al revés. Más aún, en términos organizacionales donde, como sucede con el techo de una casa, los cuadritos de la estructura son lo último, y no lo primero que se pone.

El primer paso para no errar es tener la humildad para admitir que no se sabe. Y esto, para quien tomará las riendas de una Administración Pública tan grande y compleja como la Federal, debe ser una actitud indispensable. López Obrador debería aprovechar los meses que tiene por delante, que son muchos, para informarse, reflexionar y plantear las cuestiones estratégicas que normarán su plan de gobierno. Ya terminó la contienda electoral y con ella la necesidad de estar haciendo anuncios a diario para ganar votos. El recurso de lanzar petardos mediáticos para colocarse como el orquestador de la polémica pública es una útil estrategia de campaña, pero cuando se deja de ser candidato y casi se es presidente electo, seguirlo haciendo puede significar la rápida pérdida de capital político, porque quien ahora habla tiene virtualmente el poder público y eso les da otro peso y sentido a sus palabras. Lo que en voz de un candidato son ocurrencias intrascendentes, en la de un presidente se convierten en errores garrafales.

 

*Esta gráfica se tomó del documento de trabajo “La Remuneración de los Servidores Públicos del Gobierno Federal y Entidades Paraestatales”, elaborado y publicado por Hay Group S.A. de C.V. en 2003 y se actualizó con datos del mercado de 2018 y del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2018

Examen médico, salud presidencial

Examen médico 3

Cualquier información relativa a la salud de una persona está considerada por la Ley de Protección de Datos Personales como datos sensibles, por lo que no pueden divulgarse sin el consentimiento expreso del individuo a quien pertenezcan.

Pero, cuando se trata de personas que compiten por la Presidencia de la República, es válido que quienes los elegirán, se pregunten sobre su estado de salud, porque saben, por una parte, que quien ocupe ese cargo estará sujeto a un ritmo de trabajo intenso, a una tensión constante, al arbitrio de las circunstancias que lo enfrentarán a escenarios inesperados y, además, deberá soportar esta carga durante seis años. Nadie, como lo evidencian las comparaciones fotográficas, sale de la presidencia rejuvenecido.

Por otra parte, resulta obvio que la posibilidad de la ausencia temporal o definitiva del presidente de la República provocaría una etapa de incertidumbre y turbulencia política, que se agravaría por las inevitables pugnas a que daría lugar la ausencia de un presidente enfermo o fallecido, ya sea entre los miembros de su equipo cercano como entre las cúpulas partidistas, quienes, sin duda, buscarían llenar el vacío de poder. La última vez que la nación pasó por este trance ocurrió cuando Álvaro Obregón fue asesinado siendo presidente Electo.

Cierto que los candidatos a la presidencia tienen el derecho de reservar sus datos personales. Pero, cuando le piden a la ciudadanía su confianza para ocupar una posición de enorme responsabilidad por un lapso de seis años que de una forma u otra trascenderá en sus vidas, adquieren la obligación moral de demostrar si cuentan con la salud necesaria para desempeñar esa encomienda. De lo contrario, si movidos por su ambición personal, ocultan problemas de salud que, dada la naturaleza del cargo que se proponen ocupar, podrían agravarse durante su gestión, pecarían de deslealtad e incurrirían en una omisión gravísima, por las eventuales implicaciones que sus padecimientos podrían acarrearle al País.

Pensemos, como una analogía, que un jefe de Estado es equivalente al piloto de un avión, en cuya capacidad, preparación y condición física se deposita la confianza de que el pasaje que transporta llegará sano y salvo a su destino.

¿Cómo se compatibiliza el derecho a la seguridad de los pasajeros con el derecho a la privacidad de los pilotos? La autoridad aeronáutica tiene la facultad de supervisar su estado de salud y condicionar la vigencia de sus licencias al resultado de sus exámenes médicos. Un foco rojo, puede implicar una suspensión temporal y, en caso extremo, la revocación. Así, el Estado tutela el derecho a nuestra seguridad y el de los pilotos a la privacidad

Nuestras leyes electorales deberían contemplar, al menos, la presentación de un dictamen médico, fundado en un diagnóstico que, con base en un protocolo, cubriera una serie de aspectos que reflejaran el estado de salud de los candidatos. Como sucede en otros países, el dictamen sería lo único que, en una versión abreviada, se publicaría, mientras que los detalles se reservarían como información privada. A menos, que alguno quisiera hacer públicos ciertos datos en particular

Confiar en que los candidatos digan la verdad sobre su estado de salud, es tan ingenuo como creer en el cabal y absoluto cumplimiento de sus promesas de campaña. Vale proponer que, aun sin tener ninguna ley que los obligue, Anaya, López Obrador, Meade y Rodríguez hagan público un dictamen médico que nos permita saber qué tan saludables están.

Si el resultado del voto que emitirá la ciudadanía durará seis años, es válido pedir que un tercero calificado nos diga, si gozan de la salud necesaria para hacerse cargo del timón del País por ese lapso.

