Examen médico, salud presidencial

Examen médico 3

Cualquier información relativa a la salud de una persona está considerada por la Ley de Protección de Datos Personales como datos sensibles, por lo que no pueden divulgarse sin el consentimiento expreso del individuo a quien pertenezcan.

Pero, cuando se trata de personas que compiten por la Presidencia de la República, es válido que quienes los elegirán, se pregunten sobre su estado de salud, porque saben, por una parte, que quien ocupe ese cargo estará sujeto a un ritmo de trabajo intenso, a una tensión constante, al arbitrio de las circunstancias que lo enfrentarán a escenarios inesperados y, además, deberá soportar esta carga durante seis años. Nadie, como lo evidencian las comparaciones fotográficas, sale de la presidencia rejuvenecido.

Por otra parte, resulta obvio que la posibilidad de la ausencia temporal o definitiva del presidente de la República provocaría una etapa de incertidumbre y turbulencia política, que se agravaría por las inevitables pugnas a que daría lugar la ausencia de un presidente enfermo o fallecido, ya sea entre los miembros de su equipo cercano como entre las cúpulas partidistas, quienes, sin duda, buscarían llenar el vacío de poder. La última vez que la nación pasó por este trance ocurrió cuando Álvaro Obregón fue asesinado siendo presidente Electo.

Cierto que los candidatos a la presidencia tienen el derecho de reservar sus datos personales. Pero, cuando le piden a la ciudadanía su confianza para ocupar una posición de enorme responsabilidad por un lapso de seis años que de una forma u otra trascenderá en sus vidas, adquieren la obligación moral de demostrar si cuentan con la salud necesaria para desempeñar esa encomienda. De lo contrario, si movidos por su ambición personal, ocultan problemas de salud que, dada la naturaleza del cargo que se proponen ocupar, podrían agravarse durante su gestión, pecarían de deslealtad e incurrirían en una omisión gravísima, por las eventuales implicaciones que sus padecimientos podrían acarrearle al País.

Pensemos, como una analogía, que un jefe de Estado es equivalente al piloto de un avión, en cuya capacidad, preparación y condición física se deposita la confianza de que el pasaje que transporta llegará sano y salvo a su destino.

¿Cómo se compatibiliza el derecho a la seguridad de los pasajeros con el derecho a la privacidad de los pilotos? La autoridad aeronáutica tiene la facultad de supervisar su estado de salud y condicionar la vigencia de sus licencias al resultado de sus exámenes médicos. Un foco rojo, puede implicar una suspensión temporal y, en caso extremo, la revocación. Así, el Estado tutela el derecho a nuestra seguridad y el de los pilotos a la privacidad

Nuestras leyes electorales deberían contemplar, al menos, la presentación de un dictamen médico, fundado en un diagnóstico que, con base en un protocolo, cubriera una serie de aspectos que reflejaran el estado de salud de los candidatos. Como sucede en otros países, el dictamen sería lo único que, en una versión abreviada, se publicaría, mientras que los detalles se reservarían como información privada. A menos, que alguno quisiera hacer públicos ciertos datos en particular

Confiar en que los candidatos digan la verdad sobre su estado de salud, es tan ingenuo como creer en el cabal y absoluto cumplimiento de sus promesas de campaña. Vale proponer que, aun sin tener ninguna ley que los obligue, Anaya, López Obrador, Meade y Rodríguez hagan público un dictamen médico que nos permita saber qué tan saludables están.

Si el resultado del voto que emitirá la ciudadanía durará seis años, es válido pedir que un tercero calificado nos diga, si gozan de la salud necesaria para hacerse cargo del timón del País por ese lapso.

Retiros que llegan, pensiones que no alcanzan

Pensiones que no alcanzanLos viernes de cada semana cuatro hombres jubilados solían encontrarse en un pequeño restaurante de un barrio clasemediero. Sin embargo, sólo uno de ellos lo hacía en calidad de cliente. Los otros eran el dueño del lugar, el mesero y el garrotero, quién además hacia funciones de lavaplatos, pinche y ayudaba con la limpieza el fin de semana lo cual le permitía incrementar la paga, a la vez que le daba el derecho a comer y cenar gratis.

