La desunión fue abono de nuestras derrotas; nunca más

Risk and adversity concept

A los mexicanos nos enfurecen y preocupan los reiterados ataques y la petulancia de un personaje tan grotesco como Trump, pero también que esto ocurra en una situación interna donde no nos sentimos representados por quien, al encabezar el gobierno, debería tener la legitimidad moral para fungir como nuestro abanderado y aglutinarnos a su alrededor.

El liderazgo no es atributo que en automático adquiere quien ejerce un cargo, sino el resultado tangible de sus capacidades individuales y de una demostrada autoridad moral. Los jefes mandan, los líderes arrastran. Hace larguísimo tiempo que al frente del gobierno vemos solo efímeros jefes, que, como matrioskas, se van sucediendo en escala cada vez más pequeña. Contrario a lo que sucede con la creciente complejidad de la sociedad mexicana y sus problemas.

Si Trump ha insultado la dignidad de los mexicanos, Peña Nieto ha ofendido su inteligencia.

En una democracia madura con instituciones sólidas e inserta en una sociedad menos complaciente con la corrupción, Peña Nieto y Videgaray hubieran dejado sus cargos largo tiempo hace, para someterse a la justicia. Los episodios de la casa blanca y Malinalco, resueltos en el imaginario legaloide al que suele recurrir la clase política y donde es posible demostrar que dos más dos suman diez, limitaron la capacidad del presidente para conducir al País a su sola autoridad jerárquica. Manda porque para eso tiene atribuciones legales, pero no convence, ni inspira confianza.

El fiasco de la visita de Trump a Los Pinos que irritó e indignó a la ciudadanía, fue el golpe demoledor a la presidencia de Peña Nieto, porque agregó a su palmarés como mandatario, una gruesa exhibición de impericia, falta de oficio de político e ingenuidad, al dejar entrar a la Residencia Oficial a un fajador de barrio, que utilizó la ocasión y el escenario para realizar un acto de campaña, que horas después festinó burlándose públicamente de nosotros.

Videgaray, a quien se le achacó la idea, fue quien en principio pagó los platos rotos con su renuncia como secretario de Hacienda. Pero, la indispensabilidad del amigo entrañable y la estrechez del círculo íntimo, hizo que al poco tiempo regresará al gabinete como secretario de Relaciones Exteriores, cargo que asumió advirtiendo su inexperiencia en cuestiones diplomáticas. Afirmación ociosa porque ya lo había hecho obvio con su célebre ocurrencia.

La amistad presidencial puede convertir a cualquiera en secretario, incluso como ocurría antaño, hasta en presidente de la República. Pero no crea aptitud, ni rellena vacíos curriculares, ni suple la inexperiencia. Peor aún, si el nombramiento ignora a la opinión pública, porque lo interpretará como burla.

El debate suscitado alrededor de las marchas en contra de Trump y muchos de los carteles que se vieron en ellas, ponen de manifiesto el profundo carácter divisivo que ha alcanzado la figura de Peña Nieto, al grado de viciar una manifestación popular plenamente justificada ante las amenazas de quien, por desgracia para el mundo entero, preside el gobierno de Estados Unidos.

Esto pone de relieve la gravedad del momento que vive el País y, en especial, del escenario que habremos de confrontar durante los dos próximos años, en cuanto a la relación con nuestro vecino allende el Río Bravo.

De nuestro lado, como se evidenció desde que empezaron los preparativos de las marchas, las cosas no están puestas a favor de la unión entre nosotros y la claridad de objetivos, sino justo en la dirección opuesta. Un presidente desacreditado con nula capacidad de liderazgo, que además tiene delante de él apenas un año, antes de verse arrastrado por la dinámica electoral y su inevitable mudanza de intereses y apoyos políticos. Es cuestión de meses para que veamos en los poderes federales el corre-corre de la clase política, cuyos miembros renunciarán a sus actuales puestos, y quizá hasta a sus partidos, en busca de una nueva teta presupuestal. Será hasta junio de 2017 cuando el panorama político nacional empiece a aclararse.

En cambio, del otro lado, Trump disfrutará durante su primeros dos años con una cómoda mayoría republicana, sobre la cual se apoyará para lograr resultados en el menor tiempo posible y así poder retenerla. Dado lo breve del lapso para obtener algo tangible, que en verdad permee en su base electoral, lo más probable es que recurra a golpes de efecto; órdenes ejecutivas, leyes e implantación de políticas públicas, publicitadas con la mayor resonancia posible. En todo esto, México es un blanco perfecto, particularmente en el ámbito comercial y migratorio.

¿Qué podemos hacer?

