Los diez lemas del político efectivo

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Las nominaciones de candidatos a ocupar distintos cargos de elección popular hacen evidente que la partidocracia, en su proceso de degradación, ha vaciado a los partidos políticos de principios y contenido ideológico. Hoy, cual sistema de franquicias, lucen como meras maquinarias electorales dotadas de abundantes recursos del erario, que son dirigidas y usadas por individuos cuya principal convicción es la búsqueda del poder público para servirse de él.

Antes, al solo escuchar el nombre de un partido de inmediato lo asociábamos a una orientación ideológica; los términos derecha, izquierda o centro tenían un sentido. Lo mismo pasaba con los políticos, cuyas convicciones manifiestas hacían difícil imaginarlos militando en otro partido o planteando alianzas con aquellos situados en el extremo opuesto a su ideario.

Hoy, partidos y políticos exhiben una mutabilidad tan acelerada que hace imposible ubicarlos en una dimensión ideológica. Las alianzas más descabelladas, que en otras naciones serían inauditas, en México se establecen sin el menor recato, sin siquiera recurrir a los partidarios para pedirles opinión, asumiéndolos como hatos de idiotas que dóciles obedecerán tan pronto escuchen el chiflido de sus dirigentes indicándoles adónde ir. Mientras que, en lo individual, como si fueran jugadores de fútbol en decadencia, los políticos recorren con cinismo cualquier cantidad de partidos, con tal de ponerse debajo de una candileja por pequeña que sea y de asirse de alguna teta presupuestal.

Todo esto ha depauperado el debate político a un extremo hilarante, sobre todo, por lo que vemos y escuchamos. Pero no hablamos, ni confrontamos proyectos nacionales que propongan cómo salir del atasco y resolver los graves problemas del País. Hablamos de personas. Las valoraciones de políticos están centradas en las antipatías y simpatías que generan, en sus dichos y hechos, en sus relaciones personales, en sus meteduras de pata, en sus contradicciones, en su físico y en sus ocurrencias, cuya lista crece en la medida que se preparan para sus sendas campañas.

En este escenario, la observación de quienes hoy se inscriben como candidatos para participar en las elecciones, que desde un ángulo sarcástico podríamos definir como políticos efectivos, me lleva reflexionar sobre cuáles han podido ser los lemas que a este elenco de notables, les ha permitido a sortear tantos obstáculos a largo de su carrera, ya sea corta, larga o en zig-zag, y llegar a su actual posición, desde la cual se proponen como los salvadores de la patria y nos prometen la pronta solución a todos sus agobios.

De mi análisis identifico un decálogo de lemas que asumo los han inspirado:

  1. La memoria empieza a partir del presente.
  2. La duración de una amistad dependerá de la conveniencia.
  3. La traición es lo que hacen otros; uno sólo sigue sus instintos.
  4. El cinismo es poderoso escudo para superar las críticas.
  5. La voracidad aísla, crea enemistades y descubre la retaguardia; cuando se roba hay que compartir.
  6. La miopía y la omisión son elegantes formas de complicidad.
  7. La ambigüedad demuestra agudeza mental.
  8. Los principios son mudables y, sobre todo, teñibles del color que más convenga.
  9. La humildad es ardid electorero para acceder al poder; conseguido este se estará por encima de los demás.
  10. Como Dios en el Génesis; antes de uno todo era caos.

 

Para la Suprema Corte (2+2=5) puede ser constitucional

balanza SCJN blog

Imaginen que seleccionamos a nueve estudiantes de secundaria para que, en veinte minutos, encuentren las razones que explican porque la tarifa del impuesto predial establecida en el Artículo 130 del Código Fiscal de 2017 de la Ciudad de México provocó, con respecto al año anterior, incrementos en el predial sensiblemente superiores al 3.99%, que fue el porcentaje fijado por la Ley de Ingresos para aumentar las cuotas y contribuciones.

Probablemente, la mayoría de ellos identificaría los dos errores que explican dichas diferencias: 1) Las columnas de los rangos que sirven para clasificar a los inmuebles según su valor catastral no se incrementaron en 3.99% y, 2) Las tasas aplicables a las diferencias entre el valor catastral de los inmuebles y el valor inferior de cada rango se aumentaron, erróneamente, en 3.99%

Pero, en apenas veinte minutos, siete de nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia resolvieron que, pese a su obviedad aritmética, no había tales errores. Salvo la ministra Norma Lucía Piña que sí los señaló, aunque sus argumentos no tuvieron ninguna trascendencia en una sesión apática, sin casi intervenciones, que pareció un mero trámite para sellar un asunto planchado con antelación.

En efecto, después de once meses desde que se presentó la Acción de Inconstitucionalidad relativa a varios artículos del Código Fiscal, el ministro Pardo Rebolledo propuso al Pleno celebrado 28 de noviembre, un proyecto que, además de ignorar los errores mencionados, también argumentó a favor de la retroactividad del nuevo factor de descuento por antigüedad de las edificaciones que pasó de 1% a solo 0.8% anual, porcentaje que misteriosa y espontáneamente se modificó respecto al proyecto enviado por el jefe de Gobierno en diciembre de 2016, sin que en la Asamblea hubiera mediado algún debate al respecto.

El efecto combinado de los errores en la tarifa y la retroactividad en el nuevo factor de descuento, hicieron que el impuesto predial de miles de capitalinos se incrementara entre 9% y, en casos extremos, más 1,000% como sucedió principalmente con contribuyentes que, por considerarse población vulnerable, gozaban antes de cuota fija.

Dichos aumentos, muy lejanos del 3.99% aprobado en la Ley de Ingresos de 2017, explican porque al mes de junio, la recaudación por este impuesto creció 13.8% con respecto al año anterior y que incluso haya sido 11.3% superior al monto presupuestado para ese período.

Quienes estuvimos atentos a este asunto pensamos en algún momento con cierto optimismo, sino es que ingenuamente, que al ser tan evidentes los errores en el Código Fiscal y fácil su comprobación, esto sería suficiente para que la Suprema Corte declarará procedente la Acción de Inconstitucionalidad que llevaría a corregirlos y a resarcir a los causantes. Nos equivocamos estrepitosamente. Quizá la justicia sea ciega, pero probablemente no sea sorda.