A fuerza de verse con regularidad, se fue desarrollando entre ellos cierta camaradería, aunque ésta se limitaba al intercambio de opiniones generales y, ocasionalmente, de alguna broma. Rara vez, hablaban de sus vidas, aunque por chismes de aquí y de allá, cada uno conocía o suponía conocer la de los demás.

Ese viernes el señor ministro, como respetuosamente le llamaban, arribó como siempre en punto de las dos de la tarde. Su chofer lo dejó justo en la puerta del restaurant entró parsimoniosamente y se dirigió a la mesa que siempre tenía reservada; su favorita como la solía llamar. Su talante era tranquilo y sus preocupaciones se limitaban a cuestiones domésticas o a decidir adónde iría de paseo. Sus quince años como ministro de la Suprema Corte de Justicia le habían bastado para obtener una pensión vitalicia equivalente al 100% de su sueldo durante los primeros dos años y al 80% de ahí hasta que muriera.  Después, su viuda, si la hubiera, tendría derecho a disfrutar de la mitad.

Señor ministro, usted sí que es afortunado ─ le decía bromeando el dueño del lugar ─ ya quisiera haber trabajado quince años para que me jubilaran con un sueldo superior al que percibe el Presidente de la República y que además se ajusta cada vez que se revisa el tabulador de la Corte.

Yo no decidí esto, así está en la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ─ le respondía su cliente habitual ─ además que no se haga usted el olvidadizo, porque como empleado del IMSS, usted se jubiló con más del cien por ciento de sueldo y con solo treinta de servicio sin ningún límite de edad. ¿Qué no me dijo que ni siquiera había cumplido los cincuenta cuando se retiró? Así, que no importa cómo le vaya en el negocio, usted siempre tendrá un colchón más atención médica gratis hasta que muera.

El garrotero los observaba sin decir nada mientras acomodaba los platos y cubiertos sobre la mesa, aunque la expresión en su cara evidenciaba que además de estar escuchando con atención, estaba sorprendido por lo que ahí se comentaba. Pero, en cambio el mesero que se había acercado para entregar el menú, no se aguantó las ganas de intervenir.

¿Qué daría yo por tener como jubilado la mitad de lo que ustedes disfrutan? ─ les dijo en un tono tan burlón que ambos quedaron sorprendidos. Pero más el señor ministro, cuando remató su comentario con una clara alusión a él ─  aunque gracias a Dios el IMSS no aceptó el criterio que usted y sus colegas acordaron para limitar nuestras pensiones a sólo diez salarios mínimos, así que al menos tenemos veinticinco, aunque para ello tuve que esperar a cumplir sesenta y cinco años, lo que considerando que inicié mi vida laboral a los veinte, implica que tuve que trabajar 45, si señor ministro tres veces el tiempo que usted estuvo en la Corte, para recibir menos del 25% de lo que erario el Federal le da cada mes.

El ministro miraba sorprendido al mesero. Yo actué con base en la autoridad legal que tenía en ese momento ─ respondió en tono de disculpa. Pero de poco le sirvió porque la respuesta del mesero no se hizo esperar ─. No lo dudo señor ministro pero la autoridad legal no implica en automático la moral.

El ministro visiblemente molesto quiso responderle, pero justo cuando lo iba a hacer intervino el garrotero.

Date por bien servido ─ le dijo al mesero para apaciguarlo ─ los de la generación del SAR estamos peor que tú y por eso tengo que estar mendigando trabajos, porque cuando cumplí los sesenta y cinco, y pese a trabajar más de treinta años, me di cuenta que el saldo de mi AFORE no me produce ni cuatro salarios mínimos. Allá en 92, la tecnocracia dijo que las pensiones – salvo claro las del IMSS y algunas paraestatales – ya no serían un problema para las finanzas públicas, pero no nos advirtió que México se convertiría en una fábrica de viejos miserables sin cobertura médica.

