La corrupción mata, pero no muere

Archivo 11-10-17 20 34 25

El carácter endémico que tiene la corrupción en la vida del País nos ha hecho cínicos. La vemos a diario en muchas facetas y ámbitos de la vida nacional; se practica al mayoreo y al menudeo. “Qué quieres, estamos en México”, nos decimos entre resignados o quizá esperanzados de que algún día también nos beneficie; “ya ves, todos lo hacen”, “es lo que lubrica el sistema”, “de que te lo lleves tú, a que se lo lleve otro”, “no pagues impuestos; pa’ que se los roben”.

Racionalizar lo indebido es actividad prolífera en justificaciones que nos atascan en el pantano. Así, los objetivos de muchas leyes redactadas para hacernos avanzar se cumplen a medias debido a la corrupción; tan pronto damos un paso para adelante, retrocedemos medio para atrás, en la medida que sus flamantes artículos representan más opciones para pedir u ofrecer dinero a cambio de violarlos o evadirlos.

Como sociedad asumimos que la corrupción es inocua, gratuita y que, como si fuera un catarro, podemos en nuestra vida diaria sobrellevar sus molestias o beneficiarnos de ella, hasta que de manera inesperada y trágica se nos revelan sus consecuencias más extremas: muerte y destrucción. No existe el autoengaño sin fecha de caducidad.

Con seguridad, las razones que determinaron la muerte y lesiones de muchas personas, los derrumbes de inmuebles y las pérdidas patrimoniales que han llevado a la quiebra a cientos de familias, fueron la mercancía que se negoció en actos de corrupción; pisos de más, varillas de menos, materiales de menor calidad, cálculos estructurales ficticios, arreglos cosméticos para disfrazar los daños de edificios dañados en 1985, cambios tramposos e ilegales en el uso del suelo, inmuebles sobrecargados con antenas, espectaculares, fábricas clandestinas y hasta con un helipuerto. Todo esto, para que no sucediera, está previsto en leyes, reglamentos y normas. Pero, cuando la corrupción prevalece, todo queda sujeto al pago de un precio, lo que vaporiza la certeza jurídica y lleva a muchos ciudadanos a invertir tiempo, dinero y esfuerzos para defenderse de los actos de quien debería protegerlos: el Gobierno.

¿Cuánto se habrá pagado para ignorar o aprobar lo que segó la vida de los niños que aguardaban a sus padres para salir de la escuela, o la de aquellas obreras que ganaban un sueldo miserable en una fábrica que operaba en un edificio hecho para oficinas?, ¿cuánto se repartió entre inspectores que no veían y burócratas que firmaban a gusto de quienes les untaban la mano? Insisto, el verdadero costo de la corrupción no es la mordida sino lo que esta deja torcido.

Quienes en los ámbitos público y privado lucraron con las razones que provocaron la muerte y las lesiones de cientos de personas y la quiebra de miles de familias, tienen en su bolsillo dinero ensangrentado que no obtuvieron por su talento y esfuerzo, sino por la carencia más absoluta de principios éticos y responsabilidad con sus semejantes. No deben sentirse orgullosos del techo donde viven con su familia, ni de lo que a diario ponen sobre la mesa, ni de la vida que llevan y menos de un supuesto éxito profesional. Ganar dinero a costa de la sangre, el dolor y la miseria de otros es una infamia que no puede quedar impune.

Por ello, la reconstrucción de edificios derrumbados o dañados debe empezar por elaborar y divulgar peritajes forenses que señalen las razones que explican los siniestros. Esto, como sucedió en temblores pasados, permitirá aprender y prevenir las consecuencias de fenómenos naturales, que, aun siendo impredecibles, sí pueden imaginarse y simularse mediante modelos matemáticos.

Pero estos dictámenes, también deben servir para deslindar responsabilidades y, en su caso, presentar a los presuntos responsables ante la justicia para que paguen por sus acciones u omisiones. De lo contrario, en el implacable discurso de los hechos, seguiremos reiterando que violar la ley no tiene ninguna consecuencia, en beneficio de un círculo perverso donde la impunidad del presente sirve de abono a la corrupción del mañana.

