La mitomanía no es un estilo de gobierno; es una enfermedad

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Después de que López Obrador no aceptara su derrota en la elección de 2006, decidió investirse y actuar como presidente “legítimo”. Montó una escenografía para su toma de posesión, se cruzó el pecho con una banda presidencial adornada con el escudo nacional del período juarista y rindió protesta arropado por sus seguidores.

La bufonada no pasó de un acto político que se desvaneció como fuego artificial. Sin embargo, la audacia para llevarla a cabo evidenció con claridad meridiana un rasgo relevante y repetitivo de la personalidad de López Obrador, que consiste en crear una realidad paralela, actuar como si esta existiera y asumir que los demás también creen en ella.

Agreguemos ejemplos ilustrativos:

Primero. López Obrador simplifica la historia del México independiente en tres transformaciones para entonces proponer una cuarta que él lidera. Así, escala hasta la cúspide de su imaginario Monte Olimpo para unirse a Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y Zapata. Sin embargo, a diferencia de estos que tenían clara su meta, López Obrador no ha podido explicar con suficiente detalle en qué consiste la cuarta transformación y, sobre todo, cómo se verá una vez terminada. Tuvo la oportunidad de hacerlo cuando presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pero todo quedó en un manifiesto político y en un documento de escasa calidad. Pero, aún así, el término “cuarta transformación” se ha convertido en una suerte de jaculatoria del actual gobierno con la que se bendice cualquier cosa; desde una iniciativa presidencial hasta la respuesta a un periodista por criticar a un funcionario.

Segundo. Cuando en julio de 2018 se anunciaron los resultados de la última elección presidencial ocurrió un hecho inédito en la historia moderna del País: el candidato ganador se asumió, de facto, como jefe del Poder Ejecutivo sin siquiera esperar a ser declarado presidente electo, mientras que Peña Nieto, el presidente en funciones, se hizo de lado de manera vergonzante en espera de que su servilismo se tradujera en clemencia y olvido, en tanto nuestra endémica debilidad institucional no logró calmar las calenturas del ganador, que llegó al extremo de ordenar una consulta espuria para cancelar la principal obra de infraestructura del gobierno anterior, mientras que envalentonados por el arrojo de su jefe, varios de los miembros de su gabinete se comportaban como sí ya estuvieran en funciones, dando órdenes, invadiendo propiedad privada y apersonándose con ínfulas frente a terceros para exigirles documentos.

Por último, el hecho más reciente que confirma el mismo patrón de comportamiento ocurrió cuando López Obrador leyó en Palacio Nacional su primer Informe de Gobierno enfrente de una mampara donde se nombraba el acto como “Tercer informe de Gobierno al pueblo de México”. Esto hizo pensar a muchos que se trataba de un error, pero más tarde se aclaró que, en la realidad paralela del presidente, este considera también como informes, los sendos discursos que pronunció a los cien días de su mandato y al año de su elección. Así, el ingenio popular acuñó el disonante término de primer-tercer informe.

Sumemos a los ejemplos mencionados las muchas veces que López Obrador ha negado la evidencia empírica aduciendo que él tiene otros datos que nunca presenta, sus proyectos planteados sin ningún sustento, su intransigencia cerril para aceptar opiniones de expertos cuando estas difieren de las suyas y su desprecio por la memoria colectiva al ensalzar como ciudadanos ejemplares, incluso granjearles negocios, a los mismos que antes catalogaba como rapaces miembros de la mafia del poder y cuya fortuna se debe a la privatización que llevó a cabo su acérrimo enemigo, Carlos Salinas, durante la “larga noche de neoliberalismo” como él la definió.

De lo anterior, podemos deducir que este comportamiento reiterado no es un estilo de gobierno, ni obedece a argucias políticas para zafarse de un problema y salirse con la suya, sino que parece un caso de mitomanía, dicho esto no con el ánimo de ofender, sino preocupado por las implicaciones que para la marcha del País tiene la tendencia del presidente a explicar hechos y situaciones a partir de argumentos que no se ajustan a la verdad, que no existen o que simplemente resultan risibles, como cuando pide a los delincuentes que dejen de serlo para no preocupar a sus madres.

Como pasajeros que somos del avión que él pilota, nos sentimos intranquilos por sus virajes temerarios, porque en el radar meteorológico aparecen manchones rojos que indican tormentas y presencia de hielo en nuestra ruta y porque oímos zumbidos de las alarmas prendidas en el tablero de control. Sin embargo, López Obrador, como si fuera sordo y daltónico, no oye ni distingue el color de las manchas hacia donde nos dirigimos y mantiene el rumbo. Nos describe otra realidad. La tripulación calla y menos aún entiende. Fueron deliberadamente escogidos para obedecer, para decirle a todo que sí. Apenas dos osaron advertirle de los riesgos inminentes. Asumirse como mensajeros de las malas nuevas les costó su renuncia y la denostación de quien antes los alababa.

En una democracia madura los contrapesos institucionales sirven para acotar a quienes tienen a su cargo el gobierno. Pero, no es nuestro caso. Menos ahora cuando el mismo partido controla los poderes Ejecutivo y Legislativo, mientras que en este último el nivel profesional de sus miembros ha descendido por debajo de cotas que ya se consideraban mínimas.

La realidad lo irá poniendo en su lugar, dicen algunos, ya se vio con las constructoras de los gasoductos donde tuvo que recular. Pero, no hay ninguna garantía de que siempre sucederá así y, menos aún, de que ocurra antes de que haya daños irreparables o se llegue a situaciones irreversibles. Sobre todo, porque el círculo cercano de López Obrador actúa como un filtro que solo le hace llegar lo que él quiere oír y ver porque esto les garantiza su propia supervivencia. Por otro lado, aun frente a resultados negativos, el mitómano puede echar mano de mil pretextos para justificar su suerte, culpar a otros y seguir terco en el rumbo que se ha marcado.

Uno quisiera ser optimista y pensar que López Obrador tarde o temprano reconocerá la realidad y que además madurará como jefe de Estado. Pero, su carácter e inteligencia no permiten albergar muchas esperanzas.

La posibilidad más cercana para al menos contener los daños está en que en las próximas elecciones la oposición logre ser mayoría en la Cámara de Diputados para servir de contrapeso. Pero, el panorama tampoco es halagador. López Obrador trabaja con vehemencia regalando dinero para comprar millones de voluntades, mientras la oposición luce fragmentada, sin ideas que atraigan y sirvan de refresco, y sin líderes que se puedan considerar como una opción creíble y seria.

La alta popularidad de López Obrador y el bien ganado descrédito de su predecesor favorece que amplios sectores de la población sean tolerantes, incluso lleguen al extremo de la negación, cuando él falta a la verdad o plantea absurdos. Las mentiras serán verdades mientras alguien las crea.

¿Qué nos queda? Esperar a que la realidad que no cimbra al presidente, sí lo haga con la ciudadanía para que nuestra democracia madure y la sociedad asuma su responsabilidad y juegue un rol más activo. Más vale hacerse oír para obligar a quienes gobiernan y legislan a modificar el rumbo, que lamentar a posteriori las consecuencias de lo que callamos o no supimos atajar a tiempo.

 

Romero y Lozoya: ¿leales a quién?

