Tú, ¿qué ves en esta fotografía? “Niña siria”

Niña siria

En un campo de refugiados, Nadia Abu Shaban, reportera y fotógrafa palestina, se aproxima a una niña siria para retratarla. Ésta, asume que la cámara es un arma y de inmediato levanta las manos en señal de rendición. Los puños cerrados delatan su tensión y la rigidez de su gesto le ayuda a contener el llanto. Sus ojos enormes, tan característicos de los niños del Medio Oriente, se fijan atentos y preocupados en el artilugio que apunta hacia ella. No hay en ellos ni brizna de alegría y menos aún su boca dibuja alguna sonrisa. La gravedad de la escena contrasta con los motivos infantiles de su atuendo.

¿Cuántos años tendrá?; apenas unos cuantos, quizá tres o cuatro, menos de los que en su País ha durado la guerra civil. Su reacción apresurada y mecánica lleva a pensar que esa forma de reaccionar es una conducta adquirida en el campo de batalla donde la colocó la vida. Ha aprendido a sobrevivir antes que a vivir y junto con miles de niños sirios, deambula en tierras ajenas, depende de quienes le brindan refugio y su existencia se resume a vivir el presente; ni ella, ni sus padres, si todavía los tiene, pueden soñar con el porvenir.

Estos niños no juegan a la guerra sino la guerra, como el destino, juega con ellos. En instantes los convierte en adultos. Su vida, por corta que sea, corre a zancadas. ¿Cuánto de su futuro determinarán esos años intensos?

La guerra se decide, se discute y eventualmente se detiene por quienes ni la viven, ni la sufren. Desde oficinas asépticas observan el conflicto, como quien juega una partida de ajedrez. ¿Qué importa sacrificar algún peón, si eso asegura una ganancia? Eso son los niños en cada conflicto bélico; apenas peones.

A más abstención, menos financiamiento: propongamos una iniciativa ciudadana

¿Valdrá la pena votar? fue el título de mi pasada entrega, pregunta que suscitó entre mis amables lectores comentarios muy variados respecto a cómo la responderían.

Quienes contestaron en sentido positivo, argumentaron que votar era un deber como padres y ciudadanos. O bien, me dijeron que no hacerlo implicaría claudicar. Por su parte, aquellos que respondieron en forma negativa, señalaron su hartazgo de una clase política que sólo se sirve a sí misma, por lo que asumen que cualquiera que sea el resultado electoral nada cambiará.

Entre ambas posiciones están los todavía indecisos. Algunos de ellos admiten que están inmersos en una encrucijada que todavía no resuelven y que les incomoda, porque hasta ahora siempre habían acudido a la urnas convencidos de que cumplían con una obligación ciudadana.

Por último, también encontré el caso de aquellos que desean expresar su voluntad pero que no aceptan que esto deban hacerlo escogiendo al menos malo, por lo que acudirán a las urnas pero anularán su voto. Aunque reconocen que eso será sólo un gesto simbólico sin ninguna implicación.

Este conjunto de opiniones me llevan a pensar que nuestro sistema y procedimientos electorales tienen restricciones que limitan el derecho a elegir del ciudadano, porque lo encajonan para que se decida por alguien, aunque no lo convenza, o lo orillan a que anule su voto, o de plano lo alejan de las urnas.

Con base en esto les comparto las siguientes reflexiones y una propuesta:

En primer término, creo que nuestras actitudes y opiniones respecto al voto, y que en ocasiones llegan a expresarse como un dilema moral, se derivan de que a un mismo acto le estamos dando dos significados distintos, como claramente lo señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el Artículo 7, fracción 1: “Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular”.

¿Es congruente que un derecho sea a la vez una obligación? ¿Cuál de las dos categorías es la prevaleciente: el derecho o la obligación? Más aún, si un derecho supone que el individuo goza de plena libertad para ejercerlo a su conveniencia, considerarlo como obligación ¿no equivale a coartar su libre albedrío?

Creo que lo mejor sería separar las cosas: Presentarnos a las urnas debe ser una obligación, cuyo incumplimiento en algunos países incluso está penalizado, pero decidir cómo expresamos nuestra voluntad es un derecho inalienable que no puede estar acotado a una lista de opciones donde no esté incluida la posibilidad de abstenernos de una manera clara y manifiesta, sin que ello signifique la anulación de nuestro voto y por tanto la de nuestro derecho.

Si existiera una casilla con la leyenda “Me abstengo”, el ciudadano podría ejercer a plenitud su derecho a elegir; esto es: votar por alguien o abstenerse en forma expresa.

