En lo obscurito, el bien público se ve como privado

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Una de las primerísimas decisiones de Mancera al asumir el cargo de jefe de Gobierno fue nombrar a Simón Neumman, desarrollador y su amigo personal, como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo que, al margen del obvio conflicto de intereses que por partida doble entrañó esa designación; cuate y constructor, puso de manifiesto con claridad meridiana, que uno de los principales objetivos de su gestión sería impulsar, a cualquier precio, el negocio inmobiliario.

A lo largo de los cinco años de su gobierno, ese propósito se ha hecho palpable en muchas zonas de la Ciudad que se han transformado como consecuencia de una intensa y caótica actividad inmobiliaria; una autentica burbuja especulativa cuyo objetivo principal es maximizar ganancias en el menor tiempo posible, sin considerar las consecuencias a corto y mediano plazo en la disponibilidad de servicios, en el tráfico vehicular y en la contaminación.

La contraparte de esta actividad invasiva que ha desquiciado barrios, calles y, en muchos casos, desplazado a sus residentes, ha sido la creación de una buena cantidad de organizaciones ciudadanas ―formales e informales—, que se establecen con el objetivo de defenderse de un acto de la autoridad, porque suele ocurrir que el desarrollador actúa coludido con esta, al amparo del galimatías legislativo que regula la actividad inmobiliaria en la Ciudad de México y que hace posible legalizar e ignorar hasta las violaciones a la ley más evidentes y absurdas. Basta ver cómo, a través de la denominada “transferencia de potencial”, el aire que está arriba de un edificio se materializa, sí leyó bien, se materializa en pisos de varilla y concreto que se construyen en otro inmueble, para que este pueda superar la altura permitida en una determinada zona. No se diga de otras figuras como los sistemas de actuación por cooperación, que resultan poderosas herramientas para darle vuelta a la ley y enderezar hasta lo más chueco.

Destaca en esta vorágine inmobiliaria una veta de negocios donde el Gobierno vende, concesiona o aporta a una empresa privada o a un fideicomiso privado inauditable, terrenos que pertenecen a la Ciudad. Por ejemplo, esto sucede con los inmuebles que forman parte del patrimonio de la capital y que están dentro de las más de mil doscientas hectáreas* que abarcan los “Sistemas de Actuación por Cooperación”. Otro ejemplo, es el Centro de Transferencia Multimodal de Chapultepec, donde se concesionó por cuarenta años una porción de terreno público a cambio de la construcción de un túnel. Y, más recientemente, otro caso interesante es la aportación de terrenos propiedad de la Ciudad a valor ¡“social”! para llevar a cabo proyectos de vivienda que, en teoría, beneficiarán a los trabajadores del Gobierno capitalino, lo que obliga a preguntar si ¿quienes compren esos inmuebles los revenderán también a valor social?

Sin embargo, esa veta de negocios que funde bienes públicos con negocios privados no solo se ha usado en las cuestiones inmobiliarias, sino que se ha extendido a otros ámbitos como: los bajo puentes para el establecimiento de negocios; las paredes de los pasos a desnivel y las columnas del segundo piso para colocar anuncios. Qué ingenuo resulta recordar, cuándo los gobiernos anteriores se empecinaban en eliminar la publicidad exterior para reducir la contaminación visual, término que no existe en el diccionario del actual.

El Metrobus es otro caso interesante donde la rentabilidad de un negocio privado depende de la aportación de bienes públicos, porque con cargo al erario se construyen: las estaciones, la superficie de rodamiento y los espacios publicitarios que después serán concesionados a privados para su explotación comercial.

Al revisar estos casos donde se funden un patrimonio público con uno privado se pueden identificar varios denominadores comunes.

Los bienes de todos en manos de la voluntad de unos

Pese a que estas operaciones significan negociar bienes públicos valuados en miles de millones de pesos y, en algunos casos, concesionarlos por varios decenios, la mayoría de ellas se llevan a cabo con la sola firma de funcionarios colocados en el segundo y tercer nivel de la estructura burocrática del gobierno de la Ciudad. Curiosamente, estos no podrían hacer lo mismo para comprar bienes o contratar servicios por montos equivalentes al valor de los bienes públicos que concesionan o aportan a privados, porque la Ley de Adquisiciones no se los permitiría.

¿Dónde está el fiel de la balanza?