Lo primero es dejarle claro a Peña Nieto que sus problemas de liderazgo y la proximidad de la terminación de su mandato, lo obligan a incorporar en cualquier negociación con los Estados Unidos, a los sectores académico y privado, así como a las organizaciones sociales que pudieran estar involucradas, porque mientras él y su equipo se irán en menos de dos años, para el País otro tratado comercial significará nuevas pautas para plantear su porvenir, lo que también hace indispensable que exista la mayor transparencia posible frente a la sociedad respecto a lo que se esté por acordar, como justo, en el caso del Brexit, se lo han demandado sus conciudadanos y los miembros del Parlamento Británico a la primera ministra, Theresa May.

En segundo lugar, se debe renovar el Ejecutivo Federal lo más pronto posible. Para ello será necesario modificar los artículos transitorios de Constitución relativos al inicio del período presidencial, para que sea a partir de 2018 y no hasta 2024 como está previsto, cuando este comience el 1º de octubre. Esto permitiría, al menos, abatir en dos meses un tiempo de espera inútil y paralizante, para que un nuevo equipo tome las riendas del gobierno del País.

A los mexicanos nuestras divisiones nos han salido caras; de ellas se han beneficiado otras naciones. En especial los Estados Unidos. Reconozcamos, que en estos momentos y durante los siguientes dos años, hay elementos latentes y circunstancias internas que podrían actuar en contra de nuestra unidad y obligarnos a ver solo el presente, sin mirar hacia el porvenir. No podemos cambiar a Trump, pero sí resolver los desafíos que nos pueden impedir confrontarlo unidos y ganarle la partida. En el pasado, la desunión fue abono de nuestras derrotas; nunca más.

La mala aritmética no suma en política; carta abierta a Mancera

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Señor jefe de Gobierno:

Aprovecharse de un error para obtener un beneficio a costa de un tercero es un acto deshonesto. Esto es lo que está haciendo su gobierno en el caso del impuesto predial, en detrimento del patrimonio de miles de ciudadanos.

El Artículo 18 del Código Fiscal señala que: “Las cuotas y las tarifas de las contribuciones, las multas, valores y, en general, las cantidades que en su caso se establecen en este Código, vigentes en el mes de diciembre de cada año, se actualizarán a partir del primero de enero del año siguiente con el factor que al efecto se establezca en la Ley de Ingresos”.

Pese a que la Ley de Ingresos de 2017 estableció dicho factor en 3.99%, miles de ciudadanos, incluso muchos que tenían el beneficio de cuota fija, han observado en sus boletas del impuesto predial incrementos que van de un mínimo de 9% hasta, en casos extremos, rebasar el 1000%

¿Por qué ocurre esto?; las razones son muy simples.

En primer lugar, porque la Asamblea Legislativa modificó errónea y parcialmente la tarifa del impuesto predial que está en el Artículo 130 del Código Fiscal. En síntesis, no ajustó en 3.99% los rangos que sirven para clasificar a los inmuebles según su valor catastral y, en cambio, sí incrementó en este porcentaje, la tasa que se aplica al valor excedente que tenga cada uno con respecto al límite inferior.

Un alumno de sexto de primaria con conocimientos básicos de aritmética, podría deducir con facilidad que estos errores explican porque, salvo en el caso de cuotas fijas, los incrementos en el impuesto predial superan varias veces el factor de 3.99%

En segundo lugar, la Asamblea decidió, al aprobar el Código Fiscal de 2017, reducir el factor de descuento por antigüedad de 1% a 0.8% por año conservando el tope máximo de 40%. Pero se olvidó de precisar que el nuevo porcentaje se aplicaría a partir de este ejercicio fiscal.

Omisión que su gobierno ha aprovechado para aplicarlo ilegalmente de manera retroactiva, lo que eleva el valor catastral de miles de inmuebles muy por encima del factor de 3.99%. Un inmueble de 40 años o más cuyo valor catastral ya contaba con un descuento por antigüedad de 40%, ahora solo lo tiene de 32%. Es evidente que esta ventajosa aritmética, perjudica en mayor medida a las viviendas más antiguas, que son la mayoría.

La suma de ambos errores provoca incrementos en el impuesto predial que son ilegales al no ajustarse al factor establecido en la Ley de Ingresos de 2017 y porque al aplicar criterios de manera retroactiva se eliminan derechos que ya tenían los contribuyentes, son inequitativos porque los afecta de manera desigual sin que ello obedezca a una lógica tributaria, son desproporcionados porque incrementan sensiblemente el valor catastral de inmuebles que no han sido sujetos a ninguna renovación.

