El demoledor memorándum que ignoró López Obrador

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En la noche previa al hundimiento del Titanic, en el cuarto de comunicaciones se recibió un telegrama del buque Mesaba, advirtiendo de la presencia de icebergs. El encargado, acusó recibo y en lugar de entregarlo de inmediato al puente de mando, se dedicó a enviar los telegramas de los pasajeros que se habían acumulado por una falla del sistema de transmisión el día anterior. El capitán mantuvo el rumbo trazado, ignorante del infranqueable obstáculo que le aguardaba y del destino mortal que tendrían él y mil quinientos pasajeros que lo acompañaban.

Sirva esta introducción como una analogía de lo que está ocurriendo con el asunto del NAICM, para resaltar, por un lado, la enorme responsabilidad de quienes tienen en sus manos información crítica y, por el otro, que ocultarla o desconsiderarla al momento de tomar una decisión, ya sea por imprudencia o para privilegiar sus intereses, no modifica su contenido, ni elimina los riesgos que lo narrado en este pudieran representar a terceros.

El 18 de octubre, MITRE* entregó a Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, un memorándum sobre “la problemática del plan AICM + Santa Lucía”, firmado por su Director Internacional, Bernardo Lisker y copiado a Romo y Jiménez Espriú, miembros del Equipo de Transición, con quienes había tenido contacto desde 2015.

Sin embargo, Jiménez Espriú ignoró el memo de MITRE y, en cambio, anunció el 24 de octubre, a escasos días de la consulta espuria, que con base en un estudio que contrató con Navblue, filial del Grupo AirBus, el AICM y Santa Lucía podían compartir el espacio aéreo, pese a que se trató de un análisis conceptual que como tal se basó en un buen número de supuestos y salvedades, que están claramente expuestas en el texto del informe presentado por dicha firma consultora. Más aún, esta deja claro en cada página del reporte, que este no provee ninguna conclusión definitiva respecto a que la operación simultánea de ambos aeropuertos pueda hacer frente al incremento del tráfico aéreo.

¿Por qué Jimenez Espriú ignoró el memo de MITRE, pese a la solidez técnica y al conocimiento profundo que esta organización tiene del espacio aéreo mexicano desde hace más de veinte años y a su estrecha relación con la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), País con el que tenemos el mayor tráfico aéreo internacional?

La razón es muy obvia; sus conclusiones son demoledoras respecto a la operación simultánea del AICM y Santa Lucía y, claramente, evidencian que la decisión tomada por López Obrador de suspender la construcción del NAICM, es un salto al vacío y la ruta más corta a una serie de enredos financieros, presupuestales, administrativos, aeronáuticos y laborales —¿icebergs?—, que inevitablemente los mexicanos tendremos que afrontar, pagar sus costos y, seguramente, volver atrás para retomar la opción que hoy se abandona, a menos que el presidente electo tenga la lucidez para recapacitar y cambiar de opinión.

Señalo los temas que me parecen más relevantes del memorándum, cuya liga está al final de este artículo.

“No hemos analizado la capacidad operacional (llegadas + salidas) del plan (AICM y Sta. Lucía), pero sabemos que será sumamente baja, sólo faltándonos saber si será peor que la ya lograda por el AICM. No comprendemos cómo se habla de capacidad antes de emprender estudios de espacio aéreo.”

Se desprende de lo anterior que, dada la complejidad de la gestión del espacio aéreo compartido entre las dos terminales, el obligado espaciamiento entre vuelos por razones de seguridad, como alguna vez lo admitió Jimenez Espriú, dé como resultado, que la suma de sus operaciones represente un incremento muy pequeño respecto al número de ellas que actualmente se llevan a cabo en el AICM, incluso pudiendo ser menor.

Esta posibilidad nulifica o limita de manera significativa el supuesto de que Santa Lucía podría recibir una parte importante del incremento previsto en el tráfico aéreo a mediano y largo plazo, lo que hace absurdo suspender la construcción del NAICM y emprender la incierta aventura de construir una nueva terminal en la Base Aérea.

La última frase del comentario de MITRE deja claro que los aeropuertos se planean de arriba hacia abajo. Por eso, es una temeridad o una muestra de supina ignorancia, que sin estos análisis se empiecen a dibujar los planos de Santa Lucía y hablar de números de pasajeros. Quizá, por la segunda razón, pusieron, contra las normas de seguridad aeroportuaria, los estacionamientos debajo del edificio terminal.

“No hemos realizado el complejo rediseño del espacio aéreo que el plan requeriría, pero sabemos que será muy complicado de manejar para los controladores aéreos, dada la orografía. Es un error comparar el Valle de México con Nueva York o Londres.”

Este comentario debe considerarse como una advertencia muy seria en materia de seguridad, porque anticipa la creación de un escenario complejo para fines de gestión del tráfico aéreo, con el consiguiente incremento de riesgos. Más, si consideramos las condiciones meteorológicas del Valle de México que imperan durante buena parte del año.

Estas dos primeras acotaciones de MITRE delinean una posibilidad absurda; no solo podría darse un incremento bajo en el número de operaciones, sino que este se haría a costa de hacer más compleja la gestión del tráfico. Es decir, el costo superaría con creces al beneficio.

Para fines de diseño, cuando se trata de vehículos y personas en movimiento, la complejidad se convierte en la hermana de la inseguridad. ¿Por qué los usuarios del aeropuerto y los habitantes del Área Metropolitana del Valle de México, sobre cuyas cabezas pasan miles de aviones al año, deben con la inclusión de Santa Lucía correr el riesgo de un espacio aéreo más inseguro y, en adición, seguir padeciendo el ruido de las aeronaves, cuando ya existe una opción mejor a la mano?

“No hemos realizado los trabajos obligatoriamente necesarios de tipo fotogramétrico para conocer con alta resolución el terreno hacia el norte (hacia Hidalgo pues Santa Lucía lo requeriría). Ese por sí solo es un trabajo de ocho meses.”

Este plazo, junto con el lapso que demandan los estudios ambientales y, que deben ser previos al diseño del aeropuerto, echan por tierra el supuesto plazo de tres años para que Santa Lucía entre en operación. Más aún, si como lo menciona MITRE, será necesario comprar terrenos, es decir expropiar, para instalar los equipos que requieren los aterrizajes por instrumentos, ya que la actual pista de Santa Lucía solo permite aproximaciones visuales. Situación que, por un lado, reitera lo que muchos técnicos señalaron desde un inicio respecto a esta opción, en el sentido de que la superficie actual de la Base Militar era insuficiente para construir un nuevo aeropuerto y, por el otro, que es más probable que el NAICM esté en operación el segundo semestre de 2022 antes que Santa Lucía esté terminado. Con la salvedad de que, para hacer frente al incremento previsto del tráfico aéreo, el primero sería una solución a largo plazo y, el segundo, solo un parche, sin que hasta hoy sepamos para cuánto tiempo pueda alcanzar.

MITRE también menciona que, si ya la operación de Sta. Lucía es compleja con una sola pista, la operación simultánea de dos separadas por 1,500 metros haría el escenario aún más complicado, con la salvedad de que habría que hacer estudios muy detallados para determinar si esa separación es segura, lo que podría hacer que se necesitara más terreno.

“En resumen, no debería considerarse la coexistencia del AICM y Santa Lucía sin tomar en cuenta la complejidad que reviste su operación y el hecho de que dista mucho de haber sido completado un estudio aeronáutico serio. Los riesgos son claros y presentes. Además, aún en el mejor caso, no resolverá el problema de la demanda más allá de muy corto plazo (algo ya mencionado en 2013 por OACI)”.