No existe un protocolo, donde sea obligatorio que un tercero revise si la contraprestación pactada es justa para el erario de la Ciudad y si guarda equilibrio con los beneficios que recibe el concesionario que explota comercialmente un bien público. Mi sospecha es que lo que gobierna la confección de estos acuerdos es garantizarle al privado una rentabilidad atractiva, sin importar si eso desequilibra la balanza a su favor.  Más aún, si consideramos que el beneficio que recibe el privado, no se limita al bien o servicio concesionado, sino a la patente de corso que, de facto, obtiene para hacer negocio sin ninguna competencia. Esto, en el ámbito del transporte público, ha dado a lugar a rutas que no forman una red interconectada cuya operación esté centralizada para optimizar el uso de recursos y la calidad del servicio.

Por otra parte, este esquema de concesiones, condena a la Ciudad a optar por las soluciones menos eficientes como son los autobuses de combustión interna jalando remolques, cuando desde un punto de eficiencia energética y ambiental, lo recomendable sería recrear una red de tranvías que como la que operó en la Capital durante buena parte del siglo pasado.

Infortunadamente, la solución a uno de los mayores problemas de la Ciudad; el transporte público, queda limitada a lo que pueden aportar los concesionarios; autobuses con la garantía de rutas concesionadas por veinte años e infraestructura construida con recursos públicos; así, sí le entran. ¡Pos cómo no; a ordeñar la vaca, faltaba más!

¿Es la concesión lo que conviene a la Ciudad o es la ocurrencia de alguien para ganar dinero?

El Corredor Cultural(¿) Chapultepec y la Rueda de la Fortuna fueron proyectos impulsados por un afán de lucro que no surgieron de una necesidad de la Ciudad. Por suerte, la acción ciudadana logró detenerlos como mucho esfuerzo. Sin embargo, el filtro debió ponerse en una fase mucho más temprano y no cuando ya parecían inminentes. Antes de establecer acuerdos e iniciar negociaciones con privados, lo que debe quedar claro es si para la Ciudad la aportación o concesión de un bien público es la solución más conveniente para resolver un problema o mejorar el funcionamiento de la capital. Por ejemplo, esto no queda claro en el caso los parquímetros, cuya concesión implica de facto la explotación de la vía pública, como también sucede con los establecimientos que se están poniendo en los bajo-puentes de vías rápidas y con la explotación para fines publicitarios de los puentes y columnas de periférico. ¿La ciudad necesita y se beneficia con esto?

Para ordenar y transparentar la venta, aportación y concesión de bienes inmuebles propiedad de la Ciudad, un grupo de ciudadanos propusimos que en la Constitución de la Ciudad de México en el artículo correspondiente al “Patrimonio de la Ciudad”, se incluyeran un par de párrafos que hicieran explícita la definición de su patrimonio inmobiliario, porque este es, en una urbe tan densamente poblada como la Capital, la joya de la corona.

  1. El patrimonio inmobiliario de la Ciudad lo integran: el espacio público, incluyendo en éste las áreas de protección ambiental, los terrenos y edificaciones propiedad del gobierno, y las obras de infraestructura urbana que se han construido con recursos del erario.
  2. El Congreso de la Ciudad legislará para que la gestión, control, acrecentamiento, permuta, concesión, arrendamiento y desincorporación del patrimonio inmobiliario sean actividades beneficiosas para la Ciudad en términos prácticos y financieros, se realicen con honestidad y transparencia, estén sujetas a un continuo proceso de fiscalización por parte de la Auditoría Superior y se divulguen de manera amplia, suficiente, periódica y sistemática para conocimiento de la ciudadanía.

Desafortunadamente, no lo conseguimos.  Y eso preocupa porque cuando las reglas y fronteras no están claras, hay muchos que allá, en lo obscurito, ven como suyo lo que en realidad es de todos.

* Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad https://contralacorrupcion.mx/inmobiliariamancera/

¿Cuándo dejaremos de reír?

 

Trump

 

“Trump es un idiota, pero no hay que subestimar lo bueno que es haciéndolo”. Naomi Klein

“En qué momento se empezaron a reír de nosotros” —preguntó Trump el pasado primero de junio, cuando anunció el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático, lo que, conforme a las reglas establecidas en ese documento, ocurrirá hasta el 4 de noviembre de 2020, es decir un día después de la elección presidencial, cuando será muy factible, si antes no es removido de su cargo, que el Republicano resulte perdedor.