Si la Acción de Inconstitucionalidad hubiera prosperado, Mancera habría sufrido un grave descalabro político en un momento harto inoportuno para él; justo en el albor del proceso electoral.

¿Por qué?

1.- Porque la Acción de Inconstitucionalidad la planteó el partido MORENA con el apoyo del Verde y, por ende, si esta prosperaba sería para el primero un triunfo importante que de inmediato capitalizaría políticamente en su carrera para hacerse del gobierno de la Ciudad.

Cabe aclarar al lector, que el suscrito no es miembro, ni simpatizante de dichos partidos y de ninguno otro, pero debo reconocer que en el asunto del predial de la Ciudad de México fueron los únicos que se hicieron eco de los reclamos de los ciudadanos, mientras que el PAN, a pesar de escucharlos y conocer a detalle toda la evidencia numérica, dado que preside la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, decidió cínicamente jugar el papel de comparsa del PRD.

2.- Porque si la Suprema Corte resolvía a favor de la Acción, se haría evidente la ineptitud del equipo cercano de Mancera o sus estrategias tramposas para tomar del bolsillo del ciudadano más recursos de lo autorizado por la Ley de Ingresos. Peor aún, hubieran tenido que devolver o, al menos, bonificar en 2018 los montos cobrados en exceso. Hecho nada oportuno a la luz de los constantes lloriqueos del jefe de Gobierno respecto a la falta de apoyo financiero por parte del Gobierno Federal.

3.- Porque al mismo tiempo que ocurrió el predialazo, Mancera ordenó al consejero jurídico de su gobierno, que promoviera, usando su cargo y los recursos de la Ciudad, amparos en contra del gasolinazo, es decir contra una acción del Gobierno Federal que a la postre, salvo para hacerse propaganda, resultaron inútiles, por lo que de haber salido adelante la Acción de Inconstitucionalidad hubiera hecho un ridículo monumental.

4.- Porque habría sido un triunfo para quienes han levantado la voz para denunciar que los incrementos abusivos del predial se usan como punta de lanza, para desplazar a población de bajos recursos de zonas donde más adelante se construye vivienda para grupos de ingresos medios y altos.

Queda para el cotilleo especular si Mancera cruzó la avenida Pino Suárez para apersonarse en la Suprema Corte de Corte de Justicia y, más aún, sobre cuales podrían haber sido los argumentos que puso sobre la mesa para hacer valer su posición. Pero lo que recién hemos sabido es que, en los hechos, el jefe de Gobierno ha reconocido el error que cometió el año pasado al elaborar la tarifa del Impuesto Predial, porque ahora sí, en el Artículo 130 del Código Fiscal de 2018, se aumentan en 5.5%, que es el porcentaje de incremento propuesto, solo los rangos y la cuota fija de la tarifa del predial, que fue justo lo que organizaciones ciudadanas como Suma Urbana, reclamaron y expusieron a  diputados de la Asamblea Legislativa y a los ministros de la Suprema Corte.

Desde luego que este reconocimiento tácito de lo que se hizo mal, no les devuelve a cientos de miles de ciudadanos el dinero que, al amparo de un error burdo avalado por la Suprema Corte de Justicia, pagaron de más al erario capitalino y, menos aún, nos alienta a pensar que esta sea una especie de oasis en el paramo político en el que está sumido el País.

Ciudad de México; cada vez menos, pero más amontonados

Población de la Ciudad de México 1990 a 2030

—A ver, repítelo despacio porque no te creo nada.

—Qué desde 2005 la población de la Ciudad de México se está reduciendo. Cada vez somos menos.

—No entiendo; tú me dices que la Ciudad se está vaciando, y yo siento, apenas salgo a la calle, que se está llenando.

—Mira la gráfica con calma para que te convenzas: la población en 2015 fue casi la misma de 1995. Y seguirá bajando; en 2025 será incluso menor a la de 1990 y, para 2030, estará por debajo de la que había en 1980

—¿Qué está pasando?

—Es la suma de dos fenómenos: un flujo migratorio crónicamente negativo y un crecimiento natural de la población cada vez más bajo.

—Explícalo en términos sencillos; no como economista.

—Desde hace muchos años, el número de personas que emigran de la Ciudad México supera a los que inmigran, pero el crecimiento natural de la población, nacimientos menos fallecimientos, compensaba con creces esa salida, aunque cada vez en una menor proporción.

—¿Por qué dices en una menor proporción?

—Porque la tasa de crecimiento natural de la población de la Ciudad de México es decreciente; en 1990 era de 1.71%, mientras que en 2017 será de 0.72%, es decir menos de la mitad de lo que crecía antes. Por eso, a partir de 2005 el aumento natural de la población ya no compensa el saldo negativo del flujo migratorio. Esto lo ves claro en la siguiente gráfica:

Crecimiento de la Población de la Ciudad de México 1990 a 2030

—¿Qué edad tienen los que emigran?

—Una tercera parte son menores de edad, lo que hace muy probable que emigren junto con su familia. Pero el 80% de los emigrantes tiene menos de 42 años.

—¿Qué implica esto?

—Que se acentuará el envejecimiento de la población de la Ciudad de México porque se van los más jóvenes y, en especial, mujeres en edad reproductiva. En 2017 el promedio de edad en la Capital será de 35 años, uno de los más altos del País.

—Bueno, pero quizá los que emigran no se van del todo, porque solo se mudan a algún municipio del Estado de México o de Hidalgo, por lo que permanecen en el Área Metropolitana.

—Cierto, pero no todos. Muchos emigran a otros Estados incluso fuera del País. Aunque lo importante de tu comentario es que, para fines urbanísticos, esa mudanza entre entidades explica porque se ha extendido la mancha urbana del Área Metropolitana del Valle de México.

—¿Por qué se van de la Ciudad de México?

—Si hablamos de los que emigran a entidades no colindantes, quizá el factor más importante es que a partir de los noventa, la Ciudad de México empezó a perder su carácter industrial, ya sea porque muchas empresas cerraron al entrar en vigor el TLC, mientras que otras, como las automotrices, se mudaron a otros estados.  Hoy, poco más del 20% de la actividad económica de la capital se debe a la presencia de corporativos, en especial los del sector financiero, y a que en ella se asientan los tres poderes de la Unión, mientras que el sector manufacturero y el de la construcción apenas representaron en 2014 el 7.1 y el 3.2% respectivamente del PIB capitalino.