Es relevante mencionar que aquellos a quienes votamos para integrar el Congreso, pueden, a nuestro nombre, votar o abstenerse respecto a cualquier moción. Si ellos tienen esa prerrogativa, ¿por qué no podemos tenerla también cuando se presenten ante nosotros como candidatos?

Por otra parte, la contabilización de dicha casilla permitiría distinguir tres fenómenos electorales que hoy día están entremezclados: absentismo, abstencionismo y anulismo, y cuyos sendos análisis enriquecerían los diagnósticos de nuestra vida política. Al menos, ya no les llamaríamos abstencionistas a muchos muertos.

La posibilidad de abstenerse en forma manifiesta sin dejar de presentarse a la urnas o sin tener que anular la boleta, refrescaría el interés de la sociedad por el proceso electoral, porque un segmento de la población podría hacerle explícito a la clase política, que no se identifica con ninguno de sus candidatos y que menos aún los consideran sus representantes.

¿Cómo hacer que la abstención manifiesta la tomen en serio los partidos?

Para ello será necesario cambiar la Constitución. ¿Sabías que el financiamiento a los partidos tiene en la Carta Magna un candado presupuestal, que en cambio no tienen otros rubros prioritarios para la vida de los mexicanos como: la educación, la salud, la investigación y el desarrollo? Ahora entiendes que el imperio de la partidocracia es una cuestión seria que nos afecta y no un mero término con fines descriptivos.

En esencia, el financiamiento a los partidos está asociado al crecimiento orgánico de la población, expresado en el padrón electoral. Así, el número de ciudadanos que estén inscritos en él, se multiplica por el 65% del Salario Mínimo Diario del DF para calcular la bolsa que se repartirá entre los partidos.

Como el tamaño de la bolsa resulta de combinar el aumento poblacional que se refleja en el padrón o lista nominal y el incremento anual del salario mínimo, esto implica que su dimensión crezca por encima de la tasa inflación. Además, como la fórmula está inscrita en la Carta Magna, su magnitud es inmune a cualquier criterio o ajuste presupuestal; el financiamiento a los partidos es un asunto tan sagrado e inamovible que no puede afectarse por fenómenos económicos tan vulgares como: depresiones, devaluaciones, caídas del precio del petróleo, crisis mundiales, etc.

Por otra parte, el tamaño de la bolsa aumenta 30% cuando hay elecciones de medio período y 50% en las elecciones presidenciales. Por ejemplo, este año será de $4,847 millones. A esta cifra, todavía se le agrega 3% para capacitación, publicaciones, etc. y el costo de la franquicias de correos y telegráficas. Cabe destacar que además, los grupos parlamentarios de cada partido tienen acceso a otros recursos del erario Federal a través del presupuesto asignado al Poder Legislativo.

Este sistema de financiamiento al estar garantizado por la Constitución no contiene ningún mecanismo que estimule a los partidos a incrementar su representatividad; por ejemplo, si en las elecciones de julio sólo votara el 45% del padrón o el número de votos nulos fuera muy superior a la tendencia histórica, a ellos eso no les importaría en lo más mínimo. Lo único que les interesa es la proporción de los votos que obtengan, porque eso determinará el monto de dinero que mamarán durante los próximos tres años de esa infinita ubre presupuestal. De igual manera, seguiremos dando registro a partidos nuevos, aun si el número de votos que obtengan resulta menor al de los votos anulados.

¿Qué podemos hacer?

Elaborar y presentar una iniciativa ciudadana para que en la Constitución se modifique la fórmula como se calcula la bolsa que se reparten los partidos, de tal forma que se utilice en el número de votos emitidos descontando las abstenciones y los votos anulados, y no el número de ciudadanos inscritos en el padrón. Dicha iniciativa también tendría que incluir la modificación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su Artículo 7, fracción 1, para que en ella se estableciera que acudir a las urnas es una obligación donde el ciudadano podrá ejercer su derecho a elegir a quienes integren los órganos del Estado. Este derecho podrá expresarlo por medio del voto o absteniéndose de manera manifiesta para lo cual debe existir en la boleta una casilla para tal fin.

¿Te interesaría apoyar una iniciativa en este sentido? Necesitaríamos poco más de 100,000 firmas.

¿Valdrá la pena votar?

Cuando alcancé la edad de votar, el predominio absoluto del PRI hacía inútiles las encuestas y las proyecciones para anticipar los resultados electorales; todos sabíamos quienes iban a ganar. Así, cuando en Estados Unidos presumían que su sistema electoral era tan avanzado que les permitía conocer en horas al ganador de una elección presidencial, nosotros argumentábamos con ironía que el nuestro estaba por delante, porque el nombre del candidato triunfador lo sabíamos meses antes de la elección.