Argumentos que dan sustento al recurso de inconstitucionalidad que un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa presentó ante la Suprema Corte de Justicia, haciéndose eco de la molestia de miles de ciudadanos y dada la negativa del Diputado Leonel Luna del Partido de la Revolución Democrática, asumimos por instrucciones suyas, a convocar a un período extraordinario para corregir los errores mencionados.

Vale la pena comparar el gasolinazo con el predialazo.

Ninguno de los dos gustó a la ciudadanía. Pero en el primer caso, el porcentaje de incremento anunciado por el Gobierno Federal, es el mismo que aparece en las bombas al momento de cargar gasolina. En cambio, en el segundo, cuya responsabilidad recae en usted, los ciudadanos no vemos en las boletas prediales lo que anunció la Asamblea Legislativa. Por último, la subida del predial no es, como el gasolinazo, una cuestión de política tributaria que puede debatirse, sino el resultado de un error craso que debe corregirse. Absurdo que su gobierno, con recursos del contribuyente agraviado, patrocine amparos contra el primero y no resuelva lo segundo.

Engaño o error, nos preguntamos. Hasta hoy las respuestas de sus subordinados inclinan la balanza hacia el primero. Lamentable que se limiten a enviar a miles de contribuyentes al callejón sin salida que son las oficinas de la Tesorería, como si su tiempo y recursos fueran infinitos. Peor aún, son aquellos casos donde el incremento al predial, ha colocado a muchas familias ante la disyuntiva de pagarlo o vender su propiedad. ¿Es el desplazamiento de estos grupos uno de los objetivos soterrados del ajuste tarifario?

Los ciudadanos no queremos que se reduzca el incremento al impuesto predial establecido por la Asamblea Legislativa. Somos conscientes de que al ser la segunda fuente de ingresos de la Ciudad es necesario ajustar este gravamen. Lo que exigimos, es que se aplique lo que manda la Ley de Ingresos de 2017 para que el incremento resulte en 3.99%. Esto hace necesario que se corrijan lo errores en la tarifa del Artículo 130 del Código Fiscal y que en él se haga explícito que el nuevo factor de descuento por antigüedad solo aplicará a partir de este ejercicio.

Señor Mancera, sacar provecho de una mala aritmética perjudicando con ello a los ciudadanos, no suma en política. Negarse a reparar errores evidentes abona a la sospecha de que no son casuales sino premeditados. Así, no se construye una ciudad y, menos aún, una candidatura. ¿Por qué esperar a que resuelva la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué drenar recursos que a los ciudadanos, ni al Estado le sobran?

Derechos universales, negocios particulares

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Los derechos humanos son fuente inagotable para la demagogia. Los políticos, generosos y magnánimos, alcanzan orgasmos retóricos cuando, desde las tribunas legislativas, informan a los ciudadanos que han aprobado leyes sobre tal o cual derecho, sin siquiera importarles que, las más de las veces, reiteran lo que hace tiempo está legislado y, sin considerar que, al agregar bagaje regulatorio, se abona a la confusión y a la burocracia, porque eso sí, habrá que crear alguna dependencia, entidad, instituto o, al menos, un consejo para vigilar, supervisar, asesorar, orientar, coordinar, instrumentar, conducir, etc. Todo esto, claro está, con cargo al contribuyente.

De lo anterior, el proyecto de constitución de la Ciudad de México es ejemplo sobresaliente; solo en el índice se mencionan cincuenta y cuatro derechos. Entre los que está, aunque no lo crea, el derecho a defender los derechos. Incluso, el malabarismo de la palabrería convierte en derecho lo que en esencia es una obligación de la autoridad: el buen gobierno.

Pero la enumeración de derechos no queda ahí, porque la mayoría de ellos se desgrana en más derechos, creando una lista interminable. Por ejemplo, en el Artículo 10, inciso A se establecen, además del derecho a la autodeterminación personal (pleonasmo), los siguientes derechos: a la libertad de pensamiento, al libre desarrollo de su personalidad, a disfrutar del tiempo libre, al ocio, a la recreación, a la elección de su identidad social y cultural, a disponer de su propio cuerpo y a manifestar públicamente sus afectos.  Por su parte, en la fracción C del mismo artículo, se establecen los derechos a la identidad y a la seguridad jurídica, de los cuales se desprenden: el derecho al nombre, a la imagen propia, a la reputación, al reconocimiento de la identidad y de la personalidad jurídica. “Derechos” que en realidad son características intrínsecas a cada persona y que, en el caso de la personalidad jurídica en particular, se define con base en la Constitución y en las leyes que han emanado de ella, según sean las circunstancias particulares en la que actúe el ciudadano.