López, Lozoya, Romero y Peña2

Hace un año, Octavio Romero Oropeza fue nombrado, extraoficialmente, director general de PEMEX. Otra vez se integraría al gabinete de su amigo, como ocurrió en 2000 cuando este ganó la Jefatura de Gobierno del otrora Distrito Federal y lo designó oficial mayor. Hasta ese momento su única experiencia en la Administración Pública. Quizá al saber de su nombramiento debió pensar en quién gestionaría sus propiedades y cuidaría a sus animales.  Eso, además de la política tabasqueña, era lo suyo; el campo, la ganadería. Por ello estudió agronomía, aunque no se tituló. En cambio, de petróleo y de administrar empresas no conocía nada. Qué iba a saber él de cuestiones técnicas, financieras, actuariales, jurídicas, contractuales y laborales, de ingeniería de procesos, del mercado de capitales, de las calificadoras, de cómo gestionar una empresa gigante y, menos aún, de reservas, campos y pozos petroleros.

Hoy, pese a que Romero no cumple ni de lejos con los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley de Petróleos Mexicanos para ser su director general, está al frente de la empresa más grande de México cuyo peso específico hace que su compleja problemática operativa y financiera gravite en la economía del País y, sobre todo, en el erario federal. Sin embargo, él ocupa este cargo porque en nuestra cultura política es normal que la amistad y lealtad suplan a la Ley y, lo que es peor, al sentido común. Este, al menos, cribaría los granos más gruesos de ignorancia e ineptitud.

Pero, López Obrador no es original. Varios de sus predecesores hicieron lo mismo. Peña Nieto nombró a Emilio Lozoya, director general de Pemex sin que este hubiera antes dirigido ninguna empresa, salvo las que él mismo creó, y con una exigua experiencia en el sector público que se limitaba a haber sido analista en el Banco de México. Nunca había trabajado de manera directa en el sector petrolero y hasta ese entonces su carrera profesional la había desarrollado en el ámbito de la consultoría e ingeniería financiera. De hecho, esta fue la vía que le permitió relacionarse con Peña Nieto cuando este era gobernador del Estado de México. Hoy, en su escondite, quizá maldiga el día que lo conoció.

En teoría y si las cosas se tomaran con la seriedad que ameritan, la complejidad y relevancia nacional de PEMEX deberían ser motivo para que los presidentes en turno ordenaran que se realizara un proceso serio de selección para buscar, entre los mejores, a su director general. De haberse dado este mecanismo, Lozoya y Romero difícilmente hubieran llegado a las fases intermedias y, con seguridad, ninguno habría figurado entre los finalistas.

Sin embargo, los presidentes de la República no se asumen como gestores temporales de un patrimonio público sino como sus dueños. Por ello, no tienen ningún pudor en designar para ocupar cargos públicos a individuos sin las mínimas calificaciones para ejercerlos, como también en despedir a funcionarios sin importarles su desempeño, ni las muestras tangibles de su talento, profesionalismo, honestidad y convicción de servidores públicos.

Sin embargo, esa visión patrimonialista no se limita a la dependencia, a la entidad, a los recursos presupuestales, o a los cargos bajo su responsabilidad, sino que muchas veces abarca la voluntad del individuo que se designa para ocuparlo. Más si su perfil está lejos del ideal para desempeñarlo. Se le coloca en un puesto específico para que, sin chistar, haga lo que se le ordene. Lealtad y servilismo terminan confundiéndose.

Por ello, resulta inverosímil que, sin haber contado con la anuencia de Peña Nieto y la opinión favorable de Videgaray respecto al procedimiento planteado para llevar a cabo las operaciones, Lozoya haya recomprado a precios inflados y en condiciones ventajosas para Ancira y Covarrubias, las mismas plantas de urea y fertilizantes fosfatados que años atrás Salinas privatizó a favor de estos a precio de cacahuates.

El abogado Coello ha solicitado, sin éxito, la comparecencia de Videgaray y Peña Nieto para demostrar lo anterior. Incluso, ha ofrecido como prueba el listado de un acuerdo que tuvo su cliente con el segundo donde, en apariencia, está incluido como un asunto a tratar la compra de una de las plantas. Aun así, dudo que alguna vez se encuentre un documento donde explícitamente Peña Nieto instruyera a Lozoya para celebrar las operaciones. Es común que muchas de las instrucciones y vistos buenos que dan los presidentes se hagan verbalmente, dejando en manos de secretarios y directivos de las entidades paraestatales la manera de formalizarlas. Esta es una de las fórmulas mediante la cual ellos mismos se cuidan las espaldas y dejan el peso de la responsabilidad en sus subordinados que, ingenuamente, asumen que la figura presidencial los cobijará para siempre.

Lozoya fue leal a quien lo nombró para ocupar un puesto para el que no tenía la experiencia, ni las calificaciones necesarias para desempeñarlo, pese a su pedigrí académico y conocimientos financieros. Peor aún, cuando dejó estos de lado para aceptar un proceso de compra tan notoriamente desventajoso y lesivo para Pemex que solo puede explicarse por dos razones: ineptitud o corrupción. Al parecer, las muestras visibles de su patrimonio personal y la maquinación para moverlo alrededor del mundo a través de cuentas y fondos hacen pensar en lo segundo. Tarea que, dado el volumen de recursos involucrados y los vistos buenos que hubo que recabar a lo largo del camino, hacen suponer que no la realizó en solitario, ni por su sola iniciativa y menos aún para su solo beneficio.

Lozoya y su familia viven una tragedia personal que hace seis años, en la cima de su éxito, no imaginaron padecer. Mientras que sus acciones como director de Pemex han dejado una secuela de quebrantos financieros e inversiones sin sentido, que repercuten negativamente en el patrimonio nacional.

Romero sabe que no está al frente de PEMEX por su perfil profesional, sino para hacer lo que puntualmente le ordene su jefe y amigo. Esto es modificar en los hechos la Reforma Energética del sexenio pasado y construir la refinería de Dos Bocas, pese a que en ambos casos no existan argumentos técnicos que lo justifiquen y a las implicaciones que esto tendrá en el erario federal y, sobre todo, en la calificación de la deuda soberana de México y en la estabilidad cambiaria. Ya tuvimos una probada de su impericia a principios del año, cuando la suspensión temporal de las importaciones de gasolina provocó un crisis de abasto que duró varias semanas y costo miles de millones de pesos.

Cuando un servidor público entiende que su única lealtad es con quien lo designó, la Administración Pública se convierte en el medio para instrumentar, a costa del erario, caprichos, sueños de opio o transferir a manos privadas lo que es de todos.

La única lealtad de un servidor público es con la nación y las leyes que juró respetar. Estas no distinguen jerarquías. A todos obligan por igual. Negarse a obedecer al jefe, cuando sus decisiones o acciones no se ajustan a la legalidad y a los intereses del País es poner a la Patria primero y dar una muestra de integridad personal. Pero, de estos hay pocos y más cuando deliberadamente se buscan subordinados que a todo digan que sí.

