Primera dama; resabio cortesano que bien vale borrar

Las esposas de los presidentes de México arriban a la residencia de Los Pinos de la mano de sus maridos. Ellas (algún día también habrá ellos) son tan circunstanciales en la escena nacional como lo sería cualquier otro pariente político o sanguíneo del mandatario en turno, quien para llegar a serlo tuvo que competir en unas elecciones donde se vota por individuos, que no por matrimonios.

Tan evidente es el carácter circunstancial de la consorte del presidente de la República que, para ocupar este cargo, la Constitución no establece ninguna condicionante respecto a su estado civil.

Tampoco la esposa del jefe del Poder Ejecutivo tiene previsto ningún rol específico dentro de la Administración Pública. Ni siquiera en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, porque ella sólo preside de manera honoraria y a título personal, una entelequia administrativa denominada Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema DIF. Mientras que dicho Sistema lo dirige ahora, por designación presidencial, la esposa de Osorio Chong, Secretario de Gobernación, lo que desde mi perspectiva y al margen de consideraciones éticas, es un conflicto de intereses dado que una de las atribuciones de éste es coordinar a los secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública, para garantizar que se cumpla lo que ordene el titular del Ejecutivo.

El término “Primera dama” surge en los Estados Unidos. Nación, donde por haber sido colonia del Imperio Británico, lugar en el que abundan los títulos nobiliarios, resultó lógico que a la esposa de su primer presidente, se le llamara Lady Washington.

Más adelante, en el siglo XIX a las esposas de los presidentes estadounidenses, se les denominó ocasionalmente como: “First Lady of the land”. Así, el uso de este término se fue popularizando hasta que mutó al de “First Lady” que conocemos ahora, y que está arraigado en la cultura y escenario político de ese país.

En América Latina, el término “Primera dama” se difundió al amparo de las casas presidenciales —incluso algunas oficializaron el cargo— que con gusto y para el halago de su vanidad, emularon con entusiasmo, como si así se parecieran, los usos y costumbres de quienes gobiernan en la potencia continental. Aunque para esto también contaron con la complicidad de los medios que, con base en la ley del mínimo esfuerzo, gustan de empacar las cosas dentro de etiquetas.

En México, el vocablo “Primera dama” adquirió un carácter oficial en esta administración, al empezar utilizarlo en su página web para denominar como tal a la esposa del presidente.

Mi opinión es que al margen de las fobias que con vehemencia y razón se ha ganado la cónyuge actual de Enrique Peña Nieto, el término “Primera dama” debe ser eliminado del vocabulario oficial del Gobierno mexicano y ojalá así ocurriera con los medios, por los siguientes argumentos:

Primero.-

Es un resabio cortesano que no encaja en una cultura republicana y que marca distancia con el pueblo, porque parece que a éste se le mira desde arriba y muy lejos, pese a que el acceso a la casa presidencial de sus temporales inquilinos, se debe a que ese mismo pueblo se los permitió al elegirlos, a condición de que lo sirvieran y respetaran las leyes que él se ha dado.

“Primera dama”, “Pareja presidencial”, “Familia presidencial” son expresiones con tufo aristocrático, cuyo uso ignora que, con base en nuestros principios democráticos, elegimos cada seis años a un mandatario que no a un grupo mandantes, integrados por el presidente y su prole, quienes al disfrutar de la utilería del poder se constituyen en efímera realeza, que en las más de la veces ha tenido tristes finales, porque pasaron por alto que en política, lo que empieza por ser perfume termina apestando.

Si así ha ocurrido es porque lo hemos permitido.

Segundo.-

Es sexista, porque con cierta condescendencia se le da a una mujer un título informal, cuyo equivalente, en el caso opuesto, no se usaría jamás con un hombre, porque dada nuestra cultura machista eso sería tanto como ponerle al marido un delantal enfrente de sus amigos.

Nunca oímos que al esposo de Margaret Thatcher le llamaran: “First Gentleman” y tampoco creo que este término se use con Bill Clinton, en caso de que su esposa Hillary sea elegida presidenta de los Estados Unidos.

Tercero.-

No se puede llamar “Primera” a una persona que, salvo su marido, nadie escogió. Ni tampoco tiene ningún mérito ser la esposa de quien por circunstancias ocupa un cargo público.

Poner por esta sola razón a una mujer al principio de la línea, resulta ofensivo para la demás mujeres, entre las cuales con seguridad hay muchas cuya calidad humana, méritos profesionales o vocación para servir a los demás, las pondría por delante de aquella que, efímeramente, se dice que es la primera.

Primera, sólo la República; que después sigan las damas y los caballeros, y entonces que cada uno decida quién, entre ellas y ellos, es primero.