Si bien, la mayor parte de estos derechos podrían definirse como derivados, porque son expresiones de garantías y derechos plasmados en la Constitución Federal, su mención en el proyecto propicia cuestionamientos e interpretaciones sobre su significado y alcance. Esto hace suponer que, de no eliminarse del texto definitivo en aras de una redacción sucinta, sólida y clara, es factible que provoquen un galimatías que atasque al sistema judicial. Más aún, porque en muchos casos, el proyecto, además de listarlos, los garantiza. 

Por ejemplo, en el Artículo 10, fracción D se establece que la autoridad garantizará que toda persona tenga una sexualidad plena. Más adelante, en el Artículo 16, Fracción D, Inciso 3, esta garantía se hace extensiva a los jóvenes (¿) entre doce y treinta años para que ejerzan libremente sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué pensarán de esto quienes, por ley, tutelan a menores de edad?, ¿es equiparable el nivel de desarrollo y madurez de un púber con la de un adulto maduro?

La hilarante ridiculez de establecer en la carta magna de la Ciudad de México, que la autoridad deba garantizar la satisfacción plena de una necesidad fisiológica, sirve para preguntar: ¿qué significa para los políticos la palabra garantizar?

Para el ciudadano, garantizar significa asumir, por lo general con un bien y un documento de por medio, la obligación de honrar un compromiso y, en su defecto, reparar las consecuencias. Sin embargo, si hubiera un diccionario con el significado que los políticos le dan a los términos que utilizan en sus discursos y declaraciones, la palabra garantizar se definiría como: recurso retórico para que lo incumplible parezca asequible y/o para camuflar los intereses personales o del partido.  Nota: su uso no supone contraer ninguna obligación.

Así, por una parte, habrá que tomar con reserva la garantía de la sexualidad plena. Quizá sea mejor acudir a algún manual que al texto constitucional. Y, por la otra, identificar los objetivos soterrados en nuevas leyes y estructuras burocráticas creadas, en apariencia, para garantizar algún derecho.

Por ejemplo, en el Artículo 1º de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México recién aprobada, se dice que un objeto de ésta es: “Crear los mecanismos necesarios para impulsar el otorgamiento de estímulos de inversión en proyectos con fines habitacionales a través de los sectores público, privado y social, así como programas de ahorro y créditos para atender a los diferentes grupos sociales”.

No se requiere de mucha sagacidad para deducir que, el objetivo camuflado detrás de la Ley de Vivienda es, con el pretexto de garantizar el derecho a la vivienda a todo el mundo, acercarles recursos, subsidios y apoyos a las empresas inmobiliarias, que atienden los mercados de niveles medios y altos, como antes, ante el silencio cómplice de la autoridad, lo hicieron de manera ilegal, cuando pervirtieron la Norma 26 para servir a esos mercados, succionando recursos destinados a la vivienda de interés social

Pregunté a una diputada: ¿Cuál es el sentido de hacer una ley para garantizar un derecho a quienes tienen recursos sobrados para hacerse de una vivienda? Porque es un derecho universal, pontificó. En efecto, pensé, el derecho a la vivienda es universal, pero el negocio es particular.

 

Por qué eliminar la fracción 7 del inciso C, del Artículo 21 relativo a la plusvalía

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1.- Es preciso dejar claro que no se objeta la propuesta de gravar la plusvalía inmobiliaria que pueda derivarse de la acción del gobierno, a través de la ejecución de obras de infraestructura y modificaciones regulatorias. Más aún, esta práctica para apoyar el desarrollo urbano, que en el mundo se da través de esquemas fiscales muy variados, no es  nueva en México. Vale recordar que el Código Fiscal del Distrito Federal establece las contribuciones de mejoras y que la Ley del Impuesto sobre la Renta grava la plusvalía al momento de hacerse líquida.

2.- El problema radica en la forma como está redactada en el proyecto de constitución la fracción de marras, porque implica de facto, la apropiación por parte del gobierno de una porción de la propiedad privada: “Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad”. Afirmación que evidentemente ha provocado una reacción negativa en amplios sectores de la población, que sienten amenazado su patrimonio. Ya hay una petición en Change.org con casi 50,000 firmas.

3.- La mejor evidencia de que la plusvalía inmobiliaria no forma parte de la riqueza de ninguna ciudad, radica en el hecho de que los poderes ejecutivos y legislativos deben establecer mecanismos fiscales, para capturar o extraer del patrimonio de sus legítimos propietarios, una fracción de ella.