Con seguridad, muchos le responderíamos a Trump que no hemos parado de reír desde el momento que asumió la presidencia de su País. Pero esto no se debe a su facha estrafalaria, a la variedad de tonos de amarillo que usa para teñirse el cabello, a lo rebuscado de su peinado que intriga a los productores de queso Oaxaca, a los correctores para disimular sus ojeras, a las gruesas capas de afeites que se aplica para ocultar la palidez de su cara y sus arrugas, a su corbata colgada hasta la bragueta, a sus poses grotescas, a sus gestos bovinos o, a sus desplantes de un macho cabrío pasado de peso y con setenta años a cuestas, como el que hizo después de empellar al primer ministro montenegrino

No, lo que resulta hilarante es su inagotable empeño por ofrecernos a diario todo tipo de ejemplos de su ineptitud para ocupar la presidencia de su País. Si los estadounidenses pensaban que su sistema político era un envidiable ejemplo para todo el mundo, Trump se ha encargado de recordarles que no están exentos de que su gobierno también lo encabece, alguien que se comporte como lo hacen presidentes de naciones, donde el poder público se asume como un patrimonio personal de quienes lo ejercen.

Nepotismo, negocios, narcisismo, improvisación, verborrea populista, conflictos de interés, mítines con acarreados, locuacidad son rasgos inocultables en la actual presidencia de los Estados Unidos. Si Maduro nos deleitó narrándonos sus conversaciones con el difunto Chávez a través de un pajarito que le sirvió de médium, Trump, incansable, nos entretiene con el pájaro de twitter que usa para publicar cualquier ocurrencia; un sábado a las cinco de la mañana desde su palacete de verano acusa a Obama de instalar micrófonos en su oficina, otro día, después de que Inglaterra sufriera el segundo ataque terrorista en menos de un mes, critica al alcalde de Londres sacando de contexto sus palabras para elaborar una falsedad. Nunca aclara sus mentiras y menos pide disculpas a quien ofende. Él asume que todo se olvida.

Trump no solo carece de las aptitudes y competencias conductuales que se requieren para desempeñarse como presidente de la nación más poderosa, sino también de la experiencia y los conocimientos que demanda ese puesto. Por ello, le cuesta entender sus alcances y el complejo entorno en que se desenvuelve. Asume, equivocadamente, que está al frente de un enorme corporativo y no de un gobierno.

Como dueño y director general de su empresa, Trump la manejó como su feudo sin ningún contrapeso. El límite de su poder fue la magnitud de sus recursos, los intereses de los demás y, hasta cierto punto, la ley. Su único objetivo: acrecentar su riqueza. Para ello se valió de todo tipo de estrategias para ponerse por delante de sus adversarios y sacar el mayor provecho de los demás, llámense arrendatarios, clientes, empleados, trabajadores legales e ilegales, bancos y el propio fisco.

“Si alguien me golpea, le pegaré más fuerte y desaparecerá; por eso quiero dirigir el País”, le dijo a Greta Van Susteren, entrevistadora de Fox en abril de 2016. Frase que resume su visión del ejercicio de poder, como una lucha permanente donde debe tirar golpes hasta resultar vencedor.

No extraña, por ende, que durante los seis meses que lleva al frente de la presidencia de los Estados Unidos, Trump se haya peleado con todo el mundo tanto dentro como fuera de su País. En el ámbito empresarial, golpear al adversario puede servir para derrotarlo y no volverlo a ver. Pero cuando se preside un gobierno, esta estrategia es inservible y, como le está ocurriendo, puede revertirse en su contra, porque no puede desaparecer a sus contrincantes por más que los golpee. Menos si se trata de opositores políticos, de legisladores, de la prensa, de los jueces, de otros gobiernos, de instituciones y organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil.

Prueba de ello es el caso de James Comey, exdirector del FBI, a quien Trump despidió de manera indigna y fulminante porque no quiso acabar con la “cosa rusa”. Pero este, en su testimonio ante el Comité del Senado, le demostró que en política no gana el bruto que solo sabe golpear, sino aquel cuya fuerza radica en su inteligencia, como se lo hizo patente el exdirector del FBI cuando, ante la certeza de que Trump buscaría un nuevo director a modo, divulgó a la prensa un memorando cuyo contenido, al hacerse público, forzaría el nombramiento de un fiscal especial e independiente para dirigir las pesquisas sobre la intervención de Rusia en el proceso electoral, lo que recayó en Robert Mueller, amigo y mentor de Comey, del cual pende ahora el futuro de Trump. A golpes, el enemigo no desapareció; se agrandó.

La presidencia de un país, a diferencia de la dirección de una empresa, es un pivote del que jalan, y no en la misma dirección, muchas fuerzas formales, informales y, con frecuencia, resultado de circunstancias impredecibles. Toca a quienes desempeñan esos cargos, entender que, aunque marquen un rumbo y comanden una poderosa estructura burocrática y militar, la naturaleza de su puesto los obligará a arbitrar entre intereses muy variados y, muchas veces, entre los suyos propios y los de otros. Esto es en esencia la tarea de presidir que hasta ahora Trump no ha logrado entender.