López Obrador solo sabe jugar de local

 

Sad young baseball player sitting on a bench

Durante los primeros seis meses de su mandato, López Obrador se ha movido como pez en el agua en el plano interno, sin ningún contrapeso real que tamice sus decisiones. El control de MORENA en ambas cámaras convierte al Congreso en su caja de resonancia. Institucionalmente no hay nada que le impida tomar decisiones que comprometen miles de millones de dólares de recursos públicos. A capricho, canceló el proyecto de infraestructura más grande del País que se encontraba ya en una fase avanzada e inició otros, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, sin acreditar siquiera su viabilidad. Redistribuye el gasto público cancelando súbitamente partidas, programas sociales y abriendo otros (clientelares) sin mínimas reglas de operación. Desquicia el funcionamiento de entidades y dependencias en aras de una dudosa austeridad, llevándose de por medio al sistema de salud y a los centros públicos de investigación. Despide a más de diez mil servidores públicos que costó esfuerzo y recursos formar sin importarle no solo el aprendizaje y la experiencia que se pierde, sino que esto le hace más difícil el camino al recurrir a funcionarios improvisados, que más temprano que tarde han hecho obvia su incompetencia. Aun así, son inamovibles. Amistad y lealtad priman sobre ineptitud.

Los más directamente afectados han alzado la voz para protestar. Algunos sorprendidos porque contribuyeron con su voto para que se convirtiera en presidente, quien ahora ha tomado decisiones que afectan el bienestar y el futuro de sus familias. Grupos de la sociedad civil hacen eco y suman sus voces a un coro fragmentado y, hasta ahora, descoordinado. Al que se unen las reflexiones de algunos analistas y comentaristas, que reverberan en diferentes círculos empresariales y sociales igualmente preocupados por lo errático que parece el rumbo del País. La oposición, apretujada y reducida a minoría, apenas logra hacerse sentir.

Cuando las críticas y cuestionamientos a sus decisiones se verbalizan o se manifiestan en artículos y editoriales, entonces se acallan con epítetos, no con razones. La estrategia es descalificar a quien piensa distinto, no combatir con inteligencia sus argumentos. A quienes lo critican los etiqueta como mafiosos y corruptos que extrañan sus ilegales prebendas o de abusadores que reclaman sus privilegios perdidos. Términos como conservador y neoliberal se usan como sinónimos de expresiones peyorativas como cretinos y fifís.

Él asume que sus aún altas cifras de popularidad bastan para acallar el griterío. Sin embargo, ante la incertidumbre, inversionistas y consumidores de cualquier calibre han asumido una posición conservadora que ha ralentizado la actividad económica. Ante la evidencia estadística de este hecho, su actitud es de negación —“tiene otros datos”— y de reiterar su voluntarismo mágico como la fórmula para lograr objetivos que cada vez se antojan más distantes.

Pero, en el plano externo, las cosas han sido totalmente opuestas. Aquí, la reacción en contra de sus decisiones no se ha limitado a críticas, protestas o comentarios por parte de quienes se consideran afectados o en desacuerdo sino que estos, atendiendo a sus intereses y a sus funciones, le han respondido con acciones contundentes que lo han hecho recular y, además, aceptar condiciones que limitan su libertad para actuar, como sucedió con Trump y, como muy posiblemente le ocurrirá con las calificadoras, cuando le expliquen con calma el costo que tiene para las finanzas públicas la degradación de la calidad crediticia de Pemex y el Gobierno.

Desde el inicio de su mandato, López Obrador flexibilizó en sus afanes populistas los controles de la frontera sur favoreciendo el ingreso masivo de migrantes centroamericanos, a quienes incluso prometió apoyo y trabajo. De hecho, en el PND se menciona que el Tren Maya y el Corredor Transístmico servirán como las “cortinas” que capten el flujo migratorio hacia el norte. Ignoró que, ante la precaria situación de los cafeticultores guatemaltecos presionados por la baja del precio, estos aprovecharían la mínima oportunidad para emigrar, no a México sino a los Estados Unidos. Así, se hicieron visibles caravanas de miles de guatemaltecos con destino a la frontera con ese País, lo que provocó que, en los primeros cinco meses del año, el número de aprehensiones hechas por la Patrulla Fronteriza estadounidense se incrementara en 118% con respecto al año anterior.

Por absurdo que parezca, como si se tratara de un error de párvulos en política exterior, López Obrador pasó por alto que, desde el arranque de su campaña presidencial, la inmigración ilegal a los Estados Unidos ha sido una de las principales banderas de Trump, desde la cual ha lanzado contra los mexicanos todos tipo de acusaciones e insultos y le ha hecho mantener desde el principio de su mandato un tenso pulso con los demócratas, quienes en forma reiterada le han negado fondos para la construcción del muro, diferendo que hace unos meses llegó al extremo de dejar al Gobierno estadounidense sin recursos para operar.

Con base en estos antecedentes, era ingenuo suponer que Trump toleraría de manera pasiva un aumento tan espectacular en la inmigración ilegal y que no aprovecharía la oportunidad para lucrar políticamente e imponerle a México sus condiciones, aunque sean tan absurdas como mezclar cuestiones migratorias con comerciales, que además violan el TLC que norma la relación comercial entre ambos países.

Pero, a diferencia de las descalificaciones y desdén que Lopez Obrador muestra frente a las críticas internas, un tweet amenazante de Trump bastó para que empezara a bailar al ritmo, en la pista y en los términos que este escogió. De inmediato envió una misión a Washington que negoció a contra reloj. A partir de lo acordado ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, redistribuyó funciones entre Gobernación y Relaciones Exteriores, creó comisiones y grupos de trabajo, ordenó contactar con los países centroamericanos y reasignó recursos fiscales. Además, aceptó que todo lo que se haga estará sujeto a verificación en un plazo de cuarenta y cinco días, y de cuyo resultado dependerá que Estados Unidos no le imponga al País condiciones más pesadas.

Para colmo, durante la misma semana que Trump lanzó su ultimátum, Moody’s y Fitch redujeron la calificación de la deuda soberana de México y la de Pemex. Esto significa que habrá que pagar en contante y sonante tasas de interés más altas, lo que presionará los presupuestos del Gobierno y de la paraestatal.

La razón es que ambas calificadoras consideraron la desaceleración de la economía, la falta de claridad respecto a la estrategia económica del País y la posibilidad de que las políticas en materia energética y presupuestal no resuelvan la problemática de Pemex y sí tengan en cambio un efecto negativo en las finanzas públicas.

En esencia, como ocurrió con el tema migratorio, López Obrador subestimó la reacción de terceros interesados que no solo están radicados en otros países, sino que tienen presencia global. El tweet de Trump no surgió de la nada. Antes hubo contactos y advertencias que no entendió. Después de la visita de Kushner en marzo en la que aparentemente informó sobre la preocupación de la Casa Blanca respecto al crecimiento de las entradas ilegales a su territorio, en mayo envió a Ebrad a Washington para que presentara el Plan Centroamérica. Pompeo no lo recibió. El mensaje fue claro. No tiene sentido hablar de estrategia a mediano plazo cuando el flujo migratorio creció más de 100% . ¿Qué va a hacer México hoy para controlarlo?, imagino que, por los compromisos que aceptamos, esta debió ser la pregunta.