4.- Definir el proceso de urbanización como causal de plusvalía, no aclara si es en específico el realizado mediante obras públicas financiadas con recursos del erario, u obedece al desarrollo normal de la Ciudad. Cabe mencionar que, en una ciudad vieja, densa y heterogéneamente poblada, que ha experimentado un desarrollo urbano caótico, producto de la depredación inmobiliaria, la corrupción y las ocurrencias de los próceres sexenales, no es una tarea sencilla identificar con precisión la relación causal entre una obra pública y el aumento del precio del suelo.Incluso, hay obras como vías rápidas y pasos a desnivel, que los beneficiarios, no son los que viven próximos a ellas, sino miles de personas que las utilizan sin pagar nada a cambio.

5.- Vale destacar, que muchas obras públicas producen minusvalías en los bienes inmuebles; al transformar su entorno de manera sensible, como sucede con la construcción de vías rápidas, pasos a desnivel, terminales de transporte público, ciclo vías, desforestación. Asimismo, hay cambios en el uso del suelo que abaten el valor de los inmuebles, en especial los destinados a vivienda. Por ende, habría que plantear, para ser justo, que el erario compensara a los propietarios por la pérdida de valor

Con base en lo anterior se proponen los siguientes cambios al proyecto de constitución de la Ciudad de México:

a) Eliminar las fracciones 7 y 9 del inciso C del Artículo 21 que están contenidas en apartado sobre Regulación de Suelo:

b) Modificar fracción 8 del inciso A del Artículo 26 que está en el apartado sobre el Pacto Fiscal, donde se establece: “Las plusvalías que se identifiquen como derivadas de obras de infraestructura nuevas o cambios regulatorios, serán objeto de un gravamen específico en la forma de una contribución por mejora, que podrá incluso aplicarse antes de la construcción de dichas obras”.

c) Incluir en este inciso A la fracción 9, donde se establezca que:  En caso de que las obras de infraestructura y cambios regulatorios provoquen minusvalías inmobiliarias, el gobierno resarcirá a sus propietarios por las pérdidas sufridas en su patrimonio.

Gestión del suelo sin contrapesos; recetario para clientelismo y corrupción

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La gestión y el uso del suelo son asuntos fundamentales para los capitalinos, porque afectan su patrimonio, su entorno, su calidad de vida y porque ahí radican los conflictos que a diario y en muchos puntos de la Ciudad existen entre vecinos y empresas inmobiliarias que, en no pocos casos, actúan ilegalmente solapadas por la autoridad o en abierta complicidad con ella. Por ende, resulta injusta la crítica que hizo Alejandro Encinas de tildar de reaccionarios, neoliberales, lectores irresponsables, destructores del Estado y defensores de la dictadura del dinero, a quienes han criticado las cuestiones que sobre el suelo plantea u omite el proyecto de constitución.

El temor de la ciudadanía se basa en dos hechos evidentes: primero, por su densidad poblacional, el suelo es la joya de la corona de la Ciudad de México cuya explotación comercial es manjar del que se nutren muchos y, segundo, Don Dinero, fiel a su credo de maximizar la rentabilidad financiera y al amparo de una normatividad que permite legalizarlo todo, es quien día con día marca la pauta del desarrollo urbano, sin importarle la afectación a terceros, los programas delegacionales y lo que deje a su paso en materia de calles y barrios transformados, sin espacios públicos, problemas viales, mayor contaminación, incrementos en el precio de los terrenos derivados de la especulación y de los abultados márgenes de ganancia de las inmobiliarias, y servicios urbanos rebasados por una demanda agrandada, no planeada, imposible de satisfacer.

Por eso preocupa, que en el proyecto de constitución la gestión del suelo sea prerrogativa del gobierno de la Ciudad, léase del jefe de Gobierno, sin ningún contrapeso por parte del legislativo y menos de la ciudadanía. Ni siquiera las alcaldías pintan en este asunto. Cómo interpretar cuando se dice que “El gobierno dará prioridad en el acceso al suelo a quienes impulsen proyectos que integren áreas de convivencia social, servicios educativos, espacios públicos, productivos y otros servicios”. No se necesita ser muy listo para saber a qué se dedican esos “quienes”.

El problema del larguísimo listado de derechos a los que hace mención el proyecto de constitución, no se limita a cuestiones de redundancia, justificación, pertinencia, a su impacto en los flujos inmigratorios y a la viabilidad presupuestal de muchos de ellos, sino también a la utilización perversa que puede dárseles, cuando solo enunciándolos se legitima cualquier cosa.

