La ilegalidad no justifica la ilegalidad

Asumiéndose como el Gran Hermano orwelliano, alguien con suficientes recursos humanos, económicos y tecnológicos, graba con admirable nitidez, conversaciones telefónicas provenientes de celulares y números fijos. Después, las edita prolijamente en videos, de tal forma que las palabras no sólo se escuchen sino también se vean y, por último, las difunde por goteo desde la clandestinidad más absoluta y, en apariencia, imposible de rastrear.

Los hechos develados provocan el escándalo. Éste erupciona cual volcán; una tras otra las columnas de ceniza se suceden alcanzando nuevas alturas. La sociedad, ofendida, despliega su rabia en las redes sociales, los medios capitalizan la nota del día y los columnistas se regodean con los pormenores. Así, la justicia mediática hace posible que en tiempo record, ocurran la presentación de pruebas, el juicio y la condena.

Agazapado en el anonimato, el Gran Hermano observa complacido cómo funciona la psicología de la masa. Para ella, la sola ilegalidad del acto develado es razón suficiente para darle a éste y a las especulaciones que de él se desprendan, una validez incuestionable.

Este hecho nos coloca en una situación paradójica; nos ofende la ilegalidad denunciada, y más aún porque la consideramos como un daño a nuestro patrimonio, pero al mismo tiempo consentimos al que viola el derecho que todos tenemos en cuanto a la protección de nuestra privacidad. En otras palabras, aceptamos de manera implícita que la ilegalidad justifica la ilegalidad. En la jerga del mundo criminal esto se llama ajuste de cuentas.

Tienen razón quienes dicen que las conversaciones telefónicas donde se hable de delinquir, deben dejar de ser privadas. Pero decidir esto, con base en nuestras leyes, no es una potestad individual sino que supone, en primer término, que el órgano encargado de la procuración de justicia, al presumir la comisión de un ilícito, pida la autorización de intervenirlas y, en segundo, que un juez la conceda. Y, aun así, este permiso no incluye airearlas en los medios sin ninguna restricción, menos aún si eventualmente se constituyeran en pruebas para presentarse durante un juicio.

La denuncia mediática deriva en condenas populares, pero en la mayor de las veces no trasciende en sentencias judiciales, lo que en los ciudadanos legos en los procedimientos penales, que son la gran mayoría, exacerba su desconfianza en las instituciones, a las que juzgan de pasivas, incluso las llegan a calificar de cómplices, porque no entienden su inacción ante evidencias que ellos juzgan incontrovertibles. Sin embargo, por escandalosa que sea un develación, la aplicación de la ley necesita de otros elementos para actuar, y además hacerlo garantizando los derechos de acusadores e inculpados.

Lo que menos pensamos en la vorágine mediática es que quienes prenden la mecha del escándalo, no optan por la vía judicial, porque no buscan que se haga justicia sino cobrar venganza. Por ello, su anonimato resulta sospechoso. ¿Por qué no dan la cara para que la sociedad pueda asociar su calidad moral con los hechos que denuncian? ¿Por qué no presentan sus denuncias de manera pública y ante las instancias judiciales? ¿Por qué evaden la responsabilidad que implica actuar como denunciantes?

Si tuvieran el atrevimiento de dar un paso al frente, contribuirían en serio a favor de la legalidad, en cambio, al cobijo del anonimato están haciendo lo contrario. No es lo mismo tirar la piedra y esconder la mano, que tomar la piedra para ayudar a construir algo.

La divulgación de conversaciones y videos obtenidos en forma ilícita debe, por congruencia, ser considerada de la misma manera: ilícita. No hacerlo así, sería tan absurdo como no calificar de ilegal la compra de un automóvil que de antemano sabemos que es robado y argumentar al mismo tiempo, que al adquirirlo no estamos haciendo nada malo porque fue otro quien lo hurtó.

Quienes irrumpen en la intimidad de una persona acceden a información que rebasa en mucho su esfera pública; asuntos familiares, cuestiones sentimentales, sus finanzas, temas domésticos, etc. Así, se hacen de un acervo que pueden manipular y utilizar a su conveniencia según los objetivos que persigan. De esta forma han caído periodistas, empresarios, artistas, deportistas, políticos, etc. ¿Durante cuánto tiempo se grabaron las conversaciones de Lorenzo Cordova? El suficiente hasta que hubo material para armar el escándalo. ¿Cuánto más saben de él?, ¿cuándo y cómo lo harán público? Peor aún, ¿a cuántos más están grabando ahora? Quizá, entre éstos, haya algunos que hoy se regocijan escuchando las grabaciones de otros.

La permisividad que ha alcanzado la divulgación de grabaciones y videos obtenidos ilegalmente, y que constituyen una violación al derecho a la privacidad, nos lleva a una situación peligrosa, porque al no haber consecuencias para los responsables, o mejor dicho al salirse éstos con la suya, se incentiva la comisión de un delito y con ello se abona la cultura de la ilegalidad. O, si somos cínicos, de la legalidad selectiva en la llevamos largo tiempo transitando; todo depende de quién se trate o para qué sirvan las cosas.

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