López Obrador solo sabe jugar de local

 

Sad young baseball player sitting on a bench

Durante los primeros seis meses de su mandato, López Obrador se ha movido como pez en el agua en el plano interno, sin ningún contrapeso real que tamice sus decisiones. El control de MORENA en ambas cámaras convierte al Congreso en su caja de resonancia. Institucionalmente no hay nada que le impida tomar decisiones que comprometen miles de millones de dólares de recursos públicos. A capricho, canceló el proyecto de infraestructura más grande del País que se encontraba ya en una fase avanzada e inició otros, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, sin acreditar siquiera su viabilidad. Redistribuye el gasto público cancelando súbitamente partidas, programas sociales y abriendo otros (clientelares) sin mínimas reglas de operación. Desquicia el funcionamiento de entidades y dependencias en aras de una dudosa austeridad, llevándose de por medio al sistema de salud y a los centros públicos de investigación. Despide a más de diez mil servidores públicos que costó esfuerzo y recursos formar sin importarle no solo el aprendizaje y la experiencia que se pierde, sino que esto le hace más difícil el camino al recurrir a funcionarios improvisados, que más temprano que tarde han hecho obvia su incompetencia. Aun así, son inamovibles. Amistad y lealtad priman sobre ineptitud.

Los más directamente afectados han alzado la voz para protestar. Algunos sorprendidos porque contribuyeron con su voto para que se convirtiera en presidente, quien ahora ha tomado decisiones que afectan el bienestar y el futuro de sus familias. Grupos de la sociedad civil hacen eco y suman sus voces a un coro fragmentado y, hasta ahora, descoordinado. Al que se unen las reflexiones de algunos analistas y comentaristas, que reverberan en diferentes círculos empresariales y sociales igualmente preocupados por lo errático que parece el rumbo del País. La oposición, apretujada y reducida a minoría, apenas logra hacerse sentir.

Cuando las críticas y cuestionamientos a sus decisiones se verbalizan o se manifiestan en artículos y editoriales, entonces se acallan con epítetos, no con razones. La estrategia es descalificar a quien piensa distinto, no combatir con inteligencia sus argumentos. A quienes lo critican los etiqueta como mafiosos y corruptos que extrañan sus ilegales prebendas o de abusadores que reclaman sus privilegios perdidos. Términos como conservador y neoliberal se usan como sinónimos de expresiones peyorativas como cretinos y fifís.

Él asume que sus aún altas cifras de popularidad bastan para acallar el griterío. Sin embargo, ante la incertidumbre, inversionistas y consumidores de cualquier calibre han asumido una posición conservadora que ha ralentizado la actividad económica. Ante la evidencia estadística de este hecho, su actitud es de negación —“tiene otros datos”— y de reiterar su voluntarismo mágico como la fórmula para lograr objetivos que cada vez se antojan más distantes.

Pero, en el plano externo, las cosas han sido totalmente opuestas. Aquí, la reacción en contra de sus decisiones no se ha limitado a críticas, protestas o comentarios por parte de quienes se consideran afectados o en desacuerdo sino que estos, atendiendo a sus intereses y a sus funciones, le han respondido con acciones contundentes que lo han hecho recular y, además, aceptar condiciones que limitan su libertad para actuar, como sucedió con Trump y, como muy posiblemente le ocurrirá con las calificadoras, cuando le expliquen con calma el costo que tiene para las finanzas públicas la degradación de la calidad crediticia de Pemex y el Gobierno.

Desde el inicio de su mandato, López Obrador flexibilizó en sus afanes populistas los controles de la frontera sur favoreciendo el ingreso masivo de migrantes centroamericanos, a quienes incluso prometió apoyo y trabajo. De hecho, en el PND se menciona que el Tren Maya y el Corredor Transístmico servirán como las “cortinas” que capten el flujo migratorio hacia el norte. Ignoró que, ante la precaria situación de los cafeticultores guatemaltecos presionados por la baja del precio, estos aprovecharían la mínima oportunidad para emigrar, no a México sino a los Estados Unidos. Así, se hicieron visibles caravanas de miles de guatemaltecos con destino a la frontera con ese País, lo que provocó que, en los primeros cinco meses del año, el número de aprehensiones hechas por la Patrulla Fronteriza estadounidense se incrementara en 118% con respecto al año anterior.

Por absurdo que parezca, como si se tratara de un error de párvulos en política exterior, López Obrador pasó por alto que, desde el arranque de su campaña presidencial, la inmigración ilegal a los Estados Unidos ha sido una de las principales banderas de Trump, desde la cual ha lanzado contra los mexicanos todos tipo de acusaciones e insultos y le ha hecho mantener desde el principio de su mandato un tenso pulso con los demócratas, quienes en forma reiterada le han negado fondos para la construcción del muro, diferendo que hace unos meses llegó al extremo de dejar al Gobierno estadounidense sin recursos para operar.