Tomemos el caso de la Ley de Vivienda que está a punto de someterse a votación de la Asamblea Legislativa. El proyecto de constitución dice: “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades”. ¿Quién puede discrepar de esto? Pero esto sirve para que dicha ley le otorgue al gobierno de la Ciudad el rol de promotor de vivienda para toda la población, para lo cual desarrollará programas sectoriales, institucionales y especiales de vivienda, dará apoyos fiscales crediticios y facilitará trámites, creará reservas territoriales para constituir una bolsa de suelo, edificará vivienda que rentará de manera subsidiada con opción de compra y participará con apoyos económicos en el mercado secundario de vivienda. Para lo cual podrá recurrir a créditos y destinará una porción de la plusvalía inmobiliaria que “recupere”.

Aunemos lo anterior con la definición que la dictaminada Ley de Vivienda hace de la población vulnerable y que corresponde al 52% del total porque se incluyen: mujeres, jóvenes entre 18 y 30 años, estudiantes, mayores de sesenta años y personas que por alguna razón han sido discriminadas o han sufrido violencia familiar; ¿quién falta? Así, el gobierno de la Ciudad podrá elaborar programas específicos de vivienda para cualquier segmento de este amplísimo universo y localizarlos donde le venga en gana. No se requiere de mucha sagacidad para deducir que esto se puede traducir en programas clientelares o destinados a alterar la correlación de fuerzas políticas en una determinada demarcación.

Para la Ley de Vivienda basta definir el derecho a la vivienda, condimentarlo con el derecho a la ciudad y en un tris, el gobierno de la Ciudad se convierte en un promotor, arrendador, otorgador de subsidios, liberador de requisitos legales, constructor y agente inmobiliario, cuyas acciones sobrepasan la atención de los segmentos de la población más necesitados. Además, para estos fines, tendrá facultades para cambiar el uso del suelo a su conveniencia y, por causa de utilidad pública, podrá expropiar predios y bienes inmuebles, y adjudicarse aquellos cuyos dueños no le sean conocidos.

¿Es esto lo que debemos entender cuando el proyecto de constitución “reconoce la función social del suelo y la propiedad”?, ¿es legítimo expropiar bienes inmuebles para causa de utilidad pública para que después los explote o terminen en manos de un particular?, ¿cómo entender que el actual gobierno de la Ciudad haya desincorporado del patrimonio público y a título oneroso, más de 450,000 metros², de los cuales la mitad tenía valor ambiental, como lo demuestra una investigación de Suma Urbana con datos recabados de la Gaceta Oficial?

No es democrático, y menos aún puede ser parte de una constitución que se presume de avanzada, concentrar tanto poder respecto al suelo y al patrimonio inmobiliario de la Ciudad en un solo puesto; el jefe de Gobierno, llámese como se llame y sin importar cuál sea su filiación partidista. La mesa queda puesta para que el clientelismo, la corrupción y el imperio del dinero determinen, como hasta ahora, el rumbo caótico de la Ciudad.

Por ende, la constitución debería incorporar las siguientes salvaguardas para protección de la ciudadanía, del patrimonio público y del futuro de la Ciudad:

Primera, la constitución debe definir al espacio público, los bienes inmobiliarios propiedad del gobierno y los muebles urbanos como patrimonio de la Ciudad de México, por lo que su gestión, acrecentamiento, concesión y desincorporación deben estar sujetos; a un contrapeso por parte del legislativo, a la más absoluta transparencia y a un proceso continuo de fiscalización.

Segunda, el Instituto de Planeación debe ser un órgano autónomo, no dependiente del jefe de Gobierno, que tenga un consejo directivo donde participen los ciudadanos y tengan voz los mejores talentos en materia urbana. Su principal tarea deberá ser la elaboración, seguimiento y, en su caso, actualización del Plan General de Desarrollo de la Ciudad, dentro del cual estarán las definiciones fundamentales en materia de uso del suelo y la estrategia financiera donde estén cuantificados los recursos para gasto corriente e inversión y la magnitud de la deuda pública, incorporando en ésta al pasivo contingente implícito en la obligación de apoyar a grupos específicos de la población, como los adultos mayores.

Tercera, el uso del suelo debe estar sancionado por el poder legislativo, así como las modificaciones que en su momento proponga el Instituto de Planeación.

Cuarta, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad debe considerarse como un bien público, porque es el instrumento para ordenar esfuerzos, establecer prioridades y hacer realidad las aspiraciones y los derechos de sus habitantes. Es obligado que dispongamos de un plan a prueba de jefes de gobierno. Servir a la Ciudad es un mandato que no otorga derechos patrimoniales sobre los bienes públicos, ni convierte al transitorio gobernante en tutor de los ciudadanos, ni a éstos en mendigos de su condescendencia.