—¿Por qué si la población se reduce, tenemos la impresión de que hay más gente y vehículos?

—Por cuatro razones:

La primera, porque la Ciudad de México es la entidad federativa con más alta densidad de población; 5,800 habitantes por km² contra 724 del Estado de México que ocupa el segundo lugar y contra 10 de Baja California Sur que se ubica en el último.

La segunda, porque dentro de la concentración, hay aún más concentración; la densidad de población de delegaciones como: Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Iztapalapa y Cuauhtémoc superan en dos y tres veces al promedio de la Ciudad. Por ejemplo, las dos últimas pasan de 16,000 habitantes por km².

La tercera, porque en días laborables hay una población flotante de casi dos millones de personas, equivalente al 25% de la población de la Ciudad de México, que provienen de otros Estados y que en gran parte trabajan en las demarcaciones de mayor densidad. Además de que cientos de miles de ellos ingresan a la Capital en su vehículo particular.

Por último, el transporte público es pésimo lo que estimula el uso del automóvil; si antaño había un auto por familia, ahora en muchas familias cada miembro adulto tiene uno. A esto suma que las calles y avenidas resultan insuficientes para que en ellas circulen o se estacionen una número creciente de vehículos y, por último, la organización del tráfico es deficiente, amén de la corrupción que lo hace más caótico.

—O sea, que cada día la Ciudad de México recibe millones de personas que demandan espacio para circular, estacionamiento, servicios públicos, producen basura y además contaminan, pero que no contribuyen fiscalmente a sufragarlos. Incluso deben ser miles los que disfrutan del subsidio al Metro.

—Quizá, si son asalariados, las empresas donde trabajan paguen el impuesto de 2% sobre la nómina, más la actividad económica que generen sus gastos en la Capital. Pero los demás dejan poco.

—¿Cómo explicar el boom inmobiliario si cada vez hay menos habitantes?, ¿quiénes compran los departamentos?

—Creo que el término boom inmobiliario no representa la realidad. Más que boom lo que se ha dado en la Capital son burbujas inmobiliarias en áreas específicas que han sido seleccionadas por los desarrolladores por su potencial comercial, con el consentimiento y apoyo del Gobierno, para atender la demanda de segmentos de mercado que cuentan con recursos para adquirir un inmueble o contraer una hipoteca. En contraste, hay zonas de la Ciudad, en especial donde se asientan los grupos de menores ingresos, en las que no hay ni boom, ni burbuja sino el tradicional abandono.

—¿Han contribuido estas burbujas al caos urbano?

—El meollo del problema es que el móvil de las burbujas es generar la máxima ganancia en el menor tiempo posible; no el desarrollo urbano. Esto implica enfocarse en zonas con potencial, adquirir terrenos y  venderlos tantas veces como pisos se construyan sobre ellos. Así, se autorizan torres sin considerar sus implicaciones en el suministro de servicios, en el tráfico vehicular y, menos aún, en la densidad de población existente la zona. El desarrollador maximiza sus ganancias y los vecinos resienten, y seguirán resintiendo, los efectos negativos que ese negocio provocó. El desarrollador se larga escondido cobardemente detrás de un entramado de sociedades y fideicomisos efímeros, los vecinos se quedan, la pagan y son lo que dan cara para defenderse.

—Pero el Gobierno de la Ciudad repite como mantra “Ciudad compacta” para justificar la construcción de edificios. Ya ves, como la Ley de Reconstrucción se propuso incrementar la altura permitida en aquellos edificios que se reconstruyan.

—Es un argumento engañoso de un discurso que delata la complicidad entre Gobierno y desarrolladores. Resulta estúpido usar el término “Ciudad compacta” para justificar la construcción de torres en delegaciones que tienen más de 16,000 habitantes por km², como ocurre con la Cuauhtémoc. O, seguirlo permitiendo en colonias como Las Granadas que carecen de áreas verdes y espacios abiertos.  Una densidad razonable, por colonia, es decir vivible, debería ser el límite de la verticalidad; no la maximización del lucro financiero por cada metro² de terreno disponible para construir. Lo primero es planear la Ciudad, lo segundo es, como está ocurriendo, depredarla.

—Entonces, si el número de habitantes decrece la demanda de vivienda también debería disminuir. ¡Órale, ya parezco economista!

—En teoría, pero el volumen de viviendas disponibles ha crecido más que la población. Esto ha hecho que el número de personas por vivienda ocupada pasara de 4.2 en 1995 a 3.4 en 2015. Sin embargo, esto no quiere decir todo que todo mundo cuente con una vivienda digna, en especial las familias de bajos ingresos. Sobre todo porque por su baja rentabilidad este segmento no es de interés para los desarrolladores y, menos aún, las torres que vemos construir por doquier tienen como objetivo atenderlo. Por el contrario, muchas veces estos desarrollos provocan el desplazamiento de estos grupos que deben mudarse a zonas menos costosas.

—¿Eso es la gentrificación?

Gentrificación es un anglicismo de gentifying. Lo que significa este término es que al renovarse un vecindario,  los residentes originales son desplazados por otros de mayor poder adquisitivo que pueden adquirir los nuevos inmuebles, cubrir prediales más altos o, en su caso, pagar rentas más elevadas. Así, la nueva escenografía urbana que a la vista luce agradable, oculta un fenómeno social como es el desplazamiento y la emigración forzada, que expande la mancha urbana y alarga los tiempos de traslado.

—¿Puedes ejemplificarlo?

— Por ejemplo, el Sistema de Actuación por Cooperación de la Colonia Doctores abarca manzanas cuyo Índice de Desarrollo Social está en el rango de muy bajo y bajo, lo que significa que sus residentes no disponen de los recursos para adquirir algunos de los departamentos que ahí se construyan, o, si son dueños de algún inmueble, puedan pagar los nuevos prediales al revalorarse la zona. Preferirán desalojarlos, vendérselos a algún desarrollador y mudarse a otra parte.

—Para el futuro de la Ciudad que implicaciones tiene que su población decrezca.

—Dos reflexiones. La primera es que debemos hacer es considerar con seriedad este fenómeno en el proceso de planeación; no es lo mismo imaginar escenarios para una población creciente y joven que hacerlo para una situación opuesta; menos habitantes y cada vez, de mayor edad. Solo piensa que habrá zonas que se despoblarán más rápido que otras, o las implicaciones que para fines de movilidad, salud y empleo, y para las finanzas de la Capital, significará tener un mayor el número de adultos mayores.