Tú, ¿qué ves en esta fotografía? El Estado en cuclillas

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Como patética analogía de un gesto de derrota, el Estado, representado por la Procuradora General de la República, observa en cuclillas la obra que permitió el escape del Chapo Guzmán, mientras un ayudante le detiene el brazo para evitar que ella caiga por el mismo hueco, donde pocas horas antes el delincuente, con seguridad satisfecho, asomó la cabeza.

Un policía federal ilumina la boca del túnel para hacer visibles apenas, unos cuantos metros de su dilatada longitud que culminó justo debajo de los baños del penal. Así, la fuga del Chapo materializó aquello de que la corrupción hace porosos los cimientos del Estado y convierte en quimera los objetivos fundacionales de nuestro marco institucional.

La única certeza disponible no es aquella que otorga el imperio de la ley al que aspiramos, sino la del reino del dinero que lo puede todo. Y de éste, los narcos tienen mucho.

La tierra alrededor de la boca del túnel da testimonio del paso de decenas de personas, pero su soltura apenas retiene las huellas; éstas desparecen o se transforman ante la impresión de las más recientes.

Sirva esto para ejemplificar lo que pasa en la administración pública, cuya estructura, distribución de funciones y programas se convierten en patrimonio de sus efímeros ocupantes, que tan pronto asumen el cargo gritan a los cuatros vientos la palabra reestructuración, como si ésta fuera un conjuro mágico para en meses arreglarlo todo, sin tomar en cuenta que en más de las veces construyen destruyendo y borrando memorias que les evitarían cometer los mismos errores de sus predecesores.

Ejemplo de lo anterior es lo que ha ocurrido en las dependencias a cargo de la procuración de justicia y la seguridad. Desde 2000 a 2015 el lapso promedio que dura un procurador general de la República en el cargo es de poco más de dos años, mientras que dentro de ese período fuimos testigos de la creación y extinción de la Secretaría de Seguridad Pública.

En suma, un listado de falsos comienzos para atender una de las cuestiones que más preocupan al ciudadano; su seguridad. Al final éste termina pagando con sus impuestos: el desperdicio de esfuerzos y de recursos, la improvisación, las curvas de aprendizaje (a menudo lento), los efectos negativos de una acelerada rotación de funcionarios, así como las ocurrencias de éstos o la implantación de sus gustos personales, en cuestiones tan nimias como el decorado y la amplitud de sus despachos.

Comparto con la procuradora el sentimiento de desolación que expresa su rostro al mirar ese boquete. Pero, no por las mismas razones, sino porque esa obra planeada es monumento fehaciente de cómo se ha fragilizado el Estado mexicano al mezclarse corrupción, ineptitud e improvisación.

Ese hueco que pasma a la procuradora es desolador, porque en la fragilidad del Estado se inscribe la inseguridad de la población y la hipoteca de su futuro.

La negación como síntoma de la neurosis gubernamental

En las personas que padecen neurosis, la negación y la evasión son mecanismos de defensa para evitar confrontarse con un hecho o situación que, en principio les causará un dolor profundo y, más adelante, las obligará a tomar decisiones drásticas para sus vidas.

Con base en lo anterior, me pregunto si los gobiernos actúan también de manera neurótica. Es decir, negando o evadiendo la realidad, de tal suerte que los errores no se asumen y los problemas quedan insolutos; escondidos en la polvareda que levantan la verborrea, la promulgación de leyes, los programas gubernamentales, las ceremonias y la politiquería. Hasta que la necia realidad precipita el polvo y nos deja ver que ahí, enfrente de nuestras narices, siguen incólumes, y quizá, más fortalecidos.

Un ejemplo de negación gubernamental es la enconada persistencia en mantener, incluso ampliar, el programa No Circula, pese a que éste no atiende el origen del problema, a su probada ineficacia y a los efectos contraproducentes que ocasiona.

El No Circula, que fue iniciado por los ciudadanos de manera voluntaria, se convirtió a mediados de los años ochenta en un programa gubernamental de observancia obligatoria. Pero, sólo se aplicaría durante los meses de invierno, cuando el clima y la pésima calidad de la gasolina de aquel entonces, propiciaban frecuentes inversiones térmicas.

Esta medida, al retirar cada día hábil el 20 %de los automóviles, produjo de inmediato un resultado palpable en la contaminación y en el tráfico. Beneficios que estimularon al ciudadano a que durante algunos meses, se abstuviera de utilizar su automóvil un día a la semana. Así, las cosas parecían bien encaminadas hasta que llegó un iluminado al gobierno de la Ciudad de México y tuvo la brillante idea de convertir el programa en permanente, porque supuso que eso permitiría extender los beneficios durante todo el año.

