El dinero no puede seguir marcando el rumbo de nuestra Ciudad

 Business Direction

En apoyo a: #AsíNo #YaNoMás Marcha Pacífica por la defensa de la Ciudad de México. A las 11 horas del 5 de diciembre 2015 en Arcos Sevilla

La corrupción inmobiliaria ha colocado al ciudadano a la defensiva, como lo demuestran la cantidad de asociaciones de vecinos que están presentes en las redes sociales y que con frecuencia se manifiestan en las calles. A diario los capitalinos pelean cientos de batallas para defenderse, no sólo de maleantes disfrazados de empresarios y desarrolladores, sino de la autoridad que los respalda, cobija y legaliza sus triquiñuelas.

Imposible ver el horizonte y fijarle rumbo al barco, porque vivimos tapando agujeros que literalmente abren las mordidas. Nuestro estado es de urgencia permanente y la definición del destino de la Ciudad que escogimos para vivir, queda al arbitrio de sus efímeros gobernantes y de la partidocracia cuyo objetivo prioritario en la Asamblea es ajustar la agenda legislativa a su conveniencia temporal. Las necesidades e intereses del ciudadano no pasan de ser un recurso retórico.

No es exagerado afirmar que la Ciudad de México es el museo de las ocurrencias, cuya más reciente adquisición pretende ser el Corredor Chapultepec. Peor nos ha ido desde que alguien asumió que en la descripción del puesto de Jefe de Gobierno está incluida la función de actuar como precandidato a la presidencia de la República, porque eso ha contraído la agenda pública a lapsos brevísimos para que el prócer en turno obtenga resultados visibles y presumibles, más efectistas que efectivos, que no responden a una perspectiva coherente de largo plazo y que muchas veces implican la comisión de onerosos errores, como ocurrió con la línea 12 del Metro, en detrimento del Erario al que muchos aportamos. A lo que habría que sumar gastos donde, descontada la verborrea declarativa que exalta las buenas intenciones de programas e iniciativas, no queda claro si en verdad cumplen con sus objetivos.

Los problemas de la Ciudad de México, como ocurre en cualquier urbe, son como los nudos de una red donde resulta imposible deshacer uno sin afectar a los demás. Más aún, porque entre ellos se retroalimentan de manera circular; a veces son causa, otras efecto. Imposible resolver uno sin atender a los demás.

Empero, los gobiernos capitalinos actúan como si esta obviedad no existiera. Incluso, en lugar de establecer los lineamientos macro a los que deberían supeditarse las decisiones particulares para integrar un todo congruente, lo que ocurre en la práctica es que éstas se toman de manera casuística, con frecuencia al amparo de la corrupción, lo que crea una situación caótica donde los principales problemas urbanos terminan exacerbándose unos a otros.

En una ciudad densamente poblada como es la Ciudad de México, donde además se concentran todas la facetas de la vida del país; política, económica, cultural, etc. no sorprende que el uso del suelo sea un motivo de disputa entre los ciudadanos y los grupos de interés económico, y que constituya una de las principales causas de corrupción y de fricción entre los capitalinos. Basta ver la forma grotesca como muchos desarrolladores, en connivencia con las autoridades, bancos y notarios pervirtieron de manera fraudulenta la famosa Norma 26 y como han interpretado a su modo el Artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano para lucrar a costa del interés de la mayoría.

La suma de decisiones respecto al uso que se le da a cada terreno tiene un efecto directo en nuestra calidad de vida, pues repercuten en el tránsito, la contaminación, y en la disponibilidad de servicios y espacios públicos, por lo que deberían tomarse a partir de una perspectiva muy amplia.

Desafortunadamente esto no es así. En el otorgamiento permisos de construcción y de uso del suelo prevalece un enfoque centrado en cada espacio en particular, sin entender las repercusiones que esa decisión aislada tendrá por sí misma y cuando se combine con otras tomadas de igual manera. Así, todos los días atestiguamos como los costados de muchas avenidas y calles estrechas se van llenando de edificios y comercios que desde su construcción se traducen en problemas de tránsito y contaminación, y que más adelante agudizan la escasez de agua y la falta de servicios.

