Sueldos legales, pero inmorales

Las remuneraciones de los servidores públicos tienen relevancia política porque se pagan con el dinero del pueblo; es decir, el erario actúa como un mecanismo de transferencia mediante el cual los recursos públicos terminan en bolsillos privados. Esto le otorga a la sociedad el derecho a conocerlas con precisión y a exigir que su monto se ajuste a un principio de austeridad, amén de que sean acordes con las condicionantes presupuestales y con la realidad del país.

 

Durante el sexenio pasado, como un primer paso para que la Federación y los Estados expidieran sus sendas leyes de remuneraciones de sus servidores públicos, se reformaron varios artículos constitucionales, entre los que destacó el 127 donde se establece que todo empleado público recibirá una retribución por sus servicios.

 

En el orden federal, la redacción de dicha ley deberá ser una oportunidad para abordar temas que han quedado sueltos como: las pensiones y apoyos que reciben los expresidentes, las reglas para el uso de Los Pinos por parte del presidente en turno, y los mecanismos para la fijación de las remuneraciones de los poderes Judicial y Legislativo y de los órganos autónomos. Sobre todo si dicha ley establece el principio de que ningún servidor público pueda fijarse ni individual ni colegiadamente el monto de su remuneración, lo que evitaría casos que llaman la atención por su cuantía.

 

En efecto, de acuerdo con el Presupuesto de egresos de 2013, el ingreso anual de un ministro de la Suprema Corte de Justicia será de 6.1 millones de pesos. Cifra que en el mercado privado corresponde a un puñado de directores generales sobre los cuales recae unipersonalmente, que no colegiadamente como sucede en la Corte, la responsabilidad de conducir organizaciones de gran envergadura y complejidad administrativa.

 

Con base en esa cifra puede afirmarse que un nombramiento de 15 años como ministro de la Suprema Corte de Justicia equivale a tener un contrato de trabajo por 90 millones de pesos. A lo que debe añadirse que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, un ministro al retirarse con 15 años de servicio recibirá una pensión vitalicia que durante los dos primeros años será equivalente al 100 por ciento del ingreso de un ministro en funciones y después se reducirá al 80 por ciento. Incluso puede retirarse antes de ese lapso y recibir la parte proporcional.

 

¿Cuántos mexicanos cuyos impuestos sirven para pagar estas retribuciones pueden disfrutar de un retiro similar? La respuesta es simple: ninguno. Muchos ni siquiera cuentan con algún tipo de pensión, otros reciben apenas una fracción de lo que fueron sus ingresos y para lo cual debieron trabajar más de 30 años, mientras que a los jóvenes sólo les queda esperar que cuando cumplan 65 años el saldo de su Afore les permita contar con no más de tres salarios mínimos.

 

Reconozco y respeto la capacidad profesional de algunos ministros de la Corte, y de igual manera sé de la importancia de sus funciones, pero aun así no encuentro argumentos técnicos que justifiquen el monto de sus ingresos y pensiones.

 

En el mismo sentido, podríamos preguntarnos por qué se les debe conceder sin condicionantes una pensión vitalicia a los expresidentes.

 

En principio, concederles una garantía económica aseguraría que, al no tener que preocuparse por su futuro, acometieran su gestión atendiendo sólo al interés nacional. Pero esta idea romántica no se ajusta a los tiempos actuales, donde es factible lucrar con las relaciones hechas al amparo de puestos públicos y obtener de éstos una renta participando en consejos y conferencias.

 

Por ejemplo, en 2011, de acuerdo a Forbes, Ernesto Zedillo, quien en apariencia renunció a su pensión, obtuvo 11 millones de pesos como consejero de Alcoa, P & G y Citigroup, mientras que las acciones que ha recibido de estas dos últimas tienen un valor de mercado que supera los 30 millones de pesos.

 

¿Cuántos mexicanos pueden tener una pensión vitalicia por haber ocupado un cargo público durante sólo seis años? Salvo los expresidentes, ninguno. Y esto lo pueden hacer sin que importe su edad y pese a que puedan hacer ostentación de un nivel de vida que evidencie que en sus haberes hay algo más que su pensión. Cabría exigir que si reciben recursos del erario, debieran declarar su situación patrimonial, o ¿por qué no darles un plazo máximo para disfrutar de esa canonjía?

 

Lo curioso es que en todo esto no existe nada ilegal. Hay acuerdos firmados, presupuestos aprobados e incluso leyes federales que respaldan esos salarios y pensiones. Pero dada la lejanía que guardan con la austeridad republicana y el contraste brutal respecto a la situación de quienes los sufragan, bien puede afirmarse que aun siendo legales, esos ingresos son también inmorales.

Publicado en El Financiero 10 de enero 2013

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