—¿Y la segunda?

—La dinámica de muchos problemas que afectan a la Ciudad de México se debe a la forma como funciona el Área Metropolitana del Valle de México y la manera como en ella están distribuida la población y los centros de trabajo. Por esta razón, es indispensable que el proceso de planeación se haga a partir de este nivel, es decir del Área Metropolitana, para alinear las políticas públicas, en especial las de desarrollo urbano y movilidad, así como los presupuestos de operación e inversión que las respalden.

—¿A qué te refieres por alinear políticas?

—En primer término, considera que, dado el decremento de su población, la Capital está perdiendo peso relativo en el Área Metropolitana, aunque dentro de ella todavía concentra las principales fuentes de empleo. Esto implica el ingreso diario de una población flotante y de parque vehicular muy importante que crea importantes problemas de tráfico, contaminación y presiona la demanda de servicios públicos. ¿Debemos los capitalinos seguir destinando cantidades importantes de recursos en construir obras de infraestructura vial para atender a esa población flotante o, sería mejor, desde una perspectiva metropolitana, construir sistema de transporte masivo que ingresaran un menor número de vehículos y de buscar la mejor ubicación de los centros de trabajos?, ¿te imaginas si en lugar de haberle puesto un segundo piso al Periférico se hubiera hecho un tren elevado? Parece increíble que en pleno Siglo XXI la única manera que tiene la gente para entrar o salir de la Ciudad de México sea sobre ruedas de hule.

—Me estás hablando de poner en sintonía al Gobierno Federal y a los de la Ciudad de México y el de los Estados de México e Hidalgo; en nuestra realidad política ¿Esto es factible?

—Esta es la parte triste y pesimista de este diálogo. Por experiencia propia sé que el término coordinación en el ámbito público, no pasa de la foto y del discurso sin mayor consecuencia. Me hubiera gustado que, en lugar de convertir al Distrito Federal en entidad federativa, se hubiera considerado la creación, como ya estuvo en la Constitución de 1857, del Estado del Valle de México para asegurar una visión única y coherente para gestionar y planear el desarrollo del Área Metropolitana, pero se impuso el cortoplacismo; medallas para que las presuma la mediocridad. Los alemanes tuvieron los cojones para asumir los costos políticos y financieros que significó reunificar a su País uniendo dos mitades muy desiguales. Nosotros nos los tenemos para modificar las fronteras estatales que tiempo atrás otros mexicanos trazaron. Cierto que nos sobran para sentirnos machos, pero nos faltan para actuar como hombres.

 

 

Nota: Los datos de este artículo fueron tomados del Consejo Nacional de Población, de la base de datos del INEGI y en particular de la Encuesta Intercensal 2015 y del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México.

Carlin y Curzio; ¿Qué define el umbral de la libertad de expresión?

Curzio y Carlin

 

Con pocos días de diferencia, dos periodistas destacados: Leonardo Curzio en Mexico y John Carlin en España, salieron de los medios donde colaboraban: Núcleo Radio Mil (NRM) y El País respectivamente.  ¿Qué tienen en común estos episodios?

Curzio, antes de ser periodista y conductor de un programa de noticias, fue investigador, por lo que tiene la disciplina de reunir datos e información para analizarla y, entonces, emitir opiniones fundadas, como lo hace patente en sus artículos y cuando está al frente de cámaras y micrófonos. Incluso, si incursiona en terrenos que le son ajenos, tiene el prurito de advertírselo a sus interlocutores, para que lo consideren al momento de juzgar sus puntos de vista.

Por estas razones, muchos radioescuchas considerábamos la presencia de Curzio en el cuadrante como un punto de referencia, valorado por su seriedad, objetividad y porque sus opiniones no se quedan en lo superficial, sin tomar para ello el papel de pontífice que, desde su púlpito radiofónico o televisivo, nos señala a los mortales el camino a seguir. Tampoco se planta frente al público asumiéndose intelectualmente superior, como sucede con algunos representantes de la llamada comentocracia o supuesta intelectualidad que, entre piropos mutuos para halagarse el ego, terminan hablándose solos.

“La Tertulia” era un excelente programa de análisis político, que ojalá aparezca de nuevo. Ágil, bien conducido y enriquecido con las opiniones de Amparo Casar y Ricardo Raphael que, como Curzio, no niegan su formación como investigadores y su continuo estudio de la realidad nacional.

De padre escoces y madre madrileña, John Carlin es un reconocido ensayista, escritor, guionista y periodista. Obtuvo el grado de maestría en literatura inglesa en la Universidad Oxford. Desde muy joven se inició en el periodismo que lo llevó a trabajar como corresponsal en distintos medios de comunicación en Norte, Centro y Sudamérica, Europa y, en Sudáfrica. Sus experiencias y análisis no solo los ha plasmado en trabajos periodísticos sino también le han servido de base para realizar documentales y escribir libros. En el año 2000 obtuvo en España el Premio Ortega y Gasset. En 2004 publicó “Heroica tierra cruel: crónicas africanas” y en 2008 “El factor humano” sobre una anécdota de Nelson Mandela durante la final del Campeonato Mundial de Rugby, obra que más adelante sirvió de base para el guión de la película Invictus. En 2013 publicó La sonrisa de Mandela, con quien tuvo la oportunidad de establecer un estrecha relación.

Hasta hace poco, Carlin publicaba en El País dos columnas: “El córner inglés” sobre temas deportivos y “El factor humano” sobre cuestiones de actualidad en el ámbito político. Aunque la línea entre ambas no era tan nítida ya que, por lo general, sus observaciones sobre asuntos deportivos daban píe a reflexiones que con facilidad podía llevarse a otros ámbitos, como ocurrió en su última columna intitulada “Piqué para presidente” donde con su característica agudeza y manejo del sarcasmo, analiza las opiniones políticas del central del Barcelona respecto al referéndum sobre la independencia de Cataluña, mientras crítica la actitud negativa hacia dicha opción del Gobierno español. Al final termina proponiendo al joven catalán como presidente de España.