Si con oportunidad el capitán del Titanic hubiera conocido el telegrama del Mesaba, con seguridad hubiera dado las órdenes para proteger a los pasajeros, a los tripulantes y a su navío. En cambio, López Obrador, pese a tener la información en sus manos, decidió hacer caso omiso de la opinión de una de las organizaciones con mayor reputación a nivel mundial en el campo de la navegación aérea, como también hizo con muchos documentos y presentaciones que se les entregaron a los miembros del Equipo de Transición, para seguir necio en una decisión que quizá tomó hace años.

Pero, el problema para él es que dicha información es conocida por infinidad de círculos y sectores en México y el mundo, que pueden anticipar, como MITRE, las dificultades por venir y dimensionar la magnitud de las consecuencias de este error inaudito. Por ello, para muchos de los que viajamos en este barco llamado México, el golpe de timón que ha dado López Obrador nos parece demencial, poniéndonos en estado de alerta. Quizá, los cantos y gritos de quienes siguen en el salón de fiestas celebrando su victoria, le impidan escuchar cosas que no sean alabanzas a su ego. Pero eso no elimina los riesgos advertidos, ni modifica una realidad que, inexorable, está cada día más cerca. Iniciamos la azarosa travesía sexenal preocupados, muy preocupados, por la capacidad y aptitudes de quien en sus manos tendrá el timón y sabedores de que actúa sin ningún contrapeso que lo haga consciente de sus errores, limitaciones y, sobre todo, de su mortalidad.

MITRE (Massachusetts Institute of Technology Research & Engineering) es una organización no lucrativa dedicada, entre otras cosas, a la navegación área.

OACI.- Organización de la Aviación Civil Internacional

http://www.aeropuerto.gob.mx/doc/MITRE_Carta_resumen_en_torno_a_la_problematica_del_plan_AICM+Santa_Lucia_(12_octubre_2018).pdf

 

Un gabinete de bajo perfil y alto riesgo

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La primera decisión de un presidente de la República es nombrar a su gabinete. Prerrogativa que, salvo en el caso del procurador General, le concede la Constitución.

En otros países, como sucede en Estados Unidos, el Senado ratifica o rechaza a los candidatos propuestos por el presidente después de examinarlos públicamente. Escrutinio que sirve para airear sus antecedentes ―buenos y malos―, confrontar las razones que tuvo su mentor para proponerlos e inferir su posible desempeño. Al no existir en México este proceso, la ciudadanía debe conformarse con las razones que, en cada caso, exponga el presidente en turno para justificar el nombramiento de los miembros de su equipo.

¿Qué razones explican la designación de cada secretario y la conformación de un gabinete presidencial? Con seguridad, por tratarse de decisiones unipersonales, en estas juega un papel importante la personalidad de cada presidente, su carácter, sus filias y fobias, sus compromisos, su visión y sensibilidad política. Aunque también pesarán las cuestiones privadas, quizá íntimas, que pudieran existir entre él y algunos de sus designados.

Es relevante destacar que mientras el PRI mantuvo la hegemonía del escenario político, la conformación del equipo del presidente, al menos el de inicio, servía para integrar a varias de sus corrientes y restañar heridas con los otrora rivales en la lucha por la sucesión. Se decía, que la pluralidad que no existía en el Congreso se daba, en cambio, dentro del gabinete, donde podían coincidir individuos con distintos matices ideológicos y posturas respecto a políticas públicas.

La larga hegemonía del PRI dio lugar, de manera informal e imperfecta, a un proceso de formación y renovación de cuadros en la Administración Pública Federal que, en la punta de la pirámide, culminaba con un cargo político. Quien llegaba a la presidencia de la República, antes había sido secretario. Y, a su vez, la mayoría de las designaciones de secretarios recaían en otrora subsecretarios y así, capilarmente, con los siguientes niveles de la estructura. La movilidad entre los poderes Ejecutivo y Legislativo era poco frecuente.

Esto conformó a partir de mandos medios hacia abajo, núcleos de servidores públicos que, sin ser necesariamente militantes del PRI, sobrevivían a las renovaciones del Poder Ejecutivo dada su especialización y conocimientos en sus respectivos campos. De hecho, en la práctica estos grupos fueron el semillero donde iniciaron su carrera muchos secretarios de Estado y directores de empresas paraestatales.

En el 2000, la alternancia política rompió este proceso informal de formación y renovación de cuadros. Vicente Fox* fue el primer presidente, en más de setenta años, que no ocupó antes una secretaría de Estado. Junto con él llegaron al gabinete muchas personas que tampoco tenían ninguna experiencia previa en la Administración Pública Federal y que provenían del poder Legislativo, del sector privado y del medio académico. En adición, para muchos de ellos, convertirse en titulares de una secretaría de Estado o de una entidad paraestatal representó un salto cuántico, respecto a la posición que ocupaban antes de ser designados.

Desde entonces, el presidente en turno ha nombrado, en muchos casos, como secretarios de Estado o como directores de entidades paraestatales, a individuos que no solo tienen una mínima o nula experiencia en el ámbito de su encomienda, sino que además ocupaban posiciones muy distantes en términos de responsabilidad. En otras palabras, han sido designaciones de alto riesgo en cuanto a sus posibilidades de éxito, que a la postre se han traducido en renuncias prematuras, rotación y costosas curvas de (lento) aprendizaje.

Desde la perspectiva de gestión de talento, el riesgo de nombrar a una persona para que ocupe un puesto ejecutivo está asociado, en gran medida, a dos factores: a) la compatibilidad funcional que exista entre su cargo anterior y el propuesto y, b) la diferencia que haya en la dimensión de estos puestos en términos de su responsabilidad.

Por ejemplo, proponer como Secretario de Hacienda a una persona que se ha desempeñado como Director de Adquisiciones de la Secretaría de Salud puede resultar más riesgoso que optar por el Subsecretario de Economía. Pero, si la propuesta para ocupar ese cargo fuera un presidente municipal, el riesgo sería infinitamente superior.

Desde esta perspectiva se pueden analizar los diecisiete secretarios y a los tres directores de entidades paraestatales que ha designado López Obrador, ordenándolos de menor a mayor, según el riesgo que representa su nombramiento.

Con algún tipo de experiencia en la Administración Pública Federal:

  • Solamente tres individuos: Villalobos/SAGARPA, Moctezuma/Edu. y Jiménez/SCT se han desempeñado en un mando superior en la APF. Incluso el segundo ya ha sido secretario.
  • Ebrad/Rel., Torruco/Tur. y Ursúa/SHCP se desempeñaron como jefe y secretarios en el gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, el primero no tiene experiencia en el ámbito diplomático como se pudo observar en la reciente carta que López le envió a Trump.
  • Durazo/Seg. y Frausto/Cult. han trabajado en la APF a nivel de staff y mando medio. Aunque las credenciales del primero para hacerse cargo de una nueva secretaría de Seguridad Pública no quedan claras.