¿Qué le hacemos son las leyes?; nosotros sólo las aplicamos─ dijo el señor ministro.

Así es – respondió el garrotero ─ frente a la ley todos los mexicanos somos iguales, pero sí de pensiones hablamos las leyes no son iguales para todos. O ¿me equivoco?

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*El cálculo de la pensión bruta anual de la exministra Sánchez Cordero equivale al 80% de lo que actualmente recibe un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por concepto sueldo, aguinaldo y prima vacacional según el Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2018. No incluye, la monetización de las prestaciones que no son pagadas en efectivo como seguro de vida y gastos médicos. También se desconoce si los ministros en retiro tienen derecho a la prima de riesgo anual que equivalen a $554,595 anuales.

El cálculo de las pensiones que posiblemente reciban quienes empezaron a cotizar después de 1993 se basa en lo que estiman actuarios dedicados a este tema.

El texto de este artículo se publicó en El Financiero el 21 de octubre de 2010. En esta reproducción se conservaron las reglas de acentuación vigentes en ese momento.

Quien no se ha quemado, no le teme al fuego

niño fuego

Hace tiempo me preguntaron, si consideraba que los millenials, definidos como aquellos que alcanzaron la mayoría de edad en este siglo, determinarían los resultados de las elecciones.

Mi respuesta inicial fue que también deberíamos considerar el envejecimiento de la población. Por ejemplo, el promedio de los mayores de edad pasó de 37.5 en 1994 a 41.4 años en 2018. Lo que, en principio, haría suponer que se trata de un universo de votantes más maduro con una carga de experiencia a cuestas, que quizá lo haga más adverso a los riesgos inherentes de las propuestas que impliquen cambios drásticos. Actitud contraria a la que, con seguridad, prevalece en los segmentos de votantes más jóvenes para quienes todo es nuevo, mientras que su conocimiento de lo que haya ocurrido en el pasado es probable que se limite a anécdotas contadas por sus padres.

Pero el dato de un elector promedio es demasiado grueso para sacar conclusiones, por lo que me pareció útil clasificar a los votantes potenciales por rangos de edad. Para ello, los agrupé según el sexenio cuando alcanzaron la mayoría de edad. Esto lo represento en la siguiente gráfica, donde a usted le será fácil ubicarse y conocer el peso relativo que cada grupo tiene en el total.

Población mayor de 18 años agrupada según el sexenio cuando alcanzaron la mayoría de edad*Población en edad de votar agrupada por sexenio 2

Como se observa, quienes alcanzaron la mayoría de edad después del 2000, representan el 43% del electorado potencial. Cierto que es un porcentaje importante, además de que los jóvenes suelen acudir a votar en una proporción más alta que el resto. Pero, no es mayoritario, incluso ha ido disminuyendo su peso, porque al envejecer la población, la pirámide de edades se ha alargado y perdido anchura en su base.

Por otro lado, etiquetar como millenials a personas cuya edad varía entre 18 y 36 años, no parece un punto de partida sólido para comprender e inferir sus preferencias electorales, si consideramos las diferencias que, entre esos extremos, puede tener un ser humano en cuanto a madurez y circunstancias de vida. El carácter reduccionista de las etiquetas a menudo no ayuda a entender la realidad.

Sin embargo, con base en este agrupamiento de la población, nos podríamos preguntar: ¿Cómo afectarían las preferencias electorales de cada grupo, los escenarios económicos y políticos por los que han atravesado a lo largo de su vida? Para lo cual añadí a la gráfica anterior, el incremento promedio del PIB per cápita en cada sexenio, lo que se representa con la línea roja.

Población mayor de 18 años agrupada según el sexenio cuando alcanzaron la mayoría de edad y promedio sexenal del PIB per cápita**Población en edad de votar agrupada por sexenio y PIB per capita 2

La simple observación de la gráfica permite dividir la población mayor de dieciocho años en dos grandes grupos: Los que alcanzaron la mayoría de edad antes de 1988 y aquellos que lo hicieron después.