Curzio decidió abandonar NRM cuando, so-pretexto de reducir gastos, la dirección de la radiodifusora le propuso que prescindiera de Casar y Raphael. Condición que juzgó inaceptable y que pudo haber sido la manera que eligieron para decirle adiós.

Dado lo sorpresivo de la partida, en las redes sociales se difundió de manera profusa la última tertulia, porque, supuestamente, en las opiniones que expresó el trío sobre el financiamiento a los partidos, estaban la razones que explicarían la salida de Curzio y el fin de La Tertulia, como en su momento sucedió con el reportaje de Carmen Aristegui en MVS sobre la Casa Blanca de Peña Nieto que, presumiblemente, le abrió a esta la puerta hacia la calle.

Pero, al ver de nuevo el programa de La Tertulia, los argumentos y el talante de los contertulios no me resultaron distintos a los de otras ocasiones. Fueron, como siempre, incisivos, fundamentados y duros, sin faltar al respeto. Más aún, su tono fue el mismo con el que los hemos oído analizar y criticar a todo el espectro político nacional y a los miembros de los tres poderes públicos y órdenes de gobierno. No encontré nada diferente.

Cuando Curzio explicó en su columna de El Universal las razones de su renuncia señaló, por una parte, que el carácter familiar de NRM la desprovee de los contrapesos que tendría si fuera una empresa institucionalizada, donde un consejo de administración actuaría como supervisor y contrapeso del director general y como garante de los accionistas. Mientras que, por la otra, admite que, aun cuando no le consta ninguna presión política para eliminar a “La Tertulia”, si percibe una especie de autocensura ante el riesgo de perder ingresos provenientes del erario.

Quizá por su vena escocesa, Carlin se identifica con los catalanes y, abiertamente, ha defendido la realización de un referéndum; aunque también ha dicho, que no optaría por la independencia, como ya la había escrito en El País, diario que lo despidió, en apariencia, por un ensayo que publicó en el diario británico The Times, con el título “La independencia catalana: este caos lo explica la arrogancia de Madrid”(1), donde empieza por criticar a Felipe VI por el discurso que dirigió a su nación, señalándole su parcialidad, su desdén por los ciudadanos que sufrieron los embates policiales y por hablar más como un representante del gobierno que como jefe de Estado, en cuanto su respaldo, a resolver un conflicto catalán solo por la vía jurídica, sin entender su naturaleza política.

En ese mismo artículo, reiteró sus críticas al establecimiento político de Madrid, en especial del Partido Popular, señalando su mediocridad y su desconocimiento de la realidad catalana, mientras que a Rajoy lo califica de un político de tercera, carente de la estatura de un estadista y que su única opción frente a la cuestión catalana ha sido por la vía legal, como sucedió cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales, varios artículos del Estatut que antes había aprobado el Parlamento de Cataluña y el Congreso de España. A juicio de Carlin, este enfoque unidimensional ha dado aire al voto independentista que en 2006 apenas representaba el 15% de la población.

El tono puntilloso, el sarcasmo y el uso de adjetivos que utilizó Carlin en dicho ensayo, no distan mucho de los que normalmente emplea en sus entrevistas y artículos. Por ejemplo, en una entrevista publicada en El País antes del referéndum británico dijo sobre sí mismo: “Si gana el ‘Brexit’ sentiré vergüenza de haber nacido en Inglaterra” (2), mientras que un artículo sobre Trump lo intituló: ¿Ha habido un líder más ridículo en la historia? (3), y en otro calificó a Putin, Erdogan y Xi Jinping como líderes gorilescos (4).

El despido de Carlin llama la atención porque el El País es un diario que presume de su pluralidad. Despedir a uno de sus articulistas estrellas, incluso laureado con un reconocimiento establecido por el propio diario, porque sus opiniones no coinciden con la posición editorial respecto a Cataluña y, peor aún, hacerlo por un ensayo que publicó en otra nación y en otro idioma, parece un acto de censura desproporcionado.

Sin embargo, este abrupto despido ocurre en una situación harto compleja para el director general del Grupo Prisa, José Luis Cebrián, quien lucha por continuar en su cargo al mismo tiempo que busca la fórmula para reducir los pasivos de la empresa y abatir las pérdidas, capitalizando deuda y deshaciéndose de activos, para lo cual es imperativo contar con el apoyo de grupos financieros en Madrid y Barcelona, y de alguna forma, con la simpatía del Gobierno español.

Al parecer los casos de Curzio y Carlin señalan que el límite de la pluralidad termina cuando algo o alguien se singulariza. Bienvenidas sus afiladas críticas, sus sesudos análisis y sus incisivos comentarios, siempre y cuando no toquen a quienes tienen en sus manos la válvula del suero vital.

Curzio deja claro que, en México, la necesidad de recursos del erario condiciona la línea editorial de NRM y de los medios en general. Mientras que, en España, los socios y los apoyos que procura la Dirección General del Grupo Prisa para mantener su posición y salir del atolladero financiero, seguramente tienen convicciones respecto al conflicto catalán más cercanas al Gobierno español que a las opiniones de Carlin. Por ende, cabría preguntar, aunque quizá parezca cándido, ¿es entonces la necesidad de dinero por parte de los medios lo que en cada caso define el umbral de la libertad de expresión?

(1) Catalan independence: arrogance of Madrid explains this chaos

https://www.thetimes.co.uk/article/catalan-independence-arrogance-of-madrid-explains-this-chaos-vmh7nnxsx

(2) John Carlin: “Si gana el ‘Brexit’ sentiré vergüenza de haber nacido en Inglaterra”

https://elpais.com/internacional/2016/06/23/actualidad/1466703657_316173.html

(3) ¿Ha habido algún líder más ridículo en la historia?

https://elpais.com/internacional/2017/07/02/actualidad/1499019900_692899.html

(4) Gorilas sin causa

https://elpais.com/elpais/2017/05/14/opinion/1494783202_337616.html

 

 

 

 

 

 

 

La corrupción mata, pero no muere

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El carácter endémico que tiene la corrupción en la vida del País nos ha hecho cínicos. La vemos a diario en muchas facetas y ámbitos de la vida nacional; se practica al mayoreo y al menudeo. “Qué quieres, estamos en México”, nos decimos entre resignados o quizá esperanzados de que algún día también nos beneficie; “ya ves, todos lo hacen”, “es lo que lubrica el sistema”, “de que te lo lleves tú, a que se lo lleve otro”, “no pagues impuestos; pa’ que se los roben”.