Sin experiencia en la administración pública:

  • Sandoval/SFP, Márquez/Eco y Alcocer/Salud son investigadores y aunque conocen a profundidad algunos temas relacionados con la secretaría para la cual han sido nominados, ninguno tiene experiencia en el desempeño de un puesto ejecutivo de primer nivel donde hayan sido responsables de la gestión de recursos humanos, financieros y materiales, así como del diseño y ejecución de planes y programas. Menos aún, se han desenvuelto en los marcos normativo, laboral, presupuestal de la Administración Pública Federal y en el ambiente político propio de los altos cargos. Una cosa es trabajar en un cubículo, otra, muy distinta, es despachar como titular de una secretaría. La distancia es abismal.
  • Las observaciones anteriores son también aplicables a Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia nominada para Gobernación. En su empleo anterior sus decisiones tuvieron un carácter colegiado. Es decir, ejerció una responsabilidad compartida, no individual, como sí ocurre con un secretario de Estado. Vale destacar que, si en los próximos seis años faltara el presidente, ella asumiría temporalmente, y en un momento crítico, la Jefatura del Poder Ejecutivo. Considero que dada su trayectoria, edad y salud haría un mejor papel como consejera jurídica de la Presidencia, que ponerse al frente de la dependencia que es el centro neurálgico de la vida política del País, lo que demanda a su titular una dedicación de tiempo completo y un largo colmillo.
  • Nahle/Energía y Alcalde/STPS provienen de la Cámara de Diputados. La primera desempeñó en su juventud roles operativos en algunas plantas petroquímicas de Pemex. Pero su carrera se concentra en el ámbito legislativo, donde se ha relacionado con temas del sector energético. Para la segunda, el cargo de secretaria de Trabajo y Previsión Social será apenas, a sus treinta años, su segundo o tercer empleo formal, después de haber sido diputada plurinominal. ¿Es esto serio?
  • González Ortiz/Semarnat y Albores/SEDESOL colaboran en pequeñas organizaciones sociales que de alguna manera están relacionadas con la ecología y el desarrollo social.
  • Por último, la nominación de Román Meyer/SEDATU es difícil de valorar, por lo escueto de su currículo y porque, en apariencia, nunca se ha desempeñado en un puesto dentro de algún tipo de organización. Incluso no queda claro si en este momento tiene un empleo remunerado.

Sin experiencia en el sector paraestatal:

  • PEMEX y CFE son dos de las empresas más grandes de México con una problemática muy compleja en todos los ámbitos: laboral, tecnológico, financiero, operativo y de mercado, lo que demanda que al frente de ellas estén administradores de primer nivel con probada experiencia en la gestión de empresas de gran envergadura. Sin embargo, se ha propuesto como sus sendos directores generales a Romero y Bartlett cuyo perfil, formación y experiencia profesional están años luz de los requerimientos de esos puestos. Si hubiera un proceso de búsqueda para estas posiciones a cargo de una empresa especializada en reclutar ejecutivos, difícilmente se les consideraría como candidatos, aun en la lista larga. Como también sería el caso de Martínez Cáceres a quien se propuso como director del IMSS.

De lo anterior se deduce que, si los miembros del gabinete de López Obrador hubieran entrado por la puerta de Recursos Humanos de las sendas secretarías que van a encabezar, una buena parte de ellos difícilmente hubiera logrado más que una dirección general. Esto no quiere decir que algunos no tengan aptitudes, conocimientos y desde luego valía y méritos profesionales, lo que deseo señalar es la gran distancia que existe entre su perfil y los requerimientos del puesto que van a ocupar, lo que en muchos casos implica que su designación sea de alto riesgo para ellos y para el gobierno donde servirán como funcionarios.

Tan cierto es que nombrar al gabinete sin darle explicaciones a nadie es prerrogativa del presidente, como el abuso que se ha hecho de esta. Los gabinetes han sido carruseles donde han pasado desde servidores públicos ejemplares, eficaces y de probada honestidad, incluso un Premio Nóbel, hasta amiguetes, parientes, recomendados, farsantes e improvisados que dejaron como herencia errores inauditos y costosos, sino es que el saqueo de la hacienda pública con la complicidad o tolerancia de quien los designó.

Esto debe recogerse como una lección y no como argumento para justificar el nombramiento de personas que no reúnen los requisitos mínimos para ocupar los puestos clave de la Administración Pública Federal. Decir que ayer se hizo lo mismo que ahora se critica es una justificación cínica que nos condena a la mediocridad. No se trata de repetir el pasado sino de construir un porvenir distinto con estándares más altos. ¿No fue esta la promesa?

Estamos por iniciar una nueva travesía sexenal, la ciudadanía está cansada de hacerlo con tripulaciones variopintas en su capacidad profesional, compromiso social y honestidad, porque ella conoce los riesgos y sabe que por su cuenta corren los costos de las pifias y del eventual naufragio. Bien valdría que López Obrador revise de nuevo y a detalle su lista de nominados. México dispone de una reserva de talento donde podrá encontrar mejores opciones. El presidente pone los nombres, pero el pueblo es dueño de las sillas, del resto de los muebles y de la casa entera. Y, como él dice, el pueblo es sabio, tanto como para opinar y saber quien le conviene que se siente en ellas.

 

 

 

*Es importante destacar, que Fox impulsó en 2003 la creación del Servicio Profesional de Carrera para que, aun dándose la alternancia política en el Poder Ejecutivo, hubiera en su estructura a partir del nivel de director general, un grupo de servidores públicos que, por un lado, tuviera la garantía de permanecer en sus puestos en virtud de sus capacidades y desempeño, sin depender de su filiación política y que, por el otro, sirviera para conservar las experiencia, el aprendizaje y la memoria en el quehacer público.

Los costosos prejuicios de AMLO

Comparativo de remuneraciones sector privado APF 1

Mal empieza un general la batalla cuando antes de iniciarla anuncia a sus tropas, sin siquiera dirigirse a ellas de frente, que les reducirá su sueldo y prestaciones de manera sensible, que despedirá a un número importante de oficiales, que la mayoría deberá mudar a sus familias a otra ciudad y que su jornada semanal se alargará de 40 a 48 horas. Así, López Obrador, con más de cinco meses de antelación, se los ha hecho saber a quienes estarán bajo su mando a partir del 1º de diciembre.

Su decálogo de austeridad refleja en muchos de sus apartados, que su visión de la Administración Pública Federal es una mezcla de prejuicios e ignorancia respecto a cuestiones básicas de su operación, de la forma como ha evolucionado su estructura, de su marco jurídico y laboral y, sobre todo, de la gestión del capital humano. Pieza vital para el buen desempeño de una organización que provee servicios públicos, como es un gobierno.

El estereotipo de servidor público que se desprende de sus planteamientos y que ha servido para el escarnio popular en los medios y en las redes sociales, es que están sobrepagados, tienen demasiadas prestaciones, disfrutan de prebendas abusivas, trabajan poco, la mayoría de ellos ocupa puestos redundantes cuya eliminación es inocua. Además, son corruptos, llegan ebrios a sus oficinas o, de plano, se alcoholizan en ellas o en pachangas y convites con contratistas y proveedores.

Para quienes hemos trabajado en el servicio público, desde dentro y desde fuera, no dudamos, porque los hemos visto y en no pocas veces sufrido su prepotencia, que existan ese tipo de funcionarios. Pero con la misma claridad, podemos afirmar que no representan de ninguna manera, a la enorme mayoría de servidores públicos que integran y hacen funcionar con su experiencia, conocimientos y esfuerzo a la Administración Pública Federal (APF).

Con el propósito de diseñar una política de remuneración sobre bases técnicas, a partir de 1997 se empezó a utilizar en la APF un sistema de valuación de puestos acorde con su naturaleza, que permitiera: a) alinear los puestos de los sectores central y paraestatal con base en su grado de responsabilidad para retribuirlos de manera equitativa y, b) facilitar la comparación con el mercado nacional para conocer el grado de competitividad del paquete de remuneraciones del sector público.

Como se aprecia en la siguiente gráfica, el tabulador de la APF está por debajo de las remuneraciones que ofrece el sector privado para puestos con una dimensión equivalente. De hecho, esta distancia se ha acrecentado en los últimos años, siendo más marcada en los puestos de mayor jerarquía como son los secretarios de Estado. Esto último también se presenta en otras naciones, donde presidentes y primeros ministros tienen salarios que son fracciones de lo perciben puestos equivalentes en el ámbito empresarial.