¿Qué sentido tiene invertir en transporte público, vías rápidas, ciclopistas y hacer un esfuerzo para abatir la contaminación cuándo a diario y en todas las delegaciones se toman decisiones como las que acabamos de describir? Las supuestas soluciones no son más que rayas en el agua y los problemas sólo empeoran. A diario sufrimos el triunfo de la miopía, la improvisación y la venalidad sobre la racionalidad, el interés colectivo y la visión a futuro.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos?

Debemos pugnar por recuperar la determinación del destino de nuestra ciudad. Esta función no puede ser prerrogativa sin ataduras de individuos, a menudo gestores improvisados, incluso con evidentes conflictos de interés, que efímeramente ejercen cargos públicos durante lapsos brevísimos, si éstos se comparan con la relación vitalicia que tiene el ciudadano con su hábitat, empezando por la ubicación de su morada.

La planeación de la ciudad debe pertenecer a los ciudadanos y, por ende, la resultante de este esfuerzo: el plan para su desarrollo, debe tener el carácter de bien público, porque es el instrumento que debe servir de referencia para armonizar las acciones de particulares, gobierno y legislativo con el objetivo fundamental de mejorar su calidad de vida.

Es momento de conjuntar los numerosos esfuerzos que decenas de organizaciones ciudadanas hacen para preservar su hábitat para que, con el apoyo del mejor talento disponible en materia urbana, se plantee cómo la ciudadanía puede crear y responsabilizarse del seguimiento y modificaciones del plan de desarrollo de la ciudad, para convertirlo en un bien público que oriente la gestión sexenal y el trabajo legislativo.

Pugnemos para que el bien común sea lo que determine el rumbo de nuestra ciudad y no el dinero que en su afán de lucro depreda, corrompe y compromete el bienestar de varias generaciones de ciudadanos, que ven como su calidad de vida decrece. De 1940 a la fecha el Distrito Federal ha crecido más de cinco veces. ¿Quién se atrevería a afirmar que hoy se vive en la Capital cinco veces mejor?

Es tiempo de que las organizaciones ciudadanas además de defender sus trincheras, salgan de ellas y se unan para plantear la batalla que nos permita recuperar el destino de nuestra Ciudad.

Una ley física irrebatible

 Fraccionamiento Vistas del Campo

Cuando en ese espacio para la meditación del que disponemos los ciudadanos de la capital y que llamamos calles, avenidas, incluso vías rápidas, donde pasamos muchas horas atrapados en el tráfico reflexionando sobre el caos urbano y observando la forma caprichosa como se ha desarrollado nuestra ciudad, nos resulta fácil concluir que vivimos en el reino del todo se puede.

“Sí se puede” es más que una frase que hace de porra para animar a la selección nacional de fútbol; “Sí se puede” es una forma de vida de muchos servidores públicos y ciudadanos relacionados con el funcionamiento y crecimiento de la ciudad, que a diario se coluden para torcer aquello que les estorba para acrecentar su intereses, a costa de crear taras que de ahí en adelante la ciudadanía cargará en sus espaldas.

Todo es posible; cambios de uso de suelo injustificados, elevación de alturas por encima de lo permitido, apropiación del espacio público, apertura de comercios en lugares inapropiados, instalación de oficinas y negocios en predios habitacionales, autorización de fraccionamientos y edificios en sitios inverosímiles, el derrumbe de edificios históricos, etc. Para todo esto basta contar con un solo papel; ¡el moneda, por supuesto! Los demás como leyes, reglamentos, bandos, planes maestros, etc. no tienen ningún valor. A lo sumo se les considera como sugerencias porque en la práctica “el otro papelito habla”.

Mal, cuando la corrupción se conjunta con la ineptitud, porque ésta potencia sus efectos negativos. No hay nada más letal para la sociedad que un imbécil corrupto al frente de un cargo público, y peor para ella si en una dependencia hay más de uno.

Los derrumbes ocurridos en Santa Fe obligaron a evacuar varios edificios de lujo, construidos en una especie de península circundada por taludes de más de 50 metros de altura con inclinaciones superiores a los 75 grados, producto de la explotación a cielo abierto de minas de arena durante los años treinta.