Racionalizar lo indebido es actividad prolífera en justificaciones que nos atascan en el pantano. Así, los objetivos de muchas leyes redactadas para hacernos avanzar se cumplen a medias debido a la corrupción; tan pronto damos un paso para adelante, retrocedemos medio para atrás, en la medida que sus flamantes artículos representan más opciones para pedir u ofrecer dinero a cambio de violarlos o evadirlos.

Como sociedad asumimos que la corrupción es inocua, gratuita y que, como si fuera un catarro, podemos en nuestra vida diaria sobrellevar sus molestias o beneficiarnos de ella, hasta que de manera inesperada y trágica se nos revelan sus consecuencias más extremas: muerte y destrucción. No existe el autoengaño sin fecha de caducidad.

Con seguridad, las razones que determinaron la muerte y lesiones de muchas personas, los derrumbes de inmuebles y las pérdidas patrimoniales que han llevado a la quiebra a cientos de familias, fueron la mercancía que se negoció en actos de corrupción; pisos de más, varillas de menos, materiales de menor calidad, cálculos estructurales ficticios, arreglos cosméticos para disfrazar los daños de edificios dañados en 1985, cambios tramposos e ilegales en el uso del suelo, inmuebles sobrecargados con antenas, espectaculares, fábricas clandestinas y hasta con un helipuerto. Todo esto, para que no sucediera, está previsto en leyes, reglamentos y normas. Pero, cuando la corrupción prevalece, todo queda sujeto al pago de un precio, lo que vaporiza la certeza jurídica y lleva a muchos ciudadanos a invertir tiempo, dinero y esfuerzos para defenderse de los actos de quien debería protegerlos: el Gobierno.

¿Cuánto se habrá pagado para ignorar o aprobar lo que segó la vida de los niños que aguardaban a sus padres para salir de la escuela, o la de aquellas obreras que ganaban un sueldo miserable en una fábrica que operaba en un edificio hecho para oficinas?, ¿cuánto se repartió entre inspectores que no veían y burócratas que firmaban a gusto de quienes les untaban la mano? Insisto, el verdadero costo de la corrupción no es la mordida sino lo que esta deja torcido.

Quienes en los ámbitos público y privado lucraron con las razones que provocaron la muerte y las lesiones de cientos de personas y la quiebra de miles de familias, tienen en su bolsillo dinero ensangrentado que no obtuvieron por su talento y esfuerzo, sino por la carencia más absoluta de principios éticos y responsabilidad con sus semejantes. No deben sentirse orgullosos del techo donde viven con su familia, ni de lo que a diario ponen sobre la mesa, ni de la vida que llevan y menos de un supuesto éxito profesional. Ganar dinero a costa de la sangre, el dolor y la miseria de otros es una infamia que no puede quedar impune.

Por ello, la reconstrucción de edificios derrumbados o dañados debe empezar por elaborar y divulgar peritajes forenses que señalen las razones que explican los siniestros. Esto, como sucedió en temblores pasados, permitirá aprender y prevenir las consecuencias de fenómenos naturales, que, aun siendo impredecibles, sí pueden imaginarse y simularse mediante modelos matemáticos.

Pero estos dictámenes, también deben servir para deslindar responsabilidades y, en su caso, presentar a los presuntos responsables ante la justicia para que paguen por sus acciones u omisiones. De lo contrario, en el implacable discurso de los hechos, seguiremos reiterando que violar la ley no tiene ninguna consecuencia, en beneficio de un círculo perverso donde la impunidad del presente sirve de abono a la corrupción del mañana.

Sospechoso que el gobierno de la Ciudad haya impedido, al cerrar parcialmente la página de SEDUVI, acceder a elementos vitales para indagar sobre los inmuebles derrumbados y dañados, y sus sendos directores responsables de obra. Quien impide esclarecer un crimen es tan culpable como aquel que lo comete y, más aún, hace pensar que la evidencia que esconde delataría su complicidad desde el principio

El sismo con su cauda de muerte y destrucción irrumpió en el festín inmobiliario que el gobierno de Mancera ha prohijado y consentido sin ningún disimulo desde el día uno de su mandato, cuando, en un claro conflicto de interés, nombró a su amigo y desarrollador, Simón Neumman, como el primer titular de la SEDUVI, lo que equivalió a una declaración de intenciones que en sus cinco años de gobierno se ha ido materializando en hechos que han beneficiado el negocio inmobiliario. Por ejemplo: en burbujas especulativas en zonas seleccionadas por su valor comercial, en la creación de Sistemas de Actuación por Cooperación, que suman más 1,500 hectáreas, incluyendo el Bosque de Tarango, para darle la vuelta a los programas delegacionales y empaquetar una serie de beneficios a favor de la rentabilidad inmobiliaria, en la suspensión de varios artículos del Reglamento de Construcciones apenas cinco meses después de publicado, en la incorporación de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios a las tareas de reconstrucción y, como la cereza del pastel, en una iniciativa de Ley de Reconstrucción donde, entre otras cosas, se autoriza a priori el incremento de alturas, una mayor densidad y, sin importar su legalidad antes del sismo, define como derecho adquirido el número de pisos que tenían los inmuebles derrumbados y dañados.

La reconstrucción de la Ciudad debe pasar, en primer término, por la elaboración de un Programa de Desarrollo Urbano hecho a partir de un análisis profundo de las proyecciones de la dinámica demográfica y económica de la Capital, incorporando en él, las lecciones del último sismo, las voces de expertos independientes y de la ciudadanía, y sobre todo, con base en un verdadero atlas de riesgos elaborado por expertos y conocido por todos. En este sentido, el mayor favor que puede brindarle Mancera a los capitalinos es hacerse a un lado. Nos merecemos ver al futuro desde otras perspectivas que no sean el interés a ultranza por la rentabilidad inmobiliaria. Nos merecemos imaginar el porvenir sin más atadura y compromisos que el bien común de las generaciones presente y futuras.

Tener claro hacia dónde debemos dirigirnos debe ser la base para revisar el mazacote jurídico que norma el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México. Leyes y normas en materia urbana deben ser un instrumento del Programa de Desarrollo Urbano, y no, como ocurre ahora, un entramado que facilita los negocios inmobiliarios a costa del interés común y bendice como legal aquello que claramente no lo es.

