Constitución CdMx: el predial como redistribuidor de riqueza…pero de papel

redistribuyendo

Con justificadas razones el proyecto de Constitución de la Ciudad de México ha sido objeto de numerosas críticas. Su estilo de redacción, más propio de un programa de gobierno que de una carta magna, su lenguaje tan retórico como cursi, su asumida insularidad, pese a pertenecer a una Federación y formar parte de un área metropolitana que más que la dobla en tamaño y población, la enumeración de derechos contrastada con la brevedad de las obligaciones, sin considerar siquiera las posibilidades financieras para solventarlos y su impacto potencial en el empleo, y en la dinámica migratoria de otras entidades hacia la Ciudad.

Sin embargo, pese a la obviedad de absurdos y deficiencias que contiene el proyecto y que hacen imperioso desecharlo y empezar uno nuevo, porque siempre será más fácil iniciar de cero que partir de terreno negativo, se ha dicho poco de los supuestos sobre lo que está basada la estrategia para financiar el funcionamiento, desarrollo y las políticas públicas de la Ciudad y cuyo vértice, aunque no lo menciona de manera expresa, es el impuesto predial.

En la exposición de motivos del proyecto, se establece: “El modelo (¿de qué?) propuesto reposa en una economía redistributiva y en un nuevo pacto fiscal de la ciudad y de ésta con la Federación. La satisfacción de los índices de bienestar y las necesidades de infraestructura dependerán en gran medida de la plusvalía de la ciudad y del éxito de la política de desarrollo”. Más adelante, se menciona que: “Los incrementos del valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza de la Ciudad” y que “La recuperación de las plusvalías generadas deberán ser aplicadas en beneficio de los sectores de bajos ingresos”.

A nivel nacional, es factible, además de recomendable, plantear una política fiscal redistributiva. Más aún, porque el Gobierno Federal tiene a la mano toda la gama de instrumentos fiscales tanto de lado de los ingresos como del gasto. Por ejemplo, grava cualquier tipo de ingreso que modifique el patrimonio del contribuyente, el consumo, las operaciones comerciales, inmobiliarias, financieras y de comercio internacional, la explotación de subsuelo, el uso del espectro radioeléctrico, etc.

En cambio, como si pasáramos de una orquesta sinfónica a una de cámara, las entidades federativas disponen de un menor número de instrumentos fiscales para hacerse de recursos y agregarlos al monto que reciben de la Federación. Así, sus posibilidades se limitan, en buena medida, a los impuestos sobre nómina, predial y adquisición de inmuebles, y al pago de derechos y aprovechamientos sobre cuestiones puntuales. Esto restringe las posibilidades para basar en ellos una política redistributiva a nivel local, además de que al intentarlo se corre el riesgo de generar otro tipo de problemas, al usar un mismo instrumento fiscal para lograr objetivos distintos al que justificaron su creación.

Por ejemplo, el objetivo del impuesto predial es financiar los servicios urbanos fundamentales: mantenimiento de calles y banquetas, servicio de alumbrado público, recolección de basura, seguridad y vigilancia, drenaje y obras vecinales. Pero, si además quiere usarse para que el gobierno de la Ciudad se apropie y redistribuya mediante distintos programas sociales, las más de las veces de carácter clientelar, los recursos que produzca la “plusvalía” inmobiliaria —eufemismo de inflación o encarecimiento—, se generarán problemas que pueden afectar a miles de ciudadanos tanto en su patrimonio como en su nivel de vida.

  1. Plantear una estrategia financiera basada en el encarecimiento de los bienes inmuebles es una idiotez. Peor aún, si las plusvalías o inflación de los precios de dichos bienes derivan de prácticas especulativas y de la voracidad de una minoría que tiene el suficiente peso económico y político para influir en la gestión del gobierno de la Ciudad y violar, sin ninguna consecuencia, leyes y reglamentos.
  2. Las plusvalías catastrales y, en general, los precios de los inmuebles, tienen mucho de ilusión monetaria, porque en caso de venderse, sus dueños sólo pueden aspirar, en el mejor de los casos, a comprarse en la misma zona uno equivalente.
  3. El valor de un bien inmueble no es una riqueza líquida y, menos aún, lo son las revaloraciones catastrales. En cambio, el causante sí necesita de recursos líquidos, que deberá restar de su ingreso disponible para cubrir el predial incrementado.
  4. Con los bienes inmuebles como sucede con los valores bursátiles, la ganancia o la pérdida no se materializa hasta que se venden. Momento cuando, en ambos casos, se causa el Impuesto sobre la Renta.
  5. En aras de lograr sus objetivos comerciales, al desarrollador no le importa inflar el precio de los terrenos, porque diluye su costo de adquisición entre el número de pisos que construye. Esto no lo pueden hacer los dueños de casas y apartamentos ya construidos, sobre quienes sí gravitará el predial incrementado por la especulación, lo que en muchos casos terminará desplazándolos.
  6. Este proceso de “gentrificación” o aburguesamiento, que algunos justifican como un aumento de la densidad para evitar la expansión de la mancha urbana, crea el efecto opuesto, porque los desplazados se ven obligados a buscar opciones de vivienda en las zonas periféricas.
  7. El proyecto habla de plusvalías, pero no considera la posibilidad de minusvalías cuando la construcción de edificios y obras viales provocan la disminución del valor de los inmuebles, como sucede con viviendas que quedan atrapadas y ensombrecidas entre torres de gran altura, y en zonas donde la depredación urbana ha agudizado problemas de tránsito, estacionamiento, agua y drenaje, o que han sido afectadas por obras de infraestructura como desniveles, rampas y segundos pisos.
  8. Los parámetros a partir de los cuales se calcula la cuota por mt² de terreno y construcción para fines del impuesto predial, obedecen a criterios discrecionales y no al resultado de un razonamiento lógico y una metodología transparente que puedan entender los ciudadanos. Este hecho se presta a que manos interesadas usen el predial, para facilitar en zonas de interés inmobiliario, la salida de sus residentes a cambio de la llegada de otros con mayor poder adquisitivo.

El objetivo del impuesto predial debe ser el financiamiento de los servicios urbanos, lo cual hoy día no lo palpan los contribuyentes. Convertirlo en un instrumento para redistribuir el incremento de una riqueza que sólo existe en el papel es un absurdo; la única redistribución será del ingreso líquido de los contribuyentes, que en su mayoría lo obtienen de su trabajo o sus pensiones, hacia el erario de la Ciudad para financiar la burocracia, la clientela y la promoción política de quién la gobierna.

 

3 pensamientos en “Constitución CdMx: el predial como redistribuidor de riqueza…pero de papel

  1. Pingback: Constitución CdMx: el predial como redistribuidor de riqueza…pero de papel | SalvoLomas

  2. Requerimos un DESPERTAR CIUDADANO y unión para defendernos de esta excesiva AVARICIA de nuestros Gobiernos y la MAFIA que presumiblemente existe entre Funcionarios desde Presidencia hasta Secretarías de “pseudo defensa ciudadana”, así como Diputados y Senadores que NO REPRESENTAN NUESTROS INTERESES y sólo obedecen a DON DINERO.

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