Como ha empezado a suceder, este percance sacará a la luz pública una serie de hechos irregulares que evidenciarán la colusión entre particulares y servidores públicos, para evadir, torcer o ignorar la normatividad en materia de construcciones y de protección civil.

Por ello, es posible que se exhiban permisos para construir los edificios, las casas y la torre en Vista del Campo que nunca debieron darse o cuyos términos no se respetaron porque la autoridad miró hacia otra parte, lo que evidenciaría como la corrupción se legaliza en papeles que no valen nada por más firmas y sellos que tengan estampados.

Qué importa un permiso, una licencia o la aprobación de un autoridad conseguida de manera ilícita. Peor aún, esos documentos son en realidad un engaño que deja desprotegidos a los ciudadanos hasta que el destino los alcanza, como pasó ahora con quienes perdieron su patrimonio o hace treinta años con las costureras que murieron durante el temblor de 1985, porque laboraban en talleres instalados en edificios sobrecargados con maquinaria y materia prima, que ninguna autoridad se molestó en clausurar.

Cuando en Santa Fe se acabó la arena a fines de los treinta, los huecos dejados por el minado se llenaron de basura y escombros hasta principios de los noventa. Ahí, se vertió gran parte del material que se extrajo para hacer el Metro y se depositaron los escombros de los edificios que se derrumbaron durante el temblor de 1985. Así, por decenios, el nombre de Santa Fe se asoció a una zona marginal vinculada a la basura.

A fines de los ochenta el Gobierno Federal decidió regenerar la zona y convertirla en un centro corporativo. Así, las modestas casas de pepenadores y de los habitantes que vivían en pequeños centros de población desaparecerían y en su lugar se erigiría una zona de edificios corporativos de lujo para que bancos, empresas nacionales y multinacionales se ubicaran en un entorno de primer mundo.

Sin embargo, la situación actual de Santa Fe es una prueba fehaciente de como una buena idea, la regeneración e incorporación funcional a la Ciudad de México de una zona marginal, como se ha hecho en muchas partes del mundo, se torció prácticamente desde sus inicios por la incapacidad para hacer y ejecutar un plan urbano de largo plazo, por la ineptitud y miopía de quienes tomaron u omitieron decisiones, y por la inexorable presencia de las tres hermanas siamesas que depredan a diario esta ciudad: la codicia y voracidad de los desarrolladores (¿depredadores?) y la corrupción, donde públicos y privados se toman del brazo para chupar juntos los recursos del erario y de cualquier incauto que pase por enfrente.

¿Cuántas fortunas se hicieron en Santa Fe? ¿Cuántos funcionarios encontraron una mina de oro en esos basureros pestilentes? ¿Cuántos lucraron con terrenos que no valían nada?

La corrupción es un mecanismo regresivo de redistribución de la riqueza puesto que va de los más a los menos y, en caso extremo, la corrupción mata. Su verdadero costo no es la mordida sino lo que ésta deja torcido.

Cada vez que se destapa un escándalo de corrupción, un buen amigo suele recordarme la supuesta existencia de una ley física irrebatible: “tarde o temprano la caca flota”. Quizá esto es lo que empiezan a dejar ver los derrumbes de Santa Fe.

El iceberg de la droga que no queremos ver

Hace más de cien años, casi a la medianoche del 14 de abril de 1912, un iceberg rasgó el casco del Titanic lo que en menos de tres horas provocó su hundimiento y la muerte de 1,500 personas. Desde ese día hasta la fecha se especula sobre las razones que enviaron al fondo del mar un trasatlántico que se consideraba insumergible y que además navegaba con placidez en una noche tranquila y estrellada. ¡No lo vieron! Afirma el historiador Tim Maulton, porque las condiciones atmosféricas produjeron un espejismo de aguas frías que ocultó el inmenso bloque de hielo y cuando ya lo avistaron, el viraje del barco terminó por provocar un daño mayor al que hubiera tenido de haberse dado una colisión frontal**.