Reconstruir exige que esa solidaridad social que desinteresada y con energía aflora ante los siniestros, no mengüe y que asuma un carácter proactivo y constante para evitarlos y minimizar sus daños. Si la sociedad civil fue capaz de encabezar los esfuerzos de salvamento, debe hacer lo mismo para evitar que la corrupción, la impunidad y la opacidad vuelvan a segar vidas y destruir patrimonios. Siempre será mejor que muros y techos no se caigan, que realizar esfuerzos sobre humanos para salvar a los sobrevivientes. Siempre será mejor levantar la voz y actuar cuando se advierte un acto de corrupción, que bajar la cabeza y callar. La corrupción ha matado y seguirá haciéndolo, porque la hemos dejado vivir. Entendamos, es ella o nosotros.

 

El monje que vendió su Ferrari…a un procurador

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¿Por qué Raúl Cervantes no debería ser el primer fiscal general de la República?

1. Porque, al margen de los pactos entre partidos, no es ético que un presidente saliente deje, como fiscal general, a una persona que él nombró y que muy probablemente tendrá que atender actos de corrupción cometidos durante su sexenio.

La insistencia en este nombramiento parece recoger la lección que aprendió Salinas, cuando Zedillo cedió al PAN el nombramiento del procurador general de la República, entregándole a la oposición la llave para destapar la cloaca. Quizá, en este caso, la intención de Peña Nieto contradice aquello de que nadie experimenta en cabeza en ajena.

2. Porque la trayectoria profesional de Raúl Cervantes no se ajusta a las cualidades, aptitudes y experiencia que se esperan tenga un fiscal general. Más aún, porque este puesto y la estructura que dirigirá, forman parte de una iniciativa de gran envergadura, que ha sido impulsada por la sociedad civil para combatir uno de los problemas más graves del País: la corrupción.

En los últimos años, Raúl Cervantes ha entretejido períodos como legislador y funcionario con lapsos en los que ha estado al frente de su despacho. De hecho, a partir de 2003 ha dedicado más tiempo a lo primero que a lo segundo. Aun así, su actividad en el ámbito privado ha sido tan rentable, como para adquirir un automóvil que equivale a 165 años de salario mínimo.

Desconozco, si Raúl Cervantes, durante sus etapas de legislador y servidor público, renunció formalmente a su participación en su despacho y, sobre todo, a ocuparse con esas investiduras de asuntos de naturaleza privada, ya sea de manera directa o a través de empleados. Si no lo hizo, habría incurrido en un conflicto de intereses, como sucedió con Diego Fernández De Ceballos cuando era legislador, quien aprovechaba el derecho de picaporte que conceden los cargos públicos para mover, desde esa posición ventajosa, asuntos privados.

3. Porque la cuestión del Ferrari revela rasgos de su personalidad que no encajan con los que deberá tener quién ejerza como fiscal general de la República. En un país donde existe una aguda concentración de la riqueza, resulta ofensivo que un servidor público, ostente como una muestra de su patrimonio personal, un automóvil de una marca a la que en el mundo muy pocos pueden tener acceso. Grotesco, ver circular al Ferrari custodiado por unas camionetas repletas de guardaespaldas, que difícilmente podrían seguirlo si se aplicara toda su potencia, lo cual en esta ciudad de topes, baches, socavones y encharcamientos es un imposible.

Si algo queremos ver en el fiscal general es justamente lo opuesto: austeridad, porque lo exige la naturaleza de su cargo, y sensibilidad social, porque debe comprender las carencias básicas que sufre el pueblo al que sirve. Exhibirse ante este en un Ferrari, como demostración de un supuesto éxito profesional, equivale a insultarlo y a menospreciar su situación.

Pero la ofensa a los ciudadanos no se limita a la ostentación de un auto de lujo sino a tratarlos como idiotas, porque así nos sentimos cuando Raúl Cervantes nos dice, que registrar su auto en Morelos, en un domicilio que no le pertenece, no fue para era evadir el pago de un impuesto establecido en la Ciudad de México, donde reside, sino que todo fue consecuencia de un error administrativo y del cual no se había dado cuenta hasta que lo reveló una investigación periodística. ¡Ajá!

Nos preguntamos, si Raúl Cervantes llegara a ser nombrado fiscal general, que tipo de explicaciones podríamos esperar cuando informara sobre asuntos en los que pudieran estar vinculados algunos de sus hoy compañeros de gabinete, incluyendo al presidente; ¿serán también errores administrativos?

Julián Mantle, personaje principal del libro de superación “El monje que vendió su Ferrari”, abogado, por cierto, decidió, después de sufrir un ataque cardiaco, dar un giro radical a su vida. Vendió todos sus bienes, incluyendo su Ferrari, emprendió un viaje por Asia, donde terminó recluyéndose con unos monjes en el Himalaya, para aprender a encontrar la felicidad.

Desde luego que no esperamos que Raúl Cervantes venda se Ferrari y se recluya en un monasterio budista para transformarse en el fiscal general que necesita el País. Pero lo que si podemos hacer es preguntar el tipo de persona que nos gustaría en ese puesto.

El primer fiscal general de la República, además de encabezar una posición clave en el despliegue del Sistema Nacional Anticorrupción, tendrá la misión de establecer la fiscalía, es decir; sus procesos, su estructura y, desde luego tripularla con el personal más idóneo. Por ello, su estatura moral y profesional marcará el estándar que se pretende alcanzar.

Como el trillado cuento de “primero el programa y después el candidato”, en el caso de la fiscalía general de la República, ya conocemos la misión y los retos de ese puesto, del que se pueden deducir las cualidades, aptitudes y experiencia de quien lo ocupe. A partir de ello, bien podría abrirse un proceso que seleccione al mejor entre los mejores, en lugar de quedarnos con un solo nombre, resultado de un pacto opaco entre cúpulas partidistas, que contradice el afán de transparencia que promueve el Sistema Nacional Anticorrupción y que está inspirado en mucho, mucho miedo.

El lastre del País: la clase política

El lastre de la clase política

¿Sería posible que en las próximas elecciones federales surgiera en México un movimiento político de refresco, que llevara a la presidencia de la República a una especie de Macron o que diera lugar a que nuevos partidos lograran un peso importante en el Congreso, como ocurrió en Francia y, con Podemos y Ciudadanos en España?, ¿podríamos ver caras nuevas?