Las encuestas señalan que la demostración reiterada de la ineptitud y la incompetencia de Trump ha erosionado su popularidad y se ha convertido en un succionador de energía dedicado a lanzar bengalas para distraer a la opinión pública. La vacuidad y la falsedad de sus argumentos con frecuencia nos hacen reír. Pero nuestras risas, no esconden la preocupación que sentimos porque, aunque nos disguste, está al frente de la nación más poderosa. Un paso en falso, un comentario dicho a la ligera, o una decisión estúpida pueden tensar y complicar más la situación internacional, provocando reacciones que después sea difícil contener.

Si los estadounidenses presumen la fortaleza de sus instituciones políticas y judiciales, este es el momento cuando deben demostrárselo al mundo. La trama rusa apesta, mientras que ya son varias las denuncias contra Trump por violar la Constitución al continuar recibiendo, a través de su empresas, dinero de entes extranjeros. El devenir de estos asuntos hace factible que se abrevie su mandato o, al menos, se le acorte la correa.

Conductas pasadas predicen el desempeño futuro. Trump no va a cambiar y nosotros queremos dejar de reír.

 

 

 

La casona de Polanco

 

Portada

SINOPSIS

Las paredes de las casas, modestas u opulentas, son mudos testigos de lo que pasa dentro de ellas. Pero, en muchos casos, logran expresarlo en su apariencia física.

La casona de Polanco es un cuento sobre los avatares de una familia que viene a menos hasta el extremo de la bancarrota, pero que pese a ello logra conservar la propiedad de la mansión que tuvo desde sus inicios.

La muerte de la madre desencadena, en hijos y nuera, expectativas para resolver, por la vía hereditaria, su situación económica y recuperar así, una añorada posición social.

La casona de Polanco expone con crudeza y humor negro cómo, la ambición material de los hijos puede convertir a la muerte de los padres, a quienes en el fondo nunca llegan a conocer, en un mero trámite para acceder a los recursos que resuelvan su existencia y por los que nunca se esforzaron.

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La desunión fue abono de nuestras derrotas; nunca más

Risk and adversity concept

A los mexicanos nos enfurecen y preocupan los reiterados ataques y la petulancia de un personaje tan grotesco como Trump, pero también que esto ocurra en una situación interna donde no nos sentimos representados por quien, al encabezar el gobierno, debería tener la legitimidad moral para fungir como nuestro abanderado y aglutinarnos a su alrededor.

El liderazgo no es atributo que en automático adquiere quien ejerce un cargo, sino el resultado tangible de sus capacidades individuales y de una demostrada autoridad moral. Los jefes mandan, los líderes arrastran. Hace larguísimo tiempo que al frente del gobierno vemos solo efímeros jefes, que, como matrioskas, se van sucediendo en escala cada vez más pequeña. Contrario a lo que sucede con la creciente complejidad de la sociedad mexicana y sus problemas.

Si Trump ha insultado la dignidad de los mexicanos, Peña Nieto ha ofendido su inteligencia.

En una democracia madura con instituciones sólidas e inserta en una sociedad menos complaciente con la corrupción, Peña Nieto y Videgaray hubieran dejado sus cargos largo tiempo hace, para someterse a la justicia. Los episodios de la casa blanca y Malinalco, resueltos en el imaginario legaloide al que suele recurrir la clase política y donde es posible demostrar que dos más dos suman diez, limitaron la capacidad del presidente para conducir al País a su sola autoridad jerárquica. Manda porque para eso tiene atribuciones legales, pero no convence, ni inspira confianza.

El fiasco de la visita de Trump a Los Pinos que irritó e indignó a la ciudadanía, fue el golpe demoledor a la presidencia de Peña Nieto, porque agregó a su palmarés como mandatario, una gruesa exhibición de impericia, falta de oficio de político e ingenuidad, al dejar entrar a la Residencia Oficial a un fajador de barrio, que utilizó la ocasión y el escenario para realizar un acto de campaña, que horas después festinó burlándose públicamente de nosotros.

Videgaray, a quien se le achacó la idea, fue quien en principio pagó los platos rotos con su renuncia como secretario de Hacienda. Pero, la indispensabilidad del amigo entrañable y la estrechez del círculo íntimo, hizo que al poco tiempo regresará al gabinete como secretario de Relaciones Exteriores, cargo que asumió advirtiendo su inexperiencia en cuestiones diplomáticas. Afirmación ociosa porque ya lo había hecho obvio con su célebre ocurrencia.