Un jefe del Ejecutivo que no viaja, ni siquiera para visitar a sus vecinos con el fin de conocerlos personalmente, pese a la relevancia que uno de ellos tiene para la vida económica del País, es un presidente que cumple a medias con su mandato constitucional de representar internacionalmente al Estado mexicano. Esta función no tiene un mero carácter protocolario, sino que se trata de apoyar, defender y engrandecer los intereses de México en todos los ámbitos: político, comercial, cultural, ambiental, etc.  Y eso no se puede hacer sin que, con cierta frecuencia, el presidente viaje al extranjero. Más aún, porque buena parte de la relaciones diplomáticas fluyen a partir del conocimiento personal de los jefes de Estado. Ciertamente, el contacto cara a cara no asegura la empatía entre ellos, pero sí es un paso importante para ganarse el respeto y hacerse escuchar.

Desconozco si existe una razón médica para que López Obrador no viaje al extranjero. O, si él prefiere la comodidad de la localía y el calor de la tribuna llena de sus partidarios. Pero, en la medida que no aprenda a jugar de visitante, participando en foros internacionales y visitando otras naciones para conversar con sus sendos mandatarios, legisladores, empresarios y miembros de su sociedad civil, deja un hueco que no llena nadie y que en nada contribuye al progreso nacional, sobre todo porque es imposible ignorar que la globalización ha hecho a todas las naciones más interdependientes para resolver su problemática y no se diga la que afecta a toda la humanidad.

Qué irónico que López Obrador pretenda vender el avión presidencial para resolver un problema que pudo con anticipación entender mejor si hubiera viajado para al menos saludar, a quien ahora le pone condiciones y lo presiona contra reloj para que las cumpla. Encerrarse en casa, no resuelve lo que pasa en el vecindario. Menos cuando se trata de una inundación.

La improvisación; tan cara como la corrupción

 

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Antes de que asumieran sus actuales cargos, López Obrador y Carlos Urzúa nunca habían trabajado en el Gobierno Federal. Su experiencia en la Administración Pública se limitaba, respectivamente, a cinco años como jefe del Gobierno del Distrito Federal y a poco menos de tres años como secretario de Finanzas de esta entidad federativa.

Pese a su corta experiencia en el servicio público y escaso conocimiento respecto a la magnitud y complejidad de la Administración Pública Federal cuyo presupuesto supera en veinticinco veces al de la Ciudad de México, decidieron impulsar desde antes de entrar a sus sendos despachos, cambios relevantes en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal e implementarlos de inmediato sin mayor análisis, lo que ha repercutido de manera importante en la operación de dependencias y entidades y, sobre todo, en los servicios que estas prestan a la población.

En particular, me refiero a darle a la Secretaría de Hacienda la función de consolidar las compras de bienes y contratación de servicios que ella determine.

Este cambio modificó el rol macroeconómico, podría decirse global, que había tenido Hacienda en la gestión del Gobierno federal al encargarse de: diseñar e implantar la política hacendaria, la gestión de la deuda pública, la elaboración, control y seguimiento del presupuesto del Gobierno Federal, la estrategia y la regulación del sistema financiero y la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Mientras que las tareas operativas de su ramo, como el cobro de impuestos, la gestión aduanal y el control y supervisión de las instituciones financieras se realizan a través de los órganos desconcentrados y comisiones a su cargo.

Sin embargo, al consolidar las compras de bienes y contratación de servicios, Hacienda asume ahora un rol operativo que la mete de lleno en las entrañas de la gestión de todas la dependencias y entidades del Gobierno Federal, lo cual realiza por partida doble; además de hacerse cargo de buena parte de sus compras y contrataciones, ella asigna los recursos para este fin al momento de aprobarles su presupuesto. Amén de que también decide cuándo depositárselos en sus tesorerías.

A esto hay que sumarle que el intervencionismo de Hacienda en la elaboración del presupuesto se ha intensificado en esta administración, decidiendo de facto sobre la cancelación o reducción de programas específicos sin la opinión de la dependencia del ramo y sin entender el contexto de cada uno.

Si imagináramos a los titulares de las dependencias y entidades como si fueran directores de orquesta, la intervención de Hacienda equivale a que ellos no tuvieran el control de una sección de instrumentos, —las cuerdas, por ejemplo— que bien puede estar tocando a otro ritmo o, de plano, una obra distinta. Pero, con la salvedad, de que el último responsable de la calidad del resultado final seguirá siendo el conductor. Hacienda podrá entrometerse hasta en los detalles más nimios y sus decisiones afectar el desempeño cada entidad o dependencia, pero ninguno de sus funcionarios dará la cara y se responsabilizará de esto.

La carta del exdirector del IMSS refleja con claridad su frustración al observar que determinadas decisiones que, en teoría, eran de su competencia y que además estaban directamente vinculadas a la calidad del servicio del Instituto, se están tomando por una instancia lejana y por funcionarios ajenos a la realidad cotidiana de la institución; “injerencia perniciosa”, le llamó.

Si consideramos que los bienes y servicios que adquiere el Gobierno Federal equivalen a un billón de pesos que sirven para comprar miles de productos y servicios que, además de tener características físicas y técnicas muy diversas, sus condiciones de compra, fabricación, traslado y entrega también son muy amplias, la idea de consolidar esta función en la Secretaría de Hacienda debió ser analizada con detenimiento antes de implantarla, para valorar sus costos y beneficios y, sobre todo, si efectivamente habría un ahorro y se eliminaría la corrupción.

Lo recomendable habría sido, en caso de que los resultados de este análisis hubieran apuntado a favor de centralizar las compras y contrataciones, que se realizaran pruebas pilotos para contar con experiencias a partir de las cuales, ya se podría pasar a la ingeniería de procesos, al diseño de la estructura que los operaría y al reclutamiento del personal que la tripularía. Esto, podría haberse materializado en la creación de la Proveeduría del Gobierno Federal cuya puesta en marcha requeriría también un proceso gradual de arranque. ¡Claro, hacer las cosas bien podría haber tomado un año!

Pero en un alarde de improvisación, se le asignó esta función a la Oficialía Mayor de Hacienda. Esta, que antes estaba solo dedicada a la gestión administrativa y presupuestal de la dependencia, se convirtió de repente y de manera oficiosa en esa proveeduría, que puede llegar a gestionar recursos equivalentes a cuarenta y cuatro veces su propio presupuesto, para adquirir bienes y servicios sin contar con ninguna experiencia y conocimiento de sus sendos mercados, sus características específicas y de sus condiciones particulares de fabricación, compra, traslado y entrega en los centros de consumo.

Cuando se intenta pasar del escalón cero al diez sin antes construir los intermedios, hay una alta probabilidad de que el remedio resulte más oneroso que la enfermedad.  La compra tardía de libros de texto gratuito y las implicaciones que ha tenido el retraso en las adquisiciones de medicinas en los hospitales y, sobre todo, en los pacientes es un claro ejemplo del costo que acarrea una acción precipitada.

Puede ser válida la intención de concentrar las compras y contrataciones asumiendo que así se puede ahorrar. Pero, lo que es inadmisible, es que se haya procedido a hacerlo de manera improvisada. ¿Qué magnitud de ahorro compensa el sufrimiento de pacientes que esperan sus medicamentos, los tratamientos que les alivien el dolor o, más grave aún, que los salve de la muerte?, ¿qué pasará con los millones de niños que al inicio del siguiente curso escolar no tendrán libros?, ¿se les responderá de nuevo diciéndoles burlonamente: “disculpen las molestias”?