El Plan de General de Desarrollo de la Ciudad de México debe ser estafeta que pase de manos y no un álbum para coleccionar ocurrencias. De ésas, tenemos muchas y ya estamos hartos.

El ciudadano promedio que apoyó a Trump

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Trump atrajo al estadounidense promedio; blanco, con una cultura limitada, ignorante de muchos asuntos nacionales y de casi todos los internacionales, salvo si su país está involucrado en una guerra, preocupado por sus asuntos domésticos y cercanos a su entorno. Egocéntrico, piensa qué en todo, los estadounidenses son el número uno del planeta y que basta que su gobierno dé palos o aviente zanahorias para que las cosas vuelvan a su lugar. El hecho de que Trump no ganara en ninguna ciudad con más de un millón de habitantes, pone en claro dónde está su base electoral.

Este enorme segmento de la población de Estados Unidos compra fácilmente cualquier promesa que en apariencia mejore su situación. Más, si la dice un millonario, porque para ellos el éxito se mide con dinero. El nulo impacto que en este segmento tuvo lo que hizo Trump adquiriendo acero chino a precios dumping, contratando indocumentados, violando las leyes laborales y no pagando impuestos, deja hueco de contenido el discurso estadounidense que tanto pregona el culto a sus valores, como un rasgo que los distingue del resto. La realidad es otra.

Desde una óptica simplista, asumen que la presidencia de su País equivale a la dirección de una empresa, sin entender la diferencia abismal que existe entre ambas. Ellos ven que la solución a sus problemas empieza por señalar a los culpables, no por entender sus raíces. El dedo de Trump apuntando a Washington, proponiendo soluciones simplistas y, sobre todo gratuitas, resultó muy efectiva para hacerse de votos. El populismo se nutre de la incultura y de la ley del mínimo esfuerzo.

Quizá, en el fondo, a muchos pertenecientes a este segmento de la población de Estados Unidos, nunca les gustó ver a una familia negra dentro de la Casa Blanca. Peor, si uno de los dos nombres propios del padre es Hussein. En muchas partes de EEUU, basta que un negro se instale en un barrio de blancos para que éstos empiecen la mudanza.

Por otra parte, el hecho de que el 53% de las mujeres blancas votaran por Trump, demuestra que su misoginia es sólo es un tema para las mujeres blancas universitarias, las latinas y las de raza negra, a las demás no les interesa; pueden convivir a gusto con la discriminación y el machismo. Éste pudo también impulsar el voto anti Clinton. Obama rompió el techo de cristal para los negros, Hillary no pudo hacerlo para las mujeres.

Es cierto que los ciudadanos promedio de la mayoría de los países tienen una cultura limitada, desconocen casi todo de los temas nacionales e internacionales, leen poco o nada, ven mucho la televisión y viven preocupados por sus asuntos domésticos y cercanos a su entorno. Pero, a diferencia de los estadounidenses, no tienen su nivel de ingresos y no votan por el presidente del país más poderoso y belicoso de la tierra.

Reseña: La guerra no tiene rostro de mujer y Los muchachos de zinc

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Por su obra, en el género de literatura documental, Svetlana Alexievich, escritora bielorrusa, fue merecedora en 2015 del Premio Nobel de Literatura. Distinción, que ahora sumada a la de Bob Dylan, indican que la Academia Sueca está ampliando su criterio para incluir en ese galardón otros tipos de géneros en el arte de la palabra escrita, lo que hace recomendable modificar su nombre al de Premio Nobel de las Letras.

La literatura documental aborda acontecimientos históricos y de la vida social, apoyándose en un proceso de investigación y en materiales con valor documental, para culminar en una prosa con valor estético, que claramente separa este género del periodismo documental y del ensayo.

La técnica documental de Alexievich reside en la entrevista; cientos de horas de grabación que después sintetiza y narra, fiel a su oficio de periodista, en una prosa ágil, puntual, precisa y, muchas veces, durísima. Palabras que sacuden al lector, situado justo enfrente de la persona entrevistada que le habla en primera persona. La autora se hace presente en el estilo narrativo, que permite distinguir las peculiaridades de la personalidad, humor y circunstancias de cada caso. Pero no en los hechos que se describen. Estos pertenecen a las voces que los narran.

A propósito, escogí dos obras de Alexievich sobre hechos bélicos ocurridos en la extinta Unión Soviética, pero en circunstancias políticas diametralmente opuestas. No es lo mismo defenderse de una invasión, que invadir otro país. Diferencia que cala en el ánimo de los combatientes y en la moral de los ejércitos.