La amistad presidencial puede convertir a cualquiera en secretario, incluso como ocurría antaño, hasta en presidente de la República. Pero no crea aptitud, ni rellena vacíos curriculares, ni suple la inexperiencia. Peor aún, si el nombramiento ignora a la opinión pública, porque lo interpretará como burla.

El debate suscitado alrededor de las marchas en contra de Trump y muchos de los carteles que se vieron en ellas, ponen de manifiesto el profundo carácter divisivo que ha alcanzado la figura de Peña Nieto, al grado de viciar una manifestación popular plenamente justificada ante las amenazas de quien, por desgracia para el mundo entero, preside el gobierno de Estados Unidos.

Esto pone de relieve la gravedad del momento que vive el País y, en especial, del escenario que habremos de confrontar durante los dos próximos años, en cuanto a la relación con nuestro vecino allende el Río Bravo.

De nuestro lado, como se evidenció desde que empezaron los preparativos de las marchas, las cosas no están puestas a favor de la unión entre nosotros y la claridad de objetivos, sino justo en la dirección opuesta. Un presidente desacreditado con nula capacidad de liderazgo, que además tiene delante de él apenas un año, antes de verse arrastrado por la dinámica electoral y su inevitable mudanza de intereses y apoyos políticos. Es cuestión de meses para que veamos en los poderes federales el corre-corre de la clase política, cuyos miembros renunciarán a sus actuales puestos, y quizá hasta a sus partidos, en busca de una nueva teta presupuestal. Será hasta junio de 2017 cuando el panorama político nacional empiece a aclararse.

En cambio, del otro lado, Trump disfrutará durante su primeros dos años con una cómoda mayoría republicana, sobre la cual se apoyará para lograr resultados en el menor tiempo posible y así poder retenerla. Dado lo breve del lapso para obtener algo tangible, que en verdad permee en su base electoral, lo más probable es que recurra a golpes de efecto; órdenes ejecutivas, leyes e implantación de políticas públicas, publicitadas con la mayor resonancia posible. En todo esto, México es un blanco perfecto, particularmente en el ámbito comercial y migratorio.

¿Qué podemos hacer?

Lo primero es dejarle claro a Peña Nieto que sus problemas de liderazgo y la proximidad de la terminación de su mandato, lo obligan a incorporar en cualquier negociación con los Estados Unidos, a los sectores académico y privado, así como a las organizaciones sociales que pudieran estar involucradas, porque mientras él y su equipo se irán en menos de dos años, para el País otro tratado comercial significará nuevas pautas para plantear su porvenir, lo que también hace indispensable que exista la mayor transparencia posible frente a la sociedad respecto a lo que se esté por acordar, como justo, en el caso del Brexit, se lo han demandado sus conciudadanos y los miembros del Parlamento Británico a la primera ministra, Theresa May.

En segundo lugar, se debe renovar el Ejecutivo Federal lo más pronto posible. Para ello será necesario modificar los artículos transitorios de Constitución relativos al inicio del período presidencial, para que sea a partir de 2018 y no hasta 2024 como está previsto, cuando este comience el 1º de octubre. Esto permitiría, al menos, abatir en dos meses un tiempo de espera inútil y paralizante, para que un nuevo equipo tome las riendas del gobierno del País.

A los mexicanos nuestras divisiones nos han salido caras; de ellas se han beneficiado otras naciones. En especial los Estados Unidos. Reconozcamos, que en estos momentos y durante los siguientes dos años, hay elementos latentes y circunstancias internas que podrían actuar en contra de nuestra unidad y obligarnos a ver solo el presente, sin mirar hacia el porvenir. No podemos cambiar a Trump, pero sí resolver los desafíos que nos pueden impedir confrontarlo unidos y ganarle la partida. En el pasado, la desunión fue abono de nuestras derrotas; nunca más.

La mala aritmética no suma en política; carta abierta a Mancera

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Señor jefe de Gobierno:

Aprovecharse de un error para obtener un beneficio a costa de un tercero es un acto deshonesto. Esto es lo que está haciendo su gobierno en el caso del impuesto predial, en detrimento del patrimonio de miles de ciudadanos.

El Artículo 18 del Código Fiscal señala que: “Las cuotas y las tarifas de las contribuciones, las multas, valores y, en general, las cantidades que en su caso se establecen en este Código, vigentes en el mes de diciembre de cada año, se actualizarán a partir del primero de enero del año siguiente con el factor que al efecto se establezca en la Ley de Ingresos”.

