Derechos universales, negocios particulares

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Los derechos humanos son fuente inagotable para la demagogia. Los políticos, generosos y magnánimos, alcanzan orgasmos retóricos cuando, desde las tribunas legislativas, informan a los ciudadanos que han aprobado leyes sobre tal o cual derecho, sin siquiera importarles que, las más de las veces, reiteran lo que hace tiempo está legislado y, sin considerar que, al agregar bagaje regulatorio, se abona a la confusión y a la burocracia, porque eso sí, habrá que crear alguna dependencia, entidad, instituto o, al menos, un consejo para vigilar, supervisar, asesorar, orientar, coordinar, instrumentar, conducir, etc. Todo esto, claro está, con cargo al contribuyente.

De lo anterior, el proyecto de constitución de la Ciudad de México es ejemplo sobresaliente; solo en el índice se mencionan cincuenta y cuatro derechos. Entre los que está, aunque no lo crea, el derecho a defender los derechos. Incluso, el malabarismo de la palabrería convierte en derecho lo que en esencia es una obligación de la autoridad: el buen gobierno.

Pero la enumeración de derechos no queda ahí, porque la mayoría de ellos se desgrana en más derechos, creando una lista interminable. Por ejemplo, en el Artículo 10, inciso A se establecen, además del derecho a la autodeterminación personal (pleonasmo), los siguientes derechos: a la libertad de pensamiento, al libre desarrollo de su personalidad, a disfrutar del tiempo libre, al ocio, a la recreación, a la elección de su identidad social y cultural, a disponer de su propio cuerpo y a manifestar públicamente sus afectos.  Por su parte, en la fracción C del mismo artículo, se establecen los derechos a la identidad y a la seguridad jurídica, de los cuales se desprenden: el derecho al nombre, a la imagen propia, a la reputación, al reconocimiento de la identidad y de la personalidad jurídica. “Derechos” que en realidad son características intrínsecas a cada persona y que, en el caso de la personalidad jurídica en particular, se define con base en la Constitución y en las leyes que han emanado de ella, según sean las circunstancias particulares en la que actúe el ciudadano.

Si bien, la mayor parte de estos derechos podrían definirse como derivados, porque son expresiones de garantías y derechos plasmados en la Constitución Federal, su mención en el proyecto propicia cuestionamientos e interpretaciones sobre su significado y alcance. Esto hace suponer que, de no eliminarse del texto definitivo en aras de una redacción sucinta, sólida y clara, es factible que provoquen un galimatías que atasque al sistema judicial. Más aún, porque en muchos casos, el proyecto, además de listarlos, los garantiza. 

Por ejemplo, en el Artículo 10, fracción D se establece que la autoridad garantizará que toda persona tenga una sexualidad plena. Más adelante, en el Artículo 16, Fracción D, Inciso 3, esta garantía se hace extensiva a los jóvenes (¿) entre doce y treinta años para que ejerzan libremente sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué pensarán de esto quienes, por ley, tutelan a menores de edad?, ¿es equiparable el nivel de desarrollo y madurez de un púber con la de un adulto maduro?

La hilarante ridiculez de establecer en la carta magna de la Ciudad de México, que la autoridad deba garantizar la satisfacción plena de una necesidad fisiológica, sirve para preguntar: ¿qué significa para los políticos la palabra garantizar?

Para el ciudadano, garantizar significa asumir, por lo general con un bien y un documento de por medio, la obligación de honrar un compromiso y, en su defecto, reparar las consecuencias. Sin embargo, si hubiera un diccionario con el significado que los políticos le dan a los términos que utilizan en sus discursos y declaraciones, la palabra garantizar se definiría como: recurso retórico para que lo incumplible parezca asequible y/o para camuflar los intereses personales o del partido.  Nota: su uso no supone contraer ninguna obligación.

Así, por una parte, habrá que tomar con reserva la garantía de la sexualidad plena. Quizá sea mejor acudir a algún manual que al texto constitucional. Y, por la otra, identificar los objetivos soterrados en nuevas leyes y estructuras burocráticas creadas, en apariencia, para garantizar algún derecho.

Por ejemplo, en el Artículo 1º de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México recién aprobada, se dice que un objeto de ésta es: “Crear los mecanismos necesarios para impulsar el otorgamiento de estímulos de inversión en proyectos con fines habitacionales a través de los sectores público, privado y social, así como programas de ahorro y créditos para atender a los diferentes grupos sociales”.

No se requiere de mucha sagacidad para deducir que, el objetivo camuflado detrás de la Ley de Vivienda es, con el pretexto de garantizar el derecho a la vivienda a todo el mundo, acercarles recursos, subsidios y apoyos a las empresas inmobiliarias, que atienden los mercados de niveles medios y altos, como antes, ante el silencio cómplice de la autoridad, lo hicieron de manera ilegal, cuando pervirtieron la Norma 26 para servir a esos mercados, succionando recursos destinados a la vivienda de interés social

Pregunté a una diputada: ¿Cuál es el sentido de hacer una ley para garantizar un derecho a quienes tienen recursos sobrados para hacerse de una vivienda? Porque es un derecho universal, pontificó. En efecto, pensé, el derecho a la vivienda es universal, pero el negocio es particular.

 

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