Quienes estamos en el primer grupo, fuimos afortunados al poder empezar nuestra carrera laboral en una situación económica que ofrecía muchas posibilidades para encontrar empleo y avanzar profesionalmente. El PIB per cápita crecía de manera robusta, pese a que las facturas pendientes del desarrollo estabilizador, que por decreto fijó el tipo cambiario, y los precios de hidrocarburos, energía eléctrica y azúcar, empezaban a hacerse presentes, porque esa inmovilidad se sostenía de una creciente deuda externa contratada con organismos internacionales, como el Banco Mundial.

Finalmente, ante el crónico deterioro financiero de las empresas paraestatales que provocó el congelamiento de sus precios, aunado a un gasto público descontrolado por arrebatos populistas, los organismos internacionales condicionaron los nuevos créditos a la actualización de los precios de la electricidad y la gasolina, lo que incrementó la inflación de manera importante hasta que fue inevitable, después de veintidós años con la misma paridad, devaluar el peso y recurrir en 1976 al auxilio del Fondo Monetario Internacional con sus pesadas condiciones.

Pero, volvimos a ser afortunados, porque apareció el salvavidas del petróleo. En efecto, el embargo petrolero árabe ocurrido en 1973 como represalia a la guerra del Yom Kippur en el Medio Oriente, produjo un incremento sustancial en el precio de los hidrocarburos, que rentabilizó la explotación de muchos yacimientos en el mundo. Así, los trabajos de exploración que se iniciaron en el sexenio de Echeverría cuajaron en el siguiente, por lo que, durante el mandato de su sucesor, López Portillo, nos convertimos en uno de los principales exportadores de petróleo.

El petróleo, lejos de refrenar nuestro apetito por la deuda, lo estimuló. El excedente petrolero, como se denominó a ese ingreso inesperado, sirvió para justificar la ejecución de cantidad de proyectos e iniciativas que surgían por doquier. Pero, lo más delicado, fue asumir que, al menos por un tiempo, no decrecería y que podríamos endeudarnos más con el exterior, como también pensaban los banqueros internacionales que con insistencia nos ofrecían los recursos reciclados de la bonanza petrolera en los países árabes.

Pero un precio alto del petróleo sirvió de imán para atraer a nuevos productores, como Gran Bretaña y Noruega. A mayor oferta, los precios empezaron a descender y con ello nuestros ingresos. En paralelo, la Reserva Federal de los Estados Unidos inició, como medida antiinflacionaria, una escalada de la tasa de interés, que poco a poco encareció el servicio de la deuda que tan alegremente habíamos contratado.

Así, como si fueran las dos quijadas de una pinza: el descenso en el precio del petróleo y el incremento en las tasas de interés terminaron ahorcándonos y, otra vez, tuvimos que someternos al Fondo Monetario Internacional para poder salir del hoyo.

Lo que siguió, como se observa en la gráfica, fue que durante el sexenio siguiente 1983-1988, el País experimentó un retroceso importante. Una inflación elevada consumía ingresos y ahorros en cuestión de meses, mientras que el disparo del tipo cambiario y la tasa de interés llevaron a muchas empresas y familias a la bancarrota. La renegociación de la deuda externa con todas las ataduras que lleva consigo, se convirtió en una tarea recurrente con tal de asegurar que pudiéramos sacar el cuello del agua, al menos por un tiempo.

Aunque en el siguiente sexenio 1988-1994 la situación mejoró relativamente en un principio, al final, cuando el capital golondrino que había servido para financiar el déficit en cuenta corriente decidió emigrar a otras latitudes, volvimos a caer en una crisis profunda que otra vez significó pérdidas patrimoniales importantes para empresas y familias, y ajustes severos que afectaron en mayor medida a los grupos más vulnerables.