Pero la guerra para Alexievich es sólo telón de fondo. Ella quiere concentrarse en “los seres humanos involucrados en una tarea inhumana”, sin importarle sus rangos, ni los papeles que jugaron, ni lo hechos bélicos en los que participaron. Al final, para todos ellos, las guerras modificaron de tajo su realidad y definieron, en gran parte, su porvenir. “Recojo y sigo la pista del espíritu humano allí donde el sufrimiento transforma al hombre pequeño en un gran hombre. Donde el ser humano crece”.

La guerra no tiene rostro de mujer” se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, cuando la entonces Unión Soviética, debió, en primer lugar, defenderse de la invasión de la Alemania nazi, y después, atacarla, juntos con otras naciones, hasta lograr su derrota total. Épica gravada en la memoria histórica de esa nación como: La Gran Guerra Patria.

La guerra no tiene rostro de mujer” da voz a decenas de mujeres que participaron en ella. La mayoría lo hizo de manera voluntaria, algunas emulando a padres y hermanos. Muchas se rehusaron a servir en posiciones alejadas del campo de batalla porque querían estar en primera fila. Muchachas que apenas terminaban la secundaria aprendieron a disparar, lanzar granadas, manejar tanques, desactivar minas, enfermería, a dirigir hombres y a sobreponerse al machismo. Pero también sufrieron en mente y en cuerpo las rupturas familiares, las pérdidas de seres queridos, las transformaciones y las consecuencias físicas y sicológicas que acarrea una guerra.

Para la mujer, la cuesta de la vida es más empinada. Al término del conflicto, los hombres aparecieron como los grandes héroes, mientras que las mujeres, aun condecoradas, pasaban a un segundo plano, como si sus actos de valentía valieran menos. Algunas, de plano, prefirieron guardar sus condecoraciones. Peor, cuando muchas de ellas, al incorporarse de nuevo a la sociedad, se dudaba de su integridad por haber estado en un ejército donde las mujeres eran minoría, por lo que, ante los ojos de muchas personas, incluyendo otras mujeres, se daba por descontado un comportamiento promiscuo, sin considerar siquiera sus méritos, su esfuerzo y el sufrimiento que vivieron en el campo de batalla, o por partida doble, porque la familia que dejaron atrás también padeció los embates del enemigo. 

Si en las combatientes de la Gran Guerra Patria era palpable deseo de contribuir a la defensa de su país, este no fue el ánimo con el que aceptaron su destino, la mayoría de los muchachos que el Ejército Soviético envió a Afganistán entre 1979 y 1992 con la supuesta intención de defender su frontera sur y apoyar al gobierno de la entonces República Democrática de Afganistán frente a los insurgentes islámicos, que incluían a personajes como Osama Bin Laden, y que eran armados y financiados, entre otras naciones, por los Estados Unidos.

El nombre de “Los muchachos de zinc” deriva del material con el que estaban hechos los ataúdes que traían de regreso a sus casas, los cuerpos de los soldados muertos en el campo de batalla. Cajas selladas con un nombre inscrito. Padres y esposos obligados a aceptar que en ellas estaban los restos de sus hijos.

Las narraciones de los excombatientes soviéticos recuerdan aquellas de los veteranos estadounidense de la guerra de Vietnam, que más de una vez se preguntaron por y para qué estaban peleando en un país lejano, hostilizados incluso por la población local que supuestamente defendían. Igualmente se cuestionaban si valió la pena que sus amigos murieran por razones que no les eran claras, y si regresar a casa mutilados o trastornados mentalmente había servido de algo, como lo sintetiza uno de los entrevistados: “Escribid en las tumbas, tallad en las lápidas que todo fue en vano. Decídselo a los muertos”. Más aún, cuando a su regreso la propia sociedad los rechazaba como indeseables, culpándolos de los excesos cometidos por el ejército invasor, como lo expresa la madre de una enfermera muerta en campaña y que durante una visita al cementerio escuchó críticas en su contra por permitir que su única hija fuera a la guerra: “Grito para mis adentros: Gente ¡no me deis la espalda! Deteneos junto a mí ante su tumba. No me dejéis sola…”

Svetlana Alexievich fue demandada por dos personas entrevistadas; una madre y un soldado. Ella advirtió que detrás de ellos estaban las hombreras militares, ávidas por esconder los traumas y las carencias de un ejército desmoralizado, a veces improvisado, con pertrechos obsoletos y  alimentos caducos, que en su podredumbre interna llevaba la semilla de su irremediable fracaso, al que los dirigentes de la otrora Unión Soviética calificaron de error histórico; uno más de los innumerables pretextos que a lo largo de la historia han dado quienes, desde la comodidad de sus despachos han enviado a millones al matadero, ya sean soldados o civiles.