La improvisación, así sea hecha por seres inmaculados, puede resultar tan cara o más que la corrupción.

 

El plan no tiene quien lo escriba

El plan no tiene

Todos ganaríamos y sería una muestra de madurez institucional, si cada Plan Nacional de Desarrollo empezara con una sección donde se hiciera un balance serio del anterior.  Aprenderíamos de los fracasos y capitalizaríamos los éxitos. Sin embargo, la dinámica política hace del País un ave fénix que renace cada seis años de la mano de su temporal salvador. Esa lógica de resurrección, aunque exacerbada, es la que inspira al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Como muchos analistas lo han hecho notar, hay marcadas diferencias en cuanto a enfoque, metodología, estilo, incluso formato, entre el primer tomo del PND de sesenta y cuatro páginas, que al parecer fue elaborado en la Oficina del presidente, y el segundo tomo, que aun cuando en la Gaceta Parlamentaria se enuncia como anexos del primero, parece otro documento distinto, más apegado a los cánones de un proceso de planeación y que según se ha difundido fue redactado en la Secretaría de Hacienda.

Es claro que el documento presentado por López Obrador no se ajusta a los mínimos estándares para considerarlo como un plan nacional. Se trata en esencia de un manifiesto político que repite buena parte de los argumentos retóricos que utilizó a lo largo de su campaña e integra programas y proyectos que ya ha puesto en marcha.

Pese a esto, vale la pena examinar el documento para entender, a través de su lectura, la forma cómo López Obrador comprende la génesis de la problemática nacional y cómo pretende modificarla hasta lograr al término de su mandato lo que, según él, será la cuarta transformación del País. De esta manera, podemos deducir cómo, en su carácter de jefe del Poder Ejecutivo, concibe el escenario donde se desenvuelve, cómo es y en qué basa su proceso de toma de decisiones y, sobre todo, cómo este determinará el rumbo de su gobierno y afectará la marcha de la Nación.

López Obrador concibe su mandato como un amanecer después de “la larga y oscura noche del neoliberalismo” que se extendió de 1982 a 2018. Antes de ella el desarrollo estabilizador había permitido alcanzar tasas de crecimiento arriba del 6%, pero las crisis financieras de 1976 y 1982 hicieron colapsar este modelo económico que se basaba en una activa participación del gobierno en la economía, el control estatal de sectores denominados estratégicos, la sustitución de importaciones, los precios de garantía, subsidios generales(¿) y la construcción de infraestructura con recursos públicos.

Sin embargo, López Obrador nunca se pregunta si la crisis de 1976 fue, en gran medida, la consecuencia de haber alargado la estrategia del desarrollo estabilizador, pese a que desde principios de los setenta ya mostraba claros signos de agotamiento, como fue la deuda adicional que anualmente se contrataba con el Banco Mundial para mantener sin cambio los precios de los hidrocarburos, la electricidad y el azúcar. Mientras que el esfuerzo hecho para industrializar al País no logró traducirse en una fuente de generación de divisas dada la falta de competitividad de la industria nacional cuya rentabilidad dependía, en buena parte, de la protección arancelaria.

Para él, durante ese lapso de treinta y seis años no ocurrió nada positivo. El Estado se replegó, se redujo el sector social, se abrió la economía, se mermaron o eliminaron derechos laborales, se cancelaron los subsidios generales a cambio de ayudas clientelares, se parcelaron las facultades del gobierno en órganos autónomos y comisiones, y este abdicó sus potestades transfiriéndolas a instancias internacionales. Todo esto produjo un crecimiento magro, surgió una oligarquía político empresarial que maquinó sucesivos fraudes electorales, se agudizó la mala distribución del ingreso en términos individuales y regionales, aumentó la pobreza, se rompió el pacto social posrevolucionario y se generó una mayor corrupción. Hasta que, el primero de julio de 2018, ocurrió “una sublevación legal, pacífica y democrática fruto de una paulatina toma de conciencia; el pueblo se unió y se organizó para enterrar el neoliberalismo”.

López Obrador atina al señalar algunas de las asignaturas pendientes del neoliberalismo, que desde hace años han sido objetos de crítica en ámbitos académicos y políticos. Pero, a diferencia de lo que ocurre en Europa y Estados Unidos, donde a partir de entender el escenario actual y de cara al futuro, se plantean estrategias para atender y revertir los efectos que han tenido las políticas neoliberales, él prefiere mirar hacia atrás. Su obsesión por señalar a los culpables del desbarajuste, como él define la situación actual del País, y su nostalgia por un pasado idealizado, le impiden darse cuenta de que este es irrepetible y de que durante esos treinta y seis años el esfuerzo de millones de ciudadanos permitió que el País avanzara en muchos frentes, además de que este evolucionó de manera notable, en términos económicos, demográficos, sociales, políticos y en su relación con el exterior, porque fue inevitable que México se incorporara al proceso de globalización.

Incluso, durante ese lapso, la estructura institucional del Estado mexicano se modificó con la creación de órganos autónomos y comisiones, que son depositarios de funciones estatales, no para debilitar la acción del Poder Ejecutivo, como lo juzga López Obrador, sino para que dichas funciones se lleven a cabo de manera eficaz, imparcialmente y con transparencia, lo que en suma constituye un valioso avance democrático que no podemos darnos el lujo de tirar a la basura.

Este conjunto de elementos le darían a un jefe de Estado del segundo decenio del Siglo XXI, los antecedentes y las coordenadas para plantear su plan de gobierno en el que, sin perder de vista su temporal rol de estafeta, que no dueño, del Poder Ejecutivo,  imprimiera su visión del desarrollo del País y planteara los grandes objetivos nacionales y las estrategias para alcanzarlos.

Desafortunadamente, el proceso de toma de decisiones de López Obrador no parece partir de un análisis concienzudo de la información disponible, de los antecedentes y menos aún de sus costos y posibles implicaciones en la economía y la sociedad. Da la impresión, de que él racionaliza a posteriori decisiones que tiempo atrás ya había tomado de manera intuitiva. Para ello, crea una narrativa seleccionando hechos aislados como base para elaborar los argumentos que le sirvan para justificarlas y venderlas políticamente, sin importarle que estos sean infundados, parciales o estén equivocados.

El proceso de planeación es un continuo que va de lo general a lo particular. Parte de un plano estratégico, pasa por uno táctico y termina en un nivel operativo. Corresponde a los puestos de mayor jerarquía de cualquier organización, en este caso la jefatura del Poder Ejecutivo y el gabinete, la responsabilidad de definir el rumbo, los objetivos y las estrategias para lograrlos. Más adelante, los secretarios traducirán estas en acciones tácticas al elaborar sus sendos programas sectoriales y en acciones operativas al momento de plantear los presupuestos anuales de sus dependencias.

Pero, por lo que a diario se informa en las mañaneras y se lee en el Plan Nacional de Desarrollo,  se observa que al tomar decisiones López Obrador se desenfada por completo de ese método deductivo. Así, él pasa de una idea vaga que conceptualiza de manera intuitiva a una decisión operativa, que bien puede calificarse como ocurrencia. Por ejemplo, el supuesto de que la entrega de dinero a los estudiantes de las secundarias públicas hará que se alejen de las redes de narcotraficantes, fue suficiente para iniciar un programa social que cuesta miles de millones de pesos, sin que mediara ningún análisis previo y menos aún se realizara un ensayo que sirviera para probar la tesis sobre la que descansa dicho programa y, sobre todo, para valorar sus implicaciones en el desarrollo y conductas de los alumnos beneficiados.

