Ayotzinapa; la verdad exige mirar en todas direcciones

Tragedia para los padres que viven el vacío que dejaron sus hijos, sin saber si lo llenaran de nuevo o si algún día lo podrán cerrar con un abrazo o, al menos, con un entierro.

Tragedia para el País que se confronta de manera cruda con la inocultable descomposición de las estructuras del Estado, con sus miserias, sus enormes contrastes y los impermeables entrepisos de su vida cotidiana.

Varios Méxicos contenidos en una sola estructura coronada con la palabra nación, pero a la vez, incomunicados entre sí. Más aún, porque las escaleras que los unen son angostas y empinadas. Quizá por eso, es más sencillo bajar que ascender.

Leí con detalle el Informe del GIEI y procuré quitar las etiquetas que tiñen los hechos y sesgan las conclusiones, porque considero importante tomar distancia para analizar el caso de Ayotzinapa desde una perspectiva amplia. Más aún, porque éste no ocurrió de manera espontánea en un vacío, sino que está dentro de un escenario donde a diario se conjugan muchos elementos que por desgracia forman parte de la vida del País.

El 26 de septiembre de 2014 un grupo de muchachos se apodera de autobuses, algunos con pasajeros y sus choferes, con el fin de disponer de medios de transporte para asistir días después al aniversario del 2 de octubre en la Ciudad de México.

Pese a que esos actos están tipificados como delitos en el Código Penal, el documento, aun avalado por una exprocuradora, resta importancia al hecho y afirma que esas acciones son prácticas frecuentes y toleradas en diversos estados del País; es decir, interpreto, que la violación consuetudinaria de una norma jurídica equivale a abrogarla y por ende, infringirla no acarrea ninguna consecuencia, ni debe la autoridad hacerla cumplir y, menos aún, los que resulten perjudicados física y materialmente deben acudir a la justicia.

El eco de la frase —“práctica frecuente y tolerada”— planteada en tono condescendiente, se reproduce como música de fondo en cada uno de los hitos del trágico acontecimiento, porque el detalle con el que se les describe hace evidente que en México el imperio de la Ley es una quimera.

Un grupo ciudadano que se considera agraviado y que no encuentra la forma de ser escuchado, asume que esto justifica actuar fuera de la ley, incluso perjudicar a terceros; mientras que quienes representan al Estado, piensan que su condición de servidores públicos les da el derecho a violarla.

Por ende, una conclusión trágica que se desprende del Informe, es que así como éste califica de “práctica frecuente y tolerada” la comisión de delitos como: el secuestro (privación de la libertad de pasajeros y choferes), el robo (toma de autobuses), el pandillerismo, la afectación a las vías de comunicación y medios de transporte, también, por la impunidad que prevalece, pueden calificarse como “práctica frecuente y tolerada”, los delitos, en este caso perpetrados por servidores públicos, como el cohecho, el ejercicio ilegal de facultades, la coacción a la autoridad, contra la integridad corporal o psíquica, y contra la libertad física, incluyendo en estos últimos la desaparición forzada.

Así, los hechos descritos en el Informe del GIEI revelan como los puestos públicos y las investiduras oficiales con las que se representa y actúa a nombre del Estado, se usan como franquicias para delinquir —y por aberrante que parezca— para delinquir con la ley en la mano, porque en el borroso imperio de la incertidumbre jurídica se puede estar al mismo tiempo con un píe puesto en el terreno de la legalidad y con el otro en el de la ilegalidad.

En este contexto, los muchachos de Ayotzinapa se colocaron en una posición vulnerable en el momento mismo que decidieron violar la ley, porque eso le dio a la cara legal de las autoridades políticas y policiales la justificación para hacer uso de la fuerza y perseguirlos, mientras que a su cara ilegal, le proveyó de una coartada para emplear las armas, aprehender a un grupo de ellos y finalmente desaparecerlos, por causas que aún desconocemos.

En la degradación superlativa del Estado, criminales y autoridad aparecen amalgamados en un mismo cuerpo donde resulta imposible saber el principio y el final de cada uno, porque el dinero —y más cuando se le suman las armas— los funde en una mancha que con facilidad se extiende a otros ámbitos de la sociedad civil; se compran ojos, oídos, brazos, piernas y, en especial, voluntades.

Por ello, así como los expertos sugieren con toda pertinencia ahondar las indagatorias respecto al quinto autobús, también debe investigarse la posibilidad de que la banda de Los Rojos hubiera tenido infiltrados entre las decenas de muchachos que participaron en el secuestro de los autobuses para que, con la coartada de la toma de éstos y escondidos entre la masa, intentaran perpetrar algo en contra de Guerreros Unidos, el grupo rival.

Desafortunadamente, el peso de la tragedia y la presión social han convertido en tema tabú la más mínima sugerencia de que, al amparo de plata o plomo, el narco hubiera podido penetrar en el alumnado de Normal Isidro Burgos.

Pensar que una línea de investigación en este sentido, implica mancillar el nombre de los desaparecidos, justificar su suerte, ponerle a la Normal una etiqueta que avale la barbarie usada en contra de sus alumnos, legitimar un crimen y exonerar a los responsables, son apreciaciones erróneas que dejan fuera del análisis de los hechos, la posibilidad de que, sumada al conjunto de elementos que derivaron en la desaparición de los muchachos, éstos hubieran sido también víctimas de una traición que facilitó las cosas a quienes los atacaron o de una manipulación para crear una cortada, actuar de pantalla y, en su caso, servir de carne de cañón.