Retiros que llegan, pensiones que no alcanzan

Pensiones que no alcanzanLos viernes de cada semana cuatro hombres jubilados solían encontrarse en un pequeño restaurante de un barrio clasemediero. Sin embargo, sólo uno de ellos lo hacía en calidad de cliente. Los otros eran el dueño del lugar, el mesero y el garrotero, quién además hacia funciones de lavaplatos, pinche y ayudaba con la limpieza el fin de semana lo cual le permitía incrementar la paga, a la vez que le daba el derecho a comer y cenar gratis.

A fuerza de verse con regularidad, se fue desarrollando entre ellos cierta camaradería, aunque ésta se limitaba al intercambio de opiniones generales y, ocasionalmente, de alguna broma. Rara vez, hablaban de sus vidas, aunque por chismes de aquí y de allá, cada uno conocía o suponía conocer la de los demás.

Ese viernes el señor ministro, como respetuosamente le llamaban, arribó como siempre en punto de las dos de la tarde. Su chofer lo dejó justo en la puerta del restaurant entró parsimoniosamente y se dirigió a la mesa que siempre tenía reservada; su favorita como la solía llamar. Su talante era tranquilo y sus preocupaciones se limitaban a cuestiones domésticas o a decidir adónde iría de paseo. Sus quince años como ministro de la Suprema Corte de Justicia le habían bastado para obtener una pensión vitalicia equivalente al 100% de su sueldo durante los primeros dos años y al 80% de ahí hasta que muriera.  Después, su viuda, si la hubiera, tendría derecho a disfrutar de la mitad.

Señor ministro, usted sí que es afortunado ─ le decía bromeando el dueño del lugar ─ ya quisiera haber trabajado quince años para que me jubilaran con un sueldo superior al que percibe el Presidente de la República y que además se ajusta cada vez que se revisa el tabulador de la Corte.

Yo no decidí esto, así está en la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ─ le respondía su cliente habitual ─ además que no se haga usted el olvidadizo, porque como empleado del IMSS, usted se jubiló con más del cien por ciento de sueldo y con solo treinta de servicio sin ningún límite de edad. ¿Qué no me dijo que ni siquiera había cumplido los cincuenta cuando se retiró? Así, que no importa cómo le vaya en el negocio, usted siempre tendrá un colchón más atención médica gratis hasta que muera.

El garrotero los observaba sin decir nada mientras acomodaba los platos y cubiertos sobre la mesa, aunque la expresión en su cara evidenciaba que además de estar escuchando con atención, estaba sorprendido por lo que ahí se comentaba. Pero, en cambio el mesero que se había acercado para entregar el menú, no se aguantó las ganas de intervenir.

¿Qué daría yo por tener como jubilado la mitad de lo que ustedes disfrutan? ─ les dijo en un tono tan burlón que ambos quedaron sorprendidos. Pero más el señor ministro, cuando remató su comentario con una clara alusión a él ─  aunque gracias a Dios el IMSS no aceptó el criterio que usted y sus colegas acordaron para limitar nuestras pensiones a sólo diez salarios mínimos, así que al menos tenemos veinticinco, aunque para ello tuve que esperar a cumplir sesenta y cinco años, lo que considerando que inicié mi vida laboral a los veinte, implica que tuve que trabajar 45, si señor ministro tres veces el tiempo que usted estuvo en la Corte, para recibir menos del 25% de lo que erario Federal le da cada mes.

El ministro miraba sorprendido al mesero. Yo actué con base en la autoridad legal que tenía en ese momento ─ respondió en tono de disculpa. Pero de poco le sirvió porque la respuesta del mesero no se hizo esperar ─. No lo dudo señor ministro pero la autoridad legal no implica en automático la moral.

El ministro visiblemente molesto quiso responderle, pero justo cuando lo iba a hacer intervino el garrotero.

Date por bien servido ─ le dijo al mesero para apaciguarlo ─ los de la generación del SAR estamos peor que tú y por eso tengo que estar mendigando trabajos, porque cuando cumplí los sesenta y cinco, y pese a trabajar más de treinta años, me di cuenta que el saldo de mi AFORE no me produce ni cuatro salarios mínimos. Allá en 92, la tecnocracia dijo que las pensiones – salvo claro las del IMSS y algunas paraestatales – ya no serían un problema para las finanzas públicas, pero no nos advirtió que México se convertiría en una fábrica de viejos miserables sin cobertura médica.

¿Qué le hacemos son las leyes? Nosotros sólo las aplicamos─ dijo el señor ministro.

Así es – respondió el garrotero ─ frente a la ley todos los mexicanos somos iguales, pero sí de pensiones hablamos las leyes no son iguales para todos. O ¿me equivoco?

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*El cálculo de la pensión bruta anual de la exministra Sánchez Cordero equivale al 80% de lo que actualmente recibe un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por concepto sueldo, aguinaldo y prima vacacional según el Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2018. No incluye, la monetización de las prestaciones que no son pagadas en efectivo como seguro de vida y gastos médicos. También se desconoce si los ministros en retiro tienen derecho a la prima de riesgo anual que equivalen a $554,595 anuales.

El cálculo de las pensiones que posiblemente reciban quienes empezaron a cotizar después de 1993 se basa en lo que estiman actuarios dedicados a este tema.

El texto de este artículo se publicó en El Financiero el 21 de octubre de 2010. En esta reproducción se conservaron las reglas de acentuación vigentes en ese momento.