En efecto, desde el palomar burocrático donde anida el monopolio de la verdad, patrimonio inseparable de todo político ungido por la gracia de Dios con un cargo superior, se asumió de manera equivocada que cambiar el programa de temporal a permanente, no tendría ningún efecto en el comportamiento de los automovilistas, quienes de inmediato empezaron a considerar la compra de un auto adicional.

Asimismo, se pasó por alto que el incesante crecimiento del parque vehicular de la Zona Metropolitana del Valle de México, nulificaría en poco tiempo los supuestos beneficios, porque en la práctica lo que se hacía, era equivalente a bajar un escalón de una escalera eléctrica en ascenso; a poco de descender uno regresa a la posición original.

Veamos cuán rápido sube esta escalera: el crecimiento promedio del parque vehicular la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye las 16 delegaciones y los 59 municipios conurbados del Estado de México*, fue de 5% anual durante el período 1980 – 2013. Más aún, en los últimos ocho años de este período la tasa fue aún más acelerada con un media anual de 9%.

Otro dato que resulta muy revelador, es que mientras en 1980 los municipios conurbados del Estado de México, —aunque algunos no lo eran en esos momentos porque no los había alcanzado la mancha urbana—, representaban sólo el 9% del total de vehículos en Zona Metropolitana del Valle de México. Hoy día equivalen al 43%. Más aún, la población capitalina dentro de ésta, es ya minoría.

El otro aspecto que ignora el No circula es el efecto que tiene en el mercado de automóviles usados. Más ahora, con la implantación del Doble No Circula que obliga a los autos con una antigüedad superior a 8 años, a no circular un día a la semana y dos sábados al mes.

Un auto que se renueva no desaparece, sólo cambia de dueño. Este comercio lo incentiva el No Circula porque obliga a remplazar vehículos que, aun cumpliendo con los límites de emisiones permitidas a modelos recientes, deben dejar de circular porque ya alcanzaron una antigüedad de ocho años. Esta situación deprecia su valor y ello sirve de acicate a que crezca el mercado de segunda mano. Así, el aparente beneficio de contar con una flota renovada, se diluye al estimular su expansión.

Lo paradójico, ante un pésimo transporte público, es que el Doble No Circula ha ayudado a muchos de sus usuarios de ese sistema, a convertirse en automovilistas, aunque sólo sea veintidós días al mes.

La opinión favorable de la Suprema Corte de Justicia respecto a al amparo que un juez federal otorgó a los dueños de aquellos vehículos con una antigüedad superior a ocho años, para que no se sujeten al No Circula, siempre y cuando sus automóviles cumplan con el límite de emisiones contaminantes, pone de manifiesto que esta referencia, que no la antigüedad del vehículo, debe ser el criterio que se aplique para permitir o no su circulación.

Más aún, la constante reducción dicho límite, debe ser, como ocurre en muchas ciudades del mundo, la herramienta principal para inducir a la renovación de la flota con vehículos de menor cilindrada y para eliminar de ella — que no para cambiar de manos—, a aquellos que no las cumplan.

Pero debemos reconocer, que la causas raíz de la contaminación de la Zona Metropolitana del Valle de México se originan en un urbanismo acelerado y anárquico, aunado a un pésimo transporte público, a políticas públicas incongruentes, si no es que erráticas, en materia de movilidad, a la voracidad depredadora de los desarrolladores, a la corrupción que todo lo tuerce, a la ineptitud de quienes gobiernan, a la improvisación, a las ocurrencias y, a la infinita paciencia ciudadana para caminar con todas estas piedras en el interior de los zapatos, sin apenas levantar la mano.

En su neurosis, el Gobierno capitalino se ha propuesto convertir al Distrito Federal en un Estado más, sin considerar que éste es parte, —y en términos relativos cada vez más pequeña—, de la gran urbe definida la Zona Metropolitana del Valle de México, cuyos habitantes viven y conviven a diario dentro ella, aunque con creciente dificultad. El aumento dispar de las poblaciones del DF y de los municipios conurbados, deja claro que en el primero predominan los centros de trabajo y en los segundos las viviendas.

Por ello, resulta absurdo el empeño que se ha puesto en un asunto jurídico, que sólo está destinado a inflamar el ego del temporal prócer capitalino y a crear nuevos espacios para nutrir a la clase política de poder y dinero, cuando las soluciones de los problemas de la Zona Metropolitana, demandan mayor altura de miras y, sobre todo, el atrevimiento de pensar fuera de la caja. Pero en el reino de la neurosis gubernamental, la audacia es tan improbable como constante es la negación.

*Gaceta del Gobierno del Estado de México 23 de enero de 2006