Derechos universales, negocios particulares

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Los derechos humanos son fuente inagotable para la demagogia. Los políticos, generosos y magnánimos, alcanzan orgasmos retóricos cuando, desde las tribunas legislativas, informan a los ciudadanos que han aprobado leyes sobre tal o cual derecho, sin siquiera importarles que, las más de las veces, reiteran lo que hace tiempo está legislado y, sin considerar que, al agregar bagaje regulatorio, se abona a la confusión y a la burocracia, porque eso sí, habrá que crear alguna dependencia, entidad, instituto o, al menos, un consejo para vigilar, supervisar, asesorar, orientar, coordinar, instrumentar, conducir, etc. Todo esto, claro está, con cargo al contribuyente.

De lo anterior, el proyecto de constitución de la Ciudad de México es ejemplo sobresaliente; solo en el índice se mencionan cincuenta y cuatro derechos. Entre los que está, aunque no lo crea, el derecho a defender los derechos. Incluso, el malabarismo de la palabrería convierte en derecho lo que en esencia es una obligación de la autoridad: el buen gobierno.

Pero la enumeración de derechos no queda ahí, porque la mayoría de ellos se desgrana en más derechos, creando una lista interminable. Por ejemplo, en el Artículo 10, inciso A se establecen, además del derecho a la autodeterminación personal (pleonasmo), los siguientes derechos: a la libertad de pensamiento, al libre desarrollo de su personalidad, a disfrutar del tiempo libre, al ocio, a la recreación, a la elección de su identidad social y cultural, a disponer de su propio cuerpo y a manifestar públicamente sus afectos.  Por su parte, en la fracción C del mismo artículo, se establecen los derechos a la identidad y a la seguridad jurídica, de los cuales se desprenden: el derecho al nombre, a la imagen propia, a la reputación, al reconocimiento de la identidad y de la personalidad jurídica. “Derechos” que en realidad son características intrínsecas a cada persona y que, en el caso de la personalidad jurídica en particular, se define con base en la Constitución y en las leyes que han emanado de ella, según sean las circunstancias particulares en la que actúe el ciudadano.

Si bien, la mayor parte de estos derechos podrían definirse como derivados, porque son expresiones de garantías y derechos plasmados en la Constitución Federal, su mención en el proyecto propicia cuestionamientos e interpretaciones sobre su significado y alcance. Esto hace suponer que, de no eliminarse del texto definitivo en aras de una redacción sucinta, sólida y clara, es factible que provoquen un galimatías que atasque al sistema judicial. Más aún, porque en muchos casos, el proyecto, además de listarlos, los garantiza. 

Por ejemplo, en el Artículo 10, fracción D se establece que la autoridad garantizará que toda persona tenga una sexualidad plena. Más adelante, en el Artículo 16, Fracción D, Inciso 3, esta garantía se hace extensiva a los jóvenes (¿) entre doce y treinta años para que ejerzan libremente sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué pensarán de esto quienes, por ley, tutelan a menores de edad?, ¿es equiparable el nivel de desarrollo y madurez de un púber con la de un adulto maduro?

La hilarante ridiculez de establecer en la carta magna de la Ciudad de México, que la autoridad deba garantizar la satisfacción plena de una necesidad fisiológica, sirve para preguntar: ¿qué significa para los políticos la palabra garantizar?

Para el ciudadano, garantizar significa asumir, por lo general con un bien y un documento de por medio, la obligación de honrar un compromiso y, en su defecto, reparar las consecuencias. Sin embargo, si hubiera un diccionario con el significado que los políticos le dan a los términos que utilizan en sus discursos y declaraciones, la palabra garantizar se definiría como: recurso retórico para que lo incumplible parezca asequible y/o para camuflar los intereses personales o del partido.  Nota: su uso no supone contraer ninguna obligación.

Así, por una parte, habrá que tomar con reserva la garantía de la sexualidad plena. Quizá sea mejor acudir a algún manual que al texto constitucional. Y, por la otra, identificar los objetivos soterrados en nuevas leyes y estructuras burocráticas creadas, en apariencia, para garantizar algún derecho.

Por ejemplo, en el Artículo 1º de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México recién aprobada, se dice que un objeto de ésta es: “Crear los mecanismos necesarios para impulsar el otorgamiento de estímulos de inversión en proyectos con fines habitacionales a través de los sectores público, privado y social, así como programas de ahorro y créditos para atender a los diferentes grupos sociales”.