Es claro que López Obrador actúa fundamentalmente en un plano operativo. Muchas de sus decisiones atienden el corto plazo y están basadas en información escasa o carecen de un marco de referencia que las sustente y ponga en contexto. Por ejemplo: decide edificar una refinería sin antes elaborar el programa energético, ordena construir un tren, un nuevo aeropuerto y cancelar la construcción de la principal terminal aérea del País, sin contar con los programas de transporte, turismo, ambiental y de desarrollo urbano, y sin tener un estudio serio que justifique dichos proyectos. Cancela el Programa de Estancias Infantiles sin antes evaluar sus consecuencias en los padres de familia, en especial las madres solteras. Ofrece su voluntarismo mágico como la garantía que eliminará cualquier obstáculo y asegurará que todo se cumpla en el plazo por él fijado. Desoye las voces de los expertos que piensen en contrario, aun si él mismo les solicitó su opinión.

Justin Kruger y David Dunning, de la Universidad de Cornell, observaron que los individuos que carecían de habilidades y conocimientos tendían a sobrevalorar sus aptitudes y capacidades, al grado de considerarse más aptos e inteligentes respecto a quienes sí eran competentes. Por el contrario, las autovaloraciones de estos fueron más certeras.

En la práctica, este sesgo cognitivo, que se bautizó como efecto Kruger-Dunning, conduce al individuo a interpretaciones ilógicas e imprecisas de la realidad, que pueden hacerlo incurrir en juicios y acciones equivocadas.

En el caso de un jefe de Estado, esto podría derivar en decisiones que no tengan racionalidad y que, por ende, pueden implicar riesgos financieros para las finanzas públicas, afectar el funcionamiento del aparato estatal y la economía o, de plano, no resolver, y quizá empeorar, los problemas que en principio se buscaban solucionar.

El salvaguardas para la sociedad frente a esta posibilidad es su madurez democrática y fortaleza institucional. El gabinete, el Congreso, los medios y la fuerza de la opinión pública actuarían como filtros y contrapesos para evitar perder el rumbo o, al menos, aminorar los daños, como medianamente ha sucedido con Trump. Pero, en nuestro caso, un gabinete de bajo perfil deliberadamente escogido para servir de comparsa y un Congreso al servicio del presidente, crean en la sociedad una sensación de incertidumbre y desconfianza porque se advierte la falta de sustento de muchas decisiones que comprometen montos importantes de recursos públicos, porque se conoce la gravedad de nuestros problemas, y porque se sabe de los riesgos que nos esperan en el camino. Ante las señales de alerta no extraña que en muchos ámbitos —dentro y fuera de País— la recomendación sea actuar con prudencia.

Nadie quiere que el presidente fracase, pero para que le vaya bien debe hacer las cosas bien. Decirle que está equivocado, no se inspira en una crítica sin sustento, sino en el conocimiento y en la convicción de que los errores de un presidente no los paga él sino el pueblo. Ya lo vivimos varias veces. Incluso, seguimos pagando equivocaciones que pudieron evitarse.

Pero López Obrador está más cerca de emular a aquellos que critica, que a los personajes históricos que tanto admira. Si él busca algún denominador común de las crisis que padeció el País en los últimos veinticinco años del siglo pasado, encontrará que quienes eran presidentes se encerraron en un círculo muy pequeño, incluso su oído se hizo tan selectivo que se deshicieron de aquellos colaboradores que los incomodaban. Insultar, poniéndoles calificativos a quienes lo critican, sin tomarse la molestia de comprender sus argumentos, es equivalente al “ni los veo, ni los oigo” de Salinas. Este, empeñado en un rumbo, desoyó y asedió a las voces que le advertían que la nave hacía agua, como ocurrió con El Financiero de aquel entonces, o con Excelsior y Echeverría, o con Proceso y López Portillo y, ahora, al parecer, con el Reforma. El síndrome de estos casos es el mismo: arrogancia y una falsa sensación de superioridad moral e intelectual respecto a los demás.

Algunos analistas insisten que será la realidad quien espabile a López Obrador de su autocomplacencia y lo haga modificar su manera de gobernar. Pero, preocupa que esto suceda después de que el autobús se haya estrellado contra la pared. Como inevitables pasajeros de nuestra realidad nacional y después de observar que el conductor ha hecho varios giros temerarios que nos han erizado la piel, no podemos ignorar los peligros que nos depara la travesía y esperar a que el recuento de daños nos dé la razón.

Desde ahora debemos levantar la voz, argumentar con razones en donde podamos, sumar esfuerzos para hacernos escuchar. Hoy como nunca, le toca a la sociedad civil mexicana servir de dique para conducir a los poderes públicos, para evitar que desandemos el camino, para capitalizar las lecciones que hemos aprendido, para demostrar que la fuerza de cambio de un país no radica en su gobierno sino en su sociedad y que mientras esta sí trasciende y evoluciona en el tiempo, los presidentes se suceden perdiéndose en la memoria. Estos podrán redactar planes, pero no escribir la historia y menos aún, anticipándose a ella.

Cuando el líder imagina su grandeza, el País empequeñece

Young Boy Businessman Dressed in Suit with Cardboard Wings

Como si fuera una radiografía que gradualmente va revelándose y cuyos detalles, al hacerse más nítidos, despiertan preocupación en el doctor que los revisa e interpreta, así nos está ocurriendo en la medida que se manifiestan con mayor claridad los rasgos distintivos de lo que probablemente será la presidencia de López Obrador.

Cierto que en muchos sentidos nadie puede darse por sorprendido. Es un personaje que durante dieciocho años bregó y se exhibió en todos los foros posibles para llegar a la jefatura del Poder Ejecutivo. Pero, lo que sí llama la atención es que pese haberla alcanzado, parece seguirla buscando, en lugar de subir un escalón, de madurar políticamente y asumirse como temporal jefe de un Estado que lo trascenderá en el tiempo y en el que están incluidos, no solo quienes votaron por él, sino también aquellos que prefirieron otra opción, más los que decidieron no acudir a las urnas y que sumados representan la mayoría absoluta de ciudadanos. Sin embargo, aun como presidente, LO sigue utilizando la palabra nosotros en un sentido excluyente, porque en ella no caben quienes piensan distinto a él.

López Obrador es candidato de una campaña permanente basada en su omnipresencia en los medios y redes sociales. Su hábitat natural está debajo de los reflectores, detrás del micrófono, sobre los templetes y enfrente de las cámaras y de grupos de simpatizantes prontos para la porra, el aplauso, los selfies o la pregunta benévola que le sirva para pontificar sobre cualquier tema. Las encuestas de popularidad, mientras le sean favorables, son la droga que lo energiza y la coraza que lo protege de sus críticos; a estos los desmiente el pueblo sabio que jamás se equivoca. Su meta inmediata: aparecer de nuevo en una boleta electoral donde se vote la revocación o el refrendo de su mandato, pese a que se le eligió para que estuviera al frente del Poder Ejecutivo durante seis años no condicionados a una suerte de reelección intermedia.