Sospechoso que el gobierno de la Ciudad haya impedido, al cerrar parcialmente la página de SEDUVI, acceder a elementos vitales para indagar sobre los inmuebles derrumbados y dañados, y sus sendos directores responsables de obra. Quien impide esclarecer un crimen es tan culpable como aquel que lo comete y, más aún, hace pensar que la evidencia que esconde delataría su complicidad desde el principio

El sismo con su cauda de muerte y destrucción irrumpió en el festín inmobiliario que el gobierno de Mancera ha prohijado y consentido sin ningún disimulo desde el día uno de su mandato, cuando, en un claro conflicto de interés, nombró a su amigo y desarrollador, Simón Neumman, como el primer titular de la SEDUVI, lo que equivalió a una declaración de intenciones que en sus cinco años de gobierno se ha ido materializando en hechos que han beneficiado el negocio inmobiliario. Por ejemplo: en burbujas especulativas en zonas seleccionadas por su valor comercial, en la creación de Sistemas de Actuación por Cooperación, que suman más 1,500 hectáreas, incluyendo el Bosque de Tarango, para darle la vuelta a los programas delegacionales y empaquetar una serie de beneficios a favor de la rentabilidad inmobiliaria, en la suspensión de varios artículos del Reglamento de Construcciones apenas cinco meses después de publicado, en la incorporación de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios a las tareas de reconstrucción y, como la cereza del pastel, en una iniciativa de Ley de Reconstrucción donde, entre otras cosas, se autoriza a priori el incremento de alturas, una mayor densidad y, sin importar su legalidad antes del sismo, define como derecho adquirido el número de pisos que tenían los inmuebles derrumbados y dañados.

La reconstrucción de la Ciudad debe pasar, en primer término, por la elaboración de un Programa de Desarrollo Urbano hecho a partir de un análisis profundo de las proyecciones de la dinámica demográfica y económica de la Capital, incorporando en él, las lecciones del último sismo, las voces de expertos independientes y de la ciudadanía, y sobre todo, con base en un verdadero atlas de riesgos elaborado por expertos y conocido por todos. En este sentido, el mayor favor que puede brindarle Mancera a los capitalinos es hacerse a un lado. Nos merecemos ver al futuro desde otras perspectivas que no sean el interés a ultranza por la rentabilidad inmobiliaria. Nos merecemos imaginar el porvenir sin más atadura y compromisos que el bien común de las generaciones presente y futuras.

Tener claro hacia dónde debemos dirigirnos debe ser la base para revisar el mazacote jurídico que norma el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México. Leyes y normas en materia urbana deben ser un instrumento del Programa de Desarrollo Urbano, y no, como ocurre ahora, un entramado que facilita los negocios inmobiliarios a costa del interés común y bendice como legal aquello que claramente no lo es.

Reconstruir exige que esa solidaridad social que desinteresada y con energía aflora ante los siniestros, no mengüe y que asuma un carácter proactivo y constante para evitarlos y minimizar sus daños. Si la sociedad civil fue capaz de encabezar los esfuerzos de salvamento, debe hacer lo mismo para evitar que la corrupción, la impunidad y la opacidad vuelvan a segar vidas y destruir patrimonios. Siempre será mejor que muros y techos no se caigan, que realizar esfuerzos sobre humanos para salvar a los sobrevivientes. Siempre será mejor levantar la voz y actuar cuando se advierte un acto de corrupción, que bajar la cabeza y callar. La corrupción ha matado y seguirá haciéndolo, porque la hemos dejado vivir. Entendamos, es ella o nosotros.

 

4 pensamientos en “La corrupción mata, pero no muere

  1. Excelente análisis Alfredo,

    Someto a la consideración de tus seguidores el esfuerzo que desde Chage.org se realiza para promover cambios en el comportamiento corrupto de autoridades y sociedad.

    Acabo de firmar la petición “Castigo a los responsables del derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen #19S”. Creo que es muy importante. ¿Les gustaría sumarse a ésta iniciativa?

    La liga a esa petición es:

    https://www.change.org/p/firma-esta-petición-castigo-a-los-responsables-del-derrumbe-del-colegio-enrique-rébsamen-19s?utm_medium=email&utm_source=petition_signer_receipt&utm_campaign=triggered&share_context=signature_receipt&recruiter=789562486

    Gracias,
    LY

  2. Excelente reflexión. Coincido en todo con usted. Me preocupa que Mancera, en un acto cínico, y liberándose de culpas, siga “repartiendo el pastel” (asignando el trabajo de reconstrucción a las mismas inmobiliarias responsables de la tragedia) ¿acaso no existe algún elemento jurídico que no permita a este hombre estar fuera del proceso de reconstrucción y sí en uno donde se investigue su responsabilidad y complicidad en esta tragedia? Un saludo.

    • Muchas gracias por sus comentarios. En teoría, el contrapeso del Poder Ejecutivo sería el Legislativo. Desafortunadamente, en la Asamblea Legislativa el binomio PRD-PAN le han dado al jefe de Gobierno carta blanca y, han sido literalmente, su caja de resonancia. Habrá que esperar que tan lejos, puede avanzar el Sistema Anti-corrupción como un mecanismo para detener actos ilícitos y hacer que paguen los culpables

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s