Remuneraciones mensuales del sector privado versus Administración Pública Federal 2018*

Grafica Comparativo de remuneraciones sector privado APF

Sin embargo, lo distintivo del caso mexicano es que la presión política que por varios sexenios se ha dado para no incrementar la remuneración de los cargos más altos, sobre todo la del presidente, ha compactado la estructura salarial provocando que la diferencia en ingresos de los primeros seis niveles sea mínima pese a la notable diferencia en su valor tabular, es decir, en su responsabilidad.

Cierto, que existe una notable distancia entre el tabulador de la APF con el salario mínimo o con las remuneraciones que en promedio perciben los trabajadores y mucha gente del campo. Pero, las referencias deben ser distintas cuando, en una economía de mercado, se trata de atraer y retener el talento que se requiere para el desempeño de las tareas del Poder Ejecutivo, cuya complejidad va en aumento en todos los frentes donde está presente: tecnología, seguridad pública, salud, medio ambiente, alimentación, relaciones internacionales, desarrollo urbano, etc.

Reducir a la mitad los ingresos de aquellos puestos que superan el millón de pesos anual y eliminar buena parte del paquete de prestaciones de los servidores públicos, destruye una de las columnas del servicio profesional de carrera y acentúa la falta de competitividad del tabulador de la APF. Pero, lo más grave es que envenena el clima laboral, porque estos anuncios han calado hondo en la moral de los servidores públicos, dando píe a legítimas preocupaciones de orden personal y familiar, que están paralizando a una administración que aún no concluye su período, o bien alentando la deserción de recursos valiosos.

La grada aplaude entusiasta y rabiosa cuando ve cómo cae la guillotina. Llegó el tiempo de la revancha que alimentaron excesos que nunca debieron darse. Pero, quienes desde lejos vemos el espectáculo nos queda claro que la acción conjunta de las medidas anunciadas por López Obrador, precarizarán a un segmento importante de la clase media, cuyo trabajo suma al producto interno bruto y a la recaudación fiscal, so pretexto de redistribuir lo que fueron sus ingresos en programas asistenciales comprometidos en la campaña.

López Obrador, como la gran mayoría de su gabinete, nunca han trabajado en la APF, y cuentan con una mínima o ninguna experiencia como administradores públicos. Desde un punto de vista de gestión de talento puede afirmarse que, para muchos de ellos, transitar de las posiciones que ocupan actualmente a ser titulares de alguna secretaría o subsecretaría de Estado o entidad paraestatal significa un salto abismal, lo que incrementa los riesgos que se corren con su designación y anuncian largas, costosas e inevitables curvas de aprendizaje. Más aún, cuando en el ejercicio de sus anteriores ocupaciones, no requirieron desarrollar las competencias conductuales, las habilidades gerenciales, los conocimientos y la experiencia que demanda el desempeño de un cargo de primer nivel en la administración pública. Buenos investigadores, jueces, legisladores, incluso directores de empresas privadas no necesariamente hacen buenos funcionarios públicos.

Por ello, resulta suicida que, ante esta realidad, se lastime justamente a los niveles que, como una red protectora, interactuarán con personas que son noveles en su papel de funcionarios públicos. Así, da la impresión de que López Obrador y su equipo están actuando con la temeridad de aquel que decide emprender una jornada peligrosa, sin entender los riesgos que está asumiendo y las posibles consecuencias de sus actos, tanto en él como en otros.

La estructura de la Administración Pública mexicana se desdobla a partir del principio de delegación. En la Constitución, el pueblo soberano delega en el presidente de la República el Poder Ejecutivo. A su vez, este lo delega en secretarios y, más adelante, como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los sendos reglamentos internos de cada de dependencia, estos lo delegan de manera fragmentada en subsecretarios, jefes de unidad, directores generales, etc.

A través de estos entramados organizacionales se aplica un vastísimo marco normativo; leyes, reglamentos y normas en infinidad de materias, lo que, a su vez, da origen a cantidad de procesos administrativos que sirven para planear, supervisar, aprobar, promover, vigilar, sancionar, regular, concesionar, etc. que cruzan a lo largo y ancho el Gobierno Federal conectándolo con: el sector paraestatal, los órganos autónomos, los gobiernos estatales, los poderes legislativo y judicial, el sector privado, con gobiernos extranjeros y, desde luego, con el ciudadano nacional y extranjero.

Esto significa que la dimensión y estructura de la Administración Pública se deriva, en buena parte de la obligación de ejecutar un marco jurídico, que en muchas ocasiones se ha elaborado y aprobado por el Poder Legislativo sin tener claro su pertinencia, eficacia y las implicaciones presupuestales para aplicarlo. De hecho, en muchos casos, leyes y reglamentos se aplican a medias porque no hay recursos para hacerlo de manera contundente. O bien, como sucede con las normas de control, estas, lejos de lograr el fin para el que fueron diseñadas, se convierten en taras que ralentizan a procesos sustantivos o dan píe a simulaciones que a la larga provocan otros problemas.

Eliminar el Estado Mayor Presidencial y varias subsecretarías, mudar, sin ningún estudio previo, a muchas secretarías y entidades de la Capital a otras ciudades, eliminar al 70% del personal de confianza, desaparecer las oficialías mayores, concentrar todas las compras  en un solo ente y hacer depender a todas las delegaciones federales de un superdelegado estatal, es equivalente a iniciar la remodelación drástica de un edificio sin antes darse el tiempo para saber cuál es su uso y entender que función tienen los muros y las columnas, y por donde corren las tuberías de agua, drenaje y electricidad.

Ciertamente en la Administración Pública Federal hay muchas áreas de oportunidad para abatir su dimensión, el costo y mejorar su eficiencia. Pero hay que actuar con la finura del cirujano, no con la tosquedad del leñador. Más aún, porque reformarla y reestructurarla no es una tarea para principiantes, dado que es un largo tren en marcha imposible de parar.

Lo primero, como sucedió con la reforma administrativa de 1976 que fue de gran envergadura, sería alinear la estructura de la Administración Pública Federal con los objetivos del plan de gobierno. No se puede desplegar un ejército cuando se desconoce el tipo de batalla que se va a pelear. Planteado lo estratégico habrá un marco para establecer lo táctico y, posteriormente, definir las cuestiones operativas. Hoy parece que hemos iniciado al revés. Más aún, en términos organizacionales donde, como sucede con el techo de una casa, los cuadritos de la estructura son lo último, y no lo primero que se pone.

El primer paso para no errar es tener la humildad para admitir que no se sabe. Y esto, para quien tomará las riendas de una Administración Pública tan grande y compleja como la Federal, debe ser una actitud indispensable. López Obrador debería aprovechar los meses que tiene por delante, que son muchos, para informarse, reflexionar y plantear las cuestiones estratégicas que normarán su plan de gobierno. Ya terminó la contienda electoral y con ella la necesidad de estar haciendo anuncios a diario para ganar votos. El recurso de lanzar petardos mediáticos para colocarse como el orquestador de la polémica pública es una útil estrategia de campaña, pero cuando se deja de ser candidato y casi se es presidente electo, seguirlo haciendo puede significar la rápida pérdida de capital político, porque quien ahora habla tiene virtualmente el poder público y eso les da otro peso y sentido a sus palabras. Lo que en voz de un candidato son ocurrencias intrascendentes, en la de un presidente se convierten en errores garrafales.