Pese a que la Ley de Ingresos de 2017 estableció dicho factor en 3.99%, miles de ciudadanos, incluso muchos que tenían el beneficio de cuota fija, han observado en sus boletas del impuesto predial incrementos que van de un mínimo de 9% hasta, en casos extremos, rebasar el 1000%

¿Por qué ocurre esto?; las razones son muy simples.

En primer lugar, porque la Asamblea Legislativa modificó errónea y parcialmente la tarifa del impuesto predial que está en el Artículo 130 del Código Fiscal. En síntesis, no ajustó en 3.99% los rangos que sirven para clasificar a los inmuebles según su valor catastral y, en cambio, sí incrementó en este porcentaje, la tasa que se aplica al valor excedente que tenga cada uno con respecto al límite inferior.

Un alumno de sexto de primaria con conocimientos básicos de aritmética, podría deducir con facilidad que estos errores explican porque, salvo en el caso de cuotas fijas, los incrementos en el impuesto predial superan varias veces el factor de 3.99%

En segundo lugar, la Asamblea decidió, al aprobar el Código Fiscal de 2017, reducir el factor de descuento por antigüedad de 1% a 0.8% por año conservando el tope máximo de 40%. Pero se olvidó de precisar que el nuevo porcentaje se aplicaría a partir de este ejercicio fiscal.

Omisión que su gobierno ha aprovechado para aplicarlo ilegalmente de manera retroactiva, lo que eleva el valor catastral de miles de inmuebles muy por encima del factor de 3.99%. Un inmueble de 40 años o más cuyo valor catastral ya contaba con un descuento por antigüedad de 40%, ahora solo lo tiene de 32%. Es evidente que esta ventajosa aritmética, perjudica en mayor medida a las viviendas más antiguas, que son la mayoría.

La suma de ambos errores provoca incrementos en el impuesto predial que son ilegales al no ajustarse al factor establecido en la Ley de Ingresos de 2017 y porque al aplicar criterios de manera retroactiva se eliminan derechos que ya tenían los contribuyentes, son inequitativos porque los afecta de manera desigual sin que ello obedezca a una lógica tributaria, son desproporcionados porque incrementan sensiblemente el valor catastral de inmuebles que no han sido sujetos a ninguna renovación.

Argumentos que dan sustento al recurso de inconstitucionalidad que un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa presentó ante la Suprema Corte de Justicia, haciéndose eco de la molestia de miles de ciudadanos y dada la negativa del Diputado Leonel Luna del Partido de la Revolución Democrática, asumimos por instrucciones suyas, a convocar a un período extraordinario para corregir los errores mencionados.

Vale la pena comparar el gasolinazo con el predialazo.

Ninguno de los dos gustó a la ciudadanía. Pero en el primer caso, el porcentaje de incremento anunciado por el Gobierno Federal, es el mismo que aparece en las bombas al momento de cargar gasolina. En cambio, en el segundo, cuya responsabilidad recae en usted, los ciudadanos no vemos en las boletas prediales lo que anunció la Asamblea Legislativa. Por último, la subida del predial no es, como el gasolinazo, una cuestión de política tributaria que puede debatirse, sino el resultado de un error craso que debe corregirse. Absurdo que su gobierno, con recursos del contribuyente agraviado, patrocine amparos contra el primero y no resuelva lo segundo.

Engaño o error, nos preguntamos. Hasta hoy las respuestas de sus subordinados inclinan la balanza hacia el primero. Lamentable que se limiten a enviar a miles de contribuyentes al callejón sin salida que son las oficinas de la Tesorería, como si su tiempo y recursos fueran infinitos. Peor aún, son aquellos casos donde el incremento al predial, ha colocado a muchas familias ante la disyuntiva de pagarlo o vender su propiedad. ¿Es el desplazamiento de estos grupos uno de los objetivos soterrados del ajuste tarifario?

Los ciudadanos no queremos que se reduzca el incremento al impuesto predial establecido por la Asamblea Legislativa. Somos conscientes de que al ser la segunda fuente de ingresos de la Ciudad es necesario ajustar este gravamen. Lo que exigimos, es que se aplique lo que manda la Ley de Ingresos de 2017 para que el incremento resulte en 3.99%. Esto hace necesario que se corrijan lo errores en la tarifa del Artículo 130 del Código Fiscal y que en él se haga explícito que el nuevo factor de descuento por antigüedad solo aplicará a partir de este ejercicio.