El ejercicio sería tan redundante como obvia la trampa que esconde: poner virtualmente su nombre, como si fuera un agregado en el logo de MORENA, en las boletas de todos los procesos electorales que se lleven a cabo en 2021: federales, estatales y municipales, con la expectativa de que todo se pinte de guinda para acumular el mayor poder político posible y entonces determinar el siguiente paso. ¿Cuál podría ser?, ¿hacia dónde? son preguntas cuyas posibles respuestas levantan la sospecha de que estemos viendo cómo, dosificada y taimadamente, se estén acomodando las primeras piezas de un rompecabezas cuya forma final solo conoce él y sus más cercanos. Esto provoca inquietud al abrir un enorme abanico de posibilidades respecto a cuál sería la dirección, el alcance y la magnitud de lo que se pudiera estar tramando.

Desde una visión esquemática de la historia de México, a la que divide en tres transformaciones, LO se autoproclamó líder de la Cuarta, que supuestamente será, como las anteriores, un impulso irreversible de larga carrera que duraría varios decenios. Pero, sus decisiones y las que con su indispensable dirección y venia toman sus incondicionales en el Gobierno, en el Congreso y en su partido no hablan de un proyecto nacional sino de construir uno propio que lo tiene a él como el vértice del poder y que está delineado con base en su voluntad, en su interpretación de la realidad, en sus conocimientos y en su intuición, aunque esto signifique contradecirse, retar al sentido común, a la inteligencia y memoria del ciudadano y, no se diga, a la opinión de expertos en temas puntuales, como ha sucedido en cuestiones aeroportuarias, energéticas, financieras, ambientales y de administración pública e ingeniería.

Por ello, preocupa cuando LO advierte que su gestión al frente del Poder Ejecutivo no es un mero cambio de presidente, sino uno de régimen. ¿Qué entenderá por régimen?, preguntamos. La mayoría lo entendemos como un sistema político concebido a partir de la forma como cada pueblo delega su soberanía en poderes públicos y articula la estructura del Estado que los ejercerá, lo que suele quedar plasmado, como en nuestro caso, en su Constitución o Carta Magna.

¿Pretende LO modificarla con base en una concepción distinta de cómo debe estar organizado el Estado Mexicano? Hasta ahora solo ha hablado de cambio de régimen sin dar mayores indicios. Por lo que es dable pensar que, en el primer trienio de su mandato, lo intentará hacer de manera soterrada; a veces con reformas legales, otras por la vía presupuestal o mediante decisiones ejecutivas para quitar aquello que le estorbe, expandir sus tramos de control y seguir cimentando su popularidad en programas clientelares cuyo frutos coseche en la siguiente elección.

¿Será entonces la propuesta de una reforma constitucional para someter a refrendo el mandato del jefe del Ejecutivo, un primer paso para cambiar el sistema político en el que estaría incluida la reelección presidencial y el diseño de otro régimen que eventualmente se plasmaría en una nueva Constitución?, ¿será la reforma a la Ley Federal de Consulta Popular la vía para que a través de estas se construyan los escalones que nos lleven a ese nuevo régimen?

Si alguna vez pensamos que la alternancia en la jefatura del Poder Ejecutivo sería un aliciente para que nuestro desarrollo democrático dejará atrás el presidencialismo y evolucionara hacia la institucionalidad republicana basada en una efectiva y eficaz división de poderes, de tal forma que el funcionamiento del Estado dependiera de su fortaleza institucional, del esfuerzo colectivo y del talento de muchos y no de la voluntad del temporal prócer, hoy vemos con preocupación cómo han vuelto de manera vigorosa los rasgos de un caudillismo que creíamos enterrado y a cuya sombra se han plegado conciencias y voluntades, muchas de las cuales han cambiado la crítica por la condescendencia y el silencio, como si de repente López Obrador hubiera adquirido, además del don de la infalibilidad, virtudes, cualidades y conocimientos que no le habíamos visto antes.

Sin embargo, él sigue siendo el mismo: un astuto operador político, hábil para conectar con la gente mediante frases cortas, ejemplos simples y poniéndose claramente de su lado al señalar en el otro, a los presuntos culpables de los problemas que aquejan al País. Allá los malos, acá los buenos. Pero, su astucia afilada y oportunista, no le alcanza para proyectarlo como una persona de grandes luces, como un estadista en proceso de desarrollo capaz de imaginar y proponer un proyecto de largo aliento, de entender y sacar el mayor provecho de una realidad nacional e internacional harto compleja, de integrar un equipo de primer nivel para desarrollarlo, de sumar con argumentos y razones adeptos provenientes de todos los ámbitos y de asegurar que, pese a los inexorables obstáculos que hallará durante la travesía, él será capaz de que no se pierda el rumbo.

La baja talla de los miembros de su gabinete no habla de un individuo que fortalece su liderazgo atrayendo a los mejores y que podrían tener incluso la estatura suficiente para ser, eventualmente, considerados como su reemplazo. En cambio, vemos al jefe que se siente cómodo con subordinados de bajo perfil, que accedieron a cargos de enorme importancia gracias a su lealtad, pese a que la mayoría no cuenta con la experiencia y conocimientos que justificaran su designación. Saltos abismales que presagian lentas curvas de aprendizaje que se manifestarán en taponamientos administrativos y costosos errores, como se vio en el desabasto de gasolina y en el fiasco monumental del aeropuerto.

Pero, no habrá metedura de pata por onerosa que para el País pueda resultar, que vaya a derivar en un despido. Aun si la opinión pública lo pidiera a gritos, como sucedió con el director general de Pemex. Los vínculos emocionales con sus subordinados creados a partir de la lealtad y/o el agradecimiento mutuo denotan el carácter afiliativo de su estilo de liderazgo. Esto limita las posibilidades de cambios en el gabinete de López Obrador a que ocurra un acto de deslealtad o se den causas naturales como la enfermedad o la muerte.

Volver al caudillismo sin contrapesos donde el rumbo del País esté determinado a capricho de quien ocupe la jefatura del Poder Ejecutivo implica regresar muchas décadas, olvidar lecciones que aprendimos con dolor, ignorar los avances de nuestra aun incipiente democracia, suponer que los mexicanos de hoy son los mismos que de ayer y desentenderse de la realidad, con el estéril afán de regresar las manecillas del reloj para vivir tiempos que ya no existen o que quizá nunca fueron, porque la interpretación interesada de la historia a menudo la convierte en una narración de mitos que no de hechos.

Plantear que los problemas y la larga lista de asignaturas pendientes que tiene el País se deben a que se perdió el rumbo cuando se optó por el neoliberalismo es un diagnóstico tan erróneo, como estúpido decir que una corriente de pensamiento puede abolirse. No fue opcional que en los ochenta México modificara su política económica. Lo hicimos porque estábamos en la lona sin siquiera poder pagar los intereses de lo que debíamos. Ahí, no llegamos por la voluntad o la mala fe de otros sino por nuestras decisiones y por ignorar las señales de alarma que años atrás nos decían que el modelo económico que seguimos desde la postguerra estaba cerca de su agotamiento. Por ello, inspira temor insistir en políticas públicas que fueron efectivas durante un lapso y en determinados escenarios nacionales e internacionales que ya no existen.