Con base en estos antecedentes, era ingenuo suponer que Trump toleraría de manera pasiva un aumento tan espectacular en la inmigración ilegal y que no aprovecharía la oportunidad para lucrar políticamente e imponerle a México sus condiciones, aunque sean tan absurdas como mezclar cuestiones migratorias con comerciales, que además violan el TLC que norma la relación comercial entre ambos países.

Pero, a diferencia de las descalificaciones y desdén que Lopez Obrador muestra frente a las críticas internas, un tweet amenazante de Trump bastó para que empezara a bailar al ritmo, en la pista y en los términos que este escogió. De inmediato envió una misión a Washington que negoció a contra reloj. A partir de lo acordado ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, redistribuyó funciones entre Gobernación y Relaciones Exteriores, creó comisiones y grupos de trabajo, ordenó contactar con los países centroamericanos y reasignó recursos fiscales. Además, aceptó que todo lo que se haga estará sujeto a verificación en un plazo de cuarenta y cinco días, y de cuyo resultado dependerá que Estados Unidos no le imponga al País condiciones más pesadas.

Para colmo, durante la misma semana que Trump lanzó su ultimátum, Moody’s y Fitch redujeron la calificación de la deuda soberana de México y la de Pemex. Esto significa que habrá que pagar en contante y sonante tasas de interés más altas, lo que presionará los presupuestos del Gobierno y de la paraestatal.

La razón es que ambas calificadoras consideraron la desaceleración de la economía, la falta de claridad respecto a la estrategia económica del País y la posibilidad de que las políticas en materia energética y presupuestal no resuelvan la problemática de Pemex y sí tengan en cambio un efecto negativo en las finanzas públicas.

En esencia, como ocurrió con el tema migratorio, López Obrador subestimó la reacción de terceros interesados que no solo están radicados en otros países, sino que tienen presencia global. El tweet de Trump no surgió de la nada. Antes hubo contactos y advertencias que no entendió. Después de la visita de Kushner en marzo en la que aparentemente informó sobre la preocupación de la Casa Blanca respecto al crecimiento de las entradas ilegales a su territorio, en mayo envió a Ebrad a Washington para que presentara el Plan Centroamérica. Pompeo no lo recibió. El mensaje fue claro. No tiene sentido hablar de estrategia a mediano plazo cuando el flujo migratorio creció más de 100% . ¿Qué va a hacer México hoy para controlarlo?, imagino que, por los compromisos que aceptamos, esta debió ser la pregunta.

Un jefe del Ejecutivo que no viaja, ni siquiera para visitar a sus vecinos con el fin de conocerlos personalmente, pese a la relevancia que uno de ellos tiene para la vida económica del País, es un presidente que cumple a medias con su mandato constitucional de representar internacionalmente al Estado mexicano. Esta función no tiene un mero carácter protocolario, sino que se trata de apoyar, defender y engrandecer los intereses de México en todos los ámbitos: político, comercial, cultural, ambiental, etc.  Y eso no se puede hacer sin que, con cierta frecuencia, el presidente viaje al extranjero. Más aún, porque buena parte de la relaciones diplomáticas fluyen a partir del conocimiento personal de los jefes de Estado. Ciertamente, el contacto cara a cara no asegura la empatía entre ellos, pero sí es un paso importante para ganarse el respeto y hacerse escuchar.

Desconozco si existe una razón médica para que López Obrador no viaje al extranjero. O, si él prefiere la comodidad de la localía y el calor de la tribuna llena de sus partidarios. Pero, en la medida que no aprenda a jugar de visitante, participando en foros internacionales y visitando otras naciones para conversar con sus sendos mandatarios, legisladores, empresarios y miembros de su sociedad civil, deja un hueco que no llena nadie y que en nada contribuye al progreso nacional, sobre todo porque es imposible ignorar que la globalización ha hecho a todas las naciones más interdependientes para resolver su problemática y no se diga la que afecta a toda la humanidad.

Qué irónico que López Obrador pretenda vender el avión presidencial para resolver un problema que pudo con anticipación entender mejor si hubiera viajado para al menos saludar, a quien ahora le pone condiciones y lo presiona contra reloj para que las cumpla. Encerrarse en casa, no resuelve lo que pasa en el vecindario. Menos cuando se trata de una inundación.

La improvisación; tan cara como la corrupción

 

Pizarron 3

Antes de que asumieran sus actuales cargos, López Obrador y Carlos Urzúa nunca habían trabajado en el Gobierno Federal. Su experiencia en la Administración Pública se limitaba, respectivamente, a cinco años como jefe del Gobierno del Distrito Federal y a poco menos de tres años como secretario de Finanzas de esta entidad federativa.

Pese a su corta experiencia en el servicio público y escaso conocimiento respecto a la magnitud y complejidad de la Administración Pública Federal cuyo presupuesto supera en veinticinco veces al de la Ciudad de México, decidieron impulsar desde antes de entrar a sus sendos despachos, cambios relevantes en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal e implementarlos de inmediato sin mayor análisis, lo que ha repercutido de manera importante en la operación de dependencias y entidades y, sobre todo, en los servicios que estas prestan a la población.