No se requiere de mucha sagacidad para deducir que, el objetivo camuflado detrás de la Ley de Vivienda es, con el pretexto de garantizar el derecho a la vivienda a todo el mundo, acercarles recursos, subsidios y apoyos a las empresas inmobiliarias, que atienden los mercados de niveles medios y altos, como antes, ante el silencio cómplice de la autoridad, lo hicieron de manera ilegal, cuando pervirtieron la Norma 26 para servir a esos mercados, succionando recursos destinados a la vivienda de interés social

Pregunté a una diputada: ¿Cuál es el sentido de hacer una ley para garantizar un derecho a quienes tienen recursos sobrados para hacerse de una vivienda? Porque es un derecho universal, pontificó. En efecto, pensé, el derecho a la vivienda es universal, pero el negocio es particular.

 

Por qué eliminar la fracción 7 del inciso C, del Artículo 21 relativo a la plusvalía

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1.- Es preciso dejar claro que no se objeta la propuesta de gravar la plusvalía inmobiliaria que pueda derivarse de la acción del gobierno, a través de la ejecución de obras de infraestructura y modificaciones regulatorias. Más aún, esta práctica para apoyar el desarrollo urbano, que en el mundo se da través de esquemas fiscales muy variados, no es  nueva en México. Vale recordar que el Código Fiscal del Distrito Federal establece las contribuciones de mejoras y que la Ley del Impuesto sobre la Renta grava la plusvalía al momento de hacerse líquida.

2.- El problema radica en la forma como está redactada en el proyecto de constitución la fracción de marras, porque implica de facto, la apropiación por parte del gobierno de una porción de la propiedad privada: “Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad”. Afirmación que evidentemente ha provocado una reacción negativa en amplios sectores de la población, que sienten amenazado su patrimonio. Ya hay una petición en Change.org con casi 50,000 firmas.

3.- La mejor evidencia de que la plusvalía inmobiliaria no forma parte de la riqueza de ninguna ciudad, radica en el hecho de que los poderes ejecutivos y legislativos deben establecer mecanismos fiscales, para capturar o extraer del patrimonio de sus legítimos propietarios, una fracción de ella.

4.- Definir el proceso de urbanización como causal de plusvalía, no aclara si es en específico el realizado mediante obras públicas financiadas con recursos del erario, u obedece al desarrollo normal de la Ciudad. Cabe mencionar que, en una ciudad vieja, densa y heterogéneamente poblada, que ha experimentado un desarrollo urbano caótico, producto de la depredación inmobiliaria, la corrupción y las ocurrencias de los próceres sexenales, no es una tarea sencilla identificar con precisión la relación causal entre una obra pública y el aumento del precio del suelo.Incluso, hay obras como vías rápidas y pasos a desnivel, que los beneficiarios, no son los que viven próximos a ellas, sino miles de personas que las utilizan sin pagar nada a cambio.

5.- Vale destacar, que muchas obras públicas producen minusvalías en los bienes inmuebles; al transformar su entorno de manera sensible, como sucede con la construcción de vías rápidas, pasos a desnivel, terminales de transporte público, ciclo vías, desforestación. Asimismo, hay cambios en el uso del suelo que abaten el valor de los inmuebles, en especial los destinados a vivienda. Por ende, habría que plantear, para ser justo, que el erario compensara a los propietarios por la pérdida de valor

Con base en lo anterior se proponen los siguientes cambios al proyecto de constitución de la Ciudad de México:

a) Eliminar las fracciones 7 y 9 del inciso C del Artículo 21 que están contenidas en apartado sobre Regulación de Suelo:

b) Modificar fracción 8 del inciso A del Artículo 26 que está en el apartado sobre el Pacto Fiscal, donde se establece: “Las plusvalías que se identifiquen como derivadas de obras de infraestructura nuevas o cambios regulatorios, serán objeto de un gravamen específico en la forma de una contribución por mejora, que podrá incluso aplicarse antes de la construcción de dichas obras”.

c) Incluir en este inciso A la fracción 9, donde se establezca que:  En caso de que las obras de infraestructura y cambios regulatorios provoquen minusvalías inmobiliarias, el gobierno resarcirá a sus propietarios por las pérdidas sufridas en su patrimonio.