¿Quién jalará de la cadena?

Escusado 2

Hace casi dos mil años, Tácito, historiador y senador de la antigua Roma, observó que entre más corrupto era un Estado más leyes requería. Afirmación que comprueba el caso de México; llevamos años legislando para evitar la corrupción, sin que hayamos podido atajarla.

¿Cuál es la razón de este círculo perverso donde la persistencia de la enfermedad da lugar a una incesante producción de nuevas medicinas que no se utilizan, como si se tratara de un obeso que, cada vez que lee su peso en la báscula, sale a comprar libros de dietas y aparatos de ejercicios que nunca utilizará?

La explicación es muy simple; la aplicación y el respeto al orden jurídico, desde la Constitución hasta el menor de los ordenamientos, no forma parte de nuestras convicciones. Y, ciertamente, no es un valor que nutra y se manifieste a lo largo y ancho de la estructura del Estado. La forma cómo funcionan las instituciones es, en cada país, la expresión tangible de sus valores sociales.

Una ley, por excelente que sea su redacción y solidez jurídica, no materializa los valores que la inspiraron hasta que se aplica. Mientras esto no suceda es mera aspiración; una raya en el agua.

Quienes en los ámbitos público y privado han medrado a costa de los recursos del erario, —es decir, los de todos—, cometieron delitos que largo tiempo han estado presentes en la legislación penal mexicana. Leyes y delitos suelen tener la misma edad. Los delincuentes no aprovecharon lagunas legales. Están libres porque ninguna autoridad se dio a la tarea de investigar, porque no hubo quien apretara el botón o porque muchas manos cómplices impidieron que eso ocurriera, pese al lucimiento ofensivo de fortunas y formas de vida, imposibles explicar con el salario de un burócrata, así fuere el de mayor jerarquía.

La impunidad reitera hasta la saciedad que violar la ley resulta gratis y abona el terreno para que se propague como la mala yerba. Más aún, en una sociedad desmemoriada, donde no se excluye al corrupto, porque el dinero y la conveniencia enderezan, abrillantan y convierten en perfume hasta la peste más intensa.

El Sistema Nacional Anticorrupción constituye la fase más reciente de un enfoque que considera que la corrupción se debe a la falta o a la imperfección de las leyes y no a la nula voluntad para aplicarlas. En México, hacer leyes suple la falta de acciones y resuelve, en el papel, todo tipo de problemas.

Ciertamente, la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas representa avances importantes con respecto a la anterior. Sin embargo, una de sus principales innovaciones, la obligación de hacer públicas las declaraciones, patrimonial y de intereses, no prosperó, porque encontró en el Congreso una férrea oposición. Unas cuantas decenas de dedos serviles levantados, contaron más que los miles de manos que firmaron la iniciativa ciudadana 3 de 3.

Lo que en esencia se perdió al impedir la publicación de ambas declaraciones fue la posibilidad de que la sociedad supervisará a los servidores públicos sin que mediara ninguna instancia, que a la postre, como desafortunadamente ha ocurrido, sirva de tapadera sino es que de cómplice por omisión. Caso en el que están muchas áreas de acceso a la información a la pública, que obstaculizan y dificultan su entrega con el afán de proteger al titular y hacer desistir al solicitante.

La declaración de intereses tiene un carácter preventivo, porque permite detectar la posibilidad de un conflicto de intereses antes de que un servidor público inicie su gestión. Casos como la designación del desarrollador Simón Neumann, al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el gobierno de la Ciudad de México no hubiera prosperado, porque con seguridad, su senda declaración de intereses al ser pública, hubiera dejado claro la alta probabilidad de que su gestión como servidor público lo colocaría, más temprano que tarde, en una situación de conflicto de intereses dada su carrera en el sector inmobiliario. Obviedad que en su momento Mancera rechazó, aduciendo además que lo conocía de muchos años. ¡Al chile; picante!

La declaración patrimonial tiene un carácter de control ex post. Es decir, es una especie de báscula donde se pesarán los servidores públicos cada mes de mayo y, sobre todo, al momento de su salida. Así, un funcionario deshonesto que fue suficientemente listo para no ser detectado cuando delinquió, sería eventualmente identificado al momento de presentar su declaración patrimonial. Siempre y cuando su habilidad para apropiarse de lo ajeno, no le hubiera alcanzado para maquinar cómo y dónde esconderlo.

¿Quién hacer sonar la campana?

Es claro que la publicación de ambas declaraciones hubiera dado a la ciudadanía, la posibilidad de dar la voz de alarma. Sin embargo, esto quedó donde siempre ha estado, en la propia estructura del servicio público. ¿Ahora sí investigarán los subordinados a sus jefes?, ¿el dictamen del Secretario de la Función Pública sobre la “casa blanca” sería ahora diferente?

Si la impunidad reiterada abona favor de la corrupción, la aplicación ciega, categórica y sistemática de la ley es lo único que puede eliminarla. La honestidad es una conducta aprendida y la mejor manera de inculcarla es penalizando públicamente a quienes no la demuestren.

Bien por el grupo que promovió con su empuje, talento y conocimientos, un marco jurídico más robusto para abatir una de las peores taras que gravitan sobre las espaldas del pueblo mexicano como es la corrupción, pero seamos claros; no hay excremento que vaya al lugar que le corresponde si no hay quien jale de la cadena.

4 pensamientos en “¿Quién jalará de la cadena?

  1. Mientras no se castigue la corrupcion como el caso de Peña Nieto, Videgaray, Osorio Chong, Mancera, gobernadores, etc. Y además a Hinojosa, etc. Corruptores también, este país seguirá siendo destruido por la impunidad y ceguera de las autoridades, teniendo a Elias Asar y demás corruptos en lo más alto de nuestro Poder Legislativo seguiremos a la baja como ha sido nuestra historia en los últimos 100 años y la cadena seguirá sin jalarse.

  2. Las leyes solo sirven para controlar al pueblo que es el enemigo de los ricos y poderosos. Por eso la impunidad, por eso la corrupción. Veanlos ahora “chantejeando” con no pagar impuestos, -como si alguna vez los hubieran pagado- y con no invertir -en sus negocios especuladores- y el gobierno quedándose callado en señal de entendimiento y complicidad.

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