Aun así, muchos acudíamos a las urnas con el ánimo de dejar un testimonio en contra del partido gobernante. Pensar que la suma de los votos de la oposición y el abstencionismo resultaba mayor que los votos del PRI, equivalía a una especie de victoria moral, aunque claro, sin ninguna trascendencia práctica.

Sin embargo, vale la pena señalar que un largo período de crecimiento económico con baja inflación colocó a buena parte de la población en una zona de confort; para qué cambiar lo que funciona. Más aún, cuando en apariencia las nuevas generaciones escalaban peldaños por encima de sus predecesoras. Por ello, se obviaban los vicios del partido hegemónico y cuando incurría en excesos, muchos no sólo volteaban hacia otra parte sino también aplaudían.

Por ello, no fue casual que las evidencias del agotamiento de los modelos político y económico empezaran a manifestarse casi de manera simultánea. El primero en 1968 y el segundo en 1970. Aunque todavía debió pasar un sexenio, durante el cual la guerrilla urbana y rural cobró relevancia, para que en 1977 se llevaran a cabo reformas señeras al sistema electoral, que empezaron a facilitar el acceso de la oposición a los poderes públicos.

Veintitrés años después, un candidato que no provenía del PRI alcanzó por vez primera la presidencia de la República, lo cual fue en gran parte el resultado de un proceso continuo de reformas políticas encaminadas a emparejar la cancha para todos los partidos y garantizar la autonomía del órgano electoral. Hechos que no fueron gestos generosos de los gobiernos priistas, sino la consecuencia de una persistente presión social y del esfuerzo de muchas personas, algunas de la cuales incluso lo pagaron con sus vidas.

Así, el año 2000 marcó un hito importante en el desarrollo de la democracia en México. El cambio civilizado del partido al frente del Poder Ejecutivo nos dio confianza; el país había alcanzado una especie de mayoría de edad, que en principio debería ser el preámbulo de mayores avances en nuestro desarrollo político.

Asumimos con ingenuidad, que el solo hecho de que existiera limpieza e igualdad en la competencia política, era suficiente para colocar al frente de los tres poderes públicos a servidores públicos con vocación de servicio y cuyo desempeño debería expresarse en un Estado más eficaz en proveerle a la población el mayor grado de bienestar posible, en la expresión más amplia del término.

También suponíamos que ahora sí, los contrapesos constitucionales serían la garantía de que prevalecería el imperio de la ley. Además de que la alternancia dejaba en claro que de ahí en adelante ningún partido tenía garantizada la permanencia el poder y que los mandatos constitucionales son encomiendas temporales, sujetas a prueba y, por ende, a la rendición de cuentas.

Quince años después de ese 2 de julio, creo que nuestras expectativas fueron en exceso optimistas, y que no consideramos que la transformación de la cultura política que había imperado hasta ese entonces sería un proceso lento, tortuoso e incluso regresivo. Para ello basta comparar al IFE de aquel entonces con el actual INE; el de ayer un consejo de ciudadanos, el de ahora, uno de partidos.

El cadáver del viejo presidencialismo parece haber sido cubierto por una masa amorfa, integrada múltiples organismos de naturaleza muy diversa, a la que denominamos clase política. Ésta, al nutrirse de ese cuerpo en descomposición, ha reproducido sus genes aunque de manera fragmentada, dando lugar a feudos de diferentes tamaños y características, que están presentes en los tres poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno, y en lo que ni la ineptitud más evidente, ni la deshonestidad más obvia representan un obstáculo para pertenecer a ellos y menos para encabezarlos.

Esta feudalización del Estado aunado a su crónica debilidad institucional, lo hacen poroso e ineficaz para elevar su nivel de vida y para garantizarle a la población algo tan básico como su seguridad, por lo que se ha ido arrinconando en la medida que mafias de todo tipo y calibre han ido coartando su libertad.

El politólogo español Juan José Linz afirmó que no hay democracia sin Estado. Y esto es justo lo que nos está pasando. No se diga si además consideramos que hasta hoy el imperio de la ley es una ilusión y la rendición de cuentas una aspiración que en este momento se antoja inalcanzable.

¿Qué hacer? nos preguntamos. ¿Valdrá la pena seguir votando para legitimar a una clase política que sólo usa a la democracia como coartada para preservar y engrandecer sus privilegios y seguir mamando de la ubre presupuestal? ¿Será que nos ha tocado vivir la etapa de empeoramiento como el paso inevitable hacia un mejor porvenir, que quizá ni veremos?

Tenemos cuatro meses para pensarlo.