¿Podríamos utilizar la tragedia del Titanic como una analogía para describir lo que está ocurriendo con el problema de las drogas? ¿Podríamos decir que aun sabiendo que apenas vemos una décima parte del volumen de este iceberg imaginario, hemos preferido no pensar en aquello que no es tan visible pese a saber que lo sostiene a flote? ¿Podríamos afirmar que, como le ocurrió al malogrado trasatlántico, a nosotros nos ha resultado peor tratar de esquivarlo en lugar de afrontarlo en cada una de sus facetas?

El asunto de las drogas era un punto lejano en nuestra travesía. Se argumentaba, no hace mucho, que el problema se limitaba al hecho de que nuestro territorio servía para el trasiego hacia los Estados Unidos de droga sudamericana. Pero que el consumo interno no era relevante y que las zonas productoras de marihuana y amapola estaban localizadas y controladas.

Pero no advertimos que el curso que llevábamos nos acercaría inevitablemente a ese punto y que su tamaño se incrementaría con el tiempo hasta plantarse inmenso enfrente de nosotros con tanta virulencia que afectaría la seguridad nacional.

Hoy, el jaleo ya no se da en ranchos aislados, sino que acontece en las ciudades a plena luz del día comprometiendo la gobernabilidad en partes del territorio nacional, afectando la vida de sus habitantes y obligándonos a gastar recursos que no agregan ningún valor y que dejamos de utilizar en otros rubros que serían más provechosos para el desarrollo del país.

Muchas son las razones que nos han traído hasta aquí. Nuestra endémica tolerancia a la corrupción, la aceptación social de quienes se corrompen y la debilidad de nuestras instituciones sin duda han facilitado el avance del problema. Podemos afirmar con una dosis de cinismo que el narco no ha comprado nada que no se vendiera antes; sólo ha subido los precios.

Pero el narcotráfico es apenas la punta del iceberg, debajo hay un mercado que lo explica y estimula, y cuya dinámica obedece a factores sociales y psicológicos que se manifiestan de manera distinta a lo largo de la pirámide de edades de la población.

La magnitud que ha alcanzado este mercado, particularmente el de la marihuana, ha hecho que segmentos importantes de la población estén fuera de la ley. Esto nos lleva a preguntarnos, como hace tiempo lo hicieron en Holanda, si el marco jurídico es acorde con los usos y costumbres de la sociedad contemporánea lo cual no implica calificarlas como buenas o malas.

Por ejemplo, en los Estados Unidos se calcula que existen 16.7 millones de consumidores de marihuana. Pese a ello, se considera ilegal la portación de cualquier cantidad. Sin embargo, la cifra de arrestos no pasa del 5% de población consumidora.

Este hecho sugiere que si bien hay en los Estados Unidos un discurso político contrario a regular el tráfico y uso de la marihuana, en la práctica se toleran. Más aún porque conocen que su utilización alcanza un pico de 22% de la población entre 18 y 20 años para de ahí caer consiste y rápidamente en los sucesivos segmentos de mayor edad. Por ende, si para México, resultó letal el fiasco de “Rápido y furioso”, esta tolerancia hipócrita nos ha salido harto costosa.

Pero si en el otro lado de la frontera hay hipocresía en el nuestro hay una ambigüedad que roza el absurdo. Porque, por un lado, el gobierno se opone a la regulación del comercio de la marihuana, y por el otro la ley permite portar hasta 5 gramos. Por ende, la pregunta es ¿Quiénes abastecerán a los 700 mil consumidores que de acuerdo a las Naciones Unidas existen en México? La lógica económica hace suponer que no hay menudeo si antes no hubo mayoreo.

La legalización de la marihuana no implica ni alentar su consumo ni que éste sea bueno. Tampoco haría desaparecer el crimen organizado, pero sí disminuiría los recursos que la ilegalidad les procura como una prima por el riesgo que corren al traficarla y que el consumidor paga. Así, resulta paradójico que buena parte de las ganancias del narco encuentran su origen en las leyes que los persiguen.

*Publicado en El Financiero 22.03.12

**Antón Jacinto, La leyenda insumergible, El País Semanal 11 de marzo 2012