 

*Esta gráfica se tomó del documento de trabajo “La Remuneración de los Servidores Públicos del Gobierno Federal y Entidades Paraestatales”, elaborado y publicado por Hay Group S.A. de C.V. en 2003 y se actualizó con datos del mercado de 2018 y del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de la Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2018

Examen médico, salud presidencial

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Cualquier información relativa a la salud de una persona está considerada por la Ley de Protección de Datos Personales como datos sensibles, por lo que no pueden divulgarse sin el consentimiento expreso del individuo a quien pertenezcan.

Pero, cuando se trata de personas que compiten por la Presidencia de la República, es válido que quienes los elegirán, se pregunten sobre su estado de salud, porque saben, por una parte, que quien ocupe ese cargo estará sujeto a un ritmo de trabajo intenso, a una tensión constante, al arbitrio de las circunstancias que lo enfrentarán a escenarios inesperados y, además, deberá soportar esta carga durante seis años. Nadie, como lo evidencian las comparaciones fotográficas, sale de la presidencia rejuvenecido.

Por otra parte, resulta obvio que la posibilidad de la ausencia temporal o definitiva del presidente de la República provocaría una etapa de incertidumbre y turbulencia política, que se agravaría por las inevitables pugnas a que daría lugar la ausencia de un presidente enfermo o fallecido, ya sea entre los miembros de su equipo cercano como entre las cúpulas partidistas, quienes, sin duda, buscarían llenar el vacío de poder. La última vez que la nación pasó por este trance ocurrió cuando Álvaro Obregón fue asesinado siendo presidente Electo

Cierto que los candidatos a la presidencia tienen el derecho de reservar sus datos personales. Pero, cuando le piden a la ciudadanía su confianza para ocupar una posición de enorme responsabilidad por un lapso de seis años que de una forma u otra trascenderá en sus vidas, adquieren la obligación moral de demostrar si cuentan con la salud necesaria para desempeñar esa encomienda. De lo contrario, si movidos por su ambición personal, ocultan problemas de salud que, dada la naturaleza del cargo que se proponen ocupar, podrían agravarse durante su gestión, pecarían de deslealtad e incurrirían en una omisión gravísima, por las eventuales implicaciones que sus padecimientos podrían acarrearle al País.

Pensemos, como una analogía, que un jefe de Estado es equivalente al piloto de un avión, en cuya capacidad, preparación y condición física se deposita la confianza de que el pasaje que transporta llegará sano y salvo a su destino.

¿Cómo se compatibiliza el derecho a la seguridad de los pasajeros con el derecho a la privacidad de los pilotos? La autoridad aeronáutica tiene la facultad de supervisar su estado de salud y condicionar la vigencia de sus licencias al resultado de sus exámenes médicos. Un foco rojo, puede implicar una suspensión temporal y, en caso extremo, la revocación. Así, el Estado tutela el derecho a nuestra seguridad y el de los pilotos a la privacidad

Nuestras leyes electorales deberían contemplar, al menos, la presentación de un dictamen médico, fundado en un diagnóstico que, con base en un protocolo, cubriera una serie de aspectos que reflejaran el estado de salud de los candidatos. Como sucede en otros países, el dictamen sería lo único que, en una versión abreviada, se publicaría, mientras que los detalles se reservarían como información privada. A menos, que alguno quisiera hacer públicos ciertos datos en particular

Confiar en que los candidatos digan la verdad sobre su estado de salud, es tan ingenuo como creer en el cabal y absoluto cumplimiento de sus promesas de campaña. Vale proponer que, aun sin tener ninguna ley que los obligue, Anaya, López Obrador, Meade y Rodríguez hagan público un dictamen médico que nos permita saber qué tan saludables están.

Si el resultado del voto que emitirá la ciudadanía durará seis años, es válido pedir que un tercero calificado nos diga, si gozan de la salud necesaria para hacerse cargo del timón del País por ese lapso.

Retiros que llegan, pensiones que no alcanzan

Pensiones que no alcanzanLos viernes de cada semana cuatro hombres jubilados solían encontrarse en un pequeño restaurante de un barrio clasemediero. Sin embargo, sólo uno de ellos lo hacía en calidad de cliente. Los otros eran el dueño del lugar, el mesero y el garrotero, quién además hacia funciones de lavaplatos, pinche y ayudaba con la limpieza el fin de semana lo cual le permitía incrementar la paga, a la vez que le daba el derecho a comer y cenar gratis.

A fuerza de verse con regularidad, se fue desarrollando entre ellos cierta camaradería, aunque ésta se limitaba al intercambio de opiniones generales y, ocasionalmente, de alguna broma. Rara vez, hablaban de sus vidas, aunque por chismes de aquí y de allá, cada uno conocía o suponía conocer la de los demás.

Ese viernes el señor ministro, como respetuosamente le llamaban, arribó como siempre en punto de las dos de la tarde. Su chofer lo dejó justo en la puerta del restaurant entró parsimoniosamente y se dirigió a la mesa que siempre tenía reservada; su favorita como la solía llamar. Su talante era tranquilo y sus preocupaciones se limitaban a cuestiones domésticas o a decidir adónde iría de paseo. Sus quince años como ministro de la Suprema Corte de Justicia le habían bastado para obtener una pensión vitalicia equivalente al 100% de su sueldo durante los primeros dos años y al 80% de ahí hasta que muriera.  Después, su viuda, si la hubiera, tendría derecho a disfrutar de la mitad.

Señor ministro, usted sí que es afortunado ─ le decía bromeando el dueño del lugar ─ ya quisiera haber trabajado quince años para que me jubilaran con un sueldo superior al que percibe el Presidente de la República y que además se ajusta cada vez que se revisa el tabulador de la Corte.

Yo no decidí esto, así está en la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ─ le respondía su cliente habitual ─ además que no se haga usted el olvidadizo, porque como empleado del IMSS, usted se jubiló con más del cien por ciento de sueldo y con solo treinta de servicio sin ningún límite de edad. ¿Qué no me dijo que ni siquiera había cumplido los cincuenta cuando se retiró? Así, que no importa cómo le vaya en el negocio, usted siempre tendrá un colchón más atención médica gratis hasta que muera.

El garrotero los observaba sin decir nada mientras acomodaba los platos y cubiertos sobre la mesa, aunque la expresión en su cara evidenciaba que además de estar escuchando con atención, estaba sorprendido por lo que ahí se comentaba. Pero, en cambio el mesero que se había acercado para entregar el menú, no se aguantó las ganas de intervenir.

¿Qué daría yo por tener como jubilado la mitad de lo que ustedes disfrutan? ─ les dijo en un tono tan burlón que ambos quedaron sorprendidos. Pero más el señor ministro, cuando remató su comentario con una clara alusión a él ─  aunque gracias a Dios el IMSS no aceptó el criterio que usted y sus colegas acordaron para limitar nuestras pensiones a sólo diez salarios mínimos, así que al menos tenemos veinticinco, aunque para ello tuve que esperar a cumplir sesenta y cinco años, lo que considerando que inicié mi vida laboral a los veinte, implica que tuve que trabajar 45, si señor ministro tres veces el tiempo que usted estuvo en la Corte, para recibir menos del 25% de lo que erario Federal le da cada mes.

El ministro miraba sorprendido al mesero. Yo actué con base en la autoridad legal que tenía en ese momento ─ respondió en tono de disculpa. Pero de poco le sirvió porque la respuesta del mesero no se hizo esperar ─. No lo dudo señor ministro pero la autoridad legal no implica en automático la moral.

El ministro visiblemente molesto quiso responderle, pero justo cuando lo iba a hacer intervino el garrotero.