El reto del nuevo trabajo que emprenderá el GIEI no está sólo en buscar una verdad sólida y congruente donde todas las piezas cuadren, sino también en romper tabús que permitan buscarlas o descartar su existencia en donde todavía no se ha mirado.

Cuando la corrupción se legaliza se convierte en metástasis

Como si estuviéramos viendo una película de guerra realizada por los vencedores, a nadie sorprendieron los resultados del informe que presentó Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, sobre los bienes inmuebles que adquirieron el presidente de la República y el secretario de Hacienda, de uno de los principales contratistas del Estado de México y Gobierno Federal.

Pero anticipar el desenlace de una película, más aún si estamos del lado de los vencidos, no evita que al presenciarlo dejemos de sentir frustración por no poder cambiar la historia y, sobretodo, como ocurrió en este caso, una profunda irritación porque se nos plantean las conclusiones como si fuéramos idiotas. Y eso añade sal a la herida.

Este proceso de investigación nació viciado, porque el primer conflicto de intereses que se dio fue dejar en manos de un subordinado valorar la situación legal de su jefe, entre cuyas atribuciones está precisamente la de nombrarlo; designar a los secretarios de Estado sólo compete al presidente de la República.

Lo procedente hubiera sido que una comisión ad-hoc nombrada por el Congreso fuera la responsable de la investigación. Sin embargo, salvo declaraciones de banqueta, ningún grupo parlamentario alzó la mano con seriedad cuando ésta se inició. Inhibición que hace recordar aquello de que lance la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Sospechoso silencio, cuando en otras latitudes investigar este tipo de asunto hubiera sido encomienda irrenunciable del Poder, al que por ley y de cara al ciudadano, le toca servir de contrapeso del Poder Ejecutivo.

La realidad fáctica es que las operaciones inmobiliarias entre el presidente de la República, el secretario de Hacienda, la esposa del primero y el Grupo Higa, se dieron, no porque los caprichos del destino los hubiera puesto sobre el mismo camino, sino porque entre ellos existía una relación previa, que por lo menos databa de la época cuando dicha empresa fue contratista del Gobierno del Estado de México que presidía Peña Nieto y cuyo secretario de Finanzas era Videgaray.

Este antecedente implica que, aun sin que Peña Nieto y Videgaray estuvieran ocupando un cargo público en esos momentos, la adquisición de inmuebles propiedad de Grupo Higa, y además hecha en condiciones ventajosas, representa, en el menor de los casos, un inobjetable conflicto de interés.

Peor aún, si consideramos que durante el lapso que se dieron las operaciones de compraventa, Peña Nieto no era un simple exburócrata en busca de empleo, sino que con el apoyo de Videgaray fue, en primer término, candidato a la presidencia de la República y, después, presidente electo.

Más grave aún que, una vez investido Peña Nieto como jefe del Ejecutivo Federal y Videgaray nombrado secretario de Hacienda, Grupo Higa se integrara de manera muy activa y en proyectos de gran magnitud, como contratista del nuevo gobierno.

Sólo un necio o alguien que asume a la idiotez como condición inherente a la de ciudadano, puede negar que el conflicto de intereses se dio por todo lo que involucró a los actores antes de las operaciones de compraventa, como por lo que sucedió después de que éstas se realizaran.

La ley se pervierte cuando se usa para negar su espíritu, para justificar que se le transgreda y para posibilitar lo que prohíbe. Esta degradación borra el Estado de Derecho y da lugar a la incertidumbre jurídica, donde lo único seguro es que la ley siempre se incline del lado del poder y del dinero.

¡Cuánto lodo se ha legalizado! Ventas de bancos y empresas públicas, concursos, permisos, licencias, concesiones, sentencias judiciales, adjudicaciones directas, e invitaciones a tres donde en realidad se trata de uno solo acompañado de dos comparsas seleccionadas a modo. ¿Cuánto de esto ha tenido como corolario la frase ”y se actuó conforme a derecho”?

Cuando la corrupción se legaliza deja de ser una enfermedad crónica y se convierte en metástasis.

Y esta frase no es una metáfora sino una realidad descriptible y palpable, porque se observa en la tergiversación de nuestros valores al momento de aplaudir y reconocer al pillo por astuto, mientras al honesto se le tilda de necio o pusilánime.

Es metástasis porque está presente en las estructuras del Estado y en la iniciativa privada donde su reproducción imparable y nutrida de sí misma, nos carcome restándonos energía, ya que ésta debemos utilizarla, no para crecer y prosperar, sino para paliar lo que la corrupción deja torcido y para defendernos de quienes saben usarla para tomar atajos. Basta ver a los ciudadanos del Distrito Federal defendiendo su hábitat de los depredadores urbanos, que tan hábiles son para alcanzar alturas que dan vértigo como para reptar y sacar provecho del lodo.

Nada, salvo un agravio más, ganó la sociedad con el informe del secretario de la Función Pública. Pero en cambio para nuestra mala fortuna, ésta sí resentirá que con este episodio la autoridad moral del presidente de la República se haya evaporado por completo, porque los escenarios que confronta el País en los ámbitos externo e interno nos someterán a duras pruebas, lo que haría imperativo un liderazgo —hoy imposible— que ayudara a definir el rumbo, sirviera de avanzada y resultara convincente para animar, sumar y pedir sacrificios en tiempos difíciles.

La autoridad jerárquica concede a cualquiera la calidad de jefe. Pero, el liderazgo hace indispensable combinar jerarquía con autoridad moral. Los jefes sólo sirven para mandar, en cambio los líderes, son los que proveen una visión, cohesionan y hacen a una nación avanzar.