Señor Mancera, sacar provecho de una mala aritmética perjudicando con ello a los ciudadanos, no suma en política. Negarse a reparar errores evidentes abona a la sospecha de que no son casuales sino premeditados. Así, no se construye una ciudad y, menos aún, una candidatura. ¿Por qué esperar a que resuelva la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué drenar recursos que a los ciudadanos, ni al Estado le sobran?

Derechos universales, negocios particulares

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Los derechos humanos son fuente inagotable para la demagogia. Los políticos, generosos y magnánimos, alcanzan orgasmos retóricos cuando, desde las tribunas legislativas, informan a los ciudadanos que han aprobado leyes sobre tal o cual derecho, sin siquiera importarles que, las más de las veces, reiteran lo que hace tiempo está legislado y, sin considerar que, al agregar bagaje regulatorio, se abona a la confusión y a la burocracia, porque eso sí, habrá que crear alguna dependencia, entidad, instituto o, al menos, un consejo para vigilar, supervisar, asesorar, orientar, coordinar, instrumentar, conducir, etc. Todo esto, claro está, con cargo al contribuyente.

De lo anterior, el proyecto de constitución de la Ciudad de México es ejemplo sobresaliente; solo en el índice se mencionan cincuenta y cuatro derechos. Entre los que está, aunque no lo crea, el derecho a defender los derechos. Incluso, el malabarismo de la palabrería convierte en derecho lo que en esencia es una obligación de la autoridad: el buen gobierno.

Pero la enumeración de derechos no queda ahí, porque la mayoría de ellos se desgrana en más derechos, creando una lista interminable. Por ejemplo, en el Artículo 10, inciso A se establecen, además del derecho a la autodeterminación personal (pleonasmo), los siguientes derechos: a la libertad de pensamiento, al libre desarrollo de su personalidad, a disfrutar del tiempo libre, al ocio, a la recreación, a la elección de su identidad social y cultural, a disponer de su propio cuerpo y a manifestar públicamente sus afectos.  Por su parte, en la fracción C del mismo artículo, se establecen los derechos a la identidad y a la seguridad jurídica, de los cuales se desprenden: el derecho al nombre, a la imagen propia, a la reputación, al reconocimiento de la identidad y de la personalidad jurídica. “Derechos” que en realidad son características intrínsecas a cada persona y que, en el caso de la personalidad jurídica en particular, se define con base en la Constitución y en las leyes que han emanado de ella, según sean las circunstancias particulares en la que actúe el ciudadano.

Si bien, la mayor parte de estos derechos podrían definirse como derivados, porque son expresiones de garantías y derechos plasmados en la Constitución Federal, su mención en el proyecto propicia cuestionamientos e interpretaciones sobre su significado y alcance. Esto hace suponer que, de no eliminarse del texto definitivo en aras de una redacción sucinta, sólida y clara, es factible que provoquen un galimatías que atasque al sistema judicial. Más aún, porque en muchos casos, el proyecto, además de listarlos, los garantiza. 

Por ejemplo, en el Artículo 10, fracción D se establece que la autoridad garantizará que toda persona tenga una sexualidad plena. Más adelante, en el Artículo 16, Fracción D, Inciso 3, esta garantía se hace extensiva a los jóvenes (¿) entre doce y treinta años para que ejerzan libremente sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué pensarán de esto quienes, por ley, tutelan a menores de edad?, ¿es equiparable el nivel de desarrollo y madurez de un púber con la de un adulto maduro?

La hilarante ridiculez de establecer en la carta magna de la Ciudad de México, que la autoridad deba garantizar la satisfacción plena de una necesidad fisiológica, sirve para preguntar: ¿qué significa para los políticos la palabra garantizar?

Para el ciudadano, garantizar significa asumir, por lo general con un bien y un documento de por medio, la obligación de honrar un compromiso y, en su defecto, reparar las consecuencias. Sin embargo, si hubiera un diccionario con el significado que los políticos le dan a los términos que utilizan en sus discursos y declaraciones, la palabra garantizar se definiría como: recurso retórico para que lo incumplible parezca asequible y/o para camuflar los intereses personales o del partido.  Nota: su uso no supone contraer ninguna obligación.

Así, por una parte, habrá que tomar con reserva la garantía de la sexualidad plena. Quizá sea mejor acudir a algún manual que al texto constitucional. Y, por la otra, identificar los objetivos soterrados en nuevas leyes y estructuras burocráticas creadas, en apariencia, para garantizar algún derecho.