En particular, me refiero a darle a la Secretaría de Hacienda la función de consolidar las compras de bienes y contratación de servicios que ella determine.

Este cambio modificó el rol macroeconómico, podría decirse global, que había tenido Hacienda en la gestión del Gobierno federal al encargarse de: diseñar e implantar la política hacendaria, la gestión de la deuda pública, la elaboración, control y seguimiento del presupuesto del Gobierno Federal, la estrategia y la regulación del sistema financiero y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Mientras que las tareas operativas de su ramo, como el cobro de impuestos, la gestión aduanal y el control y supervisión de las instituciones financieras se realizan a través de los órganos desconcentrados y comisiones a su cargo.

Sin embargo, al consolidar las compras de bienes y contratación de servicios, Hacienda asume ahora un rol operativo que la mete de lleno en las entrañas de la gestión de todas la dependencias y entidades del Gobierno Federal, lo cual realiza por partida doble; además de hacerse cargo de buena parte de sus compras y contrataciones, ella asigna los recursos para este fin al momento de aprobarles su presupuesto. Amén de que también decide cuándo depositárselos en sus tesorerías.

A esto hay que sumarle que el intervencionismo de Hacienda en la elaboración del presupuesto se ha intensificado en esta administración, decidiendo de facto sobre la cancelación o reducción de programas específicos sin la opinión de la dependencia del ramo y sin entender el contexto de cada uno.

Si imagináramos a los titulares de las dependencias y entidades como si fueran directores de orquesta, la intervención de Hacienda equivale a que ellos no tuvieran el control de una sección de instrumentos, —las cuerdas, por ejemplo— que bien puede estar tocando a otro ritmo o, de plano, una obra distinta. Pero, con la salvedad, de que el último responsable de la calidad del resultado final seguirá siendo el conductor. Hacienda podrá entrometerse hasta en los detalles más nimios y sus decisiones afectar el desempeño cada entidad o dependencia, pero ninguno de sus funcionarios dará la cara y se responsabilizará de esto.

La carta del exdirector del IMSS refleja con claridad su frustración al observar que determinadas decisiones que, en teoría, eran de su competencia y que además estaban directamente vinculadas a la calidad del servicio del Instituto, se están tomando por una instancia lejana y por funcionarios ajenos a la realidad cotidiana de la institución; “injerencia perniciosa”, le llamó.

Si consideramos que los bienes y servicios que adquiere el Gobierno Federal equivalen a un billón de pesos que sirven para comprar miles de productos y servicios que, además de tener características físicas y técnicas muy diversas, sus condiciones de compra, fabricación, traslado y entrega también son muy amplias, la idea de consolidar esta función en la Secretaría de Hacienda debió ser analizada con detenimiento antes de implantarla, para valorar sus costos y beneficios y, sobre todo, si efectivamente habría un ahorro y se eliminaría la corrupción.

Lo recomendable habría sido, en caso de que los resultados de este análisis hubieran apuntado a favor de centralizar las compras y contrataciones, que se realizaran pruebas pilotos para contar con experiencias a partir de las cuales, ya se podría pasar a la ingeniería de procesos, al diseño de la estructura que los operaría y al reclutamiento del personal que la tripularía. Esto, podría haberse materializado en la creación de la Proveeduría del Gobierno Federal cuya puesta en marcha requeriría también un proceso gradual de arranque. ¡Claro, hacer las cosas bien podría haber tomado un año!

Pero en un alarde de improvisación, se le asignó esta función a la Oficialía Mayor de Hacienda. Esta, que antes estaba solo dedicada a la gestión administrativa y presupuestal de la dependencia, se convirtió de repente y de manera oficiosa en esa proveeduría, que puede llegar a gestionar recursos equivalentes a cuarenta y cuatro veces su propio presupuesto, para adquirir bienes y servicios sin contar con ninguna experiencia y conocimiento de sus sendos mercados, sus características específicas y de sus condiciones particulares de fabricación, compra, traslado y entrega en los centros de consumo.

Cuando se intenta pasar del escalón cero al diez sin antes construir los intermedios, hay una alta probabilidad de que el remedio resulte más oneroso que la enfermedad.  La compra tardía de libros de texto gratuito y las implicaciones que ha tenido el retraso en las adquisiciones de medicinas en los hospitales y, sobre todo, en los pacientes es un claro ejemplo del costo que acarrea una acción precipitada.

Puede ser válida la intención de concentrar las compras y contrataciones asumiendo que así se puede ahorrar. Pero, lo que es inadmisible, es que se haya procedido a hacerlo de manera improvisada. ¿Qué magnitud de ahorro compensa el sufrimiento de pacientes que esperan sus medicamentos, los tratamientos que les alivien el dolor o, más grave aún, que los salve de la muerte?, ¿qué pasará con los millones de niños que al inicio del siguiente curso escolar no tendrán libros?, ¿se les responderá de nuevo diciéndoles burlonamente: “disculpen las molestias”?

La improvisación, así sea hecha por seres inmaculados, puede resultar tan cara o más que la corrupción.