Radiografía del Senado; flaca montura para tan pesada agenda

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La Constitución establece que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Así, delega su soberanía en tres poderes públicos —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— que harán, como propuso Montesquieu hace casi tres siglos, una suerte de contrapesos.

Pero, en la práctica, la efectividad de este delicado balance en cuanto a que favorezca el desarrollo del País en todos los ámbitos dependerá, en gran medida, de las capacidades, la visión y el trabajo conjunto de quienes sean los protagonistas en cada uno de los tres poderes.

El Poder Ejecutivo está a cargo de una persona, el Poder Judicial lo ostentan colegiadamente once ministros y el Poder Legislativo que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, lo ejercen de manera colectiva 500 y 128 individuos respectivamente.

Es decir, sobre los hombros de solo seiscientas cuarenta personas, descansa la responsabilidad de ejercer los poderes que dimanan del pueblo y, por ende, de tomar decisiones a nombre de ciento veinte millones de mexicanos que, para bien o para mal, afectarán su presente y futuro.

La dimensión de esta responsabilidad nos hace pensar que ese pequeño núcleo de mexicanos debería representar a los mejores. Personas con la experiencia, los conocimientos y la capacidad para comprender una realidad nacional e internacional cuya transformación es, en todos los ámbitos, cada vez más acelerada y que, con base en ese entendimiento, contribuyeran con sus iniciativas y decisiones a delinear los trazos del porvenir nacional.

Sin embargo, solo en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia existe un proceso de selección donde el presidente de la República propone una terna al Senado, para que este valore a los candidatos y escoja al que le parezca mejor.  Cierto que este mecanismo no es inmune a favoritismos e intereses políticos y tampoco asegura que los candidatos se ajusten cabalmente al perfil que se espera de un ministro del máximo tribunal judicial de la República, pero al menos, no se han colado en este, individuos notoriamente incompetentes para desempeñar un cargo público como sí ha ocurrido en el Ejecutivo y, sobre todo, en el Legislativo, poderes a los que se accede por elección popular o por la vía de la representación proporcional.

El sufragio universal es la expresión básica de la vida democrática de una nación, a través del cual la ciudadanía escoge a sus gobernantes y legisladores. Pero, los procesos electorales no son mecanismos de selección de talento. Los votos permiten acceder a cargos públicos, pero nunca darán lo que natura no presta. Este es el riesgo de la democracia que, en no pocas ocasiones, se ha revertido contra el pueblo por la vía de la improvisación, equivocaciones garrafales y por leyes y políticas públicas mal hechas.

Más aún, porque entre la teoría política de Montesquieu y la realidad del México contemporáneo se atraviesan los partidos políticos que actúan como los franquiciatarios de los poderes públicos, en especial el legislativo. Ellos sí hacen un proceso de selección según sus intereses, lo que no necesariamente significa que quienes acceden a un puesto en el Congreso tengan la experiencia y la capacidad que se requiere para desempeñarlo. La lealtad al partido, llevada al extremo de una obediencia ciega, primará en su selección. En las curules se sientan aquellos que más convienen a los partidos, que no los más idóneos para cumplir de manera apropiada y eficaz con la grave responsabilidad de legislar.

Por ejemplo, de acuerdo con los datos curriculares de los senadores que están publicados en el sitio web de la Cámara, se observa que el 52% no cuenta con experiencia legislativa a nivel federal y que el 34% ni siquiera la tiene a nivel estatal, como se aprecia en la siguiente gráfica:

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Un siguiente paso es analizar la formación académica de los senadores. Sin embargo, antes es importante destacar que la forma como se presentan sus datos curriculares no se ajusta a un estándar que permita valorarlos, referenciarlos y, si se requiere, confirmarlos. Por ejemplo, en muchos casos se indica el grado académico sin mencionar la institución y la fecha. Es decir, simplemente se menciona: licenciatura, maestría o doctorado.

Con esta salvedad y considerando que solo se obtuvo información de ciento catorce senadores, se encontró, como se aprecia en la siguiente gráfica, que el 13% de ellos tiene un nivel de estudios que va de preparatoria a carreras universitarias sin concluir. Vale destacar que ninguna persona de este grupo tuvo antes alguna experiencia legislativa. Por lo que hace al resto, la mitad de los legisladores cuenta, al menos, con un grado equivalente a licenciatura.

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Por lo que respecta al campo de estudios de aquellos senadores que obtuvieron un grado académico, 29% estudiaron Derecho, 17% Administración Pública y 8% Economía. El resto lo hicieron en una variedad de campos del conocimiento que, en algunos casos, parecen relacionarse poco con temas vinculados a la discusión de leyes y políticas públicas.

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En resumen:

Preocupa la flacura del Senado en términos de experiencia, capacidades profesionales y formación académica, si se considera la importancia y complejidad de muchos aspectos de la vida nacional que, a través de él, se procesarán como iniciativas de ley o reformas legislativas de gran calado en materias como: seguridad pública, política laboral, educación, regulación del consumo de marihuana, corrupción y transparencia, política internacional, revocación de mandato, etc.

Por ende, podemos inferir que serán pocos protagonistas en la arena legislativa; pequeñas camarillas integradas por escasos legisladores más miembros y asesores de sus sendas cúpulas partidistas. En el caso de MORENA habría que sumar a funcionarios del Gobierno Federal. En estos foros oficiosos son donde en verdad se escenificará buena parte de la actividad legislativa.

Esto implica que un buen número de senadores serán peso muerto en el debate legislativo. No lo enriquecerán. Su participación se limitará a seguir las indicaciones que reciban de sus sendos partidos, sobre todo al momento de votar tanto en el Pleno como en comisiones. Esto no impedirá que, pese a la incompetencia para desempeñarse como legisladores, sí aprovechen su investidura para realizar en su ámbito regional labores de gestoría ya sea para beneficio personal o de terceros.

La Constitución señala el alcance de las funciones del Senado, la dimensión humana de quienes lo integran determina la posibilidad de cumplirlas con eficacia. Flaca se ve la montura para tan grave agenda.

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