Por ejemplo, en el Artículo 1º de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México recién aprobada, se dice que un objeto de ésta es: “Crear los mecanismos necesarios para impulsar el otorgamiento de estímulos de inversión en proyectos con fines habitacionales a través de los sectores público, privado y social, así como programas de ahorro y créditos para atender a los diferentes grupos sociales”.

No se requiere de mucha sagacidad para deducir que, el objetivo camuflado detrás de la Ley de Vivienda es, con el pretexto de garantizar el derecho a la vivienda a todo el mundo, acercarles recursos, subsidios y apoyos a las empresas inmobiliarias, que atienden los mercados de niveles medios y altos, como antes, ante el silencio cómplice de la autoridad, lo hicieron de manera ilegal, cuando pervirtieron la Norma 26 para servir a esos mercados, succionando recursos destinados a la vivienda de interés social

Pregunté a una diputada: ¿Cuál es el sentido de hacer una ley para garantizar un derecho a quienes tienen recursos sobrados para hacerse de una vivienda? Porque es un derecho universal, pontificó. En efecto, pensé, el derecho a la vivienda es universal, pero el negocio es particular.

 

Por qué eliminar la fracción 7 del inciso C, del Artículo 21 relativo a la plusvalía

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1.- Es preciso dejar claro que no se objeta la propuesta de gravar la plusvalía inmobiliaria que pueda derivarse de la acción del gobierno, a través de la ejecución de obras de infraestructura y modificaciones regulatorias. Más aún, esta práctica para apoyar el desarrollo urbano, que en el mundo se da través de esquemas fiscales muy variados, no es  nueva en México. Vale recordar que el Código Fiscal del Distrito Federal establece las contribuciones de mejoras y que la Ley del Impuesto sobre la Renta grava la plusvalía al momento de hacerse líquida.

2.- El problema radica en la forma como está redactada en el proyecto de constitución la fracción de marras, porque implica de facto, la apropiación por parte del gobierno de una porción de la propiedad privada: “Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad”. Afirmación que evidentemente ha provocado una reacción negativa en amplios sectores de la población, que sienten amenazado su patrimonio. Ya hay una petición en Change.org con casi 50,000 firmas.

3.- La mejor evidencia de que la plusvalía inmobiliaria no forma parte de la riqueza de ninguna ciudad, radica en el hecho de que los poderes ejecutivos y legislativos deben establecer mecanismos fiscales, para capturar o extraer del patrimonio de sus legítimos propietarios, una fracción de ella.

4.- Definir el proceso de urbanización como causal de plusvalía, no aclara si es en específico el realizado mediante obras públicas financiadas con recursos del erario, u obedece al desarrollo normal de la Ciudad. Cabe mencionar que, en una ciudad vieja, densa y heterogéneamente poblada, que ha experimentado un desarrollo urbano caótico, producto de la depredación inmobiliaria, la corrupción y las ocurrencias de los próceres sexenales, no es una tarea sencilla identificar con precisión la relación causal entre una obra pública y el aumento del precio del suelo.Incluso, hay obras como vías rápidas y pasos a desnivel, que los beneficiarios, no son los que viven próximos a ellas, sino miles de personas que las utilizan sin pagar nada a cambio.

5.- Vale destacar, que muchas obras públicas producen minusvalías en los bienes inmuebles; al transformar su entorno de manera sensible, como sucede con la construcción de vías rápidas, pasos a desnivel, terminales de transporte público, ciclo vías, desforestación. Asimismo, hay cambios en el uso del suelo que abaten el valor de los inmuebles, en especial los destinados a vivienda. Por ende, habría que plantear, para ser justo, que el erario compensara a los propietarios por la pérdida de valor

Con base en lo anterior se proponen los siguientes cambios al proyecto de constitución de la Ciudad de México:

a) Eliminar las fracciones 7 y 9 del inciso C del Artículo 21 que están contenidas en apartado sobre Regulación de Suelo:

b) Modificar fracción 8 del inciso A del Artículo 26 que está en el apartado sobre el Pacto Fiscal, donde se establece: “Las plusvalías que se identifiquen como derivadas de obras de infraestructura nuevas o cambios regulatorios, serán objeto de un gravamen específico en la forma de una contribución por mejora, que podrá incluso aplicarse antes de la construcción de dichas obras”.

c) Incluir en este inciso A la fracción 9, donde se establezca que:  En caso de que las obras de infraestructura y cambios regulatorios provoquen minusvalías inmobiliarias, el gobierno resarcirá a sus propietarios por las pérdidas sufridas en su patrimonio.