Quiénes vivimos esa etapa de casi treinta años de crisis recurrentes, sabemos que el populismo es un relámpago que deslumbra a las masas; las seduce ofreciéndoles atajos, cuando en realidad lo que hace es dinamitar su futuro, porque compromete recursos que no se tienen. Por ello, preocupa volver a escuchar las mismas cantaletas que antaño fueron el presagio de inevitables caídas y saltos hacia atrás. Más aún, porque en años recientes, ya se ha dado una especie de populismo de bajo perfil, que ha ido comprometiendo partidas presupuestales en aras de cultivar clientelas, sin considerar que algunos programas, como el de adultos mayores, son de facto una deuda pública contingente que debería valorarse como un plan de pensiones. Igualmente, no se cuenta con una evaluación sistemática y periódica que permita medir la eficacia de dichos programas, en cuanto a logro de los objetivos que supuestamente les dieron origen. Una vez creados se asimilan en el modus operandi del gobierno y, en la población, se asumen como derechos adquiridos y siempre revisables al alza. Incluso, como lo vemos en la campaña, esto lo prometen los candidatos.

Pero, la justificación que tenemos los mayores para repudiar al populismo por haber vivido sus consecuencias también debe servirnos para entender que las acciones y políticas que se adoptaron para enderezar el camino, no han sido suficientes para relanzar el crecimiento del País. Por el contrario, el PIB per cápita, como se aprecia en la gráfica, ha tenido desde el 2000 un aumento orgánico, menor al 1% anual. Es decir, producimos más, porque somos más y punto. No crecemos por innovación, ni por aumentos sensibles en nuestra productividad.

Las consecuencias de este magro crecimiento se observan en muchas familias mexicanas cuyos hijos no pueden siquiera tener el mismo nivel de vida de sus padres e, incluso, se emancipan a edades más tardías que estos. Este deterioro generacional significa que, en términos de desarrollo, estamos bajando, por lo menos, un escalón.

Quienes alcanzaron la mayoría de edad después de 1994, su vida laboral ha transcurrido en un escenario económico mediocre, pese a que en muchos ámbitos de la vida del País se han dado cambios profundos. Muchos de los cuales no acaban de madurar, en buena parte, por la fragilidad de nuestras instituciones frente al poder real que logran ejercer, en la práctica, nuestros temporales servidores públicos en los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno.

La propuesta del cambio, por vaga que sea, seduce. Ya pasó con Fox. Quienes mejor la venden son aquellos que nunca o hacen mucho tuvieron una responsabilidad. Más ante los jóvenes que eran niños cuando personas como López Obrador, ejercía de jefe de Gobierno, y que no habían nacido cuando los estragos del populismo, la economía subsidiada y la dependencia del endeudamiento nos sumergieron en crisis periódicas de las que costó mucho trabajo salir.

No es la nostalgia por regresar a un pasado irrepetible y, a la distancia idealizado, lo que debe servir para orientar el quehacer nacional, sino el atrevimiento a plantear un proyecto que aprenda las lecciones de nuestros errores y aciertos, capitalice lo que hasta ahora hemos avanzado y tenga como objetivo que todos los mexicanos disfruten a plenitud de sus capacidades físicas e intelectuales.

La experiencia nos hace cautos. Pero esta solo la recuerdan aquellos que la han sufrido. Quien no se ha quemado, no le teme al fuego. Paradójica situación en las que nos encontramos; lo que unos pensamos como un regreso al pasado, otros lo ven como un paso al porvenir.

* Consejo Nacional de Población. Para facilitar la comparación, los agrupamientos sexenales se hicieron de acuerdo con cifras anuales exactas, aunque la fecha de inicio y terminación de cada sexenio sea el primero de enero  y treinta de noviembre respectivamente de cada seis años. Se excluyó de la gráfica al grupo que alcanzó la mayoría de edad antes de 1964 y que equivale al 5.8% de la mayores de 18 años.

** La cifras del PIB per cápita se obtuvieron de la base de datos del Banco Mundial