Construir un porvenir es imposible cuando se quiere conducir al País mirando por el espejo retrovisor, en lugar de entender el presente e imaginar su posible evolución para afrontar nuestros problemas, abatir los riesgos que nos esperan y sacar el mayor provecho donde tengamos ventaja. Todo esto se sintetiza en un proyecto de nación del que hemos carecido, sobre todo desde que asumimos que bastaban las políticas neoliberales para poner al País en una espiral virtuosa de crecimiento, y no en la mediocridad donde nos encontramos con avances a cuentagotas.

Pero, desde hace cuatro meses ya ni siquiera es así. Los motores parecen haberse detenido. Nos movemos más por inercia que por impulso. Volver atrás es una quimera. Aun así, quien tiene el timón lo intenta y terco titubea. Tira por la borda recursos que a los pasajeros les costaron miles de millones de pesos y años de esfuerzo. “Cambio de régimen”, indica el capitán como el nuevo destino. Nadie sabe de qué habla. Hay frustración y desasosiego. No se entiende hacia dónde apunta la proa. Pero él sí tiene en su mente ese gran proyecto. Será el caudillo que lo lidere para emparejarse con otros personajes de la historia de México. Sin embargo, en esta se consigna que, como él, ya hubo otros que lo intentaron y cuyo sueños de grandeza terminaron, literalmente, empequeñeciendo al País.

Radiografía del Senado; flaca montura para tan pesada agenda

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La Constitución establece que: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Así, delega su soberanía en tres poderes públicos —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— que harán, como propuso Montesquieu hace casi tres siglos, una suerte de contrapesos.

Pero, en la práctica, la efectividad de este delicado balance en cuanto a que favorezca el desarrollo del País en todos los ámbitos dependerá, en gran medida, de las capacidades, la visión y el trabajo conjunto de quienes sean los protagonistas en cada uno de los tres poderes.

El Poder Ejecutivo está a cargo de una persona, el Poder Judicial lo ostentan colegiadamente once ministros y el Poder Legislativo que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, lo ejercen de manera colectiva 500 y 128 individuos respectivamente.

Es decir, sobre los hombros de solo seiscientas cuarenta personas, descansa la responsabilidad de ejercer los poderes que dimanan del pueblo y, por ende, de tomar decisiones a nombre de ciento veinte millones de mexicanos que, para bien o para mal, afectarán su presente y futuro.

La dimensión de esta responsabilidad nos hace pensar que ese pequeño núcleo de mexicanos debería representar a los mejores. Personas con la experiencia, los conocimientos y la capacidad para comprender una realidad nacional e internacional cuya transformación es, en todos los ámbitos, cada vez más acelerada y que, con base en ese entendimiento, contribuyeran con sus iniciativas y decisiones a delinear los trazos del porvenir nacional.

Sin embargo, solo en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia existe un proceso de selección donde el presidente de la República propone una terna al Senado, para que este valore a los candidatos y escoja al que le parezca mejor.  Cierto que este mecanismo no es inmune a favoritismos e intereses políticos y tampoco asegura que los candidatos se ajusten cabalmente al perfil que se espera de un ministro del máximo tribunal judicial de la República, pero al menos, no se han colado en este, individuos notoriamente incompetentes para desempeñar un cargo público como sí ha ocurrido en el Ejecutivo y, sobre todo, en el Legislativo, poderes a los que se accede por elección popular o por la vía de la representación proporcional.

El sufragio universal es la expresión básica de la vida democrática de una nación, a través del cual la ciudadanía escoge a sus gobernantes y legisladores. Pero, los procesos electorales no son mecanismos de selección de talento. Los votos permiten acceder a cargos públicos, pero nunca darán lo que natura no presta. Este es el riesgo de la democracia que, en no pocas ocasiones, se ha revertido contra el pueblo por la vía de la improvisación, equivocaciones garrafales y por leyes y políticas públicas mal hechas.

Más aún, porque entre la teoría política de Montesquieu y la realidad del México contemporáneo se atraviesan los partidos políticos que actúan como los franquiciatarios de los poderes públicos, en especial el legislativo. Ellos sí hacen un proceso de selección según sus intereses, lo que no necesariamente significa que quienes acceden a un puesto en el Congreso tengan la experiencia y la capacidad que se requiere para desempeñarlo. La lealtad al partido, llevada al extremo de una obediencia ciega, primará en su selección. En las curules se sientan aquellos que más convienen a los partidos, que no los más idóneos para cumplir de manera apropiada y eficaz con la grave responsabilidad de legislar.

Por ejemplo, de acuerdo con los datos curriculares de los senadores que están publicados en el sitio web de la Cámara, se observa que el 52% no cuenta con experiencia legislativa a nivel federal y que el 34% ni siquiera la tiene a nivel estatal, como se aprecia en la siguiente gráfica:

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Un siguiente paso es analizar la formación académica de los senadores. Sin embargo, antes es importante destacar que la forma como se presentan sus datos curriculares no se ajusta a un estándar que permita valorarlos, referenciarlos y, si se requiere, confirmarlos. Por ejemplo, en muchos casos se indica el grado académico sin mencionar la institución y la fecha. Es decir, simplemente se menciona: licenciatura, maestría o doctorado.

Con esta salvedad y considerando que solo se obtuvo información de ciento catorce senadores, se encontró, como se aprecia en la siguiente gráfica, que el 13% de ellos tiene un nivel de estudios que va de preparatoria a carreras universitarias sin concluir. Vale destacar que ninguna persona de este grupo tuvo antes alguna experiencia legislativa. Por lo que hace al resto, la mitad de los legisladores cuenta, al menos, con un grado equivalente a licenciatura.

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Por lo que respecta al campo de estudios de aquellos senadores que obtuvieron un grado académico, 29% estudiaron Derecho, 17% Administración Pública y 8% Economía. El resto lo hicieron en una variedad de campos del conocimiento que, en algunos casos, parecen relacionarse poco con temas vinculados a la discusión de leyes y políticas públicas.

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En resumen:

Preocupa la flacura del Senado en términos de experiencia, capacidades profesionales y formación académica, si se considera la importancia y complejidad de muchos aspectos de la vida nacional que, a través de él, se procesarán como iniciativas de ley o reformas legislativas de gran calado en materias como: seguridad pública, política laboral, educación, regulación del consumo de marihuana, corrupción y transparencia, política internacional, revocación de mandato, etc.

Por ende, podemos inferir que serán pocos protagonistas en la arena legislativa; pequeñas camarillas integradas por escasos legisladores más miembros y asesores de sus sendas cúpulas partidistas. En el caso de MORENA habría que sumar a funcionarios del Gobierno Federal. En estos foros oficiosos son donde en verdad se escenificará buena parte de la actividad legislativa.

Esto implica que un buen número de senadores serán peso muerto en el debate legislativo. No lo enriquecerán. Su participación se limitará a seguir las indicaciones que reciban de sus sendos partidos, sobre todo al momento de votar tanto en el Pleno como en comisiones. Esto no impedirá que, pese a la incompetencia para desempeñarse como legisladores, sí aprovechen su investidura para realizar en su ámbito regional labores de gestoría ya sea para beneficio personal o de terceros.

La Constitución señala el alcance de las funciones del Senado, la dimensión humana de quienes lo integran determina la posibilidad de cumplirlas con eficacia. Flaca se ve la montura para tan grave agenda.