La respuesta es un no rotundo.

Las reglas electorales establecidas por los partidos políticos han creado una especie de sistema de franquicias que está protegido por múltiples barreras de entrada, entre las que se incluye el acceso a abundantes recursos de los erarios federal y estatales, y que han sido muy efectivas para neutralizar reformas políticas destinadas a fracturar ese oligopolio, como las candidaturas independientes y las iniciativas ciudadanas.

Concluir que, al menos en el mediano plazo, es imposible la renovación del escenario político y de sus protagonistas nos llena de frustración y tristeza.

Frustración, porque en los puestos, donde deberían estar quienes ayudaran a sacar al País del atasco, seguiremos viendo las mismas caras recicladas que harto tiempo llevan exhibiendo su mediocridad y su desmemoria, la misma grisura de la clase política tan ávida de poder público y de las canonjías lícitas e ilícitas que este conlleva, como carente de talento, valores, convicción e ideología.

Por cuestión de orden es claro que la vida política de una nación debe organizarse en un sistema de partidos. Pero en la delgadez de nuestra democracia, los partidos políticos no son más que logos y nombres que corresponden a estructuras huecas, construidas solo por andamios, porque su fin fundamental es servir para trepar, balancearse y, en caso necesario, saltar de una a otra sin ningún pudor, si eso asegura seguir mamando de la teta presupuestal.

En esta vacuidad ideológica no tiene sentido hablar de derecha e izquierda. En el espectro político mexicano resultan indistinguibles, más aún si nos atenemos al modo como gobiernan y legislan los partidos. Por eso, entre ellos, son posibles las alianzas más inverosímiles. No les estorban principios, ni convicciones, porque simplemente no las tienen; en cambio, les une el anhelo de mantener el oligopolio del poder público para seguir lucrando con él, tanto política como económicamente, y continuar cortejando, en su carácter de clientes preferentes, a los poderes fácticos.

Tristeza, porque no se han cumplido las expectativas que, en su momento, nos inspiró la alternancia política y pluralidad en los congresos. En el 2000 creímos en nuevo amanecer, en un paso adelante en nuestro desarrollo democrático. Pensábamos, ingenuos, que los vicios del presidencialismo y del partido único, menguarían gradualmente para transitar del poder unipersonal al de las instituciones. Pero nos equivocamos, la batuta de la dictadura perfecta, como llamó Vargas Llosa a la longeva hegemonía del PRI, se rompió en cientos de astillas que recogieron los partidos políticos. Estos, como la policéfala hidra de Lerna, asoman sus múltiples cabezas, en los poderes legislativos y ejecutivos, en los tribunales, en el Poder Judicial y en los órganos autónomos, con el fin primario de salvaguardar y engrandecer sus intereses.

El control monolítico del presidencialismo se fragmentó en cantidad de parcelas de poder que, además de reproducir sus peores vicios como la falta de rendición de cuentas y la corrupción en los poderes federales, gubernaturas y municipios, incluida la Ciudad de México, ha propiciado el empeoramiento y la expansión territorial de problemas como la inseguridad, porque en los tres órdenes de gobierno, los servidores públicos, con la bendición y complicidad de sus sendos partidos, ejercen su cargo como si fueran señores feudales, que se llenan la boca diciendo que ellos mandan por voluntad popular.

La agenda nacional no corresponde a las prioridades de la ciudadanía, sino a lo que interese o afecte a la clase política. Basta ver como la conversión del otrora Distrito Federal en entidad federativa, que nunca fue una prioridad para los ciudadanos porque no resuelve los problemas de la Ciudad y cuyo desinterés fue patente al abstenerse en más de setenta por ciento en la elección de la Asamblea Constituyente, se llevó a cabo porque por que los partidos vieron en ella la posibilidad de más cargos públicos que rellenar con sus leales, más parcelas de poder público que controlar y más presupuesto que repartir. Esta voluntad necia para hacer lo que el pueblo no pedía, contrasta con los oídos sordos a cualquier transformación que afecte sus intereses, como ocurre con la reforma constitucional para reducir el financiamiento a los partidos.

Con el presidencialismo, cada seis años había la esperanza de que el cambio del prócer en turno daría lugar a una renovación. Pero con la partidocracia esa posibilidad es una quimera, porque tiene decenas de cabezas y se comporta como una masa chiclosa que traba los engranes y se adhiere a ellos. Hoy están aquí, mañana allá.

Parafraseando a Nietzsche diríamos que, no existe desgracia más dura en la vida de un pueblo que cuando al frente de él no marchan los mejores; entonces todo se vuelve falso, torcido y monstruoso.

Es obvio que el magro crecimiento que el País ha tenido en lo que llevamos del siglo y el empeoramiento de los problemas nacionales como la corrupción, la inseguridad y la desigualdad serían inexplicables, sin considerar el rol que ha jugado la partidocracia en a definición e implantación de leyes y políticas públicas, como en la gestión cotidiana de los poderes ejecutivos, donde al ver cómo actúan sus miembros más destacados, nos queda claro que los partidos no son un imán para la atracción talento, pese a la sobrada astucia que muchos de ellos demuestran para delinquir y, en no pocas veces, para legalizar la corrupción.

Como los reyes absolutistas, resulta difícil pensar que la partidocracia se reforme a sí misma. Para esto se requiere, como sucedió con el Sistema Nacional Anticorrupción, la presión tenaz, la creatividad y la organización de la sociedad civil. Hay muchas murallas que derribar, pero lo más urgente es facilitar la emergencia de nuevas fuerzas políticas, las candidaturas independientes y las iniciativas ciudadanas, para refrescar el debate de los asuntos públicos. Hoy día, ambas posibilidades, implican confrontar trabas prácticamente infranqueables.

Pese a ello, en las redes sociales y en cientos de organizaciones ciudadanas vemos a muchos mexicanos que trabajan con convicción, talento, profesionalismo y en las más de las veces de manera gratuita para beneficio del País, su Estado o su Ciudad, aunque sean conscientes de que su trabajo incansable trasciende a cuenta gotas. En esa labor radica la fuerza para reformar y desechar lo que nos estorba.

Seamos claros, la partidocracia no es un término descriptivo, es un lastre que el País arrastra.