No hay negritos en el arroz cuando éste es negro

En nuestro escenario no apareció de repente el caso de los normalistas de Ayotzinapa. La cauda de este evento es tan larga y profunda que casi ha agotado nuestra capacidad de asombro. Por fortuna, todavía nos queda algún resabio de indignación, aunque el inminente riesgo que corremos es que cuando ésta se agote nos convirtamos en un país de cínicos. Y de eso estamos cerca.

Como sociedad nos dimos leyes para regular nuestra convivencia y poder desarrollarnos en armonía. En principio, decidimos ceder un poco de nuestra conveniencia individual a cambio de beneficiarnos de manera colectiva.

Pero no basta con promulgar leyes para vivir en un estado de derecho, se requiere como condición sine qua non que los valores que las sustentan formen parte de la cultura social. No habrá nunca un marco legal o un sistema anticorrupción efectivo, si la honestidad no es un valor que la sociedad viva y lo haga respetar sin excepciones. Peor aún, si en lugar de esto festina la riqueza mal habida como un rasgo de astucia, asimila al corrupto por el poder económico que representa, y señala al honesto como un estúpido.

Si la honestidad constituye una pieza fundamental del capital social de las naciones que progresan, la corrupción es un pasivo social que lastra el avance de los pueblos; cada paso adelante costará el doble porque habrá que hacerlo con una laja sobre la espalda. La globalización sólo ha hecho más evidente lo que esto significa para la competitividad de las naciones.

En México, el minúsculo ojo de la aguja de la ley se ha convertido en la amplia boca de un túnel negro donde cualquier camello puede cruzar con holgura, si su paso se allana con dinero. Esto nos ha llevado a una dialéctica perversa porque la impunidad del presente sirve de abono a la criminalidad del mañana.

Por ello aumentar las penas no tiene, como en el caso del secuestro, ningún efecto disuasivo que desaliente a los criminales en potencia. Quizá esto para lo único que sirva es para incrementar el monto de las mordidas. Más aún, y siendo cínicos, podemos decir que el narco no ha comprado nada que no se vendiera antes; sólo ha subido los precios para ganar mercado.

Pero también, la concepción borrosa que tenemos de la legalidad nos conduce a planteamientos contradictorios cuando los protagonistas de una situación determinada infringen la ley, porque es posible que obviemos los ilícitos de aquellos que después sufrieron en carne propia la comisión de ilícitos aún más graves. Así, al juzgar un hecho, podemos aplicar de manera simultánea un criterio de permisividad y otro de severidad respecto a la observancia de la ley. Todo depende de quien perdió más.

Los normalistas secuestraron camiones y pasajeros para trasladarse a dos horas de su lugar de residencia. Esto fue acto ilegal que incluso derivó en la muerte de personas que para su mala fortuna habían abordado esos vehículos y pagado un pasaje con la ilusa creencia de que llegarían a salvo a su destino, sin siquiera imaginar que terminarían atrapados en el fuego cruzado.

Ilegal fue que las policías de Iguala y Cocula, en lugar de resguardar a los normalistas y presentarlos a las autoridades judiciales, los entregaran, violando sus garantías y derechos más elementales, a un grupo de narcos, como si éste fuera la instancia superior de un macabro aparato judicial, para que los juzgaran, dictaran sentencia de muerte y, presumiblemente, la ejecutaran.

Ilegal es que se bloqueen vías públicas, pero lo toleramos. Ilegales son muchas fortunas hechas a la sombra del poder público, pero las toleramos y menos aún la sociedad hace preguntas o exige cuentas. Ilegal es vender en la vía pública artículos robados, contrabando o piratería, pero lo toleramos.

Ilegales eran las explotaciones mineras que en Michoacán y Colima se hacían a la vista de todos mediante las cuales se procesaban y transportaban miles de toneladas hasta que salían del país, pero se toleraban pese a su notable volumen físico que, las hacía tan inocultables, como atractivas para las empresas vendedoras de equipos, suministros, refacciones, combustible, etc. que entregaban su mercancía sin preguntar nada.

Ilegales fueron las operaciones de lavado de dinero del Citi y los trafiques inmobiliarios de WalMart pero los toleramos, hasta que para nuestra vergüenza las instituciones de procuración e impartición de justicia de otros países los detectaron y juzgaron.

Ayotzinapa no es el negrito en el arroz, porque éste hace tiempo que ennegreció.

¿Cómo recuperar el estado de derecho?, condición indispensable para cimentar un desarrollo sostenible.

No hay una respuesta sencilla, ni solución que lo resuelva todo. Más aún, porque no llegamos a esta situación de repente; así como el alcohólico no se convierte en tal con su primera borrachera, así también la degradación institucional no ocurre porque algunos cuantos perviertan el orden legal para su beneficio.

Quizá el primer paso es que asumamos que la recuperación del estado de derecho exige, que empecemos por admitir que la que observancia de la ley no entiende de decimales. Se cumple o se viola.

http://www.acletomasini.com.mx

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