Date por bien servido ─ le dijo al mesero para apaciguarlo ─ los de la generación del SAR estamos peor que tú y por eso tengo que estar mendigando trabajos, porque cuando cumplí los sesenta y cinco, y pese a trabajar más de treinta años, me di cuenta que el saldo de mi AFORE no me produce ni cuatro salarios mínimos. Allá en 92, la tecnocracia dijo que las pensiones – salvo claro las del IMSS y algunas paraestatales – ya no serían un problema para las finanzas públicas, pero no nos advirtió que México se convertiría en una fábrica de viejos miserables sin cobertura médica.

¿Qué le hacemos son las leyes? Nosotros sólo las aplicamos─ dijo el señor ministro.

Así es – respondió el garrotero ─ frente a la ley todos los mexicanos somos iguales, pero sí de pensiones hablamos las leyes no son iguales para todos. O ¿me equivoco?

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*El cálculo de la pensión bruta anual de la exministra Sánchez Cordero equivale al 80% de lo que actualmente recibe un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por concepto sueldo, aguinaldo y prima vacacional según el Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2018. No incluye, la monetización de las prestaciones que no son pagadas en efectivo como seguro de vida y gastos médicos. También se desconoce si los ministros en retiro tienen derecho a la prima de riesgo anual que equivalen a $554,595 anuales.

El cálculo de las pensiones que posiblemente reciban quienes empezaron a cotizar después de 1993 se basa en lo que estiman actuarios dedicados a este tema.

El texto de este artículo se publicó en El Financiero el 21 de octubre de 2010. En esta reproducción se conservaron las reglas de acentuación vigentes en ese momento.

Quien no se ha quemado, no le teme al fuego

niño fuego

Hace tiempo me preguntaron, si consideraba que los millenials, definidos como aquellos que alcanzaron la mayoría de edad en este siglo, determinarían los resultados de las elecciones.

Mi respuesta inicial fue que también deberíamos considerar el envejecimiento de la población. Por ejemplo, el promedio de los mayores de edad pasó de 37.5 en 1994 a 41.4 años en 2018. Lo que, en principio, haría suponer que se trata de un universo de votantes más maduro con una carga de experiencia a cuestas, que quizá lo haga más adverso a los riesgos inherentes de las propuestas que impliquen cambios drásticos. Actitud contraria a la que, con seguridad, prevalece en los segmentos de votantes más jóvenes para quienes todo es nuevo, mientras que su conocimiento de lo que haya ocurrido en el pasado es probable que se limite a anécdotas contadas por sus padres.

Pero el dato de un elector promedio es demasiado grueso para sacar conclusiones, por lo que me pareció útil clasificar a los votantes potenciales por rangos de edad. Para ello, los agrupé según el sexenio cuando alcanzaron la mayoría de edad. Esto lo represento en la siguiente gráfica, donde a usted le será fácil ubicarse y conocer el peso relativo que cada grupo tiene en el total.

Población mayor de 18 años agrupada según el sexenio cuando alcanzaron la mayoría de edad*Población en edad de votar agrupada por sexenio 2

Como se observa, quienes alcanzaron la mayoría de edad después del 2000, representan el 43% del electorado potencial. Cierto que es un porcentaje importante, además de que los jóvenes suelen acudir a votar en una proporción más alta que el resto. Pero, no es mayoritario, incluso ha ido disminuyendo su peso, porque al envejecer la población, la pirámide de edades se ha alargado y perdido anchura en su base.

Por otro lado, etiquetar como millenials a personas cuya edad varía entre 18 y 36 años, no parece un punto de partida sólido para comprender e inferir sus preferencias electorales, si consideramos las diferencias que, entre esos extremos, puede tener un ser humano en cuanto a madurez y circunstancias de vida. El carácter reduccionista de las etiquetas a menudo no ayuda a entender la realidad.

Sin embargo, con base en este agrupamiento de la población, nos podríamos preguntar: ¿Cómo afectarían las preferencias electorales de cada grupo, los escenarios económicos y políticos por los que han atravesado a lo largo de su vida? Para lo cual añadí a la gráfica anterior, el incremento promedio del PIB per cápita en cada sexenio, lo que se representa con la línea roja.

Población mayor de 18 años agrupada según el sexenio cuando alcanzaron la mayoría de edad y promedio sexenal del PIB per cápita**Población en edad de votar agrupada por sexenio y PIB per capita 2

La simple observación de la gráfica permite dividir la población mayor de dieciocho años en dos grandes grupos: Los que alcanzaron la mayoría de edad antes de 1988 y aquellos que lo hicieron después.

Quienes estamos en el primer grupo, fuimos afortunados al poder empezar nuestra carrera laboral en una situación económica que ofrecía muchas posibilidades para encontrar empleo y avanzar profesionalmente. El PIB per cápita crecía de manera robusta, pese a que las facturas pendientes del desarrollo estabilizador, que por decreto fijó el tipo cambiario, y los precios de hidrocarburos, energía eléctrica y azúcar, empezaban a hacerse presentes, porque esa inmovilidad se sostenía de una creciente deuda externa contratada con organismos internacionales, como el Banco Mundial.

Finalmente, ante el crónico deterioro financiero de las empresas paraestatales que provocó el congelamiento de sus precios, aunado a un gasto público descontrolado por arrebatos populistas, los organismos internacionales condicionaron los nuevos créditos a la actualización de los precios de la electricidad y la gasolina, lo que incrementó la inflación de manera importante hasta que fue inevitable, después de veintidós años con la misma paridad, devaluar el peso y recurrir en 1976 al auxilio del Fondo Monetario Internacional con sus pesadas condiciones.

Pero, volvimos a ser afortunados, porque apareció el salvavidas del petróleo. En efecto, el embargo petrolero árabe ocurrido en 1973 como represalia a la guerra del Yom Kippur en el Medio Oriente, produjo un incremento sustancial en el precio de los hidrocarburos, que rentabilizó la explotación de muchos yacimientos en el mundo. Así, los trabajos de exploración que se iniciaron en el sexenio de Echeverría cuajaron en el siguiente, por lo que, durante el mandato de su sucesor, López Portillo, nos convertimos en uno de los principales exportadores de petróleo.

El petróleo, lejos de refrenar nuestro apetito por la deuda, lo estimuló. El excedente petrolero, como se denominó a ese ingreso inesperado, sirvió para justificar la ejecución de cantidad de proyectos e iniciativas que surgían por doquier. Pero, lo más delicado, fue asumir que, al menos por un tiempo, no decrecería y que podríamos endeudarnos más con el exterior, como también pensaban los banqueros internacionales que con insistencia nos ofrecían los recursos reciclados de la bonanza petrolera en los países árabes.

Pero un precio alto del petróleo sirvió de imán para atraer a nuevos productores, como Gran Bretaña y Noruega. A mayor oferta, los precios empezaron a descender y con ello nuestros ingresos. En paralelo, la Reserva Federal de los Estados Unidos inició, como medida antiinflacionaria, una escalada de la tasa de interés, que poco a poco encareció el servicio de la deuda que tan alegremente habíamos contratado.

Así, como si fueran las dos quijadas de una pinza: el descenso en el precio del petróleo y el incremento en las tasas de interés terminaron ahorcándonos y, otra vez, tuvimos que someternos al Fondo Monetario Internacional para poder salir del hoyo.

Lo que siguió, como se observa en la gráfica, fue que durante el sexenio siguiente 1983-1988, el País experimentó un retroceso importante. Una inflación elevada consumía ingresos y ahorros en cuestión de meses, mientras que el disparo del tipo cambiario y la tasa de interés llevaron a muchas empresas y familias a la bancarrota. La renegociación de la deuda externa con todas las ataduras que lleva consigo, se convirtió en una tarea recurrente con tal de asegurar que pudiéramos sacar el cuello del agua, al menos por un tiempo.

Aunque en el siguiente sexenio 1988-1994 la situación mejoró relativamente en un principio, al final, cuando el capital golondrino que había servido para financiar el déficit en cuenta corriente decidió emigrar a otras latitudes, volvimos a caer en una crisis profunda que otra vez significó pérdidas patrimoniales importantes para empresas y familias, y ajustes severos que afectaron en mayor medida a los grupos más vulnerables.

Quiénes vivimos esa etapa de casi treinta años de crisis recurrentes, sabemos que el populismo es un relámpago que deslumbra a las masas; las seduce ofreciéndoles atajos, cuando en realidad lo que hace es dinamitar su futuro, porque compromete recursos que no se tienen. Por ello, preocupa volver a escuchar las mismas cantaletas que antaño fueron el presagio de inevitables caídas y saltos hacia atrás. Más aún, porque en años recientes, ya se ha dado una especie de populismo de bajo perfil, que ha ido comprometiendo partidas presupuestales en aras de cultivar clientelas, sin considerar que algunos programas, como el de adultos mayores, son de facto una deuda pública contingente que debería valorarse como un plan de pensiones. Igualmente, no se cuenta con una evaluación sistemática y periódica que permita medir la eficacia de dichos programas, en cuanto a logro de los objetivos que supuestamente les dieron origen. Una vez creados se asimilan en el modus operandi del gobierno y, en la población, se asumen como derechos adquiridos y siempre revisables al alza. Incluso, como lo vemos en la campaña, esto lo prometen los candidatos.

Pero, la justificación que tenemos los mayores para repudiar al populismo por haber vivido sus consecuencias también debe servirnos para entender que las acciones y políticas que se adoptaron para enderezar el camino, no han sido suficientes para relanzar el crecimiento del País. Por el contrario, el PIB per cápita, como se aprecia en la gráfica, ha tenido desde el 2000 un aumento orgánico, menor al 1% anual. Es decir, producimos más, porque somos más y punto. No crecemos por innovación, ni por aumentos sensibles en nuestra productividad.

Las consecuencias de este magro crecimiento se observan en muchas familias mexicanas cuyos hijos no pueden siquiera tener el mismo nivel de vida de sus padres e, incluso, se emancipan a edades más tardías que estos. Este deterioro generacional significa que, en términos de desarrollo, estamos bajando, por lo menos, un escalón.

Quienes alcanzaron la mayoría de edad después de 1994, su vida laboral ha transcurrido en un escenario económico mediocre, pese a que en muchos ámbitos de la vida del País se han dado cambios profundos. Muchos de los cuales no acaban de madurar, en buena parte, por la fragilidad de nuestras instituciones frente al poder real que logran ejercer, en la práctica, nuestros temporales servidores públicos en los tres poderes y en los tres órdenes de gobierno.

La propuesta del cambio, por vaga que sea, seduce. Ya pasó con Fox. Quienes mejor la venden son aquellos que nunca o hacen mucho tuvieron una responsabilidad. Más ante los jóvenes que eran niños cuando personas como López Obrador, ejercía de jefe de Gobierno, y que no habían nacido cuando los estragos del populismo, la economía subsidiada y la dependencia del endeudamiento nos sumergieron en crisis periódicas de las que costó mucho trabajo salir.

No es la nostalgia por regresar a un pasado irrepetible y, a la distancia idealizado, lo que debe servir para orientar el quehacer nacional, sino el atrevimiento a plantear un proyecto que aprenda las lecciones de nuestros errores y aciertos, capitalice lo que hasta ahora hemos avanzado y tenga como objetivo que todos los mexicanos disfruten a plenitud de sus capacidades físicas e intelectuales.

La experiencia nos hace cautos. Pero esta solo la recuerdan aquellos que la han sufrido. Quien no se ha quemado, no le teme al fuego. Paradójica situación en las que nos encontramos; lo que unos pensamos como un regreso al pasado, otros lo ven como un paso al porvenir.

* Consejo Nacional de Población. Para facilitar la comparación, los agrupamientos sexenales se hicieron de acuerdo con cifras anuales exactas, aunque la fecha de inicio y terminación de cada sexenio sea el primero de enero  y treinta de noviembre respectivamente de cada seis años. Se excluyó de la gráfica al grupo que alcanzó la mayoría de edad antes de 1964 y que equivale al 5.8% de la mayores de 18 años.

** La cifras del PIB per cápita se obtuvieron de la base de datos del Banco Mundial

 

NAICM: El lucro político de la ignorancia y la desmemoria

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Hace mucho tiempo que el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) alcanzó el tope de su capacidad; cincuenta y ocho operaciones por hora es lo que permiten sus pistas que, además, no pueden ser utilizadas simultáneamente, porque la distancia que las separa es menor a la requerida por las autoridades aeronáuticas.

La construcción tardía de un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) retrata nuestra endémica incapacidad para planear y tomar decisiones de largo aliento. Las opciones empezaron a discutirse en los ochenta. Desde entonces, cada una terminó entrampada en el análisis-parálisis. O, en la falta de voluntad para emprender una obra de esa envergadura que, ineludiblemente, demandaría un espacio considerable y un monto sustancial de recursos públicos.

El último intento, y después de valorar también a Tizayuca, se hizo en 2002 en el municipio Atenco, en un área muy cercana adonde ahora se localiza el nuevo proyecto. Pero no prosperó debido a la reacción negativa de los ejidatarios, con quienes no se tuvo una adecuada estrategia de comunicación y convencimiento, más la oposición ―abierta y soterrada― de López Obrador quien, en su carácter de jefe de Gobierno del Distrito Federal, junto con las presidencias municipales de Atenco, Acolman y Texcoco, estas dos controladas en esas fechas por el PRD, presentaron, sin éxito, sendas controversias constitucionales¹ ante la Suprema Corte de Justicia, que las sobreseyó con el voto favorable de todos los ministros, incluyendo el de Sánchez Cordero.

Cerrada esta posibilidad, se decidió: trasladar la aviación civil al aeropuerto de Toluca, construir la terminal Dos y remodelar la Uno, para dar cabida al incremento de vuelos comerciales. Remedios que dieron apenas un breve respiro que se diluyó con rapidez y que, desde luego, no corrigieron el cuello de botella determinante en la operación del AICM: las pistas.

Los usuarios del AICM, como quien a diario camina con una piedra en el zapato, nos hemos acostumbrado a utilizar una terminal aérea, en especial la Uno, que se ha ido transformando con base en la lógica del parche. Su funcionamiento no responde a los estándares internacionales, sino a lo que se puede con lo que se tiene. Resignados, nos amontonamos en salas de espera inadecuadas, recorremos largos pasillos donde se mezclan pasajeros que salen con los que llegan, incluso de vuelos internacionales, y resentimos cómo, ante la imposibilidad de aumentar el número de operaciones por minuto, el crecimiento del tráfico aéreo de la terminal capitalina nos representa tiempos de espera más largos para despegar y aterrizar que, sumados, significan miles de horas hombre y litros de combustible tirados a la basura², que resumen el costo creciente de una decisión diferida.

Cuando un proyecto se necesita, no para resolver un problema de hoy, sino para mantenerlo resuelto por lo menos durante cincuenta años, es una falacia pretender que se ahorra cuando se hace a medias y, peor aún, si se le difiere. Los costos suben, se esfuman las opciones posibles y las más difíciles se hacen aún más complicadas.

Para fines de localización de un nuevo aeropuerto, el crecimiento de la mancha urbana del Área Metropolitana del Valle de México durante los últimos cuarenta años fue eliminando opciones y, si hay remanentes, son ahora más costosas y complejas. La realidad es que en nuestra baraja ya no está la opción óptima sino la menos mala de las que quedan.

Como hace dieciséis años, López Obrador vuelve a oponerse a un nuevo proyecto con el ánimo de iniciar una polémica que le sirva políticamente. Sus argumentos, dichos y repetidos por sus vocingleros, los expone con la seguridad que da la ignorancia, a la vez que critica el lugar escogido para el proyecto actual; ese terreno se hunde, dice burlándose. ¡Vaya cinismo! Él hizo todo lo posible para que, a escasos kilómetros donde se erige el NAICM; no se construyera este en terrenos que, ciertamente, tienen características que quizá hubieran abatido los costos de cimentación y, al futuro, los de mantenimiento. Pero esta opción quedó, de facto, vetada.

López Obrador ignora que el cálculo de la capacidad de un aeropuerto abarca desde las llegadas y salidas del pasaje y carga hasta el espacio aéreo. Todas las fases intermedias entre estos dos puntos como, por ejemplo, zonas de ascenso y descenso de pasajeros, ambulatorios, documentación, manejo de equipaje, migración, aduanas, almacenes, salas de última espera, migración, posiciones adyacentes y remotas, zonas de espera para despegues, pistas de carreteo, pistas de despegue, almacén de combustible, etc. deben tener una capacidad que evite que cualquiera de ellas se convierta en un cuello de botella. Su cálculo debe hacerse con base en la demanda máxima esperada en horas pico y considerar criterios de seguridad y estándares de servicio. Para ello, se simulan itinerarios por cada día de la semana, asumiendo distintos de tipo de aviones cuyas características difieren, entre otras cosas, en velocidad, capacidad y altura. Además, debe considerarse que una terminal aeroportuaria alberga a muchas autoridades ―migratorias, sanitarias, policiales, aduanales, turísticas, diplomáticas, etc.― que, para desempeñar sus funciones de manera eficiente, requieren de espacios cuyo cálculo está vinculado al movimiento de pasajeros y carga.

Por ello, resulta absurda su ocurrencia de dejar en operación el viejo AICM para vuelos nacionales, con todas sus deficiencias, con sus chipotes, con su hundimiento desigual, con sus inundaciones recurrentes, con sus pistas que requieren cada año cerrarse durante varias semanas para retirar la vieja carpeta y colocar una nueva. Y, para vuelos internacionales, construir, en un área de apenas 1,330 hectáreas del terreno que hoy ocupa las Base Aérea de Santa Lucía, un nuevo aeropuerto con dos pistas paralelas que dada su distancia será imposible utilizarlas simultáneamente

Su ocurrencia ignora la imposibilidad técnica de operar ambos aeropuertos de manera simultánea debido a sus sendos patrones de aproximación, como se evidencia cada 16 de septiembre cuando el AICM se cierra por varias horas en ocasión del desfile militar. Encapricharse en hacerlo significaría un altísimo riesgo para la seguridad aeronáutica que no aceptaría la Organización de Aviación Civil Internacional³. Por otro lado, la división de los aeropuertos afectaría negativamente a las líneas locales porque usan los mismos equipos para vuelos nacionales y al extranjero. Además de los problemas logísticos para mover a contra reloj carga y pasaje entre ambas terminales.

La propuesta de López Obrador no tiene dimensión temporal. Dato crítico en un proyecto de infraestructura y más para entender cómo calculó una inversión de 50,000 millones de pesos. ¿Para cuántos años serviría? nos preguntamos. Hagamos cálculos: si el número de pasajeros en vuelos internacionales creciera a partir de 2018 al mismo ritmo promedio que ha tenido en los últimos doce años ―5% anual―, la terminal de Santa Lucía estaría manejando, en escasos veinte años, el volumen total de pasajeros que transitaron por el AICM el año pasado. Pero, las cosas serían aún peores, porque si aplicamos esa misma tasa de crecimiento al número de pasajeros en vuelos nacionales, que se atenderían en el viejo AICM, en apenas ocho años, este volvería a alcanzar el tráfico que tuvo en 2017 y, por ende, estaríamos en el mismo problema que hoy se trata de resolver. ¡¿Qué haríamos después?!

Pero, pese a las razones técnicas, financieras y matemáticas, la terquedad de López Obrador revela que su intención no es discutir una política aeroportuaria, sino crear una polémica que lo beneficie, aunque sea a costa de engañar con verdades a medias. Así, la discusión original del NAICM se ha ido ramificando en nuevos temas; posibles actos de corrupción, incrementos en el presupuesto, retrasos y la suscripción por parte de las AFORES de la emisión de fibra E.

Si hay casos de corrupción que se denuncien, no en los medios que se asumen como ministerios públicos y jueces de facto, sino ante las instancias competentes para que se juzguen y, si los hay, se castigue a los responsables. Pero, esta no sería razón suficiente para detener o desechar un proyecto de esta dimensión, ni significa que todos los contratistas y proveedores involucrados en él sean corruptos o que deban pagar las consecuencias de actos que otros cometieron. Hay más de doscientas treinta empresas contratadas en el NAICM que, con seguridad, contratan servicios o compran bienes a otras. ¿Se debe perjudicar a todas, incluyendo a sus trabajadores, porque algunas pudieron incurrir en algún acto de corrupción?

Como ex subsecretario de Comunicaciones, Jiménez Espriu conoce que el avance del proyecto del NAICM ya rebasó, como los aviones al despegar, su punto de no regreso y que, dada su magnitud y complejidad, es muy probable que la inversión y tiempo de ejecución presupuestados se superen, porque es imposible haberlo previsto todo. Más aún en la fase de cimentación cuando, pese a los estudios previos, siempre aparecen sorpresas al revelarse la verdadera naturaleza del terreno. Cualquiera que haya tenido experiencia en excavaciones lo sabe. Proyectos relevantes de infraestructura como el Eurotúnel y el sistema de túneles en la Bahía de Boston, resultaron más costosos y tomaron más tiempo que lo planeado.

Hay que aceptar como un hecho muy probable, que la inversión y el tiempo de construcción del NAICM será mayor a lo presupuestado, sin que esto signifique que no deban ejercerse controles rigorosos, o que cualquier desviación sea necesariamente consecuencia de actos de corrupción, descontrol o situaciones provocadas por negligencia que, de presentarse, no deben ser toleradas, para lo cual está la ley y existen en los contratos penalizaciones aplicables a contratistas y proveedores.

El último ramal que ha abierto López Obrador para detener la construcción del NAICM son sus críticas a la suscripción de la fibra E, no obstante que el monto suscrito equivale al 0.4% de los recursos totales que manejan las afores, además de que su portafolio de inversiones está regulado y supervisado por la CONSAR: Aun así, resultó una buena herramienta para ganar adeptos atemorizando a los trabajadores respecto a la seguridad de sus eventuales pensiones.

El ciudadano no está obligado a contar con los conocimientos para entender las complejidades técnicas y financieras de un proyecto como el NAICM, ni las implicaciones que su avance o su cancelación puedan representar para el País, como ocurrió con el fallido NAICM de 2002 del que López Obrador fue frontal opositor. Lucrar con la ignorancia y la desmemoria pueda dar altos réditos políticos, pero para el País es un juego muy caro que no suma para su futuro y, en cambio, lo empantana.

 

¹ Controversia constitucional 3/2002
² Se calcula que los retrasos oscilan entre 16 y 60 minutos, lo que tiene una repercusión que se trasmite en cadena a otras terminales, incluso internacionales. Por esos, varias líneas aéreas extranjeras han optado por utilizar slots matutinos donde la posibilidad de retrasos es menor. https://www.forbes.com.mx/aicm-en-el-limite-de-sus-operaciones/
³Bernardo Lisker, director internacional del Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados para la Navegación de Corporación